Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Marcha del pueblo Nasa con la Guardia Indígena al frente.} 

El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, vive un contexto de emergencia humanitaria debido a diversos acontecimientos violentos contra poblaciones indígenas que, desde enero hasta abril de 2024, han escalado en la región. 

Así lo denuncian organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes hacen un llamado al Estado colombiano para accionar y garantizar la integridad ante los ataques que, consideran, violan la autonomía y derechos colectivos del pueblo Nasa.

Acorde al llamado de alerta, las comunidades permanecen en estado de vigilancia. Destacan el asesinato de la lideresa Carmelina Yule Paví, acontecido durante marzo y denunciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Las poblaciones indígenas acusan a grupos armados, como el denominado “Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central”, agrupación de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como los responsables por el homicidio.

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La organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) detalla que esta situación de emergencia se inscribe en el contexto de la violencia armada que continúa afectando a pueblos indígenas tras la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre del 2016.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), durante el año 2023 más de 58 mil hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, confinamientos y desplazamientos forzados. El reporte resalta que los mayores perpetradores de violencia hacia los pueblos indígenas de Colombia fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 42,700 víctimas; Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) con 6,551 y las disidencias de las FARC con 3,448.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estima que al menos 37 líderes indígenas fueron víctimas de la violencia en Colombia durante 2023. 

IPRI enfatiza en su informe de 2022 Violencia, impunidad y criminalización contra pueblos indígenas de Colombia, sobre la actuación de grupos armados dentro de los territorios de pueblos indígenas, “asesinando a guardias indígenas y autoridades, reclutando de manera forzada a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzados y desplazando a personas indígenas de sus territorios”.

La organización de derechos humanos sostiene que el 90% de los casos permanecen en impunidad, lo que fomenta que los atentados contra las poblaciones indígenas se sigan perpetrando. “Las y los hermanos de los pueblos indígenas caucanos -mayoras y mayores, infancias y el propio territorio- no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecedores de especial protección”, puntualiza IPRI.

Escalada

La escalada de violencia durante el pasado abril alcanzó niveles alarmantes con sucesos como el secuestro de comuneros nasa del Reguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

Ante la privación de la libertad de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor de edad Estiven Quinto, la comunidad de Pisimbalá se movilizó y mediante la guardia indígena y miembros de la comunidad rescataron a los indígenas. En su denuncia, el CRIC enfatizó que ante estos hechos, “no permitirán más desarmonías en nuestros territorios”. 

El CRIC señaló como responsable por los daños físicos y psicológicos de sus comuneros al grupo armado Dagoberto Ramos y exhortaron a la comunidad internacional para pronunciarse para frenar la violencia sistemática contra los pueblos del Cauca.

En una carta de solidaridad desde México, organizaciones sociales sostienen que, solo entre el 1 de enero al 31 de marzo de este 2024, se ha registrado el asesinato de 26 personas en la región. En la misiva destacan que entre los homicidios se enuentran los casos de ocho sabedores ancestrales perpetrados durante los últimos dos años.

Además, externaron su preocupación en cuanto al reclutamiento forzado por actores armados de niños, niñas y/o adolescentes, menores de 18 años, la mayoría en el norte del Cauca. “En el año 2022 se llevó un registro de al menos de 250 casos, en el año 2023 al menos de 153 casos y en lo ocurrido del año 2024 se lleva un registro de 27 menores de edad reclutados”, detallan.

Las organizaciones internacionales comunicaron su apoyo a las decisiones tomadas por el Plan de Vida Proyecto Nasa (Toribio, Cauca), a las que se sumó la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) para realizar control de su territorio, como administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas con el objetivo último de defender la vida”.

Suspensión de cese al fuego

Estos actos violentos acontecen en un contexto de incremento de enfrentamientos entre grupos armados y cuerpos de seguridad en diversas zonas del Cauca luego de que, el pasado marzo, un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, suspendió el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) el cual había establecido una tregua entre el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Ya en septiembre del 2023, disidencias de las FARC asaltaron el municipio de Jambaló, al norte del departamento, donde incluso robaron un banco y se enfrentaron a elementos de seguridad pública. Recientemente, el 17 de abril, otro grupo de disidencias de las FARC, conocido como “Carlos Patiño”, atacó la estación de policía de Jambaló donde asesinó a un soldado. Apenas el pasado domingo (12), el Frente Dagoberto Ramos liberó a dos fiscales, una civil y un soldado a quienes habían privado de su libertad desde el pasado 20 de abril.

Además, durante los primeros días de abril se reportó una emboscada en plena vía Panamericana que saldó con un policía muerto y siete heridos. Días después, el 12 de abril, un carro bomba fue detonado en las cercanías de la estación de policía del municipio de Miranda. La explosión dejó cuatro personas heridas, así como varias viviendas cercanas al lugar de la detonación, además de que provocó desplazamientos debido al miedo por nuevos enfrentamientos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

15 de mayo de 2024

Alerta y preocupación ante los hechos de violencia y la lamentable masacre de 11 personas de la población civil en el ejido Nueva Morelia, Chicomuselo

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junto a organizaciones de la sociedad civil hemos venido denunciando de manera reiterada la situación de violencia que se vive en el estado de Chiapas, e insistido en las graves afectaciones e impactos contra la población civil que se encuentra rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en la región frontera y sierra.^[1]

Este Centro de Derechos Humanos recibió información referente a los hechos acontecidos el 13 de mayo del 2024 en el ejido Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo; en donde un enfrentamiento entre grupos antagónicos de las estructuras criminales dejó el lamentable saldo de al menos 11 personas de la población civil asesinadas (5 mujeres y 6 hombres), de las cuáles dos eran catequistas de la Iglesia católica.

Los testimonios refieren que los recientes enfrentamientos comenzaron desde el viernes 10 de mayo en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, ambas del municipio de Chicomuselo, lo que habría originado también el corte de la energía eléctrica, e incomunicación, así como el desplazamiento forzado de familias; al día de hoy alertamos que esta violencia se extiende a otras comunidades vecinas.

Recordamos que el pasado 4 de enero grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia, lo que dejó como saldo el desplazamiento forzado de mas de 700 personas. Este ejido se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extraccion de los recursos minerales, en este territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada de acuerdo a testimonios por grupos criminales.

El deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, si no que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, asi como asistirles todos los derechos a las víctimas. Ante los hechos, tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la región frontera y sierra, que está dejando como saldo graves afectaciones y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional.

______________________

^[1] Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio, y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la Sociedad Civil sobre la violencia en la región Frontera. 2024. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

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AL CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

Con la llegada de la “Cuarta Trnaformación”, su política de gobierno incrementó la militarización hacia los pueblos y comunidades indígenas, especialemente en territorio zapatista; así mismo, los grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposisión no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital, para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida.

Por otro lado, en medio de su “FARSA ELECTORAL”, miramos que en las últimas semanas, nada importa que no sean sus votos, sus encuestas, sus debates, su cifras y sus preferencias electorale; pero sobre todo, su estrategia para atacar y descalificar a sus enemigos, como estaregia de campaña. Este 2 de junio, no está en disputa una “democracia”, mucho menos de izquierda (como de por sí venden la idea), lo que realmente esta en disputa, es un poder económico y politico, que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, con los privilegios y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacioanles; es decir, su plan es sostener esta “Tranformación de Cuarta”, con una GUERRA CAPITALISTA contra los pueblos y comunidades indígenas.

La guerra de exterminio que vivimos en México se manifiesta de muchas formas, cada vez más sanguinarias, basta señalar la impunidad y encubrimiento que hace López Obrador para no tocar al ejército y mucho menos para cumplir su promesa de campaña respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el impune asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes que a escasos 80 días de haber tomado posesión, le arrancaron la vida por oponerse al Proyecto Integral Morelos; la detención, desaparición, encarcelamiento y sentencia condenatoria de cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, por un delito que no cometieron; la urgente necesidad de medidas cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del EZLN; el despojo y saqueo del agua en muy diversos territorios de pueblos y comunidades indígenas.

Reiteramos, que en esta farsa electoral, se ha incrementado flagrantemente la violación a los Derechos Humanos, el hostigamiento, la represión, la persecución política, amenazas y criminalización de la lucha social, ejemplos sobra: los Pueblos de la región Cholulteca que luchan contra un basurero de muerte; la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX que exigen el derecho a la salud, educación, trabajo, alimentación y a una vivienda digna y decorosa y, recientemente, la acción represiva que se ha orientado en contra del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez, quien junto con la comunidad otomí, sostienen la Toma del INPI, por más de tres años y medio sin encontrar respuesta a sus demandas. De igual manera, el desprecio y la criminalización que desde las mañaneras se impone contra las madres buscadoras, que mientras ellas toman las calles para exigir la presentación con vida de sus hij@s, a otras madres las celebran como si en este país no pasara nada con l@s desaparecid@s; la prisión sin sentencia que a manera de tortura, se impone en contra de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; las amenazas y asesinatos contra periodistas, que en la mayoría de los casos sigue impune; la criminalización, difamación, represión y desprecio contra las madres y padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, en especial en contra de su abogado Vidulfo Rosales, quien ahora lo miran, como “enemigo del sistema”; el desprecio institucional en contra l@s migrantes a quienes les impusieron, por órdenes de Estados Unidos, otro muro fronterizo que empieza en el río Suchiate; la persecución y hostigamiento en contra de defensores de Derechos Humanos; la violencia que vivimos día a día, de los cárteles del narcotráfico y l@s más de 100 mil desaparecid@s en México; todo ello, como ejemplo de una guerra capitalista que nos imponen.

Por lo anteriormente expuesto, convocamos a las organizaciones sociales, redes, colectiv@s, pueblos originarios y comunidades indígenas, a los hombres y mujeres de buen corazón, a participar en el…

Foro:
EN MEDIO DE LA FARSA ELECTORAL,
LA GUERRA CAPITALISTA CONTRA LOS PUEBLOS
18 de mayo, 11:00 Hrs. Casa delos Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”
Av. Méxio-Coyoacán 343, Col. Xoco. Benito Juarez. Metro Coyoacán.

Participan:
– Carlos González García, de la Coordinación General del CNI-CIG
– Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del Agua
– Diego García Bautista, UPREZ Benito Juárez
– Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
– Madres y Padres de Ayotzinapa
– Ana Enamorado – Movimiento Migrante Mesoamericano
– Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán
– Mariela Vázquez – Jornadas contra la criminalización y por la libertad

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Agua, Tierra y Libertad
Zapata Vive, la Lucha Sigue
Samir Vive la Lucha Sigue
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas
Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
Viva el Elército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
Viva el Congresos Nacional Indígena, CNI-CIG
Libertad para Saúl Rosales Meléndez, de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala
Libertad para José Díaz, Base de Apoyo Zapatista
Libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón
del Pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
Libertad para David Hernández de Puente Madera, Oaxaca
Un Nosotrxs sin Estado
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Congreso Nacional Indígena

#NuestraLuchaEsPorLaVida
#ALTOalaGUERRAcontralosPueblosZAPATISTAS
#asambleanacionalporelagua

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

La laguna San Juan Acul hace parte de los cuerpos de agua del Refugio de Vida Silvestre El Pucté, al suroeste del departamento de Petén, norte de Guatemala, donde floreció la civilización Maya en el periodo clásico. La región, formada por bosques tropicales con gran cantidad de vida silvestre acuática y terrestre, es atravesada por ríos que desembocan en el mar caribe y en el Golfo de México, además de sus numerosos lagos y lagunas, como es la de San Juan Acul.

Una de las amenazas al refugio de la vida silvestre, así como a las otras siete áreas protegidas que existen en el suroeste de Petén, incluyendo sitios arqueológicos, es el monocultivo de palma aceitera. Quien admite este riesgo es el propio órgano ambiental de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). “Este cultivo constituye una fuerte amenaza a la biodiversidad y un riesgo ambiental inminente para las áreas protegidas”, advierte el consejo.

Sin embargo, por lo menos la laguna San Juan Acul, de tres kilómetros cuadrados, está protegida contra la palma. En sus orillas viven alrededor de 180 familias en la comunidad llamada Cooperativa Manos Unidas. “Aquí la palma no entra”, dice uno de los miembros de la comunidad, Conrado Matul.

En las orillas de la laguna, donde la comunidad recibió al equipo de Avispa Mídia, Matul enseña la localización privilegiada de la comunidad. Al norte de Manos Unidas, “en la otra orilla de la laguna”, está el refugio de Pucté. “Allí donde pueden ver los árboles de tinto [especie que está en peligro de extinción]. Aquí nosotros estamos en su zona de amortiguamiento”.

También al norte, “atrás de estos árboles, está el río La Pasión, hay un brazo del río que se conecta a la laguna; más allá”, apunta y pregunta, “¿pueden ver?”, al tiempo que recuerda que en el año 2015 la laguna estaba de luto, pues aparecieron peces muertos. Fue considerado uno de los crímenes ambientales más grandes del país, provocado por la productora de palma Reforestadora de Palma de Petén S. A. (Repsa), que contaminó el río y provocó la muerte masiva de peces y otras especies de la fauna acuática, no solo en sus aguas, pero también en los cuerpos que alimenta.

Al sur de la comunidad Manos Unidas se ubica el Parque Arqueológico Dos Pilas, también señalado por la Conap como amenazado por la palma africana. La comunidad está en su zona de influencia. “Estamos entre áreas protegidas y vemos que hay una completa ausencia del Estado para vigilarlas y protegerlas”, alerta Matul.

La palma llegó a esta región entre los años 2002 y 2003. Las 99 caballerías (4 mil 450 hectáreas) de Manos Unidas están siendo acorraladas por la palma africana, especialmente al sur de la comunidad. “Están en nuestro entorno, pero nuestro territorio está limpio”, agrega Matul.

Además de la invasión de áreas protegidas, comunidades como Nueva Guatemala, Lo Veremos, Sepens, Pico de Oro, Las Arenas han aceptado proyectos de la palma y han vendido sus tierras. “Es lamentable, pero las personas fueron convencidas. Nueva Guatemala, por ejemplo, es tan chiquita y está aislada por la palma. Aquí la Tikindustria es la principal empresa que viene abarcando las tierras y sabemos que quieren más”, dice Fernando Ramírez, también miembro de Manos Unidas. 

En el plan maestro de las áreas protegidas del suroeste de Petén resalta la señal de alerta sobre la empresa Tikindustria, una empresa que nació en el año 2001, fundada por las familias Weissenberg Campollo y Weissemberg Ossaye. “Lastimosamente, el uso del suelo está cambiando rápidamente. La empresa Tikindustria ha adquirido enormes extensiones de tierra, para la siembra de palma africana y producción de aceite vegetal”.

Los habitantes de Manos Unidas listan una serie de impactos en su territorio por estar rodeados por la palma. Han notado, por ejemplo, que hay cambios en su sistema de producción. “Los frijoles, por ejemplo, aquí se planta en noviembre y se cosecha en febrero. El año pasado brotó una plaga que acabó con la producción de muchos campesinos. Nunca habíamos visto esta plaga aquí”, sostiene Ramírez. “Ellos utilizan veneno, este veneno no se queda solo en sus tierras, está en el ambiente, y eso cambia nuestra producción”, complementa.

En relación a afectaciones más directas a su territorio, los comunitarios de Manos Unidas están atentos y responden cuando hay una amenaza. Hace algunos años, Tikindustria quiso introducir un quinel en el río Charrilo, en territorio de Manos Unidas, para tirar los desperdicios de la fruta procesada, cuenta Ramírez. Este río desemboca en el río Coche y va a dar al río Petexbatún. “Así se va arrastrando la contaminación por los territorios. No lo permitimos. No se construyó”, sostiene Ramírez.

No fue por falta de intentos de la empresa que el monocultivo no entró en la comunidad. “La empresa palmera ha intentado convencernos. Ha buscado estrategias”, comenta Ramírez y agrega que les han ofrecido “proyectos, escuelas, perforación de un pozo, mejoramientos en general”.

Sin embargo, “Manos Unidos no ha cedido, no hemos aceptado ninguna clase de proyectos, porque es un tipo de compromiso que se asumiría con la palma africana”, señala.

Ya que de forma colectiva no hubo acuerdos, la empresa intentó entrar en Manos Unidos a través del convencimiento individual de sus miembros. Las tierras tienen título de propiedad colectiva y hace aproximadamente ocho años se organizó un grupo de 20 personas queriendo sacar el título de propiedad individual.

“Pero colectivamente tomamos la decisión de no aceptar. Sabemos que, si hubiéramos aceptado, estas tierras estarían inundadas de palma ahora. Fue todo un proceso, llegaron hasta donde pudieron llegar, pagando abogado. Pero no pudieron porque la organización de la comunidad fue muy clara en decir que no se aceptaba. Y, desde entonces, si ha respetado”, sostiene Ramírez.

Centro productor

La región norte de Guatemala, que abarca los departamentos de Petén, parte de Alta Verapaz y Quiché, es responsable por 57.78% del cultivo de palma africana en el país, de acuerdo con la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), en sus últimas estadísticas socioeconómicas, del año 2021. En la región norte existen 87 mil 400 hectáreas de plantación de palma africana, de las 180 mil 614 que existen en todo el país, siendo que solamente en Sayaxché, municipio donde está Manos Unidas, son 60 mil 869.22 hectáreas. De acuerdo al Central American Business Intelligence (Cabi), en 2021, Guatemala fue el tercer mayor exportador de aceite crudo de palma a nivel mundial.

Lo que sostiene

Justo en las orillas de la laguna San Juan Acul, Avispa Mídia lanzó a los comunitarios la pregunta: ¿dónde está la fortaleza para no ceder a la presión de la industria de la palma? La primera respuesta vino, sin pensar, de Ramírez. “En la mayoría de las comunidades ya se maneja la propiedad privada. Aquí mantenemos el título de la tierra colectiva. Así se mantiene más segura”, comparte con mucha seguridad. 

Los comunitarios atribuyeron toda la capacidad de resistencia, además, a la historia de Manos Unidas que fue, durante casi siete décadas, un proceso duro para tejer su colectividad. 

La comunidad se constituyó a finales de la década de 1960 como una cooperativa campesina, por personas del pueblo maya Mam y K’iche’ provenientes principalmente del altiplano de Guatemala, que buscaban tierras cultivables para instalarse. 

“La gestión para que se lograra estas tierras fue hecha por sacerdotes de los Estados Unidos que trabajaban en el occidente de Guatemala. Ahí nuestros padres y abuelos estaban siendo expulsados de sus tierras, entonces estaban buscando un lugar para poder tener sus propios cultivos”, explica don Julio Velásquez Hernández, representante de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Manos Unidas.

Don Hernández, cuya familia vino del altiplano de Guatemala, de Quetzaltenango, llegó a la comunidad cuando tenía seis años de edad. “Mi padre estaba trabajando en las algodoneras de la Costa, parte de Escuintla. No tenían suficientes tierras en Quetzaltenango para plantar para la subsistencia. Así que mis papás decidieron venir”, recuerda.

De inicio se trabajaba la tierra en conjunto. Se sembraba maíz, frijoles, arroz. Se cosechaba junto y se repartía la cosecha entre las familias. Eso en los primeros 20 años de la cooperativa. Pero las familias fueron creciendo y “la familia que tenía dos miembros recibía lo mismo que una familia que tenía diez. Ya no alcanzaba para mantener a todos. Entonces se decidió que cada quien se haría cargo de su producción, se repartió en parcelas”, cuenta Don Hernández.

Aunque cada socio tiene su parcela para trabajar, la cooperativa mantiene el título colectivo de las tierras. En la parcela que “nos toca, cultivamos para la alimentación básica, también tenemos algo de animales”, dice. 

Como las tierras no pueden ser vendidas para personas de afuera, “logramos mantenerun equilibrio; cuando no tengo trabajo en mis tierras me voy a trabajar con otro compañero que, sí, tiene; lo mismo, cuando yo tenga trabajo puedo dar a otro compañero; siempre vamos a tener trabajo”, explica Don Hernández.

Lo que “vemos es que al vender sus tierras a las empresas de palma, la gente de las otras comunidades ya no tiene donde sembrar, entonces tienen que buscar alternativas para sostener sus familias, porque la palma no les da trabajo, o les da trabajo por cortos periodos, en la cosecha, por ejemplo”, señala el representante del Cocode.

La cooperativa también mantiene tres tiendas en la comunidad. “Se saca todos los gastos para el funcionamiento de la tienda, como sueldos de sus trabajadores y transporte de los alimentos. Lo que sobra de ganancia se reparte entre los socios y sus familias. Y lo que me toque a mí, también reparto a mis hijos, para seguir comprando en las tiendas de la cooperativa”, explica don Hernández.

La cooperativa posee además dos molinos de nixtamal. “Todos acudimos allí a hacer nuestra masa”, dice él. 

Manos Unidas mantiene 65% de su territorio cubierto por bosque. Están en tierras comunes de la comunidad, pero cada socio también es responsable por proteger el bosque en su parcela. “En casi la mitad de mi parcela mantengo el bosque”, dice don Hernández. En los bosques, la cooperativa desarrolla proyectos de apicultura y sistemas agroforestales. 

La cooperativa es formada por una junta directiva – el presidente, vice-presidente, secretario, vocal y tesorero. Son elegidos por sus 80 socios. La junta posee la comisión de vigilancia, la comisión agrícola, la comisión de educación. Además, están el alcalde auxiliar y el representante del Cocode, elegidos por la comunidad. “No dependemos del Estado. Somos una comunidad autónoma. Es la comunidad que vela por su misma gente”, dice Ramírez. 

Los abuelos y padres de Ramírez fueron unos de los primeros en llegar a Manos Unidas, también de Quetzaltenango. “Aprendemos y mantenemos toda esta fortaleza que trajeron estos señores, nuestros padres, nuestros abuelos, a estas tierras. La tomamos para continuar fortaleciendo nuestra organización. Tenemos la responsabilidad de velar por lo que nos fue dado”, dice Ramírez.

Conflicto para fortalecer

Manos Unidas sufrió con el Conflicto Armado Interno (1960-1996). “Aquí nos visitaba la guerrilla y también nos visitaba el Ejército”, sostiene el representante del Cocode. 

“Hacíamos reuniones a escondidas, privadas. Decidimos que ninguna persona podría aceptar ir con la guerrilla, ninguna persona podía aceptar ir con el Ejército. Mantuvimos la posición de no ir con ningún solo grupo”, dice Ramírez. 

“Por uno [una persona que adhería a la guerrilla] a veces venía el Ejército a terminar con toda la comunidad. Varias comunidades vecinas desaparecieron. Fueron destruidas completamente. Eso fue muy duro”, recuerda don Hernández. 

Manos Unidas nunca se rindió a ningún lado, afirman los señores. “Se fortaleció y tomó su posición de no salir de su territorio. Ahora es la palma la que busca despojarnos, pero ya vivimos otros momentos muy difíciles de los cuáles aprendimos a estar unidos”, concluye Ramírez.

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{Istmo de Tehuantepec, foto por Santiago Navarro F}

Tras el aumento inédito de la temperatura en el clima en las últimas semanas, el sistema eléctrico de México colapsó el pasado 7 de mayo. La paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) se colocó en un momento de emergencia y activó un protocolo para atender la pérdida de suministro de energía del país. 

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) explicó que el apagón ocurrió porque la demanda de energía fue superada al momento de que varias centrales eléctricas de ciclo combinado y de energía eólica del país dejaron de generar energía, provocando un déficit de 1,668 MW, equivalente al 3.34% de la demanda máxima del día en el Sistema Interconectado Nacional.  

“Ante este escenario, a las 17h04 se declaró el Estado Operativo de Emergencia, desencadenando interrupciones rotativas en el suministro eléctrico para preservar la estabilidad del sistema”, detallaron los funcionarios.

Aún con las medidas implementadas por las autoridades competentes, la crisis estaba lejos de resolverse, ya que se fueron sumando más centrales que dejaron de producir energía en el país. Esto llevó “a una segunda declaración de Estado Operativo de Emergencia a las 19h10, esta vez con interrupciones que afectaron hasta 2,610 MW, representando el 5.23% de la demanda máxima del día”, declaró en un comunicado la Cenace.

Al día siguiente, el día 8 de mayo, en su habitual conferencia de prensa, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador refirió que la crisis de energía fue provocada por “el intenso calor”. Además, argumentó que “la mitad de la generación de la energía eléctrica [de México] se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado”.

Dependencia del gas de EEUU

En el año 1999 la paraestatal CFE era el único proveedor de energía para México, con capacidad de generación total. En el año 2015, su participación se había reducido drásticamente al 59%. Esto fue, según la propia CFE en su informe 2023, “resultado de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; esta ley abrió las puertas a la participación de privados en esquemas como el autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción, así como la introducción del esquema de Productor Independiente de Energía (PIE)”.

De acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Secretaría de Energía (Sener) de 2023, más del 50% de la energía en México se genera a través del gas natural, considerado un “energético limpio”.

El investigador Luis Pérez, del colectivo Geocomunes, contradice la afirmación de que este hidrocarburo es limpio. “Es un gas extraído por el método de fractura hidráulica (fracking), que genera fugas y emisiones a la atmósfera que tienen efectos en el calentamiento de la atmosfera mucho mayores, en el corto plazo, que el dióxido de carbono. Más o menos, el gas etano, es responsable de una cuarta parte del calentamiento global”, explica.

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Además, se acrecentó la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con la propia Sener, de 8 mil 207 millones de pies cúbicos de gas que utiliza México diariamente, casi el 70% es importado de EEUU, según el prontuario. 

Esta información se corrobora con los datos presentados por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), según los cuales, entre enero y octubre de 2023, se exportó a México un volumen récord de 5 mil,660 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural, equivalente a casi el 70% de lo que consume México para que sus centrales puedan generar energía eléctrica.

“México consume más o menos el 30% de todo lo que exporta EEUU de gas. Nos hemos convertido en un consumidor muy importante de gas proveniente de EEUU. Es el energético que sostienen la matriz energética de México y es algo de lo que se habla poco”, señala el integrante de Geocomunes.

Para que México se haya convertido en el principal receptor de gas de EEUU, “se ha construido toda una red de gasoductos, desde antes de la reforma energética del 2013”, sostiene Pérez. 

La red nacional de gasoducto en México consta de 19 mil 060 kilómetros, divididos en 10 mil 675 kilómetros del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) público, y 8 mil 385 kilómetros de propiedad privada.

En relación a los ductos privados, solo la estadounidense Sempra Energy, a través de su filial mexicana Sempra Infraestructura, ha desplegado sus activos en 17 estados de la república mexicana, con aproximadamente 3 mil 177 kilómetros de ductos de transporte de gas natural, etano y gas LP. Además, cuenta con 16 estaciones de compresión de gas natural más una en construcción, entre otros complejos de energía renovable.

Le sigue la canadiense TC Energy (antes Transcanada), quien tiene en su poder más 3 mil 700 kilómetros de gasoductos en territorio mexicano, considerando que en el año 2023 adjudicó un proyecto estratégico que le permitirá tener presencia en el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, con el proyecto denominado “llave a Puerta al Sureste”. Es un ducto submarino de 715 kilómetros que transportará diariamente más de mil 300 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas natural. De acuerdo con el informe a sus inversionistas de TC Energy, este proyecto ya ha “completado más del 70% de la instalación de tuberías en aguas profundas”.

Ver también: Transnacional adjudica gasoducto que pone en riesgo arrecifes en Golfo de México

A su vez este gran proyecto conecta otro gasoducto marino de 800 km, llamado Sur de Texas-Tuxpan, también de propiedad de la canadiense en asociación con Sempra. 

La compra del gas estadounidense y el pago de su traslado a través de los gasoductos privados están asegurados, tal como lo indica Sempra en su informe 2023, a través de “acuerdos a largo plazo basados en dólares estadounidenses con los principales participantes de la industria, como la CFE, el Centro Nacional de Control de Gas, Petróleos Mexicanos (PEMEX)”.

De la misma forma, TC Energy sostiene en su informe a sus inversionistas que, además de haber celebrado acuerdos con CFE que “consolidan una serie de gasoductos operativos y en desarrollo en el centro y sureste de México”, también tiene asegurado el mercado del gas y su cobro por el uso de sus ductos, dado que los acuerdos contienen “un contrato de arrendamiento, hemos reconocido montos en inversión neta en arrendamientos en nuestro balance general”.

Es así como estas dos empresas, incluyendo a Fermaca y Carso, desde el año 2020 ya concentraban casi el 50% de los gasoductos del país, según la Dirección de Inteligencia Energética de la CFE. De alguna forma tienen en sus manos el poder de suministrar este insumo para la generación de electricidad en México. “La red de gasoductos está en manos de estas empresas y se reparten la red que tiene una serie de usos, principalmente abastecer a las centrales eléctricas”, puntualiza el integrante de Geocomunes.

De acuerdo con Luis Pérez, los primeros ductos privados se comenzaron a construir en noreste de México, una de las zonas donde se comenzó a usar el gas en las centrales de ciclo combinado. “Principalmente la industria minera. De hecho, es esta industria que comenzó con la importación de gas natural y que continúan haciéndolo, principalmente en Sonora, hay ductos específicos para las mineras”, agrega el investigador de este colectivo.

México, puente del mercado del gas

Junto al entramado de gasoductos de Sempra Infraestructura figura una planta de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (LNG), ubicada en Ensenada, Baja California, llamada Costa Azul. De acuerdo con la empresa, “se está reconfigurando para que sea capaz de licuar y exportar gas natural procedente de Estados Unidos y enviarlo por barco a mercados en Asia”. 

“Nosotros tenemos identificados ocho proyectos de exportación, sin contar las ampliaciones. Suman más o menos una capacidad de exportaciones de 11 mil 500 millones de pies cúbicos diarios. Eso es gigantesco, considerando que México consume entre 8 y 9 mil pies cúbicos diarios”, dice el integrante de Geocomunes.

Los puertos de México serán usados como puntos estratégicos, por su posición geográfica, para la exportación de este energético que viene de EEUU. “En término de lo que se conoce, estos proyectos pretenden exportar más de lo que se consume en México. Lo primero que hay que decir es que es una re-exportación”, complementa Luis Pérez.  

De acuerdo con el investigador de Geocumunes, la región noreste de México cobra vital importancia para la exportación. “Esta región es el núcleo de estos proyectos, más o menos el 80% de la capacidad planeada está en el noreste, con cuatro terminales, en los cuales CFE está involucrada. Entonces no solo son actores privados los involucrados, sino que también está la paraestatal”.  

Es importante resaltar, dice el investigador, que la CFE y la SENER están facilitando el mercado de exportación. “Aunque no se tiene mucha información, los datos dicen que CFE tiene compromisos de compras de 22 mil millones de pies cúbicos diarios. Es casi dos o tres veces más del consumo nacional. Si se llegará a inyectar esa cantidad de gas, se tendrían que construir más gasoductos y más infraestructura. Entonces CFE tiene alianzas con estas empresas que han tenido intereses de construir estas terminales. Como la de Salina Cruz, (en el corredor interoceánico) en particular, donde figura Sempra”.

Ver también: Crecen activos de Sempra Energy en México; exportará gas desde el Istmo y Ensenada

Entonces los acuerdos con el gobierno mexicano es que, “CFE compra este gas estadounidense, que lo inyectan a ductos privados en México, a los que se comprometió el gobierno mexicano pagarle por 35 años por dejar fluir el gas. Y a su vez se pretende vender al mercado asiático”, concluye Luis Pérez.  

Mientras tanto las olas de calor siguen impactando a México, el día 10 de mayo, el día de las madres, por cuarto día seguido la Cenace declaró nuevamente estado de alerta. Así que los apagones continúan en diversas regiones de México, donde algunos lugares como, Coatzacoalcos, Veracruz, la sensación térmica ha llegado hasta los 50 grados centígrados. 

Fuente: Avispa Midia

por Yazvelin Alinares Nardo 

Después de que el 6 de mayo de 2024 Israel ordenara la evacuación de los palestinos que vivían en la ciudad de Rafah, anteriormente llamada “zona segura”, se presentaron diversas manifestaciones alrededor del mundo. 

En la Ciudad de México se dio cita a una manifestación pacífica frente a la embajada de Israel, donde alrededor de 200 personas se concentraron para pedir justicia por la libertad de las y los palestinos, llamando a las autoridades a cortar toda relación con Israel con la intención de visibilizar el desacuerdo ante el genocidio palestino y la exigencia mundial para que se consiga un cese al fuego inmediato y permanente. 

A la embajada acudieron diversos manifestantes con veladoras blancas, mantas con consignas y banderas de Palestina. Después de clamar justicia y libertad para las niñas y niños palestinos, se guardaron 21.5 minutos de silencio como símbolo de luto por los 215 días que han transcurrido desde el inicio del genocidio en Gaza. 

Pasadas dos horas de protesta, la movilización continuó su camino por Paseo de la Reforma con el fin de crear un convoy seguro para el regreso de todas y todos los manifestantes, y para hacer más visible el rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino. 

Esto ocurre tras el asesinato de más de 35,000 víctimas y el actual acorralamiento en la zona de Rafah tras la evacuación de la última área que resguardaba al menos a 80,000 personas, las cuales ya habían sido desplazadas anteriormente. 

Durante la caminata, algunas vallas que se encontraban cercando la embajada de Israel en México fueron desplegadas y arrastradas durante el trayecto como símbolo de la lucha por derribar los muros fronterizos y el peso que los miles de palestinos han cargado durante estos meses para sobrevivir. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin} 

En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.

Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.

Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.

De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.

Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.

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A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.

El juicio

El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.

Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.

Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.

Genocidio, nunca más

Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.

Por su parte, la defensa del general retirado ha negado los cargos y, acorde a medios internacionales, han solicitado al tribunal la sentencia absolutoria con libertad inmediata.

El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.

Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión. 

A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.

Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.

Por Carles Planas Bou

Barcelona 10 MAY 2024

Hasta mediados de 2020, el pequeño municipio alemán de Grünheide, a 30 kilómetros al sureste de Berlín, era conocido por el verde de sus bosques y por el azul de sus lagos. Todo empezó a cambiar ese verano, cuando la tala de árboles despejó el terreno para colocar los primeros bloques de hormigón y acero que ayudarían a levantar la gigafactoría de Tesla, la mayor fábrica de coches eléctricos de Europa.

El proyecto fue tan deseado por las administraciones locales y nacionales como detestado por gran parte de los vecinos, pero los tribunales decantaron la balanza en favor de la compañía liderada por Elon Musk. Ahora, el magnateprepara la expansión de la planta, unos planes que están movilizando la indignación masiva del activismo climático en Alemania.

Desde el miércoles, unos 1.500 activistas de todo el país están acampados a las puertas de la fábrica en protesta contra el modelo de “capitalismo automovilístico disfrazado de verde” que representa la compañía y culminará el sábado con una gran manifestación. Este viernes, cientos de ellos han logrado sortear los controles policiales, asaltar la planta y paralizar su producción.

“No solo queremos frenar la expansión de la fábrica, queremos parar Tesla, no tiene sentido fabricar coches de lujo para ricos que excluyen a la mayoría”, explica a EL PERIÓDICO Lucia Mende, portavoz de Disrupt Tesla, la organización promotora y heredera del movimiento de desobediencia civil contra la minería del carbón Ende Gelände. Su denuncia también alerta del impacto mediombiental y laboral que la empresa causa alrededor del mundo.

Fábrica estratégica

La gigafactoría Berlin-Brandenburg es crucial para los planes de Tesla en el continente. Empezó a operar en marzo de 2022 y, desde entonces, ha dado trabajo a unas 12.500 personas. En sus 3km² de extensión se fabrican baterías eléctricas y el vehículo deportivo Tesla Model Y, el más vendido del mundo en 2023. Su capacidad de producción alcanza los 500.000 coches anuales, pero tras la ampliación prevista para este año —contra la que han votado una mayoría de vecinos— se espera llegar al millón.

En abril, activistas climáticos ocuparon temporalmente la planta de Mercedes en una localidad cerca de Bremen como denuncia contra la elevada contaminación que producen los coches de lujo de la marca alemana. Un mes antes, Tesla se vio obligada a detener la producción de la planta tras un incendio provocado contra una subestación eléctrica. El ataque fue reivindicado por la organización izquierdista ‘Grupo Volcán’. “O son los ecoterroristas más tontos del mundo o son marionetas de quienes no tienen buenos objetivos medioambientales”, exclamó Musk. Aunque no fue a más, la interrupción infligió a la compañía pérdidas estimadas en “varios cientos de millones de euros”. La Fiscalía Federal lo está investigando como posible atentado terrorista.

Ese precedente ha llevado a la policía a preparar a sus efectivos para una “operación a gran escala”. Aunque previeron un “desarrollo pacífico de los acontecimientos”, sus agentes se han visto hoy superados por los activistas que han logrado entrar en el recinto de la fábrica.

Resistance.

Against deforestation.
Against the privatization of water.
Against pollution of rivers.
Against coal mining.

✊ @disrupt__now pic.twitter.com/JY9dZwLSYY

— ᴊᴏᴀɴɪᴇ ʟᴇᴍᴇʀᴄɪᴇʀ ⏚ (@JoanieLemercier) May 11, 2024

Denuncia climática

Los manifestantes convocados para la protesta se unen estos días a los 80 activistas que, desde hace semanas, ocupan una docena de casas en los árboles del bosque que Tesla quiere sacrificar para ampliar su fábrica. Los políticos locales apoyan el plan de Musk, pero la mayoría de los vecinos no. Tras la presión, la compañía anunció a mediados de marzo que talaría 47 hectáreas de bosque en lugar de las 100 iniciales, un cambio insuficiente para los opositores.

La campaña de “bloqueo” contra la gigafactoría de Tesla responde a la promesa verde de los coches eléctricos. “No son la solución. Son la continuación de la locura del transporte individual por otros medios” —reza el manifiesto de convocatoria de la organización— “Y eso no es ni sostenible ni ecológico“. Mende explica que las autoridades políticas han “negligido” los controles medioambientales “a cambio de dinero”.

El agua, en peligro

El rechazo a la gigafactoría de Tesla también se debe al elevado consumo de agua de la planta que, consideran, “pone en peligro” el suministro hídrico para toda la región. En 2023, Tesla se ‘bebió’ 451.654 metros cúbicos de agua, según documentos internos obtenidos por el diario Tagesspiegel. Aun así, eso supone poco más de un tercio de la capacidad máxima para la que tiene permisos, de 1,3 millones de metros cúbicos.

Los críticos temen que el uso de productos químicos pueda contaminar las aguas residuales e impactar tanto la flora como la fauna de la zona. La Asociación del Agua de Strausberg-Erkner (WSE) denunció en febrero que Tesla habría vertido al sistema de Grünheide hasta seis veces más de fósforo y nitrógeno refractarios —sustancias peligrosas— de los permitidos, según un informe visto por el medio Stern. La compañía explicó que esa concentración de contaminantes se debería a que recicla “hasta el 100%” de sus aguas industriales. Disrupt Tesla no compra ese discurso. “Usan químicos que pueden causar cáncer y que pueden filtrarse en el agua que bebemos”, alerta Mende.

Colonialismo digital

Aunque está en Alemania, la fábrica de Tesla es solo la punta de una “cadena de suministro neocolonial” cuyo impacto viaja mucho más allá de sus fronteras. Así, los manifestantes denuncian que las baterías eléctricas de sus coches se fabrican con minerales críticos como el litio o el cobalto, que se extraen de países con tensión hídrica como Chile o sumidos en el conflicto como la República Democrática del Congo. Lo recordó el activista botsuano Stephen Musarurwa en una concentración del pasado marzo: “Tenemos comunidades que no poseen ni un solo coche eléctrico, pero la cantidad de destrucción sobrepasa los límites de la humanidad”.

Hoy la Alianza Yoreme integrada por los Pueblos de Bachoco, El Alto, Buaysiacobe, Cohuirimpo y Masiacahui, se manifiesta en algunas dependencias públicas de la capital de Sonora y marcha por sus calles en protesta al «cochinero electoral» han brotado indígenas desde los círculos empresariales y las cúpulas partidistas para usurpar derechos que se niegan a los nativos Yoreme.

A un mes de haber cerrado el Instituto Estatal Electoral y ante la farsa de sus procesos y la omisión de sus obligaciones como la consulta previa, libre e informada; así como el curso de su registro sin respetar las celebraciones sagradas de la Cuaresma, la obligación es hacer notar la discriminación hacia el Pueblo Yoreme Mayo por parte del IEE Cuyo representante el Mtro Nery Ruiz sigue sin dar respuesta a las demandas que desde hace meses se le han hecho llegar.

Fuente: CTXT.es

Por Gideon Levy

Todo israelí decente debe hacerse las siguientes preguntas: ¿está su país cometiendo crímenes de guerra en Gaza? Si es así, ¿cómo deberían detenerse?, ¿cómo debe castigarse a los culpables?, ¿quién puede castigarlos?, ¿es razonable que no se persigan los delitos y se exculpe a los criminales?

Por supuesto, se puede responder negativamente a la primera pregunta –Israel no está cometiendo ningún crimen de guerra en Gaza–, con lo que el resto de las preguntas resultan superfluas.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede responder negativamente a dicha pregunta ante los hechos y la situación en Gaza: unas 35.000 personas muertas y otras 10.000 desaparecidas, alrededor de dos tercios de ellas civiles inocentes, según las Fuerzas de Defensa de Israel; entre los muertos hay aproximadamente 13.000 niños, casi 400 personas que pertenecían al personal sanitario y más de 200 periodistas; el 70 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas; el 30 % de los niños sufre desnutrición severa; dos personas de cada 10.000 mueren cada día de hambre y enfermedades. (Todas las cifras proceden de Naciones Unidas y organizaciones internacionales).

¿Es posible que estas espantosas cifras se hayan originado sin que se hayan cometido crímenes de guerra? Hay guerras cuya causa es justa y cuyos medios son criminales; la justicia de la guerra no justifica sus crímenes. No es posible que la matanza y la destrucción, el hambre y los desplazamientos a esta escala hayan ocurrido sin cometer crímenes de guerra. Hay individuos responsables de estos y deben ser llevados ante la justicia.

La hasbará israelí, o diplomacia pública, no intenta negar la realidad de Gaza. Se limita a alegar antisemitismo: ¿por qué se meten con nosotros?, ¿qué pasa con Sudán y Yemen? La lógica no se sostiene: un conductor al que paran por exceso de velocidad no se libra argumentando que no es el único. Los crímenes y los criminales permanecen. Israel nunca procesará a nadie por estos delitos. Nunca lo ha hecho, ni por sus guerras ni por su ocupación. Un buen día enjuiciará a un soldado por robar la tarjeta de crédito de un palestino.

Sin embargo, el sentido humano de la justicia desea ver a los criminales ante los tribunales y evitar que cometan crímenes en el futuro. Según esta lógica, solo podemos esperar que el Tribunal Penal Internacional de La Haya haga su trabajo.

Todos los patriotas israelíes y todos los que se preocupan por el bien del Estado deberían desearlo. Solo así cambiará la norma moral de Israel, según la cual se le permite todo. No es fácil desear la detención de los jefes de tu Estado y de tu ejército, y aún más difícil es admitirlo públicamente, ¿pero hay alguna otra forma de detenerlos?

La matanza y la destrucción en Gaza han sobrepasado a Israel. Es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el Estado. Alguien ha llevado al país hasta allí –y no, no ha sido el antisemitismo, sino sus líderes y oficiales del ejército–. Si no hubiera sido por ellos, después del 7 de octubre no habría pasado tan rápidamente de ser un país querido que inspiraba compasión a convertirse en un Estado paria.

Alguien debe ser juzgado por todo esto. Del mismo modo que muchos israelíes desean que Benjamin Netanyahu sea castigado por la corrupción de la que se le acusa, también deberían desear que él y los artífices subordinados a él sean castigados por crímenes mucho más graves, los crímenes de Gaza.

No se puede permitir que queden impunes. Tampoco es posible culpar únicamente a Hamás, aunque haya participado en los crímenes. Somos nosotros los que matamos, llevamos la hambruna, desplazamos y destruimos a una escala tan masiva. Alguien debe responder ante la justicia por ello. Netanyahu es el máximo responsable, por supuesto. La imagen de su encarcelamiento en La Haya junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI es el material de las pesadillas de todo israelí. Y, no obstante, probablemente esté justificado.

Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. La presión que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre el tribunal es enorme (y equivocada). Pero la táctica del miedo puede ser importante. Si los funcionarios realmente se abstienen de viajar al extranjero en los próximos años, si realmente viven con miedo por lo que pueda venir, podemos estar seguros de que en la próxima guerra se lo pensarán dos veces antes de enviar a los militares a campañas de muerte y destrucción de proporciones tan demenciales. Al menos podemos hallar un poco de consuelo en eso.

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Este artículo se publicó el 5 de mayo en Haaretz.

Traducción de Paloma Farré.