Empresas de biotecnología, como los gigantes agroquímicos Bayer-Monsanto, Syngenta y BASF, desarrollan microorganismos genéticamente modificados para su uso en la agroindustria. Algunas de sus aplicaciones buscan la sustitución de agroquímicos tradicionales con la implementación de bacterias, virus y hongos transgénicos.
Organizaciones ambientales acusan que estas implementaciones se realizan sin regulación y sin la certeza científica de que los efectos alternos, potencialmente dañinos al medioambiente, sean irreversibles.
El uso de los microorganismos representan riesgos de contaminación generalizada en el suelo, así como desarrollo de resistencia a antibióticos o escenarios nunca contemplados de transferencia genética entre especies. Así lo sustenta un informe difundido por Amigos de la Tierra Internacional (FOE), el cual detalla una variedad de riesgos ecológicos, socioeconómicos y para la salud humana con la implementación de microbios modificados genéticamente.
A pesar de las advertencias, productos de este tipo ya se utilizan masivamente. En EEUU, acorde a la empresa Pivot Bio, su producto “Proven” – que proporciona fertilizante nitrogenado – se aplicó en una superficie mayor a 1 millón 200 mil hectáreas de plantaciones con maíz.
Con la bacteria Basfia succiniciproducens, BASF quiere transformar azúcar y dióxido de carbono en ácido fumárico, un importante producto intermedio para la producción química.
Según la red FOE, el sistema regulador en países como EEUU es obsoleto pues no es transparente sobre qué implicaciones tienen estos productos y si se han comercializado. Además, las empresas cuentan con la oportunidad de ocultar detalles bajo el argumento de “información comercial confidencial”, lo que dificulta conocer los alcances de lo que los ambientalistas enmarcan como un “experimento genético al aire libre sin precedentes”.
“El suelo es la base de la civilización humana, dependemos de él para el 95% de los alimentos que consumimos. Sin embargo, las empresas de biotecnología se apresuran a comercializar microbios modificados genéticamente con escaso conocimiento científico de sus posibles consecuencias. Una vez liberados, los microbios modificados genéticamente no pueden retirarse”, detalla una de las autoras del informe, Kendra Klein, doctora y subdirectora científica de Amigos de la Tierra.
Sin frenos
Recientemente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU afirmó que ha registrado ocho microbios transgénicos como pesticidas. En este escenario, FOE reclama la preponderancia de las empresas agroindustriales en la industria genética, cuyo actuar “tiene un largo historial de ignorar las enormes repercusiones de sus productos en el medio ambiente y la salud humana, privar de sus derechos a los agricultores familiares, ocultar la verdad sobre sus productos y obstruir la normativa”.
Además, la organización ambientalista acusa a las trasnacionales de formar parte de plataformas integradas en las cuales no se pueden obtener por separado las semillas, pesticidas y otros productos patentados y “asociados con daños significativos a la vida del suelo y a la biodiversidad”.
FOE asegura que es una contradicción el que empresas como BASF busquen la regeneración de los suelos que fueron afectados “por la propia producción industrial de monocultivos de maíz y soja en la que se aplica el tratamiento de semillas, un sistema que la industria agroquímica perpetúa y del que se beneficia”.
Resalta que, en América se encuentra el segundo productor mundial de cultivos biotecnológicos, Brasil, con 105 eventos aprobados. Acorde al Servicio Agrario Exterior en Brasilia, del Departamento de Agricultura de EEUU, las tasas de adopción de cultivos con mejoramiento biotecnológico como soja y el algodón alcanzaron el 99% y para el maíz, el 95%. A esto se suma que Brasil se convirtió en una de las primeras naciones en aprobar la exportación de productos que contienen ingredientes alimentarios derivados de la biotecnología microbiana, como la levadura y la proteasa alcalina.
En octubre de 2023 Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay crearon la red internacional ABRE-Bio para la bioseguridad de los productos derivados de la biotecnología moderna. La iniciativa, promovida por gobiernos latinoamericanos y Alemania, en colaboración con organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), pretende establecer procedimientos comunes y armonizará las normas para evaluar la bioseguridad de los productos, reduciendo costes y tiempo.
Al otro lado del mundo, Reino Unido aprobó durante 2023 la Ley de Tecnología Genética con lo que dio luz verde a las empresas de pesticidas y biotecnología para desarrollar y vender productos modificados genéticamente en Gran Bretaña.
“Sin un marco regulatorio sólido para evaluar los resultados a largo plazo de la introducción de microbios GE, las consecuencias no deseadas podrían ser catastróficas. Si las cosas salen mal, es casi imposible detectar estos organismos, y mucho menos recuperarlos”, declaró Roger Kerr, miembro de una gremial de campesinos produtores de alimentos orgánicos ante la promoción del Estado y empresas para la implementación de los transgénicos en Europa.
En colaboración con Freedom, presentamos un breve texto de Peter Gelderloos en el que explora por qué están fracasando las estrategias que los principales movimientos ecologistas emplean actualmente para detener el cambio climático producido industrialmente, y qué podríamos hacer en su lugar. Para profundizar en estas cuestiones, recomendamos el nuevo libro de Peter, The Solutions are Already Here: Estrategias para una revolución ecológica desde abajo.
Ante otro verano de desastres climáticos, hablemos de soluciones reales
El movimiento climático dominante parte de una premisa que garantiza el fracaso.
No sólo fracaso. La catástrofe. Y cuanto más eficaz sea, más daño causará.
Exploremos por qué.
El reduccionismo climático
Cuando la gente piensa en el ecologismo hoy en día, es probable que se imagine la desobediencia civil en las calles, el activismo en los medios de comunicación, la presión entusiasta de los grupos de presión y las conferencias destinadas a establecer objetivos globales para las emisiones de carbono, todo ello bajo el liderazgo de organizaciones no gubernamentales, académicos y políticos progresistas. La lucha ecológica, sin embargo, siempre ha incluido también corrientes anticapitalistas y anticoloniales, y estas corrientes se han hecho más fuertes, más dinámicas y están mejor conectadas desde hace un par de décadas.
Este crecimiento, sin embargo, no ha estado exento de contratiempos, a menudo causados por una intensa represión selectiva que deja a los movimientos exhaustos y traumatizados, como el Miedo Verde que comenzó en 2005 y la represión de Standing Rock y otros movimientos indígenas contra los oleoductos una década más tarde. Sistemáticamente, precisamente en los momentos en que las corrientes radicales se lamen las heridas, la visión predominantemente blanca y de clase media del ecologismo sube al escenario y empuja toda la conversación en direcciones reformistas (analizo ejemplos globales de esta represión y cómo está sistemáticamente vinculada a la sustitución de los movimientos radicales por corrientes reformistas en Las soluciones ya están aquí: Estrategias para una revolución ecológica desde abajo y Nos sacarán la memoria a golpes: forzar la no violencia en movimientos olvidadizos).
La crisis real a la que nos enfrentamos es una crisis ecológica compleja, en la que se entremezclan los asesinatos policiales, las leyes represivas, las continuas historias de colonialismo y supremacía blanca, la pérdida de hábitats, el acaparamiento de tierras, las culturas alimentarias, la salud humana, el urbanismo, las fronteras y las guerras. Los líderes del movimiento ecologista han tomado la decisión estratégica de reducir todo esto a una cuestión climática -la crisis climática– y volver a situar al Estado como protagonista, como nuestro potencial salvador. Esto significa centrar el Acuerdo de París y las cumbres de la COP como la solución al problema, y utilizar el activismo performativo y la desobediencia civil para exigir cambios políticos e inversiones en apoyo de la energía verde.
El clima se está calentando, independientemente de las cumbres internacionales sobre el clima no están ayudando.
Un fracaso previsible
Los dos pilares de su estrategia para solucionar la crisis climática son, en primer lugar, aumentar la producción de energía verde y, en segundo lugar, reducir las emisiones de carbono.
Han sido muy eficaces en el primer objetivo, y completamente ineficaces en el segundo. Esto era totalmente previsible.
Cualquiera que entienda cómo funciona nuestra sociedad -es decir, cómo funciona el capitalismo- sabe que el resultado probable de un aumento de la inversión en energía verde será un aumento de la producción de combustibles fósiles. La razón principal es que los cientos de miles de millones de dólares que ya se han invertido en oleoductos, minas de carbón, refinerías de petróleo y plataformas de fracturación hidráulica son capital fijo: valen mucho dinero, pero no es dinero en una cuenta bancaria que pueda invertirse rápidamente en otro lugar, convertirse en acciones o en bienes inmuebles o cambiarse a otra moneda.
Una excavadora de carbón de 14.000 toneladas, una plataforma petrolífera en alta mar: no van a convertirse nunca en otra cosa de un valor financiero similar. Es dinero que se ha gastado, una inversión que sólo es útil para los capitalistas si pueden seguir utilizándola para extraer carbón o perforar en busca de petróleo. Esa regla económica es válida tanto si la empresa capitalista en cuestión es ExxonMobil, la petrolera estatal saudí o la China Petrochemical Corporation, propiedad del Partido Comunista (que en 2021 figuraba como la mayor empresa energética del mundo).
El capitalismo (incluido el que practican todos los gobiernos socialistas del mundo) se basa en el crecimiento. Si la inversión en energía verde crece, lo que conduce a un aumento de la producción total de energía, el precio de la energía disminuirá, lo que significa que los grandes fabricantes fabricarán más de cualquier mercancía que estén produciendo, abaratando sus productos con la esperanza de que los y las consumidoras compren más de ellos. En consecuencia, el uso total de energía aumentará. Esto se aplica a la energía de todas las fuentes disponibles, especialmente las más establecidas: los combustibles fósiles.
Tras décadas de inversión, la energía verde será finalmente competitiva en costes o más barata que la energía procedente de combustibles fósiles. Esto sólo ha empezado a ocurrir en los últimos años, aunque los precios siguen fluctuando según la región y el tipo de producción energética. La industria de los combustibles fósiles no ha abandonado sus operaciones ni ha disminuido la producción. Muchas empresas ni siquiera cubrirán sus inversiones entre combustibles fósiles y energía verde. Lo que sí harán es invertir más en nuevos proyectos de combustibles fósiles. Se trata de economía capitalista básica: si el margen de precios de un producto disminuye, la única forma de mantener o aumentar los beneficios es aumentar la producción total. Eso explica por qué 2023 fue un año de bandera para nuevos proyectos de combustibles fósiles.
Hay otra forma de aumentar los beneficios: disminuyendo el coste de producción. Para la industria de los combustibles fósiles, eso significa reducir las normas de seguridad y medioambientales, lo que se traduce en más accidentes, más contaminación, más muertes.
Lo veíamos venir. Dijimos que esto estaba ocurriendo. Y fuimos excluidos de la conversación, en muchos casos asesinados o encarcelados, porque la desesperada necesidad de creer que el gobierno puede salvarnos es aún mayor que la adicción a los combustibles fósiles.
Pero el capitalismo no tiene futuro en este Planeta. Necesitaremos una revolución de gran alcance para hacer frente a esta crisis.
Para cada barra, la barra azul claro de la izquierda representa la energía “limpia”; la barra azul oscuro de la derecha representa los combustibles fósiles. Fuente: Informe World Energy Investment 2023.A pesar de que la inversión anual en energía “verde” aumenta significativamente, la producción y el consumo de combustibles fósiles también siguen aumentando. Fuente: Statistical Review of World Energy 2023.
Entonces, ¿qué hacemos?
Tenemos que cambiar la conversación. Tenemos que posicionarnos para estar preparados a largo plazo. Tenemos que apoyar las luchas que pueden aportar pequeñas victorias y aumentar nuestro poder colectivo, y profundizar nuestra relación con el territorio que puede sostenernos. Sobre todo, necesitamos imaginar un futuro mejor que el que nos tienen reservado.
Hablar
El tipo de transformación social -de revolución global- que puede curar las heridas que hemos infligido al propio Planeta y a todos sus sistemas vivos tendrá que ser mayor que cualquier cosa que hayamos experimentado jamás. Esta crisis nos atrapa y nos daña a todas; la respuesta va a requerir el mayor número posible de nosotras.
Imagina a todas las personas de tu vida que no quieres que mueran de hambre, de cáncer, en fenómenos meteorológicos extremos o abatidas por la policía u otros supremacistas blancos.
No necesitas convencer a todas esas personas para que se conviertan en revolucionarios anarquistas. Bastaría con convencer a algunas de ellas de que retiren su lealtad a las instituciones dominantes y a los movimientos reformistas dominantes y que simpaticen con un enfoque revolucionario, o al menos que entiendan por qué ese enfoque tiene sentido.
Una forma de enfocar esto es planteando una pregunta con una respuesta indiscutible, una pregunta que tenga relación directa con una cuestión que les afecte o les motive. Por ejemplo:
¿Cuántas personas mueren cada año por falta de agua potable, hambre, condiciones meteorológicas extremas, contaminación atmosférica y otras causas relacionadas con la crisis ecológica? Al menos entre 10 y 20 millones de personas cada año, y la cifra va en aumento.
Desde 2017, la inversión en energías renovables aumentó cada año. En 2022, se invertirá en energías renovables más de 15 veces más que en 2004. ¿Ha sido rentable para los inversores? Sí. La inversión anual supera el billón de dólares y los beneficios superan los cien mil millones, aunque los inversores han demostrado que retirarán rápidamente su dinero de la energía verde ¿Qué ha ocurrido con las emisiones mundiales de CO2 en ese mismo periodo? Se han disparado un tercio. ¿Y la producción de combustibles fósiles en el mismo periodo? Se ha incrementado en un 40%.¿Son aproximadamente las mismas tasas de aumento de las emisiones de carbono y la producción de combustibles fósiles en las décadas anteriores? Sí.¿Y qué significa eso? El auge de la inversión en energía verde no ha frenado en absoluto la producción de combustibles fósiles ni las emisiones de carbono, a pesar de que los nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles son cada vez más difíciles y costosos.
Nuestra agua, aire y alimentos están llenos de sustancias químicas venenosas. Muchos de ellos están relacionados con la producción de plásticos, pesticidas, productos químicos para siempre (PFAS), la minería y la quema de combustibles fósiles. Conocemos los peligros de la mayoría de estos compuestos desde hace décadas, y varios de ellos están prohibidos o regulados por diversos gobiernos. En general, ¿aumentan o disminuyen las cantidades de estas toxinas en nuestro medio ambiente? Las cantidades están aumentando. ¿Qué han hecho muchas grandes empresas químicas en respuesta a la prohibición del PFOA, un “producto químico para siempre” tóxico? Han cambiado a la producción de otros PFAS que también se sabe o se cree que son tóxicos. ¿Con qué eficacia se aplican estas prohibiciones? Cinco años después de acordar la eliminación progresiva del PFOA en respuesta a la presión gubernamental, las fábricas químicas de DuPont seguían vertiendo PFOA en las aguas subterráneas. Probablemente lo sigan haciendo ahora, pero las comunidades afectadas no disponen de recursos para averiguarlo y el gobierno no lo controla.
Analicemos un asunto paralelo, para ver si ese reformismo ha dado resultados en otros contextos. En 2020, ciudades y estados de todo EE.UU. trataron de apaciguar el movimiento contra los asesinatos policiales aprobando medidas para garantizar la rendición de cuentas de la policía, desde cursos de formación sobre sensibilidad racial hasta juntas de revisión ciudadana, pasando por directrices más estrictas sobre el uso de la fuerza o cámaras corporales obligatorias. ¿Ha disminuido desde entonces el número de asesinatos a manos de la policía? No. Ha aumentado.
Después de compartir las respuestas a estas preguntas, puedes hacer hincapié en que reformar el sistema existente es una estrategia fallida, y preguntarles si se comprometen a probar la misma estrategia una y otra vez, esperando resultados diferentes.
Esto debería permitirte determinar cuáles de las personas que te rodean son capaces de cuestionar el paradigma en el que viven y cuáles están comprometidas con las falsas creencias que sustentan ese paradigma. No pierdas el tiempo con este último grupo. Cualesquiera que sean las cualidades redentoras y hermosas que puedan tener, intentar dialogar con ellos a través de la razón, la ética y la lógica pierde sentido. Cuando la gente insiste en creer cosas que son manifiestamente falsas, es porque esas creencias les reconfortan o porque les aportan poder y beneficios. Es poco probable que el debate cambie esta situación.
Tenemos que cambiar la conversación a nivel de la sociedad en general. Necesitamos que la gente entienda nuestros argumentos; necesitamos asegurarnos de que las ortodoxias dominantes se consideren controvertidas en lugar de aceptables.
Esto significa desacreditar el Acuerdo de París, las Naciones Unidas, Extinction Rebellion y las grandes ONG, así como toda la estrategia de sustituir los combustibles fósiles por energía verde mientras se deja el sistema económico mundial sin cambios. Lo único que iban a conseguir era ganar mucho dinero. Del mismo modo, necesitamos popularizar una comprensión más clara de la función de la policía en el contexto histórico, y del impacto de la producción económica basada en el crecimiento sobre nuestra salud, y del hecho de que no es probable que ningún gobierno tome medidas para mitigar ninguno de estos daños.
Centrémonos en las personas capaces de cambiar. Cuando la gente empieza a cambiar de opinión, es útil que puedan relacionarlo con un cambio inmediato en sus acciones. Ayúdeles a identificar algo pequeño que puedan hacer. Por ejemplo:
Redirigir las donaciones de las grandes ONG a fondos de defensa legal para los defensores de la tierra, a recaudadores de fondos para proyectos de defensa de la tierra y a medios de comunicación y editoriales alternativos que presenten una visión realista de la crisis;
Escribir una carta a alguien encarcelado por sabotaje ecológico o por defenderse de la policía, o a alguien que se esté organizando para recibir mejor trato y recursos de supervivencia dentro del sistema penitenciario;
Difundir noticias en las redes sociales sobre las luchas indígenas por la defensa de la tierra en todo el mundo;
Responder a las principales campañas ecologistas o al marco de la ONU sobre el cambio climático, señalando que es un fraude y enlazando a artículos de difusión masiva como éste;
Pedir a las bibliotecas y librerías locales que soliciten libros con una visión realista de la crisis ecológica;
Crear un grupo de lectura con amigos;
Asistir a una protesta;
Apoya un huerto comunitario local, un punto de distribución de alimentos o ropa gratuitos, un grupo de reducción de daños o una iniciativa de justicia transformadora;
Convierte el césped en un jardín de flores silvestres autóctonas y comestibles;
Experimenta con la jardinería de guerrilla.
South Central Farm. Analizado en Rolling Thunder #4, este huerto de Los Ángeles alimentó a cientos de familias, defendiendo un espacio verde en el páramo urbano.
Sé honesto
El apocalipsis ya ha comenzado. Desde hace décadas, millones de seres humanos -y ahora decenas de millones- mueren cada año por los efectos de esta crisis ecológica. Hemos superado las tasas de mortalidad de los peores años de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, incluso si no contamos las cifras de víctimas de las guerras calientes que las potencias supremacistas blancas están librando desde Níger hasta Palestina, aunque esas guerras también están envueltas en esta crisis.
Además, cada año se extingue un número desconocido de especies, probablemente miles. Numerosos hábitats y ecosistemas se están perdiendo para siempre. La biomasa global, la masa total de todos los seres vivos del Planeta, está disminuyendo sustancialmente. El agua, el aire y el suelo están llenos de venenos. Los objetivos climáticos para la reducción del carbono son probablemente demasiado optimistas; ya estamos cruzando numerosos puntos de inflexión a 26 años de 2050 (el objetivo de la ONU para alcanzar las emisiones “netas cero”), y las proyecciones de los estados más poderosos y de las mayores corporaciones indican que no alcanzaremos la deseada fecha límite de 2050. El fin del mundo ya está en marcha.
Para hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que aceptarlo y ponernos manos a la obra. El sufrimiento ya está aquí. La muerte masiva ya está aquí. Pero después de cada muerte, hay nueva vida, y seguirá habiendo vida en este Planeta hasta que el Sol se expanda dentro de unos miles de millones de años. Esta es una cuestión de vida o muerte para nosotras, así que tenemos que tomárnosla en serio y hacer sacrificios, pero como ya es “demasiado tarde”, podemos centrarnos en la calidad y en los marcos a largo plazo, en lugar de dejarnos llevar por una urgencia superficial y agotadora.
Al menos una cosa es cierta: las comunidades vivas de este Planeta estarán en mucha mejor forma si abolimos el Estado y el capitalismo. Si no lo conseguimos en nuestras vidas, seguirán estando mejor -estaremos mejor- si hemos erosionado su hegemonía, si la mayoría de la gente puede ver que las instituciones dominantes son responsables de lo que está ocurriendo, si hemos aumentado nuestra capacidad de curación y supervivencia colectivas.
Empezar
Hay muchas maneras de apoyar una lucha. Aunque es fácil desmoralizarse cuando la mayoría de los oleoductos, bases militares, minas y otros megaproyectos a los que nos oponemos se construyen a pesar de todo, es vital comprometerse. La revolución no es una progresión lineal, no son mil pequeñas victorias que se acumulan en una gran victoria. Sí, es necesario demostrar que a veces podemos ganar, pero también se trata de la alegría y la experiencia que nos llevamos con nosotras, de los instintos tácticos y estratégicos que desarrollamos, de los conocimientos técnicos, de las relaciones que construimos, de la euforia de obligar a la policía a dar media vuelta y huir, de la comprensión de que las figuras de autoridad dentro y fuera del movimiento sólo nos frenan, de la forma en que en la lucha se hace evidente que todas las diferentes cuestiones aisladas, todas las diferentes formas de opresión, están conectadas.
Tenemos que participar en las luchas intermedias de forma que ayudemos a la gente a descubrir y practicar el tipo de tácticas y estrategias que serán necesarias para el cambio a largo plazo.
La supervivencia empezó ayer. La gente de los países que ya han experimentado el colapso, así como las comunidades indígenas y negras de clase baja de todo el mundo, ya llevan ventaja. Aprende de quienes vienen de esas experiencias. Después, conoce íntimamente tu territorio. Averigua de dónde podrían salir los alimentos y qué modificaciones necesitarán las viviendas durante las estaciones más extremas si se va la red eléctrica. Establece métodos de comunicación y coordinación para cuando dejen de funcionar los teléfonos y las conexiones a Internet. Aprende cómo puedes acceder a agua potable limpia. Averigua dónde está más contaminado el suelo para que nadie cultive alimentos en él. Aprende lo coordinados que están los supremacistas blancos.
Y luego ponte manos a la obra para crear más recursos alimentarios comunitarios, un acceso más estable a la vivienda y más redes de autodefensa colectiva. Apoya cualquier proyecto que te inspire y nos haga a todos más fuertes, tanto ahora como en cualquier futuro probable, ya sea el colapso, el aumento del autoritarismo o la guerra civil revolucionaria.
Conectar con nuestros territorios específicos significará probablemente romper con ideologías homogeneizadoras que insisten en que todos somos iguales, que no pueden dar cuenta del hecho de que todos tenemos historias y necesidades diferentes y que esas historias ponen a algunas de nosotras en conflicto, o que basan su idea de transformación social en un programa predeterminado o en alguna idea de unidad obligatoria. El futuro que tenemos que crear es un ecosistema sin centro.
Soñar en grande
La revolución aún es posible. Podemos decir esto con confianza porque la historia nos muestra ciertos patrones a medida que avanza a través de los siglos, y también porque estamos entrando en una época sin precedentes, en la que las instituciones dominantes están utilizando planes y modelos que ya están obsoletos.
Todas nuestras revoluciones de los últimos siglos han sido, en última instancia, fracasos. Eso significa que podemos aprender de ellas sin cerrar nuestra imaginación o asumir que sabemos cómo será una transformación exitosa de toda la sociedad.
No será el resultado de un proyecto. No será el resultado del triunfo de ningún partido. Será el resultado de innumerables sueños, planes, conspiraciones, locas esperanzas y batallas que aún no podemos prever. Lo haremos juntas, soñando constantemente, tejiendo constantemente, porque eso es la vida libre.
En portada: La comunidad de El Icacal durante conferencia de prensa para denunciar el despojo de sus tierras. Mayo, 2024.
Habitantes de la comunidad de la playa El Icacal, departamento de La Unión, en el pacífico salvadoreño, denuncian la usurpación de sus tierras, las cuales pretenden ser utilizadas para el desarrollo de la segunda fase del megaproyecto turístico “Surf City”. En su implementación inicial, durante el año 2022, ya ha sido señalado por provocar desalojos y desempleo en la región poniente de la costa salvadoreña.
El proyecto “Surf City” tiene como objetivo atraer turismo mundial a las costas del pacífico mediante la construcción de infraestructura en playas con ecosistemas biodiversos a través del litoral pacífico salvadoreño .
En El Icacal, la comunidad detalla que, desde julio del año 2023, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico S.A. de C.V. se adjudicó de manera unilateral tierras de la población, las cuales se encuentran en las inmediaciones de un área protegida natural debido a la presencia de bosques salados, donde se erigen manglares de hasta 20 metros de altura.
Acompañados por el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), habitantes de El Icacal han denunciado la deforestación ilegal de manglares. A ello, se suma el acoso y agresiones por parte del personal de seguridad de la empresa, la cual ya ha cercado una superficie de 11 kilómetros en la costa oriente salvadoreña.
Carlos Hernández, integrante de la comunidad, señaló que la construcción de infraestructura derivado del circuito turístico “Surf City 2” ha agudizado el asedio de grupos empresariales hacia las poblaciones campesinas e indígenas, debido a que buscan apropiarse de sus tierras para lucrar con megaproyectos turísticos y energéticos.
Hernández aseguró que parte de las tierras que ha usurpado la empresa conforma las parcelas agrícolas de los habitantes de El Icacal, por lo que se les ha imposibilitado mantener su labor campesina. También señaló a la empresa como responsable por la tala de 100 árboles de mangle, ubicados en el área protegida, ocurrida entre el 13 y 14 de mayo pasado.
“Se exige a instituciones medioambientales, de derechos de los humanos y protección del medio ambiente para que se garanticen los derechos de la comunidad. También queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los casos de depredación de la zona protegida”, aseveró Ángel Flores, coordinador oriental de MILPA.
Agresiones
La población de El Icacal, integrada por campesinos, pescadores artesanales, artesanos y pobladores de ascendencia indígena, resaltaron que, en noviembre del 2023, personas armadas y encapuchadas ingresaron a la comunidad para intimidar a sus habitantes, e incluso señalan que el grupo armado amenazó de muerte a los habitantes para que abandonaran sus viviendas.
“Argumentaron que ellos eran dueños, sin presentar ningún documento, mas que solamente armas de fuego. A raíz de esto la comunidad está sufriendo depresión, estamos cansados”, compartió un habitante de la comunidad quien asegura que desde ese momento algunos pobladores salieron de El Icacal para buscar refugio con familiares en otras partes del departamento.
Para enero de este 2024, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico contrató elementos de seguridad privada para restringir el paso de los pobladores por las tierras que ha cercado. Para la población es de especial preocupación el acoso e intimidación por parte de los vigilantes quienes también agreden a las infancias.
Ante ello, el pasado 28 de mayo, integrantes de MILPA presentaron una denuncia ante la FGR en contra de la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico. En ella, señalan a la empresa por el acoso y agresiones contra la comunidad.
El coordinador de MILPA asegura que están implicados trabajadores, funcionarios públicos, empresas privadas y fundaciones, quienes “a través de diferentes mecanismos, maniobras legales y actos ilícitos, están acaparando tierras”.
Desplazamiento
La segunda fase del proyecto “Surf City” cuenta con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El banco otorgó un préstamo de 106 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, quien recientemente se reeligió como presidente de El Salvador, pese a que seis artículos de su constitución lo prohiben.
El megaproyecto preveé el desarrollo de infraestructura en zonas prioritarias del departamento de San Miguel, contiguo a La Unión, donde contempla la construcción de atractivos como parques de diversiones y de playa, miradores y malecones integrados en corredores para promover el turismo y deportes acuáticos.
Por su parte, MILPA asegura que la comunidad de El Icacal ha sufrido históricamente la usurpación de sus tierras por hacendados, empresas inmobiliarias y hoy turísticas, provocando conflictos por los bienes comunes como la tierra.
Así, la amenaza de desplazamiento actual se alimenta del miedo de que, según Flores, en cualquier momento se otorguen escrituras fraudulentas a favor del Estado. Esto debido a que, pese a vivir durante décadas en esa región, los pobladores de El Icacal no cuentan con documentos legales o escrituras que les reconozcan como propietarios de las tierras.
En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.
El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.
La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.
Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado.
Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.
Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.
Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.
Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias.
El contexto legal
En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.
Fotos: Santiago Navarro F.
Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.
Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar.
Comunidad de Calpulálpan de Méndez, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.
Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian.
Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.
Más concesiones
Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.
Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C.
En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad.
Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí.
Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060.
La selva de los Chimalapas se quema y ante un escenario electoral no hay oídos que escuchen las luchas de los pueblos quienes siguen apostando por la vida, por los bosques, los ríos, las montañas y los animales, aun cuando sentimos que la Tierra arde.
Las olas de calor, los incendios, los ríos secos y las inundaciones no son más que expresiones de un fenómeno que en los últimos años se ha nombrado emergencia climática, pero sus causas son de mucho más tiempo y están asociadas a largos siglos de colonialismos, genocidios, ecocidios y despojos.
Desde hace décadas los pueblos indígenas vienen advirtiendo de la catástrofe ambiental a la que nos dirige el extractivismo minero muy vinculado al régimen de combustibles fósiles. Es innegable que ambas actividades productivas están acelerando el aumento de la temperatura en el planeta; nos están llevando a alcanzar el incremento de 1,5ºC que advirtió en el 2019 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) cuyos efectos serían irreversibles para la agricultura y para la vida humana sobre la Tierra.
No obstante, este sector energético fósil y extractivista fueron pilares en los programas políticos y económicos de las candidaturas presidenciales de este 2024. La emergencia climática y los derechos de los pueblos indígenas, cuyos territorios albergan entre el 70 y el 80% de la riqueza biodiversa, según datos del Registro Agrario Nacional, no caben en las urnas electorales.
Es así como el pueblo zoque de Santa María Chimalapa está ahora mismo combatiendo una serie de incendios que atestan a una de las regiones más biodiversas de Mesoamérica: la selva de los Chimalapas. Llevan más de una semana en llamas y las instituciones estatales no han dado una respuesta efectiva para mitigar el fuego. Son las brigadas de comuneros encabezadas por sus comisariados de bienes comunales las que están combatiendo la emergencia climática.
Al mismo tiempo la asamblea comunal de San Miguel Chimalapa está exigiendo al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al gobernador estatal de Oaxaca, Salomón Jara, a que cumplan con un trámite de peritaje que les corresponde realizar para que el Tribunal Unitario Agrario emita un resolutivo sobre los juicios de nulidad que ha interpuesto San Miguel Chimalapa para delimitar sus tierras comunales.
La demanda de la asamblea de San Miguel Chimalapa tiene lógica cuando constatamos que los incendios en toda Chimalapas se ven alimentados por los conflictos agrarios que sostienen con los ejidos colindantes. Son 26.000 hectáreas las que se encuentran en litigio en la colindancia entre San Miguel Chimalapa con Niltepec y Zanatepec, y son 160.000 hectáreas de tierras comunales las que están en disputa entre Chimalapa, Oaxaca, con Cintalapa, Chiapas. Pese a que la Suprema Corte de Justicia emitió un resolutivo a favor de Oaxaca en el año 2023, no ha logrado ejecutarse y, por el contrario, el saqueo de los bosques continúa al igual que los incendios suscitados desde el mes pasado.
Al calor de estos problemas el gobierno de la cuarta transformación parece más ocupado en promover a la sucesora, antes que atender las demandas de los siempre despojados de sus tierras, los pueblos indígenas y campesinos.
Los conflictos agrarios en todo México no son menores, por el contrario, existen alrededor de 500 conflictos agrarios a nivel nacional. La existencia de los conflictos agrarios exhibe el racismo con el que históricamente la procuraduría agraria ha tratado a los pueblos indígenas y campesinos. Trámites muy lentos, arbitrariedades en los juicios, ocultamiento de información, menosprecio a las autoridades comunales y consejos de vigilancia son algunas de las características más comunes.
En Chimalapas como en otras comunidades los conflictos agrarios se agudizan en la medida que los megaproyectos extractivos, energéticos e industriales promueven el despliegue de sus infraestructuras sobre las tierras en litigio, y con esto generan la confrontación entre comunidades agrarias vecinas.
Muchas veces son mal llamados conflictos intercomunitarios soslayando con ello la responsabilidad que las corporaciones trasnacionales y la procuraduría agraria suelen tener en los desafortunados desenlaces de estos conflictos que muchas veces detonan en violencias, asesinatos y desaparición.
Los incendios, los conflictos agrarios, los megaproyectos extractivos asociados al régimen fósil, los racismos institucionales y las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas están profundamente relacionados. La apuesta para solucionarlos no está en la agenda electoral.
La lucha del pueblo zoque de Chimalapa por apagar los incendios y por resolver los conflictos agrarios es una acción concreta, urgente y necesaria en tiempos de catástrofe climática. Ante los oídos ensordecidos por el ruido electoral escuchemos los gritos de la selva y el correr del río. Ahora más que nunca se requiere de la solidaridad entre pueblos y ciudades para sofocar el fuego que nos alcanza.
Tzimalapa atzpa, bi nax atzpa, bi copaknax atzpa, dex atzpa, mix atzpa
(Chimalapa arde, la tierra arde, el planeta arde, yo ardo, tú ardés).
Pronunciamiento en Defensa de la Vida y el Territorio (entendido como suelo, subsuelo, atmósfera, agua, plantas, animales y culturas) 1 de junio de 2024 Jalpa, Municipio de General Cepeda, Coahuila, México
Del 24 al 26 de mayo nos reunimos en el ejido de Jalpa, Coahuila, alrededor de 150 personas de diversos ejidos, comunidades, colectivos y grupos para denunciar el saqueo del agua y pronunciarnos en defensa del territorio y la vida, en el marco del Encuentro en Defensa de la Vida, tejiendo territorios del Norte, Centro y Sur convocado por los colectivos “Saberes y Sabores”, “Centro de Salud Alternativa (CESANA)”, “Colectivo Sí a la Vida”, “Custodios del Arroyo San Miguel”, campesinas y campesinos del Desierto Chihuahuense y Crianza Mutua México con el objetivo de compartir la vida cotidiana, experiencias organizativas de educación popular, resistencia para defender la tierra, agua, suelo, paisaje, animales, plantas y culturas, en este encuentro tejimos un espacio de diálogo intercultural de saberes y vivires con la finalidad de articular diversas luchas autonómicas, tejer y fortalecer redes de solidaridad, apoyo y resistencia.
Los ejidos San José Patagalana, Sombreretillo, Seguín, Presa de San Antonio, Porvenir de Jalpa, Jalpa, Santa Inés, San Juan del Cohetero y Pilar de Richardson se localizan en la Cuenca del Arroyo San Miguel a 120 kilómetros al Oeste de Saltillo. Desde finales de la década de los noventa las comunidades ejidales de esa región han denunciado e interpuesto recursos legales para detener el saqueo de los reservorios subterráneos de agua, de manera particular en torno a esa cuenca que ha dado vida durante siglos a la región y a las comunidades que viven y cuidan de la tierra y el agua y producen alimentos básicos para autoconsumo y venta de excedentes.
En portada: Niños y jóvenes, bases de apoyo del EZLN, durante su participación por el 30 aniversario del levantamiento armado. Las generaciones más jóvenes del zapatismo viven en territorios libres de violencia, en un Chiapas donde actualmente grupos criminales controlan cada vez más territorios. 31 diciembre, 2023. Foto: Aldo Santiago
En medio de toda la vorágine de violencia que se padece en Chiapas, también se vive en estos días el periodo de campañas electorales. El próximo 2 de junio, además de la Presidencia de la República, se renuevan todas las alcaldías del estado, el Congreso local, el Congreso Federal y también el Gobierno estatal.
Eduardo Ramírez Aguilar, quien militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por más de una década, es el candidato del partido oficialista Morena, que hoy gobierna en la entidad y que seguramente retendrá el poder. Ramírez Aguilar fue presidente municipal de Comitán de Domínguez del periodo 2008 al 2010; fue diputado federal entre 2012 y 2013, y diputado local entre 2015 y 2018. En 2015, en los mítines del PVEM, Eduardo Ramírez gritaba: “¡López Obrador es un mentiroso!”. Ya para 2018, afiliado a Morena, alcanzó una senaduría con este partido y de su fobia contra López Obrador nada quedó. El Partido Verde fue aliado del PAN en las elecciones de 2000 y de 2006; para 2012 hizo alianza con el PRI y en 2018 se alió con Morena, con los que hoy cogobierna tanto a nivel federal como estatal.
Cuando el hoy candidato al Gobierno estatal de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue alcalde de Comitán se le relacionó con Gilberto Rivera Amarillas, alias El Tío Gil. De hecho, fue durante ese periodo que Rivera Amarillas logró asentarse en ese municipio en los límites con Guatemala y en toda la zona fronteriza. Periodistas chiapanecos le cuestionaban frecuentemente su relación con el jefe de plaza de Ismael Zambada, a lo que él siempre respondió que era “completamente falso. Es un personaje visible en Chiapas, pero de eso a tener yo una relación”.
En medio de todo esto el EZLN advertía a quienes quisieran acompañarlos a su 30 aniversario que se llevaría a cabo entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, que la situación en la zona no era la más idónea. El subcomandante Moisés firmaba un comunicado donde aseguraba que “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”, y decía que las presidencias municipales están ocupadas por “sicarios legales o crimen desorganizado”.
Subcomandate Insurgente Moisés observa el despliegue de milicianos durante los festejos por el 30 aniversario del levantamiento zapatista. Caracol VIII Dolores Hidalgo, 1 enero 2024.
El líder zapatista hablaba de lo que hoy en día se ha vuelto parte de lo cotidiano en la entidad: los bloqueos, los asaltos, la ola de secuestros, el cobro de piso, el reclutamiento forzado y las balaceras. Y acusaba al Gobierno del “padrinazgo” que tenía con las organizaciones criminales, cuando se estaban ya disputando las primeras candidaturas para las elecciones de junio de 2024. El subcomandante sostenía que “no son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”.
En Chiapas, los grandes caciques siempre han tenido grupos armados a su disposición; los han usado para desplazar a los indígenas de sus comunidades y para tomar posesión de sus tierras. Aunado a esto, desde julio de 2021 y tras el asesinato de Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, pobladores de Pantelhó formaron un grupo de “autodefensas” para hacer frente a los grupos criminales de otros estados, los cárteles, y defenderse de estos grupos paramilitares que forman los caciques.
Mario Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), lo explica de la siguiente forma: “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”. De tal forma que el embate que padecen las comunidades es cada vez más letal y más difícil de poder erradicar. Fue precisamente por esto que los zapatistas anunciaron en una serie de comunicados el año pasado, que harían una reorganización de su estructura. Ya no sólo enfrentan a los grupos de siempre, sino que ahora los cárteles, mucho más peligrosos, son el enemigo más visible.
Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, explica que “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde ahí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública” y considera que el objetivo principal de estos es apoderarse de cada territorio, controlarlo y finalmente poner a su propia gente en cada presidencia municipal.
Elecciones y crimen organizado
Los procesos electorales en México, sobre todo en los últimos tres sexenios, siempre se realizan bajo la sospecha de la intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en el ámbito municipal, pero desgraciadamente esta influencia ha escalado en la jerarquía gubernamental y hoy no es extraño que los candidatos a gobernadores de los estados sean ligados a los diferentes cárteles en todo el país. Como ejemplo de esta connivencia entre candidatos y gobiernos con crimen organizado, basta recordar el terrible caso de Ayotzinapa y la elección federal y estatal de 2021.
En 2014 cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las primeras investigaciones llegaron hasta el entonces alcalde del municipio de Iguala —donde ocurrió la desaparición de los estudiantes—, José Luis Abarca, quien fue ligado al Cártel Beltrán Leyva y se supo que operaba para ellos desde hace años. Fue de hecho este cártel quien apoyó su proyecto político y lo llevó a la alcaldía. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, junto con sus hermanos, eran aliados de Arturo Beltrán Leyva, líder de dicha organización criminal.
Más recientemente, en 2021, se votó para renovar el Congreso Federal (diputados y senadores), así como 15 gubernaturas estatales. En Sinaloa se renovaban alcaldías, diputados locales y Gobierno del estado. Hoy se sabe que al actual gobernador por el partido oficialista Morena lo financiaron y apoyaron en toda la campaña, hasta llevarlo a la gubernatura, las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos) e Ismael “El Mayo Zambada”.
Pero no son los únicos casos, son simples ejemplos. En las últimas semanas una investigación realizada por el medio digital Código Magenta, con base en fuentes de autoridades de Estados Unidos, reveló que en esa misma elección de 2021, no sólo hubo apoyo a candidatos de Morena en Sinaloa, sino que esto ocurrió por lo menos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche y Tamaulipas. Es decir, las elecciones en México, en todos los niveles, no se pueden analizar el día de hoy sin tener el contexto de que siempre habrá un cártel que esté dispuesto a apoyar a candidatos de cualquier partido o incluso a todos los candidatos.
Sabiendo esto y observando la ubicación geográfica de Chiapas, clave para los negocios ilícitos de las organizaciones criminales, no es difícil deducir que los delincuentes buscarán cooptar a los candidatos de los diferentes partidos y distintos cargos en disputa en cualquier elección. Hacerlo les garantiza que podrán operar con total impunidad y sin temor alguno. ¿Cómo podría actuar una autoridad municipal o estatal contra el Cártel de Sinaloa o el CJNG si los alcaldes, diputados o hasta el gobierno del estado les recibió dinero durante las campañas y con ese dinero llegaron al cargo que aspiraban? Los 124 municipios del estado de Chiapas, pero sobre todo los que hacen frontera con Guatemala, son codiciados por los delincuentes, porque son la puerta de entrada de las sustancias ilegales, como precursores químicos o drogas ya elaboradas, pero también es por ellos por donde ingresan los miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. El tráfico de personas y el tráfico de drogas son negocios multimillonarios que no pueden permitirse desperdiciar.
Familias desplazadas debido a los enfrentamientos entre grupos armados en la región fronteriza con Guatemala.
Los zapatistas saben de esto, lo conocen de primera mano y en la efervescencia de las recientes campañas intuían que la situación podía salirse de control, tal y como ha ocurrido. Muchos de los territorios son compartidos por zapatistas y gente no afín al zapatismo, por lo que la defensa de sus pueblos era apremiante ante semejantes circunstancias actuales. El control territorial del EZLN ha servido por décadas como una barrera de contención que impedía que pudieran asentarse en ellos grupos delincuenciales, pero a lo largo de los años el desgaste se ha notado y los zapatistas tuvieron que proponer una reorganización para poder seguir siendo esa barrera. Si bien hasta el momento no se han registrado ataques directos por parte de los cárteles a las comunidades zapatistas, esto no está lejos de poder suceder. El EZLN en sus comunidades tiene prohibida la siembra y venta de estupefacientes, lo que choca directamente con planes de expansión territorial de las organizaciones criminales.
Marta Durán De Huerta, socióloga, periodista y profesora universitaria, cree que las décadas de llevar a la práctica la autonomía zapatista, pueden ser la base para que su nueva autonomía tenga éxito. “Se levantaron en armas para hacer un llamado de atención y ellos mismos crearon sus instituciones para impartición de justicia, para salud, es algo muy sencillo, diría, hasta artesanal, pero lo han hecho”, dice la autora del libro Conversación en la Montaña, publicado recientemente en enero de 2024. Y aunque admite que la situación actual es nueva y muy distinta, por la crisis de violencia que se vive en todo Chiapas, resalta que la coherencia y la firmeza con que se ha manejado el zapatismo, actuaría en su beneficio en este nuevo escenario: “EZLN fue un movimiento estabilizador de algunas regiones, porque ellos nunca pactaron con el narco ni permitieron el financiamiento mediante acciones ilícitas, a pesar de estar siempre asolados por grupos paramilitares”.
Aumenta la violencia en las campañas electorales
Este 28 de mayo durante la conferencia matutina de López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los datos oficiales sobre los candidatos asesinados en este periodo electoral. Según el gobierno, las cifras registradas por las autoridades electorales, contaban 22 personas candidatas, precandidatas o que aspiraban a algún puesto de elección popular asesinadas en todo el país. Enfatizaba que “a la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial“.
Lo más chocante de esta forma de minimizar los asesinatos políticos, fue lo que dijo López Obrador durante la misma conferencia mañanera al responder a la periodista Helena Lozano, del medio NTN24, que citando a la Consultora Integralia, cuestionaba por el asesinato de 34 candidatos a cargos de elección popular. El presidente aseguró que esto se debe en gran medida a que “los medios de manipulación” difunden estas cifras que no corresponden a los datos oficiales. Y al ser cuestionado sobre si había posibilidad de que alguno de los asesinatos no haya sido registrado, López Obrador aseguró que no y que “no hay cifra negra”. “Quisieran que hubiesen muchos homicidios, parece mentira. pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras”, remató.
Y es que dependiendo de la fuente y de las fechas desde que se realice este conteo, los asesinatos a aspirantes, precandidatos, candidatos o familiares de ellos, podría elevarse hasta los 70 o más. Nada menos en Chiapas, el último caso fue el de la joven candidata de 26 años del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, que aspiraba a la alcaldía de La Concordia. La candidata fue acribillada el pasado jueves 16 de mayo cuando se trasladaba de un acto de campaña a otro. Junto a ella fueron asesinadas otras cinco personas que le acompañaban, incluida una menor de edad. Esta es sin duda ya, la elección más violenta en la historia de México. Desde el mes de abril se rebasaron las cifras de agresiones, secuestros y asesinatos de participantes en la contienda electoral, que ya de por sí era enorme en 2021. Nosotros nos quedamos pendientes y con los ojos puestos en Chiapas, atentos para denunciar y hacer visible la violencia sin precedentes que se vive en el sur del país. Creemos que los zapatistas saldrán adelante, que podrán con esto y que nos mostrarán una vez más que “Otro mundo es posible”.
*Una versión de este texto se publicó originalmente en El Salto diario.
APOYO TOTAL A LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA: ALTO A LA INSEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
Comunidades indígenas de Michoacán a 31 de mayo de 2024.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades, de manera conjunta, exponemos lo siguiente:
La comunidad p’urhépecha de Santa Fe de la Laguna, ancestralmente llamada Ueámuo, es una comunidad que históricamente se ha caracterizado por la defensa de su territorio comunal, desde hace más de 50 años han dado ejemplo de organización, resistencia y lucha, trabajando para proteger sus tierras comunales y movilizándose para obtener su autogobierno.
En este contexto de lucha por su tierra comunal y por su autonomía, el día de ayer a las 22:00 horas, un comando armado ingresó a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, realizo disparos al aire en la Plaza Principal, desarmó y agredió a la Ronda Comunal, amenazándolos de muerte y resultando gravemente herido un guardia comunal.
En este contexto, los compañeros de la comunidad de Santa Fe de la Laguna tomaron desde el día de ayer, la Carretera Federal Morelia-Zacapu, para exigir al Gobierno Federal y Estatal que cumplan con su obligación constitucional y otorguen seguridad en la región, así como para demandar se establezca un destacamento de la Guardia Nacional.
Por ello, exigimos enérgicamente al Gobierno Federal y al Gobierno de Michoacán, que brinde seguridad inmediata para la comunidad de Santa Fe de la Laguna, que hoy se encuentra en grave peligro, emplazándolos a que de no atender y solucionar la problemática, nos movilizaremos mediante tomas de carreteras en todo el estado.
Finalmente, hacemos un llamado atento y respetuoso a las comunidades originarias, para que estén atentas de lo que pueda pasar en Santa Fe de la Laguna y brindemos todo el apoyo y solidaridad con esta comunidad hermana.
En portada: Pobladores de Unión Hidalgo se manifestaron pacíficamente para detener la tala masiva de árboles en tierras comunales derivado de los trabajos de rehabilitación de la Línea K del CIIT.
En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar).
Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Mapa elaborado por colectivo GeoComunes.
Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.
En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.
Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta.
Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.
Respuesta de la Semarnat a la petición de la MIA por parte de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.
El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.
Afectaciones
El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.
Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.
El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata.
Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.
Defensores ambientales bloquean el paso de trabajadores que rehabilitan la Línea K debido a la tala indiscriminada en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.
Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.
Habitantes de Unión Hidalgo realizan recorridos territoriales para vigilar que la Semar no explote un banco de materiales pétreos que operaba irregularmente. Fotos: Diana Manzo.
“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.
Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo.
El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.
El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.
“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.
Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos.
Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.
Persecución y militarización
El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Escombros arrojados en las inmediaciones de la vivienda del defensor ambiental Édgar Martín. Foto: Istmopress
El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede.
“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.
En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.
Presidente municipal de Juchitán durante la entrega del predio a la Semar para la instalación de un destacamento militar en la región.
Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.
En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.
Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.
“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.
En medio de diversos escenarios catastróficos que vive Brasil, donde se encuentra el pulmón más importante del mundo, se han presentado datos donde la deforestación alcanzó un pico inédito el año 2023. Este país sudamericano perdió la exorbitante cantidad de 1 millón 829 mil 597 hectáreas de vegetación nativa en 2023, según el último Informe Anual sobre la Deforestación en Brasil (RAD), de MapBiomas, una red de colaboración entre ONGs, universidades y nuevas empresas tecnológicas.
Más de la mitad de toda la superficie deforestada se concentró en una sola región, conocida como el Cerrado, una de las más ricas del mundo, ya que, según Conservación Internacional, alberga más de 10 mil especies de plantas, de las cuales el 45% son exclusivas de esta sabana. En este bioma habita el 5% de las especies de plantas y animales del planeta, más de 11 mil especies de plantas.
La superficie media deforestada por día, en 2023, marca el record de 5 mil 013 hectáreas, es decir, 228 hectáreas por hora. Más de la mitad de esta cifra se registró en el Cerrado, según el documento. Mientras que en la Amazonia se perdieron 1 mil 245 hectáreas al día, lo que equivale a unos ocho árboles por segundo.
“El día con mayor área deforestada en 2023 fue el 15 de febrero, cuando en sólo 24 horas se estima se deforestó una superficie equivalente a casi seis mil campos de fútbol”, puntualiza MapBiomas.
Se señala en el informe que la acelerada deforestación tiene que ver con el avance de la agricultura industrial, especialmente la producción de soya y la ganadería para la venta de carne de res.
En el caso del Cerrado, en la década de 1950 aproximadamente el 50% de esta vegetación ya había sido destruida, y las proyecciones son aún peor. En el documento MapBiomas se advierte que esta tendencia devastadora continuará en la próxima década.
La región de Matopiba, que abarca los estados de Bahía, Piauí, Tocantins y Maranhão, se ha convertido en el epicentro de la destrucción ambiental. Maranhão, en particular, emerge como el líder entre los Estados que más deforestaron en 2023, con cifras alarmantes que superan cualquier precedente. En esta región se han declarado 30 municipios en estado de emergencia y uno en estado de calamidad, por las recientes inundaciones. En esta región se cultivan más de 10 mil hectáreas de soja, según los propios datos del gobierno de Brasil.
El Cerrado y la Amazonia representan más del 85% de la superficie total deforestada del país, siendo que el Cerrado ahora representa el 61% de la superficie deforestada en todo el país, mientras que la Amazonia ocupa el 25%.
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