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Avispa Midia

(Español) Pueblos de la Amazonia denuncian invasiones del capital verde

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Por Aldo Santiago

El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.

Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.

Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.

Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.

L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.

Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.

Colonialismo verde

Manifestación contra programas REDD en Feijó, estado de Acre. Septiembre, 2017

Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.

“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.

Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.

Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.

“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.

También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.

Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.

“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.

Mercantilización de la naturaleza

Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012

Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.

Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.

“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.

Leer también → EEUU: California intenta revivir proyectos REDD+ alrededor del mundo

A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.

“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.

Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.

Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.

Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.

“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.

Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.

“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.

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Congreso Nacional Indígena

(Español) DECLARATORIA DEL ENCUENTRO POR LA VIDA “EL ISTMO (que tenemos, defendemos y queremos) ES NUESTRO”

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Reunidos en la comunidad Binnizá de Puente Madera, San Blas Atempa, los días 19 y 20 de junio, con el acompañamiento representativo de las comunidades indígenas de San Blas Atempa, Matías Romero, Unión Hidalgo, Juchitán, Tehuantepec, Álvaro Obregón, La Ventosa, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Jalapa de Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa Maria Xadani, Ixtepec, Ixtaltepec, San Juan Guichicovi, Ixhuatán, Reforma de Pineda, Zanatepec, Tapanatepec, Santa María Petapa, Congregación Comunal La Libertad, Eloxochitlán de Flores Magón, Cuatro Venados, Cuilapam de Guerrero, Tatahuicapan, El Salitre, Cuautla, Huexca, Ocotepec, y de las organizaciones, centros de derechos humanos y colectivxs de los distintos estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México.

Ante el llamado al “Encuentro por la Vida: El Istmo es Nuestro”, nos encontramos, en el marco de la imposición del Macroproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para denunciar estos proyectos de despojo que no son de hoy, que vienen desde la llegada de los conquistadores, pasando por los gobiernos liberales y Neoliberales en la actualidad. Nos hemos reunido para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país y para fortalecer, en especial, las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y de todo México contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

DENUNCIAMOS que el actual gobierno pretende transformar esta región en un inmenso corredor de manufactura, ensamblaje y transporte de mercancías en manos del capital estadounidense e internacional y que al mismo tiempo funcionará como un muro de contención de los procesos migratorios desde centroamérica. También pretenden la instalación de 10 parques industriales en Oaxaca y Veracruz en las comunidades de Salina Cruz, Puente Madera, Mixtequilla, Ixtepec, Ixtaltepec, Barrio la Soledad, San Juan Evangelista, Texistepec y Coatzacoalcos; así como la modernización y ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y de las vías del Tren Transístmico, así como la instalación de una serie de gasoductos paralelos a las vías del tren. Mostrándonos así que el Transístmico es mucho más que un simple tren, es un proyecto de producción y transporte de mercancías que surge de la necesidad de insertar a la región en la relación de producción, circulación y consumo de la naturaleza, energía fósil y mano de obra barata al servicio del capital internacional, mediante las redes de transporte que pretenden imponer en las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec. No obstante, la actual administración del señor Andrés Manuel López Obrador ha intentado justificar la entrega de este territorio mediante una serie de Consultas Indígenas en las comunidades de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y está por iniciarse en Asunción Ixtaltepec, llevadas a cabo como meros procesos burocráticos y simulatorios, violando y pisoteando el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

En este contexto de imposición, las comunidades del Istmo estamos enfrentando distintos procesos de despojo y violación de nuestros derechos es por eso que:

DENUNCIAMOS

  • La instalación del Parque Industrial en tierras de uso común en el Pitayal.
  • La utilización del Derecho a la Consulta como instrumento para el despojo de los territorios.
  • A la Procuraduría Agraria, que se encuentra coludida con intereses de diversos grupos políticos y empresariales para despojar de su territorio a la comunidad de Jalapa del Marqués, así como la tala de hectáreas de bosques para la generación de monocultivos de Agave.
  • Que existe una falta de información con respecto a los impactos ambientales, sociales, culturales del macroproyecto del Corredor Interoceánico y demás proyectos vinculados a él.
  • Que en la comunidad de San Mateo del Mar se enfrentan a una serie de acciones de imposición del sistema de elecciones partidistas mediante el fomento de la división y violencia intracomunitaria, sin respetar su sistema normativo.
  • Las agresiones armadas y el desplazamiento forzado a la comunidad del Rebollero y Río Minas, Cuatro Venados, en medio de intereses de dos concesiones mineras con una extensión total de 1532 Ha.
  • A la diputada Elisa Zepeda por el clima de violencia que ha generado en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.
  • La imposición del Proyecto Integral Morelos así como las líneas de Gasoductos que se están proyectando en todo el territorio nacional.

 

EXIGIMOS

  • La cancelación de las denuncias judiciales contra los compañeros David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la Rosa, defensores del territorio de Puente Madera por parte de la SCT y el municipio de San Blas Atempa.
  • Solución a los amparos agrarios y controversia constitucional frente a la impune invasión de talamontes y ganaderos impulsado por el gobierno de Chiapas, en territorio comunal Zoque de los Chimalapas.
  • Cancelación de las concesiones mineras en las comunidades de Zanatepec, San Miguel Chimalapa y La Ventosa Juchitán.
  • Cese inmediato a la represión contra las Escuelas Normales Rurales, alto a la represión contra la Normal de Mactumatza, Chiapas y la Normal Teteles, Puebla.
  • Castigo a los responsables por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
  • Exigimos el precio justo de las altas tarifas de energía eléctrica y el reconocimiento de la energía eléctrica como un Derecho Humano.
  • Cancelación de las dos subestaciones eléctricas en territorios de pueblo popolucas y nahuas así como el cese a cualquier trabajo de exploración y extracción de los bienes naturales de la Sierra de Santa Martha, Veracruz.
  • Cese a la represión contra los integrantes del Consejo Indigena y Popular de Guerrero- CIPOG
  • Justicia por el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes.
  • La libertad inmediata de los presos políticos Fredy Garcia del CODEDI, de Eloxochitlán de Flores Magón y de Fidencio Aldama de la tribu Yaqui.

Acordamos seguir en el proceso de articulación entre los diferentes pueblos que somos y las diversas organizaciones sociales y territorialidades, para demostrar que la solidaridad entre quienes defendemos la vida no es palabra escrita solamente, así seguiremos llamando a la organización y defensa del territorio.

Como pueblos, nuestrxs abuelxs nos enseñaron a luchar y a defender el mar, el viento y el territorio.

Por lo tanto:

“Somos conscientes de que existe una guerra entre el sistema y la naturaleza, esa confrontación no admite matices ni cobardías. O se está con el sistema o con la naturaleza. O con la muerte o con la vida”.

RECHAZAMOS EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y TODOS LOS MEGAPROYECTOS
IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN.

NO NEGOCIAMOS, NI NOS RENDIMOS.

REITERAMOS
EL ISTMO ES NUESTRO
de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano
no de las empresas, ni de los gobiernos.

A, por cierto. ¡LLEGAMOS!…421

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Movimento Munduruku Ipereg Ayu

(Español) Violencia minera contra el pueblo Munduruku en Brasil

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COMUNICADO URGENTE DE LAS ORGANIZACIONES DE RESISTENCIA DEL PUEBLO MUNDURUKU

El pueblo munduruku pide responsabilidad a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región.

Esta mañana se produjeron manifestaciones a favor de la minería ilegal, incentivadas por el municipio de Jacareacanga, y dirigidas contra los grupos de la Fuerza Nacional y de Policías federales desplegados en la región. Los manifestantes intentaron quemar los equipos de las policías, y fueron respondidos con bombas de gas. Como los mineros y los grupos indígenas cooptados no pudieron con la policía, fueron a atacar las casas de nuestros líderes.

Fue allí donde la violencia contra nuestro pueblo traspasó todos los límites. Esta tarde, 26 de mayo, alrededor de las 12:30 horas, la aldea Fazenda Tapajós, donde vive la coordinadora de la asociación Wakoborun, Maria Leusa Kaba, fue invadida por mineros armados y atacada, disparándose contra las casas y las personas. Se incendiaron dos casas, la propia casa de la coordinadora y la de su madre, jefa de la aldea. La información es que nadie resultó herido, pero todos están en estado de shock.

La promesa ahora es ir a la aldea de Ademir Kaba y Ana Poxo, líderes de nuestro pueblo, y hacer lo mismo. Necesitamos operativos policiales para arrestar a los criminales que nos atacan y mantener a salvo a nuestros líderes para que realicen su trabajo, y expulsar a los invasores de nuestras tierras, de lo contrario esto nunca terminará.

Es inaceptable que aún con la presencia de la Fuerza Nacional en la región, la aldea de uno de nuestros principales líderes haya sido invadida por hombres armados que transportaban galones de gasolina, y que incitan al odio contra todos nosotros. Tememos por la vida de quienes luchan incansablemente por defender la vida del pueblo Munduruku y el futuro de todos en este planeta.

Al defender el río limpio y el bosque en pie, estamos siendo víctimas de la política de muerte de este Gobierno, que nos deja a merced de mineros armados dentro de nuestro propio territorio.

Hacemos un llamado urgente a la presencia de la Policía Federal para prevenir más violencia, asesinatos y masacres resultantes del fomento de las actividades mineras ilegales y de la impunidad de los delincuentes, como vemos que está sucediendo en los Yanomami y Mundurukania.

Nuestra gente solo quiere VIVIR EN PAZ y QUE NUESTROS DERECHOS SE RESPETEN. No somos nosotros los que pedimos violencia. Solo pedimos la protección de nuestras tierras y de las vidas indígenas por parte del Estado, como lo manda la Constitución Federal. Gritamos por ayuda.

FIRMAN: Movimiento Munduruku Ipereg Ayu, Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborun, Asociación Da’uk, Asociación Arikico, Concejo Indígena Alto Tapaós Munduruku – CIMAT

Solicitamos al Estado brasileño garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en las comunidades.

Más información del Movimento Munduruku aquí: https://bit.ly/3vz0ssu

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CNI

(Español) COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASAMBLEA PERMANENTE DE PUENTE MADERA ASAMBLEA DE JALAPA DEL MARQUÉS HABITANTES EN RESISTENCIA DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA HABITANTES EN RESISTENCIA DE CIUDAD IXTEPEC CAMPAÑA GLOBAL “EL ISTMO ES NUESTRO”

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25 de Mayo del 2021, desde la Toma del INPI, CDMX

COMUNICADO DE PRENSA

A los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, México y el Mundo
A los Medios de Comunicación Oficiales, Libres o como se llamen
Al Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Opinión Pública

Rechazamos la imposición y simulación de consultas indígenas para la instalación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar/Parques Industriales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Denunciamos la imposición y simulación de los procesos de “CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA” en las comunidades INDÍGENAS de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y Santa Maria Mixtequilla; llevadas a cabo (en orden de mención) los días 1°, 9, 15 y 16 de Mayo del presente año para la imposición de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) del Megaproyecto Corredor Interoceánico,

Le pedimos a los medios de comunicación que no desinformen replicando la información del gobierno y sus medios pagados donde aplauden y dicen que “ya han sido aprobados los parques industriales”, esto es una completa mentira, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la población, quedándose la toma de decisiones en autoridades municipales y agrarias quienes previamente han dialogado a puertas cerradas con el gobierno estatal y federal como es el caso de Ixtepec, o han facilitado la falsificación de actas de asamblea como en San Blas Atempa.

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¡Compas Arriba! | Radio Pozol | Radio Zapatista | Regeneración Radio

(Español) “La CFE nos ha arrebatado nuestra agua”: Ejidatarios de Morelos protestan frente a la Conagua en Veracruz

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Video de la entrevista aquí.

Escucha o descarga el audio de la entrevista:
(Descarga aquí)  

Xalapa, Ver. 20 de mayo 2021. Una delegación de campesinos morelenses, junto a colectivos y organizaciones sociales, instalaron un plantón el día de ayer frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al sur de la ciudad de Xalapa, para denunciar el robo de agua con la finalidad de alimentar canales privados por medio del Acueducto Cuautla. En la tarde de hoy, los ejidatarios invitaron a los medios libres en una entrevista previa a su rueda de prensa programada para el jueves 21 de mayo a las 9:00 hrs. frente al edificio de la Conagua.

Acompañados por colectivos de defensores del territorio de Veracruz, Puebla, Guerrero y de la capital, los ejidatarios de la región oriente de Morelos tomaron las instalaciones y pusieron una gran carpa y numerosas tiendas de campaña frente a las rejas metálicas de un edificio gubernamental vacío, “por el motivo que se han violentado nuestros derechos: la CFE nos ha arrebatado nuestra agua”, sin tener ningún permiso para conectar un acueducto ni para alimentar la termoeléctrica que está a punto de empezar a funcionar.

Uno de los representantes de los ejidos movilizados de Cuautla, Ayala y Tenextepango declaró que “el agua del río Cuautla ha sido históricamente parte fundamental para nuestra actividad que es agrícola, tenemos una zona con características muy especiales para la producción de alimentos: producimos elote, pepino, verdolagas, arroz, caña, es decir, esa parte de Morelos fue precisamente la cuna de la Revolución porque ahí de donde venimos nació el General Zapata, en el pueblo de Anenecuilco, y ahora resulta que nos imponen una termoeléctrica a diez kilómetros de Cuautla y Ayala; y conectan un acueducto sin consultarnos, sin explicarnos de lo que se trata, y ya de la noche a la mañana resulta que empiezan a bombear el agua a la termoeléctrica”.


Niños, jóvenes, trabajadores y ancianos de los ejidos del oriente de Morelos protestan frente a las instalaciones de Conagua en Veracruz

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Avispa MIdia

(Español) AMLO ¿Qué hicieron ambientalistas tras 1,609 concesiones mineras en áreas protegidas?

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Por Ñaní Pinto

Foto de Portada: Protesta frente a la minera San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Por Santiago Navarro F

El pasado miércoles (19 de mayo), el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó en conferencia de prensa a los ambientalistas mexicanos sobre su actuar en torno a 1,609 concesiones mineras que han sido emitidas en territorio mexicano. Sobre todo, puntualizó que de 142 Áreas Naturales Protegidas que existen en México, en 68 de ellas hay concesiones mineras, esto abarca 1.5 millones de hectáreas. El presidente, en un arranque cuestionó, “¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?”, en relación a estas concesiones.

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De acuerdo con el informe que presentó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presidida por María Luisa Albores González, durante los últimos 12 años que, califica como “el periodo neoliberal”, se anuncia que alrededor del 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras.

Albores sostuvo que tan solo en el periodo de 2006 a 2018, en el caso del oro, se ha extraído “más de mil 59 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia y Conquista”, de igual modo dijo que aconteció con la plata, se han extraído “48 mil 626 toneladas de plata, que es más del 90 por ciento de lo que se extrajo en esos más de 300 años en la Colonia”.

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Por ello, el mandatario mexicano, arremetió argumentando, “miren, mil 609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75 por ciento en áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios de flora, de fauna nativa, 15 por ciento en los parques nacionales”.

Y cuestionó, entonces ¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?

Los ambientalistas conservadores

Lo que quizás no recuerda el presidente López Obrador es que, hasta se reunió con varios de estos ambientalistas, cuándo aún estaba en campaña. Un caso muy emblemático es el pueblo de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, dónde lo recibieron en tres ocasiones y le expusieron las problemáticas ambientales, que, hasta el día de hoy, ha ocasionado la Compañía Minera Cuzcatlán que opera a menos de 800 metros del pueblo. “Nos sentimos traicionados, porque nos dijo que iba a resolver el problema y simplemente nos ignoró”, comparte el ciudadano Felipe Martínez.

Minera Cuzcatlán es filial de la canadiense Fortuna Silver Mines y actualmente opera 5 de 31 concesiones que tiene en su poder, que abarcan más de 64 mil hectáreas. Junto a ella, la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) abarca más de 100 mil hectáreas. Son las dos únicas empresas que tienen concesiones en fase de explotación en Oaxaca, pero han sido denunciadas por las afectaciones que han comenzado a experimentar los pobladores. Mientras que los empleos prometidos son de limpieza y de ayudantes, mal pagados.

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Otro caso emblemático es la región del Soconusco en Chiapas, dónde el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 99 concesiones ubicadas principalmente sobre seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo. Una gran resistencia devino de diversos pueblos en esta región al enterarse de las concesiones, durante el gobierno de Peña Nieto, la respuesta fue la represión y la intimidación. Un problema que aún está latente.

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Cuándo el mandatario mexicano pregunta ¿Dónde estaban los sudoambientalistas? Muchos de ellos, en resistencia. Mientras que a otros los amedrentaban y los amenazaban de muerte, o peor aún, los mataban. Tan solo en el periodo de 2012 al 2019 se registraron 83 asesinatos de ambientalistas, según  datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cartocrítica.

Los ambientalistas, principalmente campesinos e indígenas, que han sido asesinados en México no solo se han opuesto al sector minero, sino que también a los complejos de “desarrollo” que viene devastando ecosistemas y pueblos completos para dar paso a los grandes capitales. El riesgo, incluso de levantar la voz, siempre es latente. Como el asesinato del indígena Nahua, Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado frente a su casa un día después de denunciar, en un evento público en el estado de Morelos, los daños ambientales que provocaría el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), un ambientalista asesinado en el periodo de gobierno de AMLO.

Mucho se ha documentado ya de la devastación que va dejando el extractivismo minero, como el caso de la Minera Grupo México, quien, el 6 de agosto del 2014, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, una contaminación que persiste en la zona, en los cultivos y que está presente en diversas enfermedades entre los habitantes.

Al parecer, para el gobierno mexicano, la era neoliberal ha concluido, mientras que las empresas extractivas marchan viento en popa y especulan con sus explotaciones a futuro, mientras el Estado les de la seguridad legal para su explotación, por otra parte, a los pueblos promete más empleos.

El caso Sonora o el Caso de Oaxaca, con los últimos indicios de contaminación, es algo con lo que tendrá que lidear el gobierno actual. Pero, además, también con la explotación acelerada de más minerales que exige el mercado, porque son acuerdos delimitados por las políticas neoliberales, enmarcadas en un primer momento, en el Tratado de Libre Comercio y retomadas con el llamado Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).

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Avispa Mídia

(Español) Istmo: Comuneros de San Blas rechazan parque industrial del Corredor Interoceánico

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La Asamblea Permanente de Puente Madera, agencia del municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncia una serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta que aprobó la construcción de un parque industrial en su territorio, uno de los diez que están previstos en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Asamblea, hubo la falsificación de firmas de 50 comuneros de Puente Madera, así como se consideró la firma de dos personas fallecidas, “pruebas físicas con las que contamos y con las que hemos emprendido un proceso de juicio de nulidad de esta acta de asamblea”, sostiene en un comunicado la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, por medio de su Asamblea.

Todo empezó, según los comuneros, con la Asamblea de Comuneros de San Blas Atempa que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo. Fue convocada con el objetivo de “convencer a los comuneros a aprobar el Polo de Desarrollo”, afirma la Asamblea en su documento.

El actual comisariado de bienes comunales, desde que inició su cargo, no había realizado ninguna Asamblea. “Pero por la presión ejercida por el presidente municipal de San Blas, Antonino Morales Toledo, obligó a que se realizara, ocurriendo las primeras irregularidades con la falsificación de firmas de más de 50 comuneros pertenecientes a nuestra comunidad de Puente Madera, así como la firma de dos personas ya fallecidas”.

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Huexca en resistencia

(Español) 9° aniversario de la lucha en Huexca, Morelos.

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16 de mayo de 2021

Auditorio de Huexca, Morelos.

9° aniversario

Misa-proyecciones-musica-arte-danza

¡¡NO A LA TERMOELÉCTRICA!!

Invita: Huexca en resistencia.

 

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Avispa Mídia

(Español) Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

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Por Renata Bessi | Avispa Mídia

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

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(Español) Pueblo Munduruku denuncia violencia e invasión de mineras en la Amazonia brasileña

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Por Aldo Santiago

En el contexto de una creciente presión para la expansión de actividades mineras en sus territorios, comunidades Munduruku denuncian un aumento en las agresiones y violencia contra sus habitantes.

En medio de los estragos por la pandemia de Covid-19, l@s indígenas también señalan estrategias del gobierno federal para la manipulación y división comunitaria, así como la posible regularización de la minería en Tierras Indígenas (TI) mediante un proyecto de reforma constitucional.

La más reciente agresión consistió en un robo y sabotaje contra la embarcación de la asociación Wakoborũn, integrada por mujeres Munduruku. Este es el tercer ataque, en menos de un mes, realizado por mineros contra el pueblo indígena en la zona urbana de Jacareacanga, al suroeste del estado de Pará.

“Desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro, las invasiones en nuestro territorio aumentaron mucho, trayendo más destrucción y enfermedad”, denunciaron organizaciones y comunidades Munduruku, en carta difundida el pasado 17 de abril.

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