Fuente: Avispa Midia

^{por Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales}

Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.

Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo  se asocian con  ONGs y  entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.

Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con  WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.

¿Qué es la Fundación Earthworm?

Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.

Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.

Las empresas y la Fundación Earthworm

En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.

De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.

En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma:  “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?

¿Qué hace la Fundación Earthworm?

Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.

Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.

La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales

Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el  proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.

Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.

La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.

Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia

Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.

Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que  destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.

En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.

En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”. 

Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”. 

Otro ejemplo nos llega desde Liberia. Tras 7 años de asociación, Socfin y Earthworm no consiguieron resolver los conflictos con las comunidades, lo que llevó a la empresa a vender una de sus plantaciones en el país en 2024. Pero, ¿por qué, si se estaban ‘haciendo progresos’?

La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.

Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras. 

Earthworm y Agropalma en Brasil

Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.

Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.

La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.

Voces desde los territorios

Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas. 
De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.

WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?

ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma.
En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización. 

En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna. 

Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.

Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas. 

Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022.  La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.). 

SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam. 

Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.

Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.

Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.

WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?

ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.

SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré]. 
Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.

WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023.  Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?

SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.

El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes.
Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación. 

WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?

ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas. 
Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.

WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?

ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma. 

WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?

SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.

Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.

Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades.
En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.

WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?

ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas. 

SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.

WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?

SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance. 

ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades. 

Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.

^{Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.}

Región del Valle de Tehuacán y la Mixteca Poblana-Oaxaqueña
Zapotitlán Salinas 31 de mayo 10:00 a.m.

A los medios de comunicación,
A la opinión pública nacional e internacional,
A las organizaciones sociales, solidarias y democráticas en lucha,
Al Congreso Nacional Indígena,
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
A los pueblos en resistencia,
A las comunidades que cuidan la tierra,
A las mujeres y hombres que sueñan un mundo más justo,
A los corazones dignos que no se venden ni se rinden:

Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), hoy el T-MEC, el modelo extractivista minero se ha impuesto en México como una forma sistemática de despojo y destrucción. Desde los gobiernos neoliberales de Calderón hasta el actual, este saqueo se ha intensificado bajo nuevos disfraces: progreso, desarrollo, inversión. Pero los hechos hablan claro. Casos como el del Río Sonora, Ocotlán en Oaxaca o Carrizalillo en Guerrero nos muestran el rostro verdadero de este modelo: ríos contaminados, tierras envenenadas, tejidos comunitarios rotos y territorios controlados por el crimen organizado.

La región de Puebla no está exenta. El neoextractivismo ha puesto su mirada sobre nuestros cerros, nuestros minerales, nuestras aguas y nuestras vidas. En el Valle de Tehuacán y la Mixteca poblana-oaxaqueña, día con día se intensifica el saqueo: litio, sílice y manganeso son extraídos sin regulación ni consulta, con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Más de 50 góndolas salen diariamente hacia Monterrey y otras ciudades industriales, comprando nuestras tierras a tres pesos el kilo para generar millones en ganancias, mientras los pueblos reciben miseria, contaminación y muerte.

Pero frente a esta guerra contra la vida, los pueblos no callamos.
Nos organizamos. Nos convocamos. Nos defendemos.

Por eso, les llamamos al Segundo Foro en Defensa de Nuestros Territorios contra la Minería, donde compartiremos la palabra, la experiencia, la lucha legal y comunitaria, y seguiremos tejiendo redes de resistencia desde abajo, con autonomía y dignidad.

¡No al despojo!
¡La tierra no se vende, se cuida y se defiende!
¡Porque resistir es sembrar futuro!
¡Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece!

Convocan:
Movimiento Agrario Indígena Zapatista
Radio Ecos de la Sal
Centro de Formación para la Autonomía Teocentli
Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalizacio’n y globalizacio’n» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Red Mexicana de Accio’n frente al Libre Comercio; Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras.
Centro de formación para la autonomía Teocentli.
Servicio para una educación alternativa.
Laboratorio Popular de Medios Libres e Hijos de la Tierra.
Jna Tsjo- Cerro de la Flor Colectivx.
Ollin Quetza,
UCIZONI
El CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec.
Colectivo Huitzil Urbano.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Radio zacatepec.
unión de pueblos y fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua de la región Cholulteca.
Cooperativa Nutze

Pueblos y comunidades del Valle de Tehuacán y la Mixteca
Colectivos en defensa del territorio
Organizaciones aliadas desde abajo

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: La resistencia en Carrizalillo ha perdurado por dos décadas. Foto: Cristian Leyva}

Mientras el gobierno de Guerrero, México, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará acabo los días 27 y 28 de mayo, la comunidad de Carrizalillo exige la devolución de sus tierras y denuncia abandono de responsabilidades ambientales por parte de la minera canadiense Equinox Gold.

Ver también: Carrizalillo: el pueblo que frena a la minera Equinox Gold en Guerrero, México

Un campamento integrado por 2 mil 800 ejidatarias, ejidatarios y ciudadanos se mantiene en resistencia en las afueras de las instalaciones de la minera canadiense Equinox Gold, en Carrizarillo, Guerrero, desde el 1 de abril de 2025, justo cuando venció el contrato que le permitía el uso del suelo a la minera.

Desde este contexto, la empresa, con respaldo de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, ha intentado renovar los acuerdos por diversas vías y minimizando este proceso organizativo.

Los comunitarios han refutado recientes declaraciones del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien insinuó que “algunas personas del ejido” aceptarían los acuerdos impuestos por la empresa.

“El subsecretario actúa como vocero de Equinox, no como servidor público”, denunciaron los inconformes a través de sus representantes, constituidos en la llamada Mesa Agraria de Carrizalillo. En un comunicado emitido el 12 de mayo se denuncia al funcionario por intentar ignorar el proceso de resistencia.

Equinox Gold anunció formalmente a sus inversionistas que el 31 de marzo de 2025 se ejecutaba la suspensión indefinida de sus operaciones en su mina Los Filos, tras el vencimiento del acuerdo de acceso a estas tierras que pertenencen a los ejidatarios. No obstante, la comunidad señala que la empresa incumplió obligaciones legales, como la falta de rehabilitación de las tierras contaminadas con residuos tóxicos, exponiendo a la población a riesgos ambientales.

Los inconformes destacan que la empresa les ofreció una fianza irrisoria de $1.58 pesos que recibiría cada ejidatario al mes, en un intento de obtener medidas cautelares. Solo en 2024 la empresa canadiense extrajo 170 mil 369 onzas de oro de estas tierras, lo que equivale a más de 500 millones de dólares , de acuerdo con los costos promedio en el mercado de futuros.

“La empresa decidió irse, pero quiere dejar atrás un pasivo ambiental y social. Exigimos que nos devuelvan las tierras en condiciones habitables”, puntualiza la comunidad en su comunicado.

La otra cara de la moneda

Mientras que el subsecretario Rodríguez Cisneros pide “cordura” a  esta comunidad, el gobierno estatal, al mismo tiempo, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará en Chilpancingo, la capital de esta entidad. Lo más resaltante es que este evento se realiza con respaldo y participación directa de Equinox Gold y otras mineras, para promover la “prosperidad compartida”, comunicó el gobierno de Guerrero.

El evento ha recibido todo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien incluso agradeció la titular de la instancia estatal Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega: “Gracias al respaldo de la gobernadora al sector minero se han logrado importantes acciones conjuntas, en bienestar de las comunidades y pobladores que se dedican a esta actividad económica que genera empleos en la entidad”, dijo la funcionaria.

También te puede interesar: Minera Equinox Gold intensifica agresiones contra Carrizalillo ante vencimiento de contrato

Para el evento, se espera la participación de autoridades a nivel federal, de las cámaras empresariales y hasta de la academia de las Ciencias de la Tierra, vinculada a la industria minera. Además de las transnacionales mineras Torex Gold, Luca Mining y Heliostar Metals y la empresa mexicana Industrias Peñoles. 

También se ha lanzado la convocatoria a la XXXVI Convención Internacional de Minería, que se celebrará entre los días 19 y 22 de noviembre, en esta misma entidad mexicana, donde se presentarán proyectos mineros en diversas etapas. Este evento es promovido por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{Foto de portada: Bienvenido Velasco}

Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.

Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.

La respuesta gubernamental, documentada por organizaciones sociales y medios independientes locales, ha sido detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y represión a las movilizaciones.

Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.

En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).

El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.

Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.

Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.

“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.

Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.

¿Acuerdo o intervención?

El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.

“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.

Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.

A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.

La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.

Reactivación minera

A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.

Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.

El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.

“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.

Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Varios palestinos se desplazan en un carro tirado por un burro, este lunes 5 de mayo en Jan Yunis. Foto: Abed Rahim Khatib}

El gabinete de seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que desplegaría a miles de reservistas bajo la nueva ofensiva, bautizada como Operación Carros de Gedeón, para la ocupación total de Gaza. “Una cosa quedará clara: no habrá entrada y salida”, declaró Netanyahu en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X. “No vamos a entrar y salir del área solo para hacer incursiones. La intención es la opuesta”, anunció abiertamente.

El ministro advitió que desplazaría a la población civil de Gaza hacia el sur, asegurando que los militares entraran pero no volverán, pues mantendrán una presencia indefinida. La operación es calificada por un ministro israelí como un plan de conquista. “Convocaremos a los reservistas para que vengan, mantengan el territorio”, puntualizó.

El plan consiste en desplazar a la mayoría de los 2,4 millones de gazatíes hacia zonas designadas como “estériles” en el sur del enclave. Según el jefe del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, la maniobra tiene como objetivo “proteger a la población civil”, aunque las agencias humanitarias y la ONU han denunciado la medida como una forma de limpieza étnica encubierta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan al menos un tercio del territorio gazatí, además,  han iniciado con labores de construcción de torres de vigilancia y puestos militares permanentes. Por tanto, la amenaza de Netanyahu, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal clara de intenciones anexionistas, una posibilidad respaldada por miembros del gabinete como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía”, dijo Smotrich en una conferencia en Jerusalén. “No habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”, afirmó el Ministro del Finanzas.

Las muertes de civiles continúan

Desde que se rompió la tregua con la nueva fase militar, el 18 de marzo, más de 2 mil 400 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra total de muertos va en aumento, desde octubre de 2023 superan las 52 mil personas asesinadas .

Las cocinas comunitarias en Khan Younis y Beit Lahiya se ven desbordadas por miles de personas que esperan porciones mínimas de alimentos. “Estamos muriendo lentamente”, dijo Amira, madre de tres hijos, desde una fila para recibir arroz cocido. “Nos empujan hacia el sur, pero no hay a dónde ir. No hay comida, no hay agua, no hay techo” dice la gazatí.

A nivel internacional, la ONU ha expresado su “profunda alarma” por la nueva embestida de Israel. La Unión Europea, por su parte, ha instado a Israel a mostrar “máxima moderación” y alertó que una expansión militar podría derivar en más víctimas civiles.

Mientras tanto, los gazatíes enfrentan el dilema de desplazarse sin saber si habrá refugio, o permanecer bajo el fuego. Hamás, por su parte, aún tiene 58 rehenes retenidos y ha declarado que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto el fuego completo, la reconstrucción del enclave y la retirada total de Israel.

El conflicto contabiliza 577 días y, los famliares de los rehenes, han mostrado su descontento hacia el gobierno de Israel  para buscar la liberación de los cautivos, afirmaron en un comunicado que el plan aprobado por el gabinete significaba que Israel estaba eligiendo los territorios en lugar de los rehenes.

Fuente Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú}

La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.

El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).

Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.

En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.

En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.

Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.

Maquinaria de despojo

Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.

Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.

Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.

“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.

Concesiones, tráfico de tierras y elecciones

De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales. 

Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.

Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.

El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.

Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.

Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.

Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.

Fuente: Avispa Midia

^{por Violeta Santiago y Edrei Durón / Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV}

El tono de la carta era de urgencia. El 11 de octubre de 2019, María de los Ángeles Escalón, jefa de enfermeras del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Dr. José María Rodríguez de Saltillo, Coahuila, avisó a tres directivos que el fin de semana habría problemas en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos por la falta de insumos para bombas de infusión.

Fue un llamado de atención porque, desde hacía ocho meses, los materiales se habían encargado a la empresa Interacción Biomédica.

La preocupación escaló. Tras recibir la carta, Alma Rosa Sánchez Rico, subdirectora administrativa del hospital, envió un correo a otros directivos: “Nos está afectando demasiado para dar el servicio y atención con calidad y calidez al derechohabiente de nuestra institución”, advirtió.

En marzo de 2019, Interacción Biomédica obtuvo un contrato del ISSSTE por 2.4 millones de pesos para entregar 85 bombas de infusión, equipo de venoclisis –para administrar medicamentos vía intravenosa– y otros suministros a los hospitales de Saltillo y Torreón, y a las clínicas de Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro.

Las bombas de infusión son equipos para transfundir con precisión soluciones o fármacos a pacientes. Para funcionar necesitan  jeringas, catéteres y mangueras especiales.

Entre lo pactado también había insumos para aplicar con las bombas quimioterapias con paclitaxel, tratamiento utilizado contra el cáncer de ovario, mama o pulmón.

Pero el equipo médico nunca se entregó. La empresa ganó la licitación en 2019, a pesar de que dos años antes había sido declarada Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Acorde con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el concurso dejaba claro que las compañías participantes tenían que contar con capacidad material y no estar impedidas por alguna razón legal.

Parte del procedimiento para garantizar estas condiciones es la entrega de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitida por el SAT, un requisito que Interacción Biomédica no formalizó. Por haber estado listada como empresa fantasma o EFOS definitiva, la compañía tendría una opinión negativa de la autoridad fiscal.

Sin embargo, cuatro funcionarios avalaron el fallo a favor de Interacción Biomédica, entre ellos Sebastián Zepeda Contreras, entonces delegado estatal del ISSSTE en Coahuila, y Álvaro Jaime Obregón Flores, que fungía como subdelegado de administración, quienes además firmaron el contrato.

Fundada en 2012, Interacción Biomédica acumulaba contratos públicos por más de mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el informe Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, realizado por Impunidad Cero, organización civil que estudia la impunidad en México, y que la expuso como la empresa fantasma que más dinero ha recibido del sector salud en el país.

Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV encontraron que, aun cuando ya había sido declarada EFOS, el ISSSTE siguió contratando a Interacción Biomédica por un total de 22.2 millones de pesos, de los cuales 14.3 millones se otorgaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Como lo han revelado otras entregas de esta investigación, en este caso también se ignoró que la empresa estaba en la lista de EFOS desde el proceso de contratación, mientras que la administración no sancionó a los funcionarios ni investigó los contratos indebidos. Las consecuencias de cerrar tratos con una empresa fantasma fueron para la población.

Falta de insumos

El Hospital General del ISSSTE en Saltillo fue el que más padeció el desabasto de bombas de infusión en 2019. Un intercambio de cartas y correos entre el personal y funcionarios, al que Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV accedieron por medio de solicitudes de Transparencia, revela que los directivos del organismo en Coahuila sabían del incumplimiento de Interacción Biomédica y de las consecuencias para los pacientes por haber contratado una empresa fantasma, pero no suspendieron el convenio.

Los equipos e insumos debían entregarse en abril de 2019. Solo se reportó el suministro de una parte del material a un hospital de Torreón. Las 85 bombas de infusión nunca llegaron. Además del hospital de Saltillo, las clínicas de Piedras Negras, Victoria, Monclova, Nueva Rosita y San Pedro tampoco recibieron los equipos de venoclisis.

Entonces, el personal médico comenzó a alertar a los directivos sobre la falta de cumplimiento del contrato. Marisol Calzoncit Medrano, jefa del almacén del hospital, se sumó a los cuestionamientos, preguntando por correo sobre las bombas de infusión. En el mensaje advertía que no era la primera vez que había problemas con Interacción Biomédica: “Con el mismo proveedor batallamos el año pasado con las entregas”.

Ante la presión, dos de las personas al frente del hospital escribieron a Lois Alemao Molina Toledo, representante legal de la empresa, para preguntarle cuándo recibirían las bombas de infusión e insumos.

“De todo lo anterior no se ha tenido respuesta alguna y es URGENTE el seguimiento correspondiente al Contrato”, se lee en la tercera y última carta dirigida el 12 de junio.

Cada oficio intercambiado llegó a diversos jefes de área, coordinadores y personal directivo, incluidos Sebastián Zepeda y Jaime Obregón, los funcionarios que firmaron el contrato, así como el entonces subdelegado médico en Coahuila, Francisco Elizalde Herrera, uno de los encargados de avalar la selección de Interacción Biomédica en el proceso de contratación.

A los cuestionamientos por escrito de los funcionarios del ISSSTE, la EFOS solo respondió que tenía problemas para facturar.

La falta de equipos de infusión e insumos para su funcionamiento repercutió en áreas críticas del hospital como las unidades de Cuidados Intensivos y de Hemodinamia —en la que se realizan procedimientos como angiografías y coronariografías (radiografías del corazón) o cateterismos (inserción de una sonda en las arterias del corazón)—, explicó personal médico y de enfermería entrevistado para este reportaje, que solicitó el anonimato por temor a represalias laborales.

Una médica que trabajó en el hospital de Saltillo durante el desabasto ocasionado por Interacción Biomédica en 2019 dijo que otra afectación importante fue la suspensión de cirugías por falta de insumos, lo que provocó que algunos pacientes tuvieran que comprarlos para poder operarse.

Según documentos del Departamento de Recursos Materiales y Obras del ISSSTE en Coahuila, el Hospital General de Torreón fue el único al que la facturera entregó insumos. Un oficio firmado por Dalia Margarita Martínez Moreno, directora médica del nosocomio, precisa que en marzo, junio y agosto de 2019 recibieron 675 piezas de equipos de venoclisis para las bombas de infusión, 270 para aplicación de sangre, 225 para apoyo en cirugía, 69 de nutrición parenteral, y 270 para quimioterapias con paclitaxel, aunque no mencionan las 15 bombas que también se esperaban.

Ni el ISSSTE sabe por qué nada más un hospital recibió insumos. El Departamento de Recursos Materiales y Obras respondió que no contaban con pruebas del cumplimiento del convenio ni de su seguimiento  porque en esa área “solamente se elaboran los contratos” y “no se reciben” los insumos.

Los únicos comprobantes de la entrega del material médico son documentos con el logo de Interacción Biomédica, fechados en Saltillo y sellados de recibido —un mes después— por el hospital de Torreón. Martínez Moreno aceptó dar una entrevista, pero posteriormente se negó.

Para demostrar la entrega de materiales en una contratación pública no basta un registro de papel, dice Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Tiene que haber una trazabilidad, un simple papel no es suficiente”, considera el experto. “Cada proceso debe estar debidamente documentado, los formatos tienen que estar foliados, debe haber responsables”.

De acuerdo con las bases de la licitación, si se presentan  atrasos o no se entregan los materiales, el contrato debería cancelarse. Sin embargo, la Delegación del ISSSTE en Coahuila nunca lo rescindió, aun cuando el incumplimiento causó problemas en la atención de los pacientes. En Compranet aparece con estatus de “expirado”, como se clasifican los procesos sin terminación anticipada. Es decir, como si se hubiera concluido en tiempo y forma.

La cicatriz de Interacción Biomédica

Un mes antes de las elecciones de 2012, María Cecilia Guadalupe Parada Martínez y Cecilia Guadalupe Orta Sosa —abuela y nieta— fundaron Interacción Biomédica en el Estado de México. La empresa registró como domicilio fiscal un edificio contiguo a unas oficinas del ISSSTE en la zona conurbada de Toluca.

El SAT comenzó a investigar la firma en 2016, según el resolutivo que declaró EFOS definitiva a Interacción Biomédica, al que accedió este equipo periodístico.

El documento establece que la empresa no tenía activos, personal suficiente ni oficinas para cumplir con las actividades que decía realizar: ingresaba hasta 400 millones de pesos anuales operando con solo seis trabajadores, tres camionetas y dos autos.

Un representante legal de Interacción Biomédica explicó al SAT que únicamente necesitaba personal para atender las licitaciones, ya que solicitaba a los proveedores que se encargaran de entregar los pedidos a las dependencias.

Pero el SAT encontró más pruebas de que la empresa cobraba por trabajos que no podía realizar, como un contrato para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frío (almacenamiento de vacunas a una temperatura controlada) del Instituto de Salud del Estado de México. Interacción Biomédica cobró más de 800 millones de pesos por este servicio, pero subcontrató a una persona que se encargó de prestarlo.

Para el exauditor Lozano, esta es una práctica habitual de las EFOS, que considera una simulación porque “se quedan con una parte del dinero y contratan a otras empresas para hacer el trabajo”.

Este equipo periodístico trató de contactar a Interacción Biomédica y a la familia Orta Sosa, sin conseguir una respuesta.

Solo de dinero federal, Interacción Biomédica obtuvo más de 40 millones de pesos, la mayor parte del ISSSTE y cuando ya estaba imposibilitada para facturar, de acuerdo con la base elaborada por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de datos de Compranet y del listado de empresas fantasma del SAT.

En casi todos los contratos otorgados por el ISSSTE a Interacción Biomédica durante la administración de Andrés Manuel López Obrador no se comprobó la entrega de insumos.

Por ejemplo, en otro contrato con la Delegación del ISSSTE en Coahuila, el personal médico del Hospital General de Saltillo se quedó esperando 10 esponjas quirúrgicas y 14 tubos de ventilación, utilizados en cirugía para drenar líquidos cerca del tímpano y ayudar —sobre todo a infantes— a oír mejor.

Pese a las afectaciones que provocó la contratación de la EFOS, especialmente a este hospital, no hubo mayores sanciones.

En 2020, la ASF revisó una serie de contratos del ISSSTE con Interacción Biomédica. La delegación de Coahuila aseguró que “se realizó la entrega total de los bienes”, pero “no se liquidó ningún importe”.

El Departamento de Finanzas del ISSSTE en el estado contestó a Quinto Elemento Lab y A Tiempo TV que la falta de pago se debió a que la empresa nunca envió las facturas.

La ASF inició un procedimiento administrativo a la institución por otorgar contratos a Interacción Biomédica cuando estaba boletinada por el SAT. Sin embargo, vía Transparencia, la Subdelegación de Administración del ISSSTE en Coahuila negó haber tenido sanciones administrativas por contratar a empresas fantasma.

La Delegación del ISSSTE en Coahuila se negó a responder un cuestionario para esta investigación. No obstante, personal administrativo explicó que la mayoría de los directivos que estaban en 2019 ya no trabajaban en la institución y que, durante los cambios de administración, se suele destruir la documentación relativa a las adquisiciones. Tampoco hubo respuesta de parte de la oficina central del ISSSTE.

Se buscó a los dos funcionarios que firmaron los contratos con Interacción Biomédica, Sebastián Zepeda y Jaime Obregón. Actualmente, ninguno labora en el ISSSTE. Aunque se agendó una cita con Zepeda, al final el médico canceló la entrevista. No fue posible localizar a Obregón.

Zepeda fue delegado del ISSSTE en Coahuila durante el gobierno de Rubén Moreira Valdés; estuvo en el cargo cinco años, hasta su renuncia en 2019. Su salida se produjo antes de la reorganización de las oficinas del gobierno federal en los estados, que desapareció la figura de los delegados de la institución.

Tampoco accedió a dar entrevista Francisco Elizalde Herrera, subdelegado médico, quien firmó el acta en la que se establece que Interacción Biomédica es la ganadora de la licitación.

El 1 de abril de 2020, Elizalde fue destituido de su cargo después de una protesta del personal médico y de enfermería de la Clínica de Alta Especialidad. Años atrás, había reconocido que faltaban insumos de curación, lo que atribuyó a licitaciones fallidas.

Parte del personal médico que reportó el desabasto y sus consecuencias ya se jubiló o dejó de laborar en el instituto. Uno de ellos, Pedro Silva Sánchez, exdirectivo del hospital de Saltillo, fue localizado, pero no quiso hablar del tema.

Debido a los contratos con el ISSSTE, se incluyó a Interacción Biomédica en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la entonces Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y de Buen Gobierno. La inhabilitación terminó a finales de 2024, aunque la empresa sigue imposibilitada para facturar por su estatus definitivo como EFOS.

Sin embargo, una de sus fundadoras, María Cecilia Guadalupe Parada, junto con su esposo, tres de sus hijos, su yerno y tres nietos han creado otras 18 empresas que comparten lazos con Interacción Biomédica. No todas son contratistas gubernamentales y algunas ya fueron liquidadas. Pero varias firmas de la red han seguido recibiendo dinero público del ramo de salud.

Por ejemplo, en 2021 Pasteur Health Care vendió al IMSS tiras reactivas para medir el colesterol y, hasta 2023, recibía invitaciones del Gobierno de la Ciudad de México para concursar por contratos; Soluciones Preventivas Fénix hizo tratos en 2023 con los Servicios de Salud de Jalisco, y Prevención y Soluciones K-B recibió en 2024 adjudicaciones directas de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y ganó licitaciones del IMSS-Bienestar.

El domicilio de esta última empresa se ubica en la zona industrial de Toluca. Está apenas a 10 minutos caminando de donde Interacción Biomédica tenía sus oficinas.

^{Con información de José Cortez.}

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.

Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.

Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.

El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).

En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.

Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.

Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.

Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.

Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.

Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.

Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.

Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.

La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
30 de abril de 2025

Acción Urgente No. 02

Exigimos la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez

• Represión y ataque directo contra la autonomía zapatista
• Alertamos de un caso más de fabricación de culpables que atenta contra la lucha por la Vida y el Común

Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común.

En las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025, las BAEZLN fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro agravado en un proceso plagado de irregularidades.

La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas.

El caso es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Baldemar y Andrés, sino que también constituye una agresión al territorio y la autonomía de los pueblos zapatistas.

Por lo consiguiente exigimos a los gobiernos federal y estatal:

• La liberación inmediata e incondicional de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
• El cese de la represión y los ataques contra la autonomía zapatista.
• El fin de la fabricación de culpables y la impunidad en Chiapas.

¡Llamamos a la solidaridad nacional e internacional!

Instamos a todas las personas, organizaciones y movimientos a movilizarse en sus tiempos y modos, para exigir justicia. Es urgente alzar la voz para detener la represión del Estado y garantizar la libertad de los compañeros BAEZLN, quienes hoy son rehenes de un sistema represivo. Manténganse atentos a las actualizaciones de este caso y actúen en defensa de la dignidad, la justicia y los derechos humanos y por la defensa de la autonomía, del territorio y la vida.

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

https://frayba.org.mx/firma-por-la-libertad-inmediata-de-las-bases-de-apoyo-del-ezln-jose-baldemar-santiz-santiz-y-andres

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Fuente: Avispa Midia

^{por Violeta Santiago y René Valencia / Quinto Elemento Lab}

^{Diseño de portada: Omar Bobadilla}

La gran promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue luchar contra la corrupción. Combatirla no solo era un deber moral, sino una manera de salvar recursos y estirar el presupuesto.

La cruzada de AMLO contra la corrupción gubernamental no tardó en posar los ojos sobre las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como define el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las compañías sin la capacidad material o personal para realizar actividades. Factureras, empresas fachada o fantasma son otras formas de nombrarlas.

El entonces presidente propuso tipificar como delito grave la constitución de empresas fantasma o la elaboración de facturas falsas, cuyo uso masificado, llegó a señalar, era culpa de las administraciones pasadas. Las referencias encontraron un lugar en sus declaraciones matutinas: “El mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno”, dijo sobre el fenómeno, al que comparó en gravedad con el crimen organizado, lo llamó “plaga” y refirió que “creció en los últimos años como hongos después de la lluvia”.

“Pero eso se termina”, aseguró en su sexenio.^{En sus conferencias matutinas el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en varias ocasiones a las empresas fantasma y las facturas falsas, pero como hechos que ocurrían en administraciones pasadas . Diseño: Omar Bobadilla}

Sin embargo, no ocurrió así. Esta investigación revela que en el sexenio pasado se contrató a empresas inexistentes y se repitieron las irregularidades administrativas de los gobiernos del pasado. En muchos casos eran compañías que habían recibido contratos en administraciones anteriores. 

Entre 2018 y 2022, la administración lopezobradorista asignó 87 contratos a 34 proveedores fantasma por 182.8 millones de pesos (mdp), a través de 23 dependencias federales, cinco universidades, cuatro oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco. Lo que equivale a 100 mil pesos diarios otorgados a EFOS en los primeros cinco años de su mandato.

Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México cruzaron el listado de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 con los contratos de CompraNet realizados entre 2002 y 2022. El análisis de esta base de datos permitió identificar a las empresas fachada contratadas por la pasada administración.

Como el SAT actualiza este registro periódicamente, es posible que en archivos más recientes haya empresas que no se consideraron en la investigación, así como EFOS definitivas contabilizadas aquí, que podrían haber quedado excluidas de los nuevos listados.

La revisión de los 87 contratos con empresas fantasma –definitivas hasta el corte de enero de 2023– evidenció que en el sexenio de AMLO se mantuvieron prácticas del pasado en las adquisiciones con factureras, como compras de excepción, ocultamiento de contratos o facturas, pagos a proveedores que confirmaron tener escasos trabajadores, carencia de constancias fiscales y de seguridad social, pruebas de cumplimiento únicamente documentales y contratación de empresas multiusos.

Además de posibles sobrecostos o pérdida de recursos, las consecuencias fueron más allá: se abandonó la construcción de carreteras y algunos hospitales sufrieron desabasto de equipo médico especializado. Todo esto mientras el gobierno lopezobradorista emprendía una persecución penal contra las factureras, a la vez que detectaba menos EFOS que sus antecesores.

Domicilios inexistentes y EFOS del pasado

En una tarde de mayo de 2024, sobre la calle Vicente Suárez, en la ciudad de Puebla, de una antigua casa de clase media con un despacho en la planta baja sale una mujer mayor. Se asombra al escuchar la pregunta de si conoce a Medical & Technical Books, una EFOS que se dedicaba a la venta de libros y publicaciones especializadas. Desde un balcón del segundo piso, adornado con macetas y figuras religiosas, un hombre —también de apariencia mayor— responde que la firma estuvo ahí hace unos cinco años.

Los casos de compañías que dan domicilios inexistentes o en viviendas se repiten en otras partes del país.

Para poder emitir facturas, toda empresa debe registrar un domicilio. Pero muchos de los reportados por las 34 factureras contratadas en el gobierno de AMLO corresponden a casas o locales con pocas señales de que ahí opere alguna compañía.

Este tipo de direcciones son una alerta, advierte Denise Tron, de la organización Justicia Justa, pues el “domicilio fiscal no puede ser la casa de uno de los socios o del representante legal, o un domicilio que dio un prestanombres, está regulado en el Código Fiscal de la Federación”.

“Estos domicilios son un problema relacionado con la materialidad porque implican que no tienen las condiciones básicas de infraestructura física, de mobiliario o de elementos tecnológicos para operar y cumplir con la actividad que supuestamente realizan”, agrega Natalia Campos, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A las direcciones irregulares se suma el hecho de que, mientras 13 proveedores fantasma se estrenaron como contratistas con AMLO —destacan Cookout Party, Servicios de Limpieza Ecoclorx, Estructuras Arquitectónicas Tholoi, Cubso Construcciones y Productos Mobeqt por haberse constituido en 2018, la mayoría entre noviembre y diciembre—, 21 EFOS eran viejas conocidas de los sexenios de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, e incluso un par recibió contratos en tiempos de Fox.

Por ejemplo, Construcción Instrumentación y Servicios, compañía imposible de localizar en su domicilio de Agua Prieta, Sonora, y que recibió 92.7 millones de pesos en el periodo de López Obrador para ampliar una carretera en ese estado —que dejó abandonada—, en los sexenios de Calderón y Peña se encargó de pavimentaciones y obras hospitalarias por 11.2 millones de pesos.

López Obrador incluso llegó a exhibir a Peña Nieto, su antecesor, por el uso indebido de facturas falsas, “esas que ahora estamos prohibiendo”. Sin embargo, en su sexenio se mantuvieron tratos con empresas fantasma heredadas del peñanietismo, como Interacción Biomédica o Credimosa.

Fundada en 2012 en un domicilio ubicado junto a las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Toluca, Interacción Biomédica pasó a la historia como la empresa fantasma que más dinero público ha obtenido del área de salud.

De acuerdo con un informe elaborado por la organización Impunidad Cero, hasta 2019 la firma facturó a gobiernos de todos los niveles más de mil 600 millones de pesos, la mayor parte con el sistema de salud del Estado de México. Y en el sexenio pasado recibió contratos que sumaron 14.5 millones de pesos.

Mientras que Credimosa —una firma dedicada a la venta de llantas y refacciones que dejó el domicilio que tenía en el edificio donde opera la Fiscalía Regional de Naucalpan para mudarse a un penthouse localizado a 15 minutos a pie de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, obtuvo con Diconsa y las Fuerzas Armadas en el lopezobradorismo 7 millones de pesos, que se agregaron a los 73.7 millones recibidos en la época priista.

Según contratos y registros de comercio, detrás de la llantera fantasma está Marcelo Óscar Reyes Jiménez, subdirector de Recursos Materiales del DIF de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard. La empresa también proveyó de llantas a dependencias capitalinas desde la gestión de Miguel Ángel Mancera hasta la de Claudia Sheinbaum.

En respuesta a esta investigación la Semar dijo que el procedimiento de contratación de Credimosa se apegó a los lineamientos de CompraNet y que la entrega de los bienes se acreditó mediante actas de entrega-recepción. Reyes y Credimosa respondieron a la consulta de este equipo periodístico.

Fantasmas que no desaparecen

Desde el punto de vista de especialistas consultados, que la cantidad de EFOS contratadas en el sexenio pasado parezca baja se debe a que muchas factureras posiblemente aún no han sido detectadas por la autoridad fiscal.

“El SAT dejó de ejercer esta facultad de poder investigar si los contribuyentes realmente realizaban las operaciones o solo las simulaban”, explica la especialista fiscal Denise Tron. “No es que haya menos empresas fantasma, es que hay menos empresas dentro del listado. Y pues no, no tenemos un dato del número que existe en la realidad”.

Para Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la falla en la detección de factureras también refleja la poca confianza en las autoridades, pues dice que hay un déficit de las denuncias ciudadanas que les permiten enterarse de que “había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS”.

No es posible precisar si la caída en la detección de EFOS es porque ya no existen este tipo de compañías o porque no se les están identificando, pero los expertos coinciden en que se trata de la segunda razón. El mismo planteamiento y otros hallazgos de esta investigación se presentaron al SAT para conocer su posicionamiento, pero la autoridad fiscal no entregó una respuesta.

Y mientras la inhabilitación de empresas fantasma se desplomaba, las EFOS también encontraban la manera de sortear las resoluciones del SAT.

Esta investigación encontró que tres de las 34 empresas fantasma que contrataron en el periodo de AMLO incluidas en la base de datos al corte de enero de 2023, actualmente se encuentran fuera del listado vigente de definitivas y aparecen en un registro público del SAT denominado de “sentencia favorable”, el más reciente, con fecha de actualización del 5 de febrero de 2025.

Una de ellas es Limpieza y Mantenimiento Xielsa. En el gobierno lopezobradorista obtuvo contratos que sumaron 19.8 millones de pesos por servicios de limpieza, adicionales a los 25.8 millones que recibió en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

De los servicios contratados en el sexenio de AMLO por los Centros de Integración Juvenil y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez las pruebas de los servicios son una relación de fechas escritas a mano e información testada.

En una condición similar está Proyectos y Construcciones Roxi, empresa oaxaqueña invitada en 2019 directamente por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a la licitación de la rehabilitación de la Casa del Comedor de la Niñez Indígena “Josefa Ortiz de Domínguez” en Agua de Niño, localidad perteneciente a San Lucas Zoquiápam, uno de los 100 municipios con mayor rezago social en el país.

La obra consistía en una fosa séptica, una cisterna, cercados y el comedor —junto con la instalación eléctrica, y el levantamiento de muros y encimeras—. La justificación del instituto era que la empresa tenía tres contratos similares en CompraNet.

Según dijo la dependencia en respuesta a este reportaje, en el proceso de contratación “no se encontraron irregularidades por parte de la empresa” y cuando se le contrató entregó una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, es decir, no era EFOS definitiva. Quinto Elemento Lab obtuvo por Transparencia el expediente de contratación con la investigación de mercado, la convocatoria, una guía técnica con especificaciones, el contrato y los comprobantes de pago. Por esa misma vía el INPI no entregó pruebas de la realización de la obra porque negó que hubiera tratos con la constructora.

Sin embargo, los documentos confirmaron que en cinco ocasiones el instituto depositó o expidió cheques por un total de 4 millones 595 mil 478 pesos. El último pago fue de 421 mil pesos y se realizó en agosto de 2021, un año ocho meses después de la fecha en la que debía concluirse la obra y a nombre de otra empresa oaxaqueña. Para entonces el SAT ya había incluido a Proyectos y Construcciones Roxi en su lista de EFOS definitivas por ausencia de activos y personal, falta de infraestructura e incapacidad material.

Antes de publicar esta investigación, por correo electrónico el INPI reconoció que el contrato existía y que la obra se realizó, pero sobre todo destacó que la empresa había salido del listado de EFOS definitivas.

Tanto Limpieza y Mantenimiento Xielsa como Proyectos y Construcciones Roxi se encontraban en calidad de EFOS definitivas cuando se realizó el análisis para esta serie de reportajes. Se buscó a ambas compañías sin recibir una contestación.

Estas firmas salieron del listado de definitivas luego de interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las razones por las que una empresa le “gana” al SAT, dicen especialistas consultados, pueden ser varias: desde acreditar que sí realizó las operaciones facturadas hasta errores en el procedimiento, en los plazos de notificaciones, de alguna firma o cómo se realizó la visita del SAT, por ejemplo.

Si bien la resolución por la que se les declaró definitivas se invalida, para el SAT no significa que la empresa se libere de la responsabilidad de haber emitido facturas “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal”, advierte el órgano.

Irregularidades de origen

Cuando López Obrador inició su mandato, el Gobierno federal llevaba al menos cuatro años detectando e inmovilizando EFOS. En 2018 ya se conocían tramas de corrupción gubernamental que las involucraban y se habían revelado algunas de sus características, así como de las constantes irregularidades bajo las que eran contratadas. 

La asignación de contratos por adjudicación directa y por invitación restringida (cuando los proveedores que participan son convocados por la dependencia) son considerados procesos de excepción por las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, permitidos únicamente cuando se trata de compras muy especializadas o de seguridad nacional.

El procedimiento legal consiste en que, por lo general, las contrataciones ocurren mediante licitaciones, concursos públicos en los que cualquier compañía presenta una propuesta y el contratante elige a la mejor en calidad y precio.

No obstante, el 78.2 por ciento de los contratos a empresas fantasma en el sexenio pasado  se entregaron mediante procedimientos de excepción, una proporción casi igual que con Peña Nieto y mayor que con Calderón. Solo 19 convenios se hicieron por licitación pública, pero que los ganaran EFOS hace sospechar de procedimientos con irregularidades, opinan las especialistas entrevistadas.

“El gobierno, cuando da esas licitaciones, esos concursos, realmente son como para decir: sí, cualquier empresa puede concursar. Pero no, realmente ya están otorgadas”, señala Tron, de Justicia Justa.

“Lo que le interesa a quienes permitieron que ocurriera esta contratación es que (…) siga siendo proveedor del Estado”, concuerda Pérez, del SNA. “Para que esto ocurra, una autoridad es responsable”.

Infraestructura en Construcción, una empresa veracruzana que obtuvo más de 124 millones de pesos en la época de Peña Nieto y que también había trabajado con el gobernador Javier Duarte, ganó en 2019 un contrato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tras simular una competencia con otra compañía con la que compartía socios y pese a carecer del personal especializado requerido por la convocatoria. Ya había sido inmovilizada por el SAT cuando firmó el convenio.

Casi una tercera parte de los tratos con EFOS en el sexenio de López Obrador se otorgaron cuando estas empresas ya habían sido catalogadas como definitivas o mientras estaban bajo investigación del SAT como presuntas factureras, y exhibidas también en un listado público. De entre la decena de dependencias que las contrataron destacan la SICT, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Al mismo tiempo, sobre aquellas firmas que todavía no eran sancionadas por la autoridad fiscal había sospechas que se asomaban en los procesos de contratación, pero pasaron desapercibidas para los funcionarios, por ejemplo, durante la revisión de las constancias de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, y de Obligaciones Fiscales del SAT, útiles para advertir si las compañías tienen su situación laboral y fiscal en regla.

Quinto Elemento Lab requirió por Transparencia ambos documentos en los 87 contratos. Solo de la mitad se localizaron constancias positivas del SAT y, en apenas siete casos, las dependencias entregaron el documento de seguridad social, que las empresas estaban obligadas a proporcionar por ley.

Según estos documentos, Credimosa, con solo dos empleados, llegó a venderle al gobierno millones de pesos en refacciones y llantas. Mientras que la empresa Electro Riegos, con un trabajador registrado, fue contratada por 2.6 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para trabajos de rehabilitación de válvulas de emergencia y del tablero de control, así como para la compactación y repavimentación de una superficie de 4 mil 500 metros cuadrados en la presa José López Portillo en Sinaloa.

Electro Riegos quedó inhabilitada por el SAT el mismo día que inició su contrato en agosto de 2019, pero sus dos socios continuaron como contratistas de la Conagua mediante Estudios y Proyectos del Campo, compañía de giro similar, a la que en 2022 y 2023 la dependencia calificó de “empresa confiable” e incluyó en el padrón de un programa de devolución de pagos por suministro de agua en distritos de riego.

En el caso de Interacción Biomédica, la facturera mexiquense que firmó contratos con el IMSS y el ISSSTE para proveer material de curación, insumos y equipo médico, según la constancia de seguridad social resultó tener apenas nueve trabajadores.

Entre las irregularidades también resaltan las compañías con múltiples actividades empresariales y las que se constituyeron bajo un objeto distinto al rubro para el que eran contratadas.

En 2019, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Progreso, la terminal marítima más importante de la costa yucateca, adjudicó dos contratos a Servicios Profesionales BSB para trabajos de configuración y reparación de sensores para el control del acceso vehicular, así como servicios de desmontaje de torres e instalación de cámaras y radios.

BSB ya estaba bajo sospecha del SAT, porque según su objeto social —descrito en su acta constitutiva— se dedicaba a asesorías corporativas, venta de bienes y maquinaria, y cobranza, entre muchas otras cosas, que no incluían servicios de electrónica o informática.

La Asipona Progreso no presentó convenios ni pruebas del trabajo de BSB, a pesar de las solicitudes de información, pero sí entregó comprobantes de pago y facturas. En estas figura el domicilio que reportó la empresa: el 221 de la calle 13 de la colonia Chuburná, en Mérida, una casa que entre 2018 y 2019 exhibía un letrero con el logotipo de BSB y de otra compañía con la que compartía el inmueble, pero que actualmente ya no está señalizada.

Y hay muchos otros casos.

La hidalguense Comercializadora Hisor fue contratada con recursos federales para construir un distribuidor vial en Pachuca, pero igual fue requerida por la delegación de Puebla del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que le proveyera insumos de papelería.

Alyfranz recibió tres contratos por adjudicación directa de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México del ISSSTE, lo mismo para suministrar alcohol de curación, termos sublimados, tazas y vasos conmemorativos, que fólderes, opalinas, cintas de colores con pegamento y hasta líquidos para la prueba de Papanicolaou, fundamental para detectar el virus del papiloma humano relacionado con el cáncer cervicouterino.

El ISSSTE, bajo la administración de AMLO, contrató a Perylsa Suministros y Productos del Antequera para adquirir material didáctico para las estancias del Bienestar, además de alcohol, abrelatas, aspas de licuadora, utensilios de cocina y otros enseres para las unidades médicas. La empresa con domicilio en Oaxaca tuvo dos contratos con la delegación de su estado y también fue requerida por el ISSSTE de Puebla para comprarle alcohol.

En el Estado de México, la Universidad Politécnica de Tecámac utilizó recursos federales para comprar equipos de cómputo a HV MN Tecnología México, una empresa capitalina de marketing y publicidad en redes sociales.

Y la Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó un contrato a la mexiquense Servicios Empresariales Neo-Net para que le preparara box lunch de emparedados frescos en la delegación del Estado de México, mientras que el Instituto Mexicano del Transporte le dio un contrato para el servicio de su comedor en Ciudad de México, y el Servicio Postal Mexicano la requirió para hacer trabajos de limpieza en Querétaro.

Ninguna de las dependencias o universidades mencionadas contestó los cuestionamientos de Quinto Elemento Lab respecto a estas contrataciones.

Mucha opacidad, poca fiscalización

Hay poca evidencia de que se haya sancionado a quienes cometieron estas irregularidades.

Quinto Elemento Lab envió solicitudes de información a todas las dependencias que contrataron EFOS en el sexenio pasado. De 87 convenios, en 55 no hubo inconformidades, en dos casos se rescindió el contrato, en uno se aplicó una multa, y para el resto no hubo respuesta.

Este reportaje no pudo precisar el  esfuerzo gubernamental para sancionar los convenios públicos con empresas fantasma. La FGR no proporcionó información estadística sobre cuántas carpetas de investigación inició por delitos relacionados con la contratación de firmas inexistentes en el sexenio de López Obrador.

En cuanto a las faltas administrativas, la Secretaría de la Función Pública —actualmente, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— se limitó a sugerir la consulta del listado de servidores públicos sancionados. Pero la revisión no arrojó coincidencias. La dependencia tampoco atendió un cuestionario con el que se buscaba saber, entre otras cosas, si puede medir la incidencia y el tamaño del fenómeno de la contratación pública de EFOS y qué acciones realiza para su combate.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió por Transparencia que, entre 2014 y 2023, inició 2 mil 343 querellas por defraudación fiscal —el delito por el que suele perseguirse a las empresas fantasma, mas no a los funcionarios—, pero únicamente 17 fueron a juicio, en 123 casos no se siguió el proceso, y el resto está en trámite. De los casos llevados ante un juez, solo una sentencia resultó condenatoria.

A la falta de quejas se suma el hecho de que las dependencias no cancelaron contratos o tardaron en hacerlo, pese a la evidente falta de cumplimiento de los proveedores.

En obras carreteras de Veracruz y Sonora, la SICT rescindió contratos con empresas fantasma, pero lo hizo después de la fecha máxima de entrega de la obra y a pesar de que en visitas previas se comprobó que no había avances. En Sonora, la SICT pagó por adelantado 36 millones de pesos, que no ha recuperado.

Y el ISSSTE no canceló contratos con Interacción Biomédica, a pesar de que en respuesta a  solicitudes de información admitió que hubo problemas en la atención a pacientes porque la facturera no entregó aparatos y provisiones médicas pactadas en Coahuila.

De las 34 EFOS contratadas en el sexenio de AMLO, las únicas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública fueron Interacción Biomédica y Limpieza y Mantenimiento Xielsa. Y solo tres compañías fantasma han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por alguno de los convenios revisados por Quinto Elemento Lab. Además, 14 fueron dadas de baja del Registro Nacional de Proveedores del INE —el padrón de empresas que contratan los partidos políticos—.

El único procedimiento administrativo que se encontró donde se menciona a una facturera fue una multa que el INE le impuso a Morena en Jalisco. El partido presentó facturas por servicios que sumaban 1.1 millones de pesos, supuestamente realizados por Cookout Party, que ya había sido boletinada por el SAT.

Cookout Party también fue contratista federal en el sexenio de AMLO con la Secretaría de Bienestar en Nayarit, donde operaba como delegado Manuel Isaac Peraza Segovia. Aunque la dependencia trató de negar la existencia de un contrato de alimentos para el personal, Quinto Elemento Lab lo consiguió vía Transparencia.

Esta EFOS hacía de todo. Además del contrato con Bienestar, se localizaron convenios que no se celebraron con el Gobierno federal, pero que dan muestra de su versatilidad: en 2019 cobró 56 mil pesos por el brindis y el servicio de meseros para el primer informe de gobierno del municipio de Arandas, Jalisco; un año después, ganó un contrato de la Universidad de Guadalajara (UDG) de medio millón de pesos por armar, empaquetar y entregar kits de bienvenida, y de protección y sanitización personal.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también se indica que fue proveedora de alimentos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, impartió un seminario de titulación para la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UDG, y le rentó baños móviles a la Secretaría de Administración del gobierno de Jalisco.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la empresa jalisciense tenía nexos con un trío de compañías señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ni los contratantes de Cookout Party ni la compañía proporcionaron una postura a Quinto Elemento Lab.

Empresas fantasma, obras fantasma

Los millones de pesos asignados a contratos con empresas fantasma debieron materializarse en obras, servicios o adquisiciones en 21 estados del país, principalmente en mejoras hidráulicas en Oaxaca, servicios en oficinas federales, equipo e insumos en unidades médicas de Michoacán y Coahuila, y carreteras en Sonora y Veracruz.

Mediante la PNT, Quinto Elemento Lab requirió facturas y documentos probatorios de los 87 convenios firmados con EFOS durante el sexenio de AMLO. Las dependencias confirmaron la existencia de facturas en 60 por ciento de los contratos fantasma, pero sólo del 39 por ciento se entregaron pruebas de cumplimiento, principalmente bitácoras o listas.

Por ejemplo, para demostrar la adquisición de libros y revistas especializados con Medical & Technical Books, una EFOS de Puebla, las universidades de Guanajuato y Autónoma de Yucatán enviaron fotos de los ejemplares, mientras que las universidades Veracruzana y Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Norte proporcionaron únicamente listas con los títulos.

La Universidad Veracruzana (UV) respondió que estas contrataciones corresponden a libros de ciencias médicas adquiridos en el periodo de la exrectora Sara Ladrón de Guevara. Los contratos eran firmados por funcionarios que dejaron el cargo en 2021: el abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes –actual presidente municipal de Xalapa–, Eric Jesús Galindo Mejía, director de Recursos Materiales, y el Secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso.

De acuerdo con la UV, Medical & Technical Books cumplía los requisitos exigidos en las licitaciones. “Sin embargo, se desconoce si la contrataron por recomendación o indicación”, aclaró la institución.

Un caso muy similar es el del ISSSTE en Coahuila, que mediante comprobantes documentales –como listas de materiales– sostiene que Interacción Biomédica, la facturera más grande del ramo de salud, le entregó equipo médico especializado para apoyo en cirugías, y administrar sangre, alimentos o quimioterapias.

Los documentos probatorios de la compra de llantas y filtros de aire adquiridos a Credimosa que la Semar proporcionó por Transparencia son recibos en los que la única garantía de la entrega de las refacciones son las firmas de tenientes, capitanes y contralmirantes, junto con sellos de la Oficialía Mayor y del Almacén General.

En cuanto a las obras licitadas por la SICT en Chiapas y Oaxaca, las pruebas son reportes, uno fotográfico, en los que la diferencia entre el “antes” y el “después” es bastante difusa y los nombres de los trabajadores y las firmas fueron cubiertos con rectángulos negros. Sobre dos contratos más, la dependencia ni siquiera entregó escritos probatorios, a pesar de que la Ley de Obras indica que debe hacerse un seguimiento detallado mediante bitácoras.

En algunos casos,  hubo pruebas de que se pagaron los contratos, pero no de que se cumplieran. La Conagua admitió haber saldado cuatro facturas a Electro Riegos por trabajos en una presa de Sinaloa, pero no hay constancia de la obra. Diconsa, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) incluso negaron haber tenido tratos con EFOS, aunque existen convocatorias, contratos y comprobantes de pedidos firmados.

Desde su experiencia como fiscalizador de contrataciones públicas, el exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, pone en entredicho la validez de este tipo de pruebas “de papel” por su falta de trazabilidad. “Si tú me dices: ‘Oye, aquí hay unas hojitas de papel ahí con una firma’, esa no es suficiente evidencia”. La trazabilidad, explica en entrevista, es un registro más extenso, que da seguimiento a las diferentes partes de un proceso, desde la solicitud hasta la aplicación de los bienes o la ejecución de la obra.

Pero más allá de la falta de pruebas que amparen la existencia de obras o compras, lo que queda expuesto son las afectaciones a la ciudadanía.

Pobladores de Veracruz y Sonora no cuentan con los caminos que desde hace tiempo esperaban para conectar sus regiones porque la SICT seleccionó empresas fantasma que abandonaron las obras. Y en Coahuila, el resultado de que el ISSSTE contratara a una facturera fue que el Hospital General de Saltillo y media decena de clínicas se quedaron sin equipos especiales para infundir sangre, soluciones o quimioterapias para combatir el cáncer de pulmón, ovario o mama.

Cómo detener a las fantasmas

La ley no es clara respecto a cómo dejar a las factureras fuera de los concursos de contratos públicos.

“Esta figura de empresas fantasma no solo la usan los contribuyentes para pagar menos impuestos, sino que también la han usado y la siguen usando dependencias de gobierno, pero para otra finalidad, que es el desvío de recursos públicos, o sea, robarse el dinero”, expone Denise Tron, de Justicia Justa.

“Requieren tener alguna relación con una autoridad o parte del gobierno que esté colaborando para que puedan obtener contratos”, coincide Vania Pérez, del SNA.

De acuerdo con la especialista de Justicia Justa, el Gobierno federal ha permitido la proliferación de contratos públicos con EFOS desde que, a más de una década de que se creara este concepto como un problema fiscal para el SAT, “en todas las normas que regulan las contrataciones públicas no se ha incluido esta figura de empresas fantasma”.

Aunque Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar, reconoce los avances normativos para limitar el uso de EFOS en el país, señala los vacíos legales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien se sanciona como falta grave la contratación indebida, solo aplica cuando las empresas ya están inhabilitadas o impedidas legalmente en el momento de la asignación del contrato.

Hasta la fecha, ninguna ley castiga la contratación de factureras con dinero público. No hay, dice Salvatierra, “una norma o algo que establezca de manera muy concreta que se prohíbe realizar contrataciones con las empresas que son parte del listado que establece el SAT”.

Los delitos de corrupción en los que pueden incurrir los servidores públicos, según el Código Penal Federal, tampoco mencionan de forma explícita a las EFOS. Si se comprueba el pago de contratos por servicios, obras o adquisiciones que no se realizaron –en los que comúnmente intervienen empresas fantasma–, las autoridades investigan los casos como peculado (desvío de recursos).

Una respuesta de la FGR disponible en la PNT indica que, entre 2022 y mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició mil 957 carpetas por delitos de corrupción, de las cuales 472 fueron por peculado. De todas las investigaciones abiertas, apenas 138 llegaron a un juez. La FGR no quiso informar en cuántas hubo una sentencia condenatoria.

Pérez también destaca que el sexenio lopezobradorista concluyó sin cumplir uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: una Ley General de Contrataciones Públicas.

La iniciativa de Ley propuesta por la SNA y organizaciones como Transparencia Mexicana y el IMCO, entre otras, contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para homologar regulaciones en el país, pues actualmente existen cerca de 111 marcos legales que dictan cómo se deben realizar los procedimientos de contratación.

También mencionaba la necesidad de aumentar las investigaciones de mercado, contar con un plan anual de compras centralizadas y limitar al 30 por ciento del presupuesto la entrega de contratos mediante procesos de excepción. Sin embargo, la iniciativa tampoco apuntaba de forma explícita al tema de la contratación de EFOS.

La propuesta se llevó al Congreso en 2021, pero no avanzó entre los legisladores, confirman dos representantes de las organizaciones promoventes.

“Para el sexenio de Claudia Sheinbaum deberíamos tener una Ley General de Contrataciones Públicas”, insiste Pérez. “Se había prometido en otros sexenios que íbamos a tener herramientas que iban a estar concentradas desde la Función Pública, hoy la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.

Hasta ahora, las referencias de Sheinbaum a las EFOS han sido mínimas. En su tercer día de gobierno mencionó que mantendría el “combate contra cualquier evasión fiscal” de la mano del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero su comentario no se refirió a los contratos públicos.

Lo que sí ha ocurrido es que, en marzo de 2025, la presidenta envió a la cámara de diputados un par de iniciativas para expedir o reformar leyes sobre adquisiciones y obras públicas. Algunos de los cambios propuestos son la sustitución del sistema CompraNet por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, incorporar testigos sociales que vigilen las contrataciones y dejar fuera de esta regulación a las Fuerzas Armadas cuando se encarguen de construir obras.

“Es lo más próximo que hemos estado de una Ley General de Contratación Pública”, dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

El IMCO analizó las propuestas y encontró que el mayor desafío, aun con la implementación de una plataforma tecnológica, todavía es evitar la contratación de empresas riesgosas como las Efos. “Hasta ahora no se ha logrado terminar con este fenómeno”.

Para las especialistas en temas anticorrupción, fiscales y de rendición de cuentas, la solución es clara: vigilar las contrataciones públicas, identificar a los verdaderos beneficiarios finales de las firmas contratistas y mucha transparencia.

“Que la regla no sea estarle dando contratos a empresas recién creadas o que tienen un historial de corrupción en los gobiernos anteriores”.