^{En portada: Personas se movilizan en la ciudad de Querétaro para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Agua aprobada recientemente y que legitima el despojo del recurso vital en ese estado. Foto: Eric Pacheco}

Ante representantes de comunidades indígenas, estudiantes y sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro negó que exista inconstitucionalidad en la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”.

El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la citada ley que fue aprobada dos días antes por los legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en el Congreso. Aunque las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

En el caso de los otomíes padecen el despojo desde que el pozo que les abastece es saqueado a sabiendas de los gobernantes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

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“Hemos vivido mucho racismo desde que Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). El agua nuestra se está yendo para el Estado de México y hay lugares aquí donde no llega”, dijo Ezequiel, que acompañado de otros sectores de la población, este lunes (21) se unió a la exigencia presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

Los manifestantes se plantaron en la entrada del edificio de la Defensoría donde llevaron a cabo actividades pacíficas. Entregaron documentos y una carta con la solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.

Fueron atendidos por dos funcionarios públicos quienes alegaron que el titular, Javier Rascado Pérez, atendía otros asuntos. En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos en los que se denunció la reciente violencia que padecieron en la manifestación del 10 de junio.

Ese día, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria durante la protesta, en la que mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y niñez, también fueron reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos quedaron documentados por los propios medios de comunicación.

“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por qué no somos leyes?”, insistió Ezequiel, pues recuerda que las demandas de las comunidades son añejas y las leyes son aprobadas en días, “no somos revoltosos, somos colectivos y ojalá que más se levanten y defiendan lo que es nuestro, es por los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos”.

“En las comunidades están dando apoyos para que la gente no se levante”, pero agregó que las represiones también son muchas, desde la militarización, el clasismo y racismo como práctica de Conagua, CEA y los propios organismos de derechos humanos.

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A las 20:00 horas de ayer (20), la Defensoría publicó en sus redes sociales que luego de un análisis técnico-jurídico de la ley presentado en 42 páginas, que trabajó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyeron en no iniciar procedimiento alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no encontraron ninguna violación a los derechos humanos y se negaron a levantar un acta.

La resistencia continuará con la intención organizativa de poner un freno a la legislación de esta ley que, a decir de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas a la privatización de los servicios del agua y saneamiento del estado de Querétaro la cual fue rápidamente promovida por el gobernador del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX Legislatura del Estado.

Agua como mercancía

El equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo público; mercantilización de lo común’ en 2021, en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, con la iniciativa de Código Urbano impulsadas por Jorge Herrera, “legislador promotor de la privatización”, se incluyó la “definición de lineamientos para el uso de las aguas asignadas a los organismos operadores del servicio de agua potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción estatal a las aguas asignadas para la prestación del servicio público.

Además, Querétaro es parte de las seis entidades del país que no acataron el mandato de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en el caso del derecho humano al agua, asentado por el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).

El estudio confirma que, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de Aguas de Querétaro, en la práctica, el modelo de privatización ya se había materializado, “el 70% de los permisos municipales de concesión en la zona metropolitana de Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.

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“La sociedad queretana necesita funcionarios públicos que defiendan los derechos básicos”, dijo una activista a las puertas de la Defensoría, “estamos encontrando muros, tecnicismos , brechas que no están ayudando, pues no están al servicio de la ciudadanía”.

De acuerdo a la organización Redavi, en cuatro municipios de Querétaro existe el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio, y convertirlo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción.

Sólo en la ciudad de Querétaro, la investigación arriba mencionada, detectó la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable; 16 empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable.

Estas empresas son responsables de los cortes de agua y la contaminación de la misma como la empresa AQUAA, Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.

Sin tomar en cuenta las luchas y resistencias de los pueblos originarios que padecen la invasión de los territorios y daños irreversibles en el ecosistema, surgen proyectos como el Parque Eólico “Vientos del Caribe” que planea instalarse en la Península de Yucatán.

El proyecto se pretende construir en tierras de uso común de los ejidos Sergio Butrón Casas y Juan Sarabia, en el municipio Othón P. Blanco, Quintana Roo, de acuerdo a la información pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) difundida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Su ubicación geográfica limita al oeste con Chetumal, a 7.47 km al suroeste de la laguna de Bacalar y a 1.76 km al norte de la localidad de Carlos A. Madrazo. Los habitantes se dicen preocupados, pues las eólicas activas en otros puntos de la región han tenido impactos negativos en las comunidades que tampoco tienen acceso a la información.

La empresa desarrolladora es Eólica del Rocío S.A. de C.V., asociada a el corporativo español Idea Energía, que planea edificar un parque con 30 años de vida útil, o “se puede considerar indefinida”, menciona la MIA realizada por Materra Consultores de Jalisco.

La construcción se prevé en 26 meses y tendrá una capacidad instalada promedio de 208 MW, y de generación de 200 MW por 52 aerogeneradores cada uno de 4 MW de potencia nominal.

En un análisis de la MIA, Articulación Yucatán señaló que el desarrollador declara que, para la instalación del parque, se requiere cambio de uso de suelo en 38.5 hectáreas de terrenos forestales.

Hizo hincapié que la manifestación declara que ‘Vientos del Caribe’ cuenta con “Estudio de Evaluación de Impacto Social (EvIS)”, pero el documento no es público.

“También estamos en la averiguación, porque es un proyecto que se anunció que se construiría en breve”, dijo Pedro Uc Be, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Mencionó que en la actualidad son cinco proyectos activos de los 25, entre eólicos y fotovoltaicos, planeados en la península.

Tan solo en el estado de Yucatán operan tres parques eólicos, en Progreso, Dzilam de Bravo y Tizimín, y dos fotovoltaicos, en Progreso y Peto.

A principios de 2022, un mapeo publicado en el sitio de GeoComunes mostró 15 proyectos de parques eólicos en camino y cinco suspendidos por las resistencias de las comunidades que se ampararon.

En el caso de Vientos del Caribe, afectará a –al menos- nueve localidades: Nachi Cocom, Jesús González Ortega, Sergio Butrón Casas, Carlos Madrazo, Ucum, Juan Sarabia al sur, Juan Sarabia al sureste, Arcoíris y Xul – Ha.

Hasta ahora, Pedro Uc dijo que desconocen quién o quiénes son los propietarios de los terrenos arrendados. Los campesinos dijeron que personas ajenas a las comunidades han acudido a preguntar por terrenos en renta o venta.

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“Muchos acceden a rentar la tierra por medio de engaños, no se les informa cómo tendrían que hacerse en detalle los contratos de usufructo y se topan las comunidades mayas con un lenguaje especializado jurídico y empresarial y se dan las condiciones para esta manipulación”, dijo Pedro Uc.

La vida 

Los impactos en las comunidades son muchos y resultan en migración, altos costos de la energía eléctrica, despojos y violencia por parte de las empresas y del crimen organizado, en consecuencia.

“No es sencillo, son proyectos que han impactado de una forma importante en la cultura maya”. Hace más de 15 años las luchas iniciaron contra la soya transgénica, luego las granjas de cerdos, inmobiliarias, parques solares y ahora con el tren peninsular “mal llamado Tren Maya”, agregó Pedro Uc.

Pero los daños no se quedan ahí. Los aerogeneradores de los parques eólicos matan a las aves por colisión, entonces se origina el desplazamiento de especies por modificación del hábitat, el ‘efecto barrera’ y la pérdida de hábitat.

La vida de las habitantes también está en riesgo, ya que algunos estudios médicos encontraron que las personas perciben y pueden contar las vibraciones o pulsaciones de los aerogeneradores.

En cuanto a los parques fotovoltaicos, el activista maya explicó que las fumigaciones, para evitar que la vegetación crezca y bloquee el paso de la luz solar, eliminan a las abejas, colmenas silvestres, incluso los cultivos de los apicultores, “estas cosas trastocan la vida de la comunidad”.

El agua 

El polígono de Vientos del Caribe abarca varias corrientes de aguas superficiales e intermitentes, entre las cuales sobresale el río Ucúm que desemboca en el lago Milagros; pero a 0.70 km al este se encuentra la laguna de Bacalar, que ya es abatida por la explotación turística.

En el río Ucúm colocarán el sistema de drenaje previsto en la construcción del parque, pero la MIA no detalla el impacto, “esa información tendría que haberse incluido en la información puesta a consulta pública y no fue así”, indicó Articulación Yucatán.

Tampoco incluye la ficha técnica de los equipos utilizados, información de importancia pues los aerogeneradores llegan a medir hasta 248 metros en total por lo que resulta indispensable conocer la operación.

Para las organizaciones, la información presentada por el promovente en la MIA es insuficiente y vaga, y no permite evaluar el impacto real. Por el contrario, limita el análisis de los impactos en las actividades de construcción y lo vincula únicamente a las normas NOM 080 y 081 de la Semarnat, creada previo al desarrollo eoloeléctrico en México. Las normas establecen los límites permitidos de emisión de ruido y el método de medición.

La Asamblea de defensores del territorio maya exhortó a la autoridad evaluadora del Parque Eólico Vientos del Caribe apegarse al Convenio sobre la Diversidad Biológica del cual México es parte.

Las fuentes consultadas coincidieron en el llamado a la Semarnat para apegarse al principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y negar la autorización del proyecto.

Más proyectos 

Aunque la Cámara de Diputados desechó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia eléctrica impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el pasado 17 de junio, el presidente dio a conocer las diez acciones de México contra el cambio climático, durante su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima.

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Las acciones van encaminadas, entre otros proyectos, a la creación de más parques eólicos y solar fotovoltaicos ahora en la frontera con Estados Unidos, específicamente el de Puerto Peñasco, Sonora, que tendrá la capacidad de generar mil megawatts.

Previo al foro, López Obrador participó de forma virtual de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, el enviado presidencial especial para el Clima, John Kerry, y líderes de 17 países. El gobierno de México adquirió compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético.

El parque fotovoltaico de Sonora abarca la construcción de redes de transmisión de energía para exportarla a California y a otros estados del vecino país.

^{En portada: Indígenas Mura muestran un área deforestada en tierras indígenas no demarcadas dentro de la selva amazónica cerca de Humaita, estado de Amazonas, Brasil.}

El miércoles (15), la embajada de los EEUU en Brasil anunció un acuerdo entre los dos países para crear un grupo conjunto dedicado al combate a la deforestación ilegal en la Amazonía y en otros biomas del país sudamericano.

“El nuevo grupo de trabajo bilateral sobre el cumplimiento de la legislación y el combate a la deforestación ilegal estará copresidido por el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres; y por el enviado presidencial especial para el Clima de EEUU, John Kerry”, se lee en comunicado emitido por la embajada de los EEUU.

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Acorde al anuncio, el objetivo principal del grupo de trabajo es alcanzar una tasa de deforestación cero para el año 2028.

Entre las actividades anunciadas por la embajada se enuncian el combate al crimen nacional e internacional de tráfico de animales salvajes, minería ilegal y comercio ilegal de madera; así como el desestímulo del uso del sistema financiero internacional asociado a actividades ilegales con productos forestales provenientes de la Amazonía.

Deforestación acelerada

La región de la Amazonía en Brasil registró un récord histórico de deforestación en los primeros cinco meses del 2022.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), sólo en mayo fueron arrasados 900 kilómetros de vegetación nativa en la selva tropical más extensa del mundo.

Con ello, la Amazonía registra una pérdida de 2,867 kilómetros en lo que va de 2022, una tasa 13% mayor que en los cinco primeros meses de 2021, lo que representa un registro inusual comparado al año 2016 cuando se comenzó a realizar dicha medición.

Contradicción

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, en enero de 2019, comunidades indígenas, negras y tradicionales, así como una multitud de organizaciones sociales y ambientalistas han denunciado la permisión desde las instituciones del Estado brasileño frente a actividades ilícitas como la minería y la tala de árboles en diversas regiones de la Amazonía. A ello se suman las iniciativas del gobierno federal y del congreso nacional para promover y regularizar actividades extractivas dentro de territorios indígenas.

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Datos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam) subrayan la velocidad con que aumenta la deforestación: al comparar los periodos entre agosto de 2018 y julio 2021, la deforestación de la Amazonía aumentó un 56,6 % respecto al mismo periodo de 2015 a 2018.

De acuerdo a datos de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, solo en 2021 se perdieron 3,75 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en el mundo. De esta cantidad, más del 40% se produjo en Brasil, donde se registraron la pérdida de 1,5 millones de hectáreas de bosque tropical.

“La pérdida de bosque primario en Brasil es especialmente preocupante si se tienen en cuenta las nuevas pruebas de que la selva amazónica está perdiendo resistencia y puede estar más cerca de un punto de inflexión de lo que se pensaba; en el que las interacciones entre la deforestación, el cambio climático y los incendios lleven a la transformación irreversible de zonas masivas del Amazonas en una sabana. Esto no sólo supondría una enorme pérdida de biodiversidad y de emisiones de carbono, sino que también alteraría los patrones de precipitación, críticos para la producción agrícola”, enfatizan las instituciones que realizan el monitoreo de la deforestación en esta región.

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

Foto de portada Archivo Avispa Midia

Con una mano va cargando un morral donde lleva comida; con la otra, un machete. María* parece tener miedo y coraje. Camina con precaución, su objetivo es llevar comida a su familia que está resguardada en lo que queda de su comunidad. De pronto, una ráfaga de disparos al aire la obliga a tirarse al suelo. “Son ellos comenta”, refiriéndose a un grupo paramilitar que los ha atacado constantemente.

María es campesina de la comunidad de El Rebollero y, junto a los habitantes de El Paraje Los Arquitos y Río Minas, de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado el pasado 28 de mayo que destruyó toda la comunidad.

El último ataque ocurrió el miércoles, 15 de junio, alrededor de las 19hrs. Al menos tres vehículos con personas armadas se internaron a la comunidad, en el paraje denominado La Mesa y desde ahí empezaron a disparar por casi una hora.

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El 28 de mayo, más de 100 personas con armas exclusivas del Ejército ingresaron a esta pequeña comunidad y derribaron las viviendas, quemaron los cultivos. Lo único que dejaron intacto fue la capilla que sería inaugurada el día siguiente del ataque.

Este grupo armado destruyó las viviendas y las cosechas. Desde entonces hay mujeres, niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales.

La gente se da ánimos entre ellos mismos, pero el lugar está totalmente devastado. Bien podrían irse a otra parte, pero se resisten a dejar esta zona de su territorio. “Si lo permitimos, los políticos que están detrás de estos ataques tomarán el control de nuestro territorio y comenzarán a vender las tierras. La explotación minera comenzará sin obstáculos”, dice María.

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Roberto, otro campesino, comparte con toda seguridad, “ya hemos denunciado quiénes están atrás de estos ataques, pero los respalda el gobierno, porque ellos han firmado disque acuerdos y a nosotros nos llaman paracaidistas. Que me digan en mi cara que soy paracaidista, seguro que ellos no conocen cada camino y cada planta como la conozco yo”.

A estas personas les han destruido sus viviendas al menos en dos ocasiones. La anterior se remite al mes de mayo del año 2019. También dejaron devastada a la comunidad y les costó dos años su reconstrucción, lo que hoy son solo ruinas. “No vamos a desistir. Tenemos compañeros que nos apoyan. Comunidades hermanas que también luchan por la defensa de la madre tierra”, dice María.

En un comunicado emitido por esta comunidad y publicada en la plataforma del Congreso Nacional Indígena (CNI), llaman, entre otros, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Sociedad Civil para que los apoyen con víveres y con donaciones que servirán para la reconstrucción.

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La campaña que han decidido impulsar estos campesinos se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia, que consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, entre otros.

En el comunicado figuran dos localidades y un número de cuenta para recibir los apoyos para su reconstrucción. Una de ellas se ubica en la Ciudad de México, en la llamada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, anteriormente mal llamado INPI. La casa de los pueblos está ubicada en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Delegación Benito Juárez.

También en la ciudad de Oaxaca se estará recibiendo estos apoyos en la librería La Jícara, con dirección en Porfirio Díaz 1105, colonia Centro. En este mismo lugar proyectarán un documental el día miércoles 22 a las 18:30hrs. Este material audiovisual se presentará junto con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el CNI Oaxaca.

María tiene muchas expectativas al no saberse sola. “Nuestras hermanas de otras comunidades, otras colectividades, las mujeres y los compas que luchan nos entienden y sabemos que no nos dejarán solos. Porque aquí vamos a seguir resistiendo”, señala la campesina.

En el comunicado también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos para estar atentos a estos acontecimientos. “Porque ya les entregamos un documento con detalles y pruebas de estas agresiones en días pasados. Les entregamos a cada uno un paquete de documentos”, agrega María.

^{*Los nombres de los testimonios fueron reemplazados por cuestiones de seguridad.}

Mientras comunidades impactadas por la actividad minera se vieron obligadas a restringir su lucha en defensa del territorio durante los dos años de pandemia de Covid-19, para atender urgencias económicas y de cuidados de la salud, la industria minera ha podido beneficiarse de las restricciones sociales y posicionarse con más fuerza en los territorios.

Esta es una de las conclusiones del informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), que reflexiona las vivencias de comunidades mexicanas en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros se han aprovechado de la situación.

Durante el periodo de pandemia se profundizó la asimetría entre “los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste”, sostiene el informe.

¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia?

Una de las respuestas dadas por sus autores – Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos – es que el sector minero logró una posición privilegiada al ser incluido en las actividades ‘esenciales’, “echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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En un primer momento las industrias automotriz, minera y de construcción fueron designadas como “no esenciales”, aunque se exceptuó de esto a los proyectos insignia del presidente, presentes en el paquete económico 2020 y 2021, tales como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, para estos tres sectores la suspensión duró solamente entre seis y nueve semanas, y el camino a su apertura coincidió con una carta enviada por 11 senadores estadounidenses al entonces secretario de estado Michael Pompeo, en donde se presionó para un cambio en la clasificación que había decidido el gobierno mexicano.

A esta acción de presión del gobierno estadounidense se sumó la de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), también de los EEUU.

También, añade el informe, la Cámara Minera Mexicana (Camimex), cuyos miembros incluyen grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, realizaron diversas gestiones para lograr la inmunidad frente a las medidas sanitarias, entre ellas, escribir al entonces embajador de los Estados Unidos en México Christopher Landau, para solicitar que la minería fuera considerada “esencial”.

Dos semanas después de la entrada en vigencia del T-MEC, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo del 2020, en su artículo cuarto, “esta triada se incorporó dentro del grupo de las actividades esenciales, bajo las premisas de su relevante rol en la reactivación económica y, para el caso de la minería, en su supuesta importancia en la cadena de suministros de metales para diversas industrias” y, desde entonces, “no hubo tregua” para las comunidades.

Permisos

Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, “las ventanillas administrativas les fueron abriendo nuevamente”.

De acuerdo con el informe, desde junio 2020 a diciembre 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Zacatecas.

Avance de las empresas en los territorios

El informe trae diversos ejemplos del avance de las mineras sobre los territorios durante la pandemia. Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios.

En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

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En muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el “aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio”.

En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, “mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades”.

Grupos de defensa ambiental de los diversos estados consultados para el informe, “observaron una profundización en el control territorial por el crimen organizado a nivel local desde el inicio de la pandemia, con serias implicaciones para su trabajo”.

Policía Minera

El grupo especial denominado Policía Minera, una policía destinada especialmente a la protección de las instalaciones mineras, fue creada en 2020. El reclutamiento de efectivos fue publicado por primera vez en julio de ese año durante un evento virtual titulado “La reactivación de la minería ante la nueva normalidad”.

Para fines de septiembre de 2020, se graduaron los primeros 118 efectivos federales con entrenamiento militar bajo la dirección del Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual supone tener responsabilidad de resguardar instalaciones públicas, no privadas.

“Este esfuerzo fue justificado por el gobierno argumentando que ‘la minería representa una de las industrias clave para el desarrollo del país y para su economía, pues México está entre los primeros lugares en la producción y exportación de diversos materiales’, y

que tal medida ayudaría a disminuir el hurto de minerales desde las instalaciones mineras”, dice el informe.

Mayor lucro

La Camimex reportó, en su Informe Anual 2021, que el valor de producción minero-metalúrgico en México creció en 2020 a su punto más alto desde 2010, subiendo 42.5% comparado con el crecimiento del 2019, para un total de 13,095 millones de dólares estadounidenses.

El sector minero “fue uno de los pocos sectores económicos en el país que experimentó crecimiento en 2020, además del sector agropecuario, con aún mejores pronósticos para 2021”.

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Además, el sector minero “confirma su capacidad mediática y se posiciona como actor estratégico dentro de la llamada ‘transición energética’ y el supuesto viraje hacia el uso de energías ‘verdes’, ‘renovables’ o ‘amigables con el ambiente’”.

Pandemia minera

El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, la cual lanzó el informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera, que abarca 16 casos de estudios de nueve países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.

¿Por qué no tener el derecho a escribir lo que vemos desde la comunidad? se cuestionó Irene Nich, antes de comenzar la investigación del libro Milpa Corazón: Las milpas de los guardianes, escrito por integrantes de la Red de guardianes del maíz y la biodiversidad en Chiapas.

El libro reunió a siete autores, cuatro mujeres y tres hombres, que representan las segundas y terceras generaciones de los guardianes del maíz de distintas regiones de Chiapas, y que, además de la escritura, promueven la conservación de las semillas.

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Escribir este libro fue un regalo para cada uno de ellos. Abrió la oportunidad para tener conversaciones con familias de la cultura tzeltal, tojolabal, zoque, mam y mestiza que en conjunto siembran casi 700 mil hectáreas en Chiapas, la mayor superficie de maíz en México.

“Queremos hacer lo mismo, como dijo el abuelo: la palabra debe caminar”, cuenta Irene Nich en voz de Lusbey Méndez Sántiz, María de la Flor Gómez Cruz, María Sánchez Álvarez, Adrián Pérez de la Cruz, Sergio Cruz García y Ervin Pérez Arriaga.

La idea se originó hace tres años cuando iniciaron las investigaciones individuales y durante la pandemia del Covid-19 se concretó, pues se percataron que los campesinos resolvieron con la milpa el problema alimentario que se avecinaba.

“Sembrando maíz porque eso nos garantiza nuestra alimentación mientras pasamos esta situación”. Entonces, decidieron sistematizar lo que ven y cómo lo ven desde el registro de la vida a través del maíz.

El texto literario incluye la localización geográfica de los guardianes: Huixtán, Oxchuc, Las Margaritas, Chapultenango, Villaflores, Cintalapa y Motozintla. Así como fotografías que lograron captar momentos importantes en este ejercicio de reflexión, de escucha y voluntad.

“Nos dimos la tarea de escribir un libro sobre lo que representan las semillas en la vida diaria y en los diferentes territorios. Tiene un corte antropológico porque reflexiona sobre lo que significa la milpa para quienes la cuidan”.

Irene, por ejemplo, desde muy pequeña mantiene una relación estrecha con los saberes de la milpa a través de sus abuelos maternos tzeltales de Oxchuc y sus abuelos paternos tzotziles de Chamula.

Es Agrónoma de formación, pero fue hasta que entró a la maestría en Antropología Social que reconoce y ve distinto lo que antes parecía común, “finalmente hace algunos años, me siento mucho más conectada y siempre han estado presente en mi vida las semillas y la vida comunitaria”.

Por ello cada autor se enfocó en una región para narrar en siete capítulos las historias de los guardianes y la vida al ritmo de la naturaleza.

‘Una aguja en el pajar’

La milpa en el siglo 21 es de suma importancia, asume Irene Nich. Partiendo de ahí buscaron y localizaron a los guardianes del maíz, quienes preservan hasta 20 semillas ancestrales, la vida campesina y una relación con la tierra.

“Es como encontrar una aguja en el pajar, cada vez es más complicado encontrar a los guardianes”, dice la investigadora pues los campesinos son muchos, pero la relación de conservación es menor.

Por años, las mujeres son las que cubren este tejido comunitario. En los roles en la vida rural, las mujeres sostienen la milpa, debido a la migración forzada de los hombres para buscar ingresos económicos.

Pero también, porque a las mujeres les proporciona mayor seguridad alimentaria la milpa que migrar, pues en los destinos no son recibidas al igual que los hombres. Entonces crean espacios de intercambio, “la milpa cubre la alimentación y el cuidado de los que están alrededor”, a esto se suman las plantas medicinales y toda la relación de las mujeres con la comunidad.

La migración es una constante, por ejemplo, en Oxchuc un vehículo llega para llevar los tseltales al norte del país para trabajar. Pero los autores de Milpa Corazón recuerdan que, desde los tiempos de las fincas cafetaleras en Chiapas, los hombres tenían que dejar sus hogares para trabajar como jornaleros.

“Es más difícil que para quien está íntimamente relacionado con la milpa y tiene que migrar, porque existe una nostalgia que los lleva a seguir buscando la tortilla, el maíz y el frijol”.

Diversidad y desigualdad

Para los autores, Chiapas sigue siendo rural, porque las generaciones están vinculadas al campo, pues todos son hijos o nietos de campesinos; algunos más cercanos que otros.

Por ello la importancia de hablar también de las contradicciones en las políticas públicas para promover el monocultivo sobre la conservación de la biodiversidad, sobre todo en estos momentos cuando los investigadores aún están en el reconocimiento de especies.

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Las especies no están concentradas en una milpa, ejemplifico el caso de región frailesca donde se siembra monocultivo casi en su totalidad. Entonces también existe una lucha contra los monopolios y la monocultura.

A partir de estos problemas el campesino ha sido poco estimulado para continuar trabajando, pues el precio de los productos es muy desigual y los “acorrala”.

Y en este contexto tampoco existe responsabilidad social, pues no se valora la diversidad y se limita a consumir grandes cantidades de una sola especie de alimento, lamenta Irene Nich.

La ‘Red de guardianes del territorio y la biodiversidad’ mantiene vínculos con organizaciones que están en la misma lucha, pero concentradas en las leyes, como la iniciativa de reforma en la Ley de Variedades Vegetales.

Saben que se trata de un marco regulatorio que busca limitar más la diversidad y con ello la calidad de los alimentos, “nuestra aportación de sistematizar, demostrar que antes de la ley el campesino tenía esas especies y que se tiene que respetar ese territorio”.

Escuela del maíz 

La Escuela del Maíz y la Milpa es otro proyecto de la misma red, que pone en contexto y explica porqué es importante la conservación de las semillas, consumir la diversidad, así como la valoración de los guardianes.

“Estamos preparándonos para ese proceso”, dice Irene. Lo primero es cuestionar ¿qué significa para un campesino enseñar?

El ejercicio piloto se hizo en Oxchuc donde los campesinos respondieron que su escuela es la milpa, “entonces estamos empezando a nombrar las cosas a partir de lo que la gente entiende y aprender para poder diseñar la escuela”.

La red ya trabaja en las investigaciones para un segundo libro, para el que necesitan una unión de voluntades que tengan el propósito de difundir los conocimientos ancestrales, nutrir y valorar a los guardianes, “el maíz es la vida misma”.

Milpa se dice:

K´altik en tzeltal

Alaj en tojolabal

Kamatze´kujy en zoque

Kjo´n en mam

Puedes descargar el libro Guardianes Corazón aquí

^{En portada: 400 años de minería no alteraron la apariencia del Cerro de San Pedrio. En cinco años se abrió un abismo de 400 metros de profundidad por 800 de ancho}

En 1996, los órganos ambientales de México dieron autorización a la minera San Xavier, de la canadiense New Gold, para explotar plata y oro en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión. Pero la minera presentó amparo y logró continuar sus actividades.

En 2016, luego de haber devastado al cerro, la minera cerró las actividades sin un plan de restauración. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, pregunta don Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro.

La minera canadiense dejó, según Martínez, 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos, además de 100 millones de toneladas de material con cianuro que, con las lluvias, filtran hacia al acuífero.

Son motivos de preocupación y resistencia la prospección, exploración, explotación, además de los conflictos que generan la actividad minera. Sin embargo, existe un “completo vacío” en lo que respecta al cierre y abandono de los sitios mineros, alerta la investigadora y experta en el tema, Letizia Silva, quien coordinó el informe ¿Y después de la mina qué? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll.

“¿Qué sucede cuando deja de tener actividades a corto, mediano y largo plazo una mina?, ¿qué sucede con los lugares que quedan en total abandono? Quedan residuos tóxicos que no permite que viva nada. No se puede producir, no se puede tener una vida social, una vida en común. Y nadie se hace responsable de ello”, señala la investigadora.

En México, no existe una definición normada y regulada que establece lo que significa ‘cierre de mina’, tampoco existen normas para regular cómo debe ser la finalización de una actividad minera, o cómo se va a vigilar que la restauración del sitio ocurra.

Lo que existe, según la investigadora, son las definiciones en las Manifestaciones de Impacto Ambienta (MIA), estudio realizado por una consultoría ambiental pagado por las mineras. “Son las empresas que determinan, bajo sus criterios, que se considera cierre de mina”, explica.

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Justamente por no haber una normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas, tampoco existe un registro oficial de los pueblos fantasmas que han generado las actividades mineras en todo el país.

El dato oficial a partir del cual se puede generar una idea de la contaminación es el inventario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ubica 585 registros de presas de jales, desechos tóxicos generados por la actividad minera.

Cierre en las distintas fases

La actividad minera posee cinco fases. La prospección, exploración, explotación, beneficio o limpieza del mineral y el cierre. “Pareciera un ciclo continuo y normal, pero hemos visto que, por ejemplo, una concesión puede estar en explotación y, al mismo tiempo, desarrollar prospección. Pueden estar en la fase de beneficio y volver a la fase de prospección. No es una actividad continua. Así como se puede regresar las fases, el cierre también puede coincidir con cualquier otra fase”, explica Silva.

Es decir, puede ser que la empresa esté haciendo la prospección y considere que no es viable la explotación y determina retirarse. “¿Dónde está la planeación de cierre cuando no hubo explotación?, por ejemplo. La actividad de prospección no es solamente hacer medición, es hacer perforación, retirar vegetación, modificar suelo. Entonces desde las primeras fases habría que existir un plan de cierre”, sostiene.

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Otra situación que no está prevista en las normas mexicanas es la suspensión de la actividad minera. “Puede ser que la empresa se haya ido momentáneamente. Todavía es un cierre y abría que estar normado”, señala la investigadora.

La postergación de las actividades mineras ha sido cada vez más frecuente en los últimos años. En 2017, 17% de los proyectos mineros estaban suspendidos. En 2021, alzó a 62%. “No sabemos lo que sucede en este período que es indeterminado”.

Distintas organizaciones y colectivos demandan una política de monitoreo y manejo de desechos tóxicos, además exigen que las empresas restauren los lugares luego de la extracción de los materiales. ¿Sería eso posible?, considerando los daños irreversibles que traen dichas actividades. Como señaló Martínez, ¿cómo van a volver a construir un cerro?”.

^{Por Francisco Simón y Luis Ovalle / En portada: Población Chuj se manifiesta pacíficamente contra la construcción de las hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis. Julio, 2018. Foto: Santiago Navarro F.}

La buena noticia llegó el 31 de marzo, a la población maya Chuj, Q´anjob´al y Akateko, de ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichk´isis. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas llamadas, San Mateo S.A y San Andrés S.A, de la empresa Energía y Renovación S.A.  Estas centrales hidroeléctricas son propiedad de la corporación Castillo Hermanos, una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca.

La construcción de esos proyectos inició en 2013, entre denuncias de violaciones a los derechos humanos de los tres pueblos mayas que habitan en una parte de la región fronteriza de Guatemala con México.

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La decisión del BID se dio después aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que el BID incumplió con sus propias normas y leyes,  al otorgar un préstamo de 13 millones de dólares, equivalente a 100 millones de quetzales, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.

Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.

Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida responsable bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al.

María Bautista Hernández, originaria de la aldea Yulch´en Frontera y representante de las mujeres Chuj de la microrregión de Yichk´isis, dijo que la decisión de banco “fue un logro después de 12 años de lucha y resistencia, que marcaron un escenario de asesinatos, criminalización, violencia y división comunitaria, provocada por la empresa a su llegada al territorio, en 2013”.

La dirigente comunitaria, recordó que cuando llegó la empresa ofreció desarrollo, pero lo que en realidad ocasiones fueron impactos en la vida de las personas y en los recursos naturales. “Es lo que hemos estado manifestando y rechazando, que no queremos estos proyectos, porque han causado daños a las comunidades. También a la vida de cada persona y de cada familia. Contaminando los ríos y la tierra. Todo esto, viene a afectar las vidas de las comunidades”.

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Según María Bautista Hernández, lo que demandan las comunidades de Yichk´isis al BID “es que dejen el cerro como estaba cuando llegaron y también que retiren las represas que habían hecho para desviar el río, deben quedar tapadas las perforaciones del cerro Anlaq”, indicó.

Al ser consultada por la presencia de las fuerzas combinadas del Estado en la microrregión, respondió que insisten “en el retiro de las instituciones públicas. Tanto de la policía como del Ejército. Estas dos instituciones sabemos muy bien que están para cuidar a la empresa. Y a nosotros no nos beneficia. Al contrario, nos han intimidado, y solo hemos obtenido inseguridad al tener estas instituciones en el camino”.

^{Texto publicado originalmente en Prensa Comunitaria.}