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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas | Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

    

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

20 de abril de 2023

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

  • El próximo 24 de abril de 2023 se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que podría condenarles por defender su territorio ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
  • El poder judicial del estado de Chiapas tiene una oportunidad de proteger a los defensores comunitarios César y José Luis y con ello los derechos de los pueblos indígenas.

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacifica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas. Desde entonces ambos defensores se encuentran vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso, lo cual les impide salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo. El próximo 24 de abril de 2023 podría ser un fecha definitoria de su situacion jurídica ya que el Juzgado de Oralidad en Ocosingo tendrá lugar la audiencia de juicio oral donde se podrían condenar o declarar su libertad.

Ante las irregularidades documentadas por parte de la defensa de José Luis y Cesar, entre ellas una deficiente integración de la carpeta de investigación, la incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como diversos retrasos en el proceso por parte Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, esperamos que en la audiencia de juicio oral a realizarse el día 24 de abril de 2023 puedan poner fin al proceso injusto al que se les ha sometido. Es importante señalar que como parte del proceso de resistencia pacifica del pueblo indígena tseltal de Chilón se inició en noviembre de 2020 un juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez con numero 717/2020 el cual igualmente sigue pendiente de resolverse.

Las organizaciones firmantes vemos con preocupación las respuesta del estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, ya que cabe resaltar que este hecho de criminalización no es aislado en Chiapas, y que el patrón suele ser la vinculación a proceso por parte de autoridades judiciales sin tomar en cuenta que se trate de una medida desproporcional que busca criminalizar acciones de protesta social. En conferencia de prensa el CDH Fray Bartolomé, el Pueblo Originario de Chilón, el Pueblo Creyente Zona Chab, Familias Unidas Contra la Tortura y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Prodh, hicieron un llamado al Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo en su resolución tiene una oportunidad de demostrar que los pueblos indígenas pueden confiar en el sistema de justicia para el respeto de sus derechos y absolver a los defensores comunitarios José Luis y César.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

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Avispa Midia

Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

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Avispa Midia

Ecuador | Pueblos se organizan para expulsar a la minera británica Anglo American

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Asamblea Plurinacional Antiminera realizada el 15 de abril

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.

 

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Avispa Midia

Brasil | Bolsonaro es responsable por emitir más de 50 millones de toneladas de CO2

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto por greenpeace

La semana pasada la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, lanzó un estudio donde documenta que entre los años 2013 y 2021 la deforestación aumentó en 129% en territorios indígenas, a la par, se aceleró la minería ilegal en estas mismas zonas. Esto fue causa de la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), del cual se responsabiliza en un 59% al gobierno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un equivalente a 57 millones de toneladas de CO2.

El CO2 es uno de los principales gases emitidos hacia la atmosfera responsable por el llamado efecto invernadero, que a su vez es uno de los responsables del aumento de la temperatura en el planeta.

Solo en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se registró un aumento del 195% en la deforestación con un avance del 30% hacia tierras indígenas establecidas en la selva, alcanzando áreas anteriormente conservadas. El año 2020 es considerado como el de mayor tasa de deforestación de la década, alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados deforestados, para dar paso a la minería y la agricultura industrial.

Esta destrucción de la selva fue superada en 2021, con un aumento del 20% de salva talada, alcanzando los 13 mil kilómetros cuadrados, según constató el equipo que trabajó en esta investigación, el cual esta conformado por científicos de diez instituciones y universidades ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, además de investigadores del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia).

Por ello, el equipo de científicos sostiene que urge al actual gobierno de este país sudamericano, presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, frenar la deforestación en los territorios indígenas, ya que son considerados territorios determinantes ante la crisis climática. Así mismo se recomienda garantizar los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

Según el informe, los territorios indígenas en Brasil albergan alrededor de 700 mil indígenas y más de la mitad de ellos se encuentra en la Amazonia brasileña. Estos territorios concentran más de un millón de kilómetros cuadrados de selva tropical que contribuyen a la regulación del clima, además de albergar una gran biodiversidad y diversidad sociocultural.

“Durante el gobierno de Bolsonaro, con el debilitamiento de las instituciones ambientales y los intentos inconstitucionales de explotar económicamente estos territorios, la deforestación ha aumentado significativamente. Los resultados de nuestro trabajo, por lo tanto, son una importante contribución al nuevo gobierno en la reconstrucción del sistema de gestión ambiental del país”, valora Celso Henrique Leite Silva Junior, investigador del IPAM.

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Cátedra Jorge Alonso

Seminario “Internacionalismo crítico y luchas por la vida: hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías”

El Seminario “Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida: hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías” se realizará del 9 de mayo al 6 de junio de 2023 semanalmente y de manera virtual. La Cátedra Jorge Alonso, el GT CUTER CLACSO y les otres convocantes les invitamos cordialmente a asistir y difundir.

A seguir, los vínculos de registro para cada una de las sesiones:

Inauguración

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023/

Mesa 1

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-2/

Mesa 2

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-3/

Mesa 3

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-4/

Mesa 4

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacionalismo-critico-y-luchas-por-la-vida-hacia-la-construccion-de-horizontes-futuros-desde-las-resistencias-y-autonomias-catedra-jorge-alonso-2023-5/

 

 

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Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

¡Ni condenadxs! ¡Ni perseguidxs! Acciones por la libertad (abril-junio). Revocación de la sentencia de medio siglo sobre Miguel Peralta Betanzos

Medio siglo es lo que el poder estatal de la mano con el poder judicial pretende arrancarle a la vida del compañero Miguel Peralta Betanzos, mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, imponiéndole nuevamente una condena en prisión, al criminalizar su lucha por el respeto a la autodeterminación y en contra del caciquismo que ha abatido a los pueblos originarios de múltiples formas, dominación enraizada históricamente en los partidos políticos, cargos públicos y en el despojo de bienes comunes.

Miguel Peralta está señalado dentro un proceso penal en el que han estado involucradas mujeres y hombres en el contexto de un conflicto sociopolítico en el municipio indígena al que pertenece. En su caso, está acusado por dos delitos que le fueron fabricados, por los cuales recibió una primera sentencia de 50 años, siendo preso por casi cinco años hasta octubre del 2019, fecha en que tras un engorroso y dilatado proceso se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, cuatro meses, aún se encuentran presos sin sentencia seis compañeros y 14 más perseguidos.

Sin embargo, el 4 de marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad, girando una orden de reaprehensión e imponiendo nuevamente una sentencia de 50 años. Ante esta condena y persecución política, les llamamos a movilizarse en el marco de “Ni Perseguidxs, Ni Condenadxs. Acciones por la Libertad”, para exigir que el amparo interpuesto por Los Otros Abogadoz (defensa solidaria de Miguel), sea resuelto firmemente por la magistrada Elizabeth Franco Cervantes, con una sentencia de libertad apegada al término jurídico, es decir en el mes de junio.

Algunas propuestas para expresar su solidaridad desde sus geografías, espacios y formas son: sumarse con cartas dirigidas a la magistrada encargada de resolver el amparo; manifestaciones en las embajadas o representaciones de México; colocación de mantas; foros para difundir la condición jurídica; acciones político-culturales; videos o fotos; gráfica; y todas las acciones que ustedes consideren para exigir su libertad firme y un alto a la continua persecución que Miguel Peralta vive por parte de la familia caciquil partidista de Eloxochitlán en contubernio con el partido político en el poder estatal y federal.

Les pedimos que nos compartan sus acciones en el siguiente correo: yalibreselox@riseup.net Al FB: Libres Ya // Twitter: @ya_libres_elox

¡Los años de condena reflejan la saña con la que se persigue a quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir! ¡Alto a la persecución política! ¡Abajo los muros de todo tipo de prisiones! ¡Presxs A la calle! Les queremos en las calles! #Libres Ya Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos.

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Avispa Midia

Existe un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas: organizaciones internacionales

Fuente: Avispa Midia

En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.

Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.

“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).

Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.

Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.

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De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.

Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.

“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.

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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.

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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú

Perú | Pronunciamiento sobre el asesinato del líder Asháninka Santiago Contoricón

PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

  1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
  2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  3. IDLADS Perú
  4. OXFAM
  5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  7. Red Muqui
  8. Paz y Esperanza
  9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  10. GRUFIDES
  11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
  13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
  14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
  15. PROÉTICA
  16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  17. Instituto del Bien Común (IBC)
  18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
  19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

 

 

 

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

CIPOG-EZ denuncia falsas acusaciones

Comunidad De Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez a 13 de abril 2023
ASUNTO: falsas acusaciones del obispo
emérito, amigo del narco.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…

A los medios de Comunicación y

Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinación de autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categóricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entrañable cercanía a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran, realiza señalamientos nuevamente contra nuestra organización, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acusándonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial
municipal de tránsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicación, que en cada una señala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia católica en la entidad, que actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace señalamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es cómplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha señalado, en primer término, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un bastión del grupo paramilitar “los Ardillos” quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo emérito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos crímenes, tratan de achacarnos debido a las denuncias públicas que realizamos, mismos crímenes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la función de Halcones que realiza la policía municipal de Chilapa para “los Ardillos”, desconocemos si este supuesto asesinato de policías de tránsito corresponde al mismo policía de tránsito que fungió como “halcón” y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compañeros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fungían como policías comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernación, en la cual sus Medidas de protección fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisión de medidas y omitieron generar la evaluación de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este último compañero que capto la imágenes que lograron evidenciar el actuar de la policía municipal de transito al servicio de los “Ardillos».

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

¡NO NOS RENDIMOS!

¡NO NOS VENDEMOS!

¡NO CLAUDICAMOS!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

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Latino Rebels

La lucha de los mayas contra el Tren Maya en México

Por Diego Estebanez García

MADRID – A menudo se hace referencia como un “proyecto faraónico” y, en efecto, el Tren Maya que se está tendiendo a través de la península mexicana de Yucatán puede compararse con las obras de los faraones del antiguo Egipto.

El Tren Maya es un plan de infraestructuras que abarca 1500 kilómetros, atraviesa cinco Estados mexicanos y 41 municipios, y tiene siete tramos. Se calcula que costará unos 230.000 millones de pesos mexicanos, unos 12.700 millones de dólares.

El Tren Maya es la gran apuesta en infraestructuras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su gobierno asegura que el proyecto ha traído ya más de 100.000 empleos y que impulsará el desarrollo de una región históricamente olvidada de México a través de la atracción de turismo.

AMLO tiene como prioridad que el tren esté terminado para finales de 2023, tanto que este año aumentó su presupuesto en casi 116 por ciento. Ahora costará 146 mil millones de pesos (8 mil millones de dólares) terminar las obras que, en este momento, llevan casi 44 por ciento de avance según la Secretaría de Turismo.

No obstante, el proyecto que inició en 2018 ha desatado polémica y enojo de diversos grupos, como ambientalistas, biólogos y académicos, e incluso de la sociedad civil. Pero uno de los grupos más ignorados en esta lucha contra el megaproyecto, que es sólo una parte del más grandioso Plan Nacional de Desarrollo de AMLO, es el pueblo maya que llamó a Yucatán su hogar por más de mil años.

“No es un tren, ni es maya”, afirma Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, un movimiento nacional de pueblos indígenas de todo México. El grupo se fundó en 1996 tras el levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas dos años antes.

Sulub se encuentra en Madrid una tarde de mediados de marzo dando una conferencia sobre el riesgo y los peligros que supone el proyecto del tren no sólo para el medio ambiente o los yacimientos arqueológicos locales, sino para el propio pueblo maya y su forma de vida.

“Es un megaproyecto que articula muchos otros proyectos extractivos que ya están en la península”, explica.

Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, durante una reciente conferencia sobre las numerosas preocupaciones, tanto medioambientales como humanas, que rodean al proyecto mexicano del Tren Maya, Madrid, España, jueves 16 de marzo de 2023 (Diego Estebanez García/Latino Rebels)

Mientras muestra una presentación que detalla la historia de la lucha del pueblo maya a lo largo de las décadas, Sulub también recita cómo se han puesto en marcha las iniciativas de desarrollo desde los años 70, cuando Cancún y Playa del Carmen pasaron de ser pequeños pueblos pesqueros a los grandes reclamos turísticos al dia de hoy.

“En este contexto de 53 años de políticas que apuntan hacia el hiperturismo, se han desmantelado las prácticas tradicionales de pueblos como la Milpa Maya”, afirma.

Y no sólo se han visto afectadas las prácticas tradicionales. El turismo masivo ha provocado una destrucción a gran escala del mundo maya durante décadas.

“Está la agroindustria, que ha devastado gran parte de la selva y ha contaminado terriblemente el agua y el suelo, con el uso de agroquímicos que están presentes en el agua, incluso en la leche materna y en la orina de los niños, según los últimos estudios que se han realizado. Especialmente con el glifosato de Monsanto”, explica Sulub.

El movimiento popular maya teme que esto no haga más que agravar la situación. Los daños al medio ambiente en la zona de la Riviera Maya han sido ampliamente documentados, especialmente debido a la reciente construcción del Tren Maya. Oficialmente, el gobierno afirma que se han talado 3,4 millones de árboles para construir las vías del tren, aunque los grupos conservacionistas afirman que la estimación real podría rondar los 10 millones, todo ello a pesar de las promesas del presidente de que ningún árbol se vería afectado.

“Hay una producción increíble de madera, sobre todo la que se está serrando para la construcción. Vemos restos de árboles gigantes de caoba, y no sabemos qué se está haciendo con ellos. Vemos árboles de caoba, de zapote, de ceiba y de granadillo, que son muy valiosos y caros en el mercado y, la verdad, nadie sabe qué está pasando”, dice Sulub.

Funcionarios del gobierno han explicado en el pasado que en realidad no se han talado todos los árboles. Algunos se han trasladado a otros lugares, y dicen también que por cada árbol talado se plantará uno. También afirman que la madera se está utilizando como fertilizante orgánico.

Un referéndum en duda

En diciembre de 2019 se realizó un referéndum por parte del gobierno mexicano para consultar a los pueblos indígenas sobre la construcción y desarrollo del proyecto. Se dice que participaron unas 10.000 personas, de unas mil comunidades indígenas.

El resultado fue una aprobación abrumadora de más del 90 por ciento, aunque la votación fue criticada por grupos de la oposición e incluso denunciada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sulub afirma que no hubo una verdadera campaña de información sobre las repercusiones negativas que tendría el proyecto, y se denunció la falta de participación de los grupos indígenas.

Sulub afirma que, en realidad, aunque el Tren Maya goza de un fuerte apoyo entre los mexicanos que viven dentro de los cinco estados implicados, una gran parte del pueblo maya está en contra o expresa su preocupación por las consecuencias negativas a largo plazo que tendrá el tren.

“No podemos decir con certeza cuánta gente está en contra de este proyecto. La mayoría de la población dentro de la Península de Yucatán está a favor, pero esa aprobación hay que analizarla con su complejidad. Esa gente que en su mayoría está a favor, lo único que sabe es que necesita trabajo. El argumento de los empleos ha sido muy poderoso porque hay mucho empobrecimiento en la zona”, explica Sulub.

Uno de los principales argumentos del movimiento indígena contra el modelo de desarrollo “neoliberal”, que se ha implantado en toda la región, es que los únicos empleos que se ofrecen a los mayas son los de servidumbre.

Para los propios mayas significa convertirse, una vez más, en lacayos de una poderosa industria turística que se aprovecha y explota laboralmente a través de salarios indignos, falta de seguridad social y condiciones de vivienda deprimentes marcadas muchas veces por el hacinamiento infrahumano. Emigran de sus comunidades a las ciudades y se enfrentan a una realidad para la que no estamos preparados: inseguridad, delincuencia, trata de seres humanos”, afirma Sulub.

Añade que los impactos negativos inmediatos de las obras, así como los problemas relacionados con las drogas y la violencia que rodean a las grandes ciudades de Quintana Roo, son una gran preocupación para los mayas que viven en el sur de la península, quienes temen que esas miserias se extiendan a sus zonas.

“Existe el temor de un debate frontal en torno a estos temas, como los impactos ambientales o la violencia. Porque cuando vamos a las comunidades, hablamos con los ancianos sobre la devastación de la selva, y nos dicen: ‘No queremos eso’. Y hablamos con las madres de familia y nos dicen: ‘No quiero que mis hijas vivan lo que se vive en Cancún’, refiriéndose a la ola de narcoviolencia y feminicidios. Pero no hay protestas ni críticas directas”, se queja Sulub.

Militarización e intimidación

Este temor generalizado entre la población maya puede deberse a un cambio en la estrategia de seguridad que AMLO ha implementado en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha visto reforzada en los últimos años, abarcando desde la administración y construcción del aeropuerto más nuevo de Ciudad de México, el Internacional Felipe Ángeles, hasta la recién creada Guardia Nacional y la estrategia general del país para combatir a los cárteles de la droga.

Aunque al principio el ejército mexicano sólo se encargaba de la seguridad del proyecto, con el tiempo los militares han ido adquiriendo un control cada vez mayor sobre el mismo, llegando incluso a convertirse en los constructores de los próximos sexto y séptimo tramos de la vía férrea y de parte del quinto, después de que la empresa Grupo México abandonara el proyecto el año pasado debido al apretado calendario del gobierno. Ahora el ejército se convertirá en el administrador y operador general del Tren Maya una vez que comience a funcionar. El Secretario de Turismo anunció que los ingresos del tren se destinarán directamente al fondo de pensiones de los soldados.

“Es una continuación de la militarización que reprime la disidencia de las comunidades indígenas, que comenzó con el Movimiento Zapatista en 1994 y que llega hoy en forma de este tren”, dice Sulub, quien también sostiene que la intimidación contra los compañeros activistas se ha intensificado durante la actual administración.

Él y otros mayas también se sienten defraudados por el sistema judicial en su lucha contra este proyecto. Aunque se han presentado más de 30 recursos judiciales contra la continuación y el desarrollo de las obras por parte de grupos ecologistas como Selvame del Tren, debido a la falta de estudios ambientales o de permisos para el cambio de uso del suelo, entre otras cosas, el gobierno ha encontrado la manera de continuar con el proyecto.

La última decisión judicial fue la suspensión total de la construcción del quinto sector del ferrocarril por falta de un permiso. Sin embargo, para los activistas mayas, el daño ya estaba hecho.

Una de las estrategias del gobierno es promover el trabajo comunitario que se realiza junto al proyecto del Tren Maya.

Una plataforma internacional

Aunque Sulub ve la lucha como la de David contra Goliat, no tiene intención de rendirse. Vino a Madrid en marzo para explicar a los españoles la implicación de la principal compañía ferroviaria española, Renfe, que ha asesorado el proyecto. Subraya lo que puede ayudar a la causa hablar de la implicación de empresas extranjeras.

“Las empresas intentan mantener su reputación y su estatus en la comunidad europea, y están participando en un proyecto que está violando los derechos humanos, que está cometiendo un ecocidio”, afirma. “Debemos trabajar colectivamente. Hay empresas de Portugal, China, Francia, España que participan en un megaproyecto que viola los derechos humanos.”

Las presiones han llegado desde dentro y fuera de México. Incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hablado continuamente de los problemas medioambientales.

En las últimas semanas, un tribunal civil reunido en la ciudad de Valladolid, en el estado de Yucatán, llamado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza -formado por expertos, activistas y conservacionistas de varias partes del mundo- señaló las diversas violaciones cometidas contra las comunidades mayas por el Tren Maya.

En su veredicto, el tribunal, cuyo propósito es investigar las luchas climáticas en todo el mundo, afirmó que el megaproyecto pone a los ecosistemas y a las comunidades mayas en grave peligro de destrucción, y acusó al gobierno mexicano de violar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos individuales y colectivos, y los derechos bioculturales del pueblo maya, configurando así delitos de “ecocidio y etnocidio”.

“Tenemos que articular nuestro movimiento no sólo dentro de nuestras comunidades y territorios, sino también a nivel internacional, para que la demanda venga de todas partes, para poder sacudir el sistema económico y político que realmente está detrás de este proyecto”, dice Sulub.

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Diego Estebanez García es un periodista mexicano afincado actualmente en Madrid. Su trabajo ha aparecido en El País y El Periódico. Twitter: @DEstebanezG

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