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Autonomia y Resistencia

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Avispa Midia

Narcotráfico y gobierno coludidos en el asesinato de Samir Flores

Por Ñaní Pinto

El martes (4), el periódico El Sol de México publicó en su página de internet una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes del crimen organizado en ese estado.

En el contenido de la nota se señala que miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala  (FPDTA-MPT) habían declarado bajo anonimato que hubo una reunión, en enero de 2019, entre Blanco, Hugo Erik Flores, delegado federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y líderes del narco en la cual “se concluyó pedirle a Homero Figueroa ‘aplacar’ al líder de la resistencia contra la construcción de la termoeléctrica de La Huexca, Samir Flores”, dice la nota.

Un mes después, Samir Flores, miembro del FPDTA-MPT, fue asesinado.

En un comunicado publicado el miércoles (5), el FPDTA-MPT, por un lado, se deslinda de la declaración, “exigiendo al medio de comunicación no adjudicar información veraz o falsa a la organización cuando la misma no la declaró”.

Por otro, el Frente Popular declara que ve como “desfachatez y sin vergüenza que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores recorre notas y narcomantas que denuncian la complicidad del gobernador de Morelos y Hugo Erik Flores con el crimen organizado para ‘quitarlo del camino’”.

Un día después de la publicación de la nota por El Sol de México, el miércoles (5), apareció una narcomanta en Oaxtepec donde amenazan a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores, diciendo que “‘soltarán los datos exactos de la muerte de Samir’” y de los favores que pidieron antes de la llegada de AMLO (Obrador) a Morelos”.

“La llegada de AMLO a Morelos” se refiere a un evento oficial realizado en el Estado, el 1 de octubre de 2021, en el cual el Obrador anunció que “ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, refiriéndose a la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

Un día antes de la visita, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Samir Flores.

En aquel momento los miembros del Frente de Pueblos manifestaron que la acción representaba un montaje y oportunismo, al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca.

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El FPDTA sostuvo que las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable databan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestionó el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demostraba la protección de las autoridades hacia  los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”. Cabe destacar que el Tamalaco habría sido detenido, en septiembre del 2019, acusado de secuestro, robo y tráfico de drogas, pero fue liberado.

El abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, advirtió, en aquel momento, que el caso no se cerraba con la detención anunciada. Al contrario, la investigación continuaba para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

Narcos: secretaría del Terror del Estado

En el comunicado del pasado miércoles (5), el Frente de Pueblos sostuvo que el 24 de septiembre de 2020, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo en modo retador al Fiscal del Estado que él sabía quién había mandado matar a Samir, pero no lo decía por miedo. “Mientras el Fiscal del Estado está siendo investigado por vinculación con el crimen organizado a nivel federal; en Morelos, como en México, ya no se sabe si el gobierno, gobierna con el narco, o el narco gobierna al gobierno”.

El crimen organizado se ha convertido en la “Secretaría del Terror del Estado mexicano que gobierna nuestros estados e impone los megaproyectos por medio de estos crímenes. Y ahora que se dicen traicionados, comienzan al parecer, a denunciar sus sucios tratos”, evalúa el Frente de Pueblos.

El Frente de Pueblos hace un llamado. “Si queda algún grado de decencia en las instituciones de persecución judicial, deben investigar los posibles vínculos de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores y Uriel Carmona con el crimen organizado y el asesinato de nuestro hermano Samir Flores, deben llamarlos a declarar sobre todo lo denunciado en mantas y medios de comunicación”.

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Avispa Midia

Brasil | Pueblo Munduruku denuncia freno de Bolsonaro para reconocer sus tierras

Por Ñaní Pinto

Fotos: Aldo Santiago

El pueblo Munduruku que vive en el curso medio y alto del río Tapajós, un largo y caudaloso río amazónico en Brasil, y los pueblos Kayapó y Kumaruara se reunieron entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021, en asamblea general, para discutir la situación de la demarcación (reconocimiento legal) de sus territorios y los frenos puestos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien busca reactivar megaproyectos de hidrovías, ferrovías, puertos, minería y hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós.

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Uno de estos proyectos es la hidroeléctrica São Luiz do Tapajós, que impacta directamente la Tierra Indígena Sawre Muybu, todavía en proceso de demarcación. El territorio del pueblo Munduruku está dividido administrativamente en distintas tierras indígenas, demarcadas por el Estado brasileño.

“En toda la cuenca del río existen marcas de nuestros ancestros y está llena de sitios importantes para nuestra existencia como pueblo. Sin embargo, el gobierno y las empresas no dejan de sorprendernos. Quieren destruir nuestro territorio y la vida del pueblo Munduruku”, sostienen los indígenas en una carta, resultado de la asamblea general.

Específicamente, la demarcación del territorio Sawre Muybu ya estaba a punto de seguir para su fase final, sin embargo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, quien mantiene vinculación histórica con latifundiarios, pidió una revisión echando para bajo el proceso. “Bolsonaro fue elegido con la promesa de que no demarcaría un centímetro de tierra indígena y lo está cumpliendo”, afirman en la carta.

Los indígenas denuncian que territorios que ya fueron homologados también están amenazados. El gobierno federal busca, por ejemplo, reducir parte de la Tierra Indígena Kayabi, localizada en el estado de Mato Grosso. Hubo una decisión judicial para suspender su registro en notaría pública. En esta región existen sitios sagrados localizados en el río Teles Pires  – como Karobixexe y Dekoka’a – que ya fueron destruidos por dos hidroeléctricas.

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Mientras la demarcación de la tierra indígena Sawre Ba’pim está desde hace diez años en el proceso inicial, los indígenas denuncian que los territorios demarcados Terras Munduruku y Sai Cinza continúan siendo invadidos por la extracción de minerales, que provocan la destrucción de los ríos y bosques, enfermedades y violencia.

Los indígenas, en su carta, sostienen que no van a esperar más, “ya hicimos la autodemarcación en las Tierras Indígenas Sawre Muybu y sabemos como accionar cuando el Estado no cumple su papel”.

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Camino al Andar

La Europa de abajo exige el alto al fuego en Aldama

Por Carlos Soledad

 Fotografía: Carlos Ogaz / CDH Frayba

El Estado de Chiapas lleva mucho tiempo hecho un polvorín. En palabras de la comandancia del EZLN “Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil”[1]. Hace unos meses denunciaron que el gobierno de Rutilio Escandón (Partido Verde, disfrazado de Morena) está haciendo todo lo posible para desestabilizar Chiapas y tal vez así golpear al gobierno federal de AMLO (Morena). Por ejemplo, reprimiendo con violencia a los normalistas rurales, saboteando los acuerdos entre el magisterio democrático y el gobierno federal, aliándose con narcotraficantes, realizando una campaña de vacunación lenta y desordenada, así como, robando presupuesto estatal.

El pasado 11 de septiembre, miembros de la ORCAO, organización paramilitar al servicio del gobierno del Estado de Chiapas, secuestraron a los zapatistas Sebastián Núñez Perez y Jose Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva. El Ejército Zapatista aseguró en su comunicado que: “si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, fue por la intervención de párrocos progresistas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en Europa, se realizaron”.
El caso de las comunidades del municipio de Magdalena Aldama, ubicado en el centro del Estado, en los Altos de Chiapas, es dramático y muy delicado, la situación pende de un hilo. Estas comunidades son habitadas por bats`i vinik-antsetik, pueblo orginario tzotzil. Desde hace varios años son asediados por la paramilitarización. En los cables que envían a la sociedad civil reportan casi todos los días, varias veces: “Nos tienen rodeados de disparos de altos calibres”, “retornan de nueva cuenta los disparos”, “disparos de altos calibres percutidos por grupos armados”.
El conflicto viene de lejos. En una resolución presidencial de José López Portillo en los años 70s le entregaron a la comunidad de Santa Martha (poblado Manuel Utrilla) 60 hectáreas, las cuales le pertenencían al municipio de Santa María Magdalena Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en un convenio en 1977 respetar el derecho de posesión. No obstante, los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exigió la devolución de las hectáreas. En el año 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor, otra vez, de los 115 comuneros de Aldama.
Sin embargo, en el año 2016, las y los comuneros de Aldama aseguraron “que el conflicto se recrudenció con el despojo de las tierras durante el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas”…“Fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente”. Además, los pobladores de Aldama señalan que “dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojadas y amenazadas a puntas de armas de fuego y fueron refugiadas en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”.
La organización La Voz del Pueblo de Tan Joveltik de las comunidades de Magdalena Aldama, vienen denunciando desde hace meses un contexto de paramilitarización con agresiones muy violentas. El gobierno estatal actúa como un convidado de piedra, sospechosamente omiso. “La lluvia de balas permite ir “limpiando” el terreno, arrancado a sus pobladores legítimos. ¿Con qué fin? La versión más referida es que se trataría de un tramo estratégico para el trasiego ilegal de armas, drogas y personas, muy generalizado últimamente” se hipotetiza en Ojarasca[2].
Decenas de hombres armados, no identificados, ingresan a Santa Martha a cualquier hora, amedrentando a la gente. En su último comunicado, las comunidades de Magdalena Aldama señalan que desde 2016 “somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. En fechas recientes llegan a ser 30 o 40 ataques en un solo día. Desde el inicio del año 2020 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad afectando a “12 comunidades y a alrededor de 5000 personas que han sido afectadas y victimas de estas agresiones”. En el mes de octubre pasado, las agresiones con armas de fuego comenzaron a realizarse diariamente. Ahora mismo, en las comunidades se pueden observar impactos de bala en coches, máquinas y láminas. Han salido desplazadas unas tres mil personas para refugiarse de las balas y las bombas este mes de noviembre.
Ante la situación de las comunidades de Magdalena Aldama, la Europa de abajo y a la izquierda se ha sumado a sus exigencias. En un comunicado enviado a las autoridades estatales y federales competentes, respaldado por más de 40 organizaciones europeas de países como el Estado Español, Catalunya, País Valencià, Inglaterra, Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Euskal Herria, Reino Unido, Suiza, Portugal y Holanda, exigen el cese a las agresiones paramilitares, hacen responsable de la vida de las personas de las comunidades de Aldama a los tres niveles del gobierno de México, exigen justicia para la región y la liberación inmediata e incondicional de su compañero Cristóbal Santiz Jiménez[3].
Tras la “Travesía por la vida” de las y los zapatistas por Slumil K’ajxemk’op (Tierra Insumisa) como han rebautizado a la vieja Europa la solidaridad se ha extendido como la pólvora. El caso de las agresiones a las comunidades de Magdalena Aldama ha tocado su corazón y ha puesto en alerta a las organizaciones europeas. La solidaridad internacional busca presionar, denunciar y exigir justicia al gobierno mexicano y chiapaneco para que cese el fuego y se acabe con la lacra del paramilitarismo en la región.

[1] http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/ [2] https://ojarasca.jornada.com.mx/2021/11/12/aldama-experimento-del-futuro-295-5370.html [3] https://asambleadesolidaridadconmexico.wordpress.com/2021/11/11/organizaciones-europeas-exigen-el-alto-a-la-violencia-paramilitar-en-magdalena-aldama-estado-de-chiapas-la-voz-del-pueblo-de-magdalena-aldama-chiapas-somos-un-pueblo-que-vive-bajo-la-lluv/

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Al Faro Zapatista

Al Faro Zapatista – Homenaje [Libros para descargar]

Te invitamos

a caminar la iniciativa Al Faro Zapatista. Homenaje, mismo que tiene como fin acuerpar la Gira por la Vida que zapatistas y miembrxs del CNI-CIG realizan en la Europa Insumisa, a la vez que sumarnos a la exigencia de

¡Alto a la guerra contra los territorios zapatistas, contra las mujeres, las cuerpas diversas, los pueblos y la humanidad!

 Te compartimos

Los primeros 10 libros de la Colección descarga libre en el sitio web:

http://alfarozapatista.jkopkutik.org/

No dejes de ver el videolanzamiento

https://youtu.be/0TzDtQjvMok

 

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Radio Zapote

Nuevas agresiones en comunidades del CIPOG-EZ por “Los Ardillos” y el ejército

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

29 de diciembre de 2021

Hermanos y hermanas de México y del mundo. Como ya lo hemos venido denunciando, la violencia que vivimos en nuestras comunidades por parte de los grupos narco-paramilitares, no cesa. En esta ocasión, el grupo delincuencial “Los Ardillos”, incursionó el día 27 de diciembre en nuestras comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. Este tipo de incursiones, han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades, por lo que dimos aviso a la Guardia Nacional, apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de “realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva” de las comunidades que integran al CIPOG-EZ.

Frente a nuestra llamado a la Guardia Nacional, llegó personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), policía estatal y municipal de Chilapa, así como la fiscalía del estado, pero no para enfrentar al grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, ni para detener la incursión de este grupo delincuencial, sino para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la SEDENA y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran.

El día de ayer, 28 de diciembre, el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con nosotros y nosotras, a llamar la atención a la SEDENA, para que se respete a la población, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán. Nosotras y nosotros, no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la SEDENA, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos. Sepan que nuestros compañeros no portan armas por gusto, sino por orden de las comunidades, por la defensa de la vida ¿que no saben que la Policía Comunitaria es una construcción de las mismas comunidades para defendernos de la violencia porque el Estado no ha sido capaz de hacerlo? no queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo.

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Prensa Comunitaria

Guatemala | Hace 25 años se firmó la paz, las víctimas del conflicto señalan regresión y violencia

Por Juan Calles

“Denunciamos que el Estado de Guatemala y estos gobiernos enterraron los Acuerdos de Paz y estamos en las vísperas de una nueva confrontación social”, expresó Miguel Itzep coordinador del movimiento de víctimas del Conflicto Armado Interno CAI

Con ofrendas de flores, comida, granos y cereales se realizó una ceremonia maya en la plaza central esta mañana; en idioma maya un guía espiritual pedía al corazón del cielo, al corazón de la tierra que las víctimas del Conflicto Armado Interno, CAI, encuentren justicia, encuentren respeto. El fuego sagrado crepitaba como acompañando las manifestaciones que a 25 años de la firma de la paz dejaban escuchar el reclamo de regresión, injusticia y violencia.

Durante los 36 años que duró el CAI en Guatemala se registraron más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desaparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños. Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye al ejército de Guatemala y sus grupos paramilitares y el 3% a la guerrilla.

Las víctimas y familiares de víctimas del CAI se reunieron esta mañana en la plaza central de la ciudad de Guatemala; allí se dio lectura a un comunicado en el que se acusa al actual gobernante Alejandro Giammattei de desmantelar la institucionalidad de la paz, y de mantener una agenda de regresión violenta y de cierre de espacios democráticos.

“Después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción porque las cosas siguen igual. Los empresarios depredadores se siguen enriqueciendo pagando, salarios miserables mientras las comunidades indígenas viven en extrema pobreza, cada día se profundiza más la desigualdad, La discriminación y a la corrupción”. Se leyó en el comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

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Avispa Midia

Zapotecas resaltan desafíos tras lograr la primera concesión comunitaria del agua

Por Samantha Demby

El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.

Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.

El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.

De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.

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Avispa Midia

Brasil | Denuncian estrategia del Estado para garantizar la mercantilización de la naturaleza

Por Sare Frabes

En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.

Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.

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Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.

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Prensa Comunitaria

Chiquimula: la unidad de los pueblos para detener la minería y la corrupción

Por Amilcar Morales y Nelton Rivera

El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.

“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.

La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala.  El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.

“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.

El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.

A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.

En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por  Nuevo Día y cuatro organizaciones más.

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Avispa Midia

Zapotecas exigen que Sener respete suspensiones judiciales contra EDF

Por Sare Frabes

La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).

Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.

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En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.

La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.
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