Por Desinformemonos.- El 6 de marzo de 2016, la comunidad indígena de Amilcingo, cansada de los partidos políticos y los caciques que más de diez años los usaron al pueblo para conservar el poder,decidió en asamblea general comunitaria,regresar al sistema de elección y gobierno por usos y costumbres.
En el sistema de usos y costumbres no hay campañas políticas, la comunidad es quien discute y analiza quien puede ser su próxima autoridad porque haya demostrado honestidad, trabajo y vocación de servicio al pueblo.
El municipio de Temoac, Morelos pretendió hacer caso omiso de la decisión de la Asamblea general comunitaria y,aunque es un derecho reconocido en el Artículo 2 Constitucional “elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades para el ejercicio de sus formas de gobierno”.Con el argumento de “que los usos y costumbre son cosa del pasado y solo se usan para el día de muertos”, intentó instalar urnas en la comunidad el 18 de marzo de 2016.La comunidad se reunió para impedir la violación de sus derechos.
Después de un año de conflicto, represión y violencia, finalmente,el sábado 20 de mayo a las 9 horas, la población indígena de Amilcingo realizó su Asamblea general para elegir a sus autoridades por usos y costumbres y defender así su derecho a la libre autodeterminación. Las presiones a través de la imposición de la presencia de policía en el lugar no se hizo esperar.
Los resultados de la Asamblea fueron contundentes, en Amilcingo ganó la dignidad: 651 votos del pueblo contra 350 del cacicazgo político. En tierras zapatistas el pueblo manda señaló la comunidad de Amilcingo
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Amilcingo exige respeto a sus usos y costumbres
Por Agencia SubVersiones.- El pasado martes 16 de mayo de 2017, habitantes de Amilcingo, Morelos dieron una conferencia de prensa para denunciar las imposiciones en la elección de ayudantes municipales que ha cometido el ayuntamiento priista de Temoac y las autoridades electorales, faltando al respeto de los usos y costumbres de esta comunidad indígena.
Para los pueblos indígenas que conforman el municipio de Temoac —Amilcingo, Huazulco, Popotlán y Temoac—, la autonomía municipal y la libre determinación están ligadas a las luchas sociales que sucedieron en la región en la década de 1970, impulsadas por un joven maestro normalista de Amilcingo llamado Vinh Flores Laureano, que resultaron en la creación de la Normal Rural para mujeres en Amilcingo, el Centro de Estudios Técnico Agropecuarios 39 en Temoac y la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. En 1976, ante el cacicazgo económico y político que ejercía el PRI desde la cabecera municipal, dichos pueblos decidieron separarse del municipio de Zacualpan de Amilpas y conformar el municipio libre de Temoac en asamblea general por usos y costumbres, que fue reconocido oficialmente el 17 de marzo de 1977.
Con el paso de los años, los partidos y las elecciones por urnas fueron entrando de nuevo al municipio. Ahora, la lucha de resistencia y rebeldía que Amilcingo ha emprendido llevó a la comunidad a regresar, hace más de un año, a la elección de sus autoridades por usos y costumbres mediante asamblea general comunitaria. Sin embargo, la alcaldesa priista del municipio de Temoac, Edith Cornejo Barreto, y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), avalados por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), pretenden imponer condiciones en la elección de ayudantes municipales, como el uso de credenciales de elector y la presencia de la fuerza pública en el pueblo durante la asamblea, violentando la libre determinación y los usos y costumbres de la comunidad indígena de Amilcingo. Eliezer Zamora, habitante de Amilcingo, durante la conferencia de prensa expresó:
Queremos el respeto del IMPEPAC, que nos respete como pueblo indígena que somos; que nos respete el Tribunal Electoral, como pueblo indígena que somos, como así la Secretaría de Gobierno también queremos que nos respete, que no pretenda mandar fuerza pública, ya que en nuestros nombramientos de ayudantes municipales nunca hemos requerido del IMPEPAC, del Tribunal o de la fuerza pública. Siempre que hemos nombrado, lo hemos hecho de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
En Amilcingo los partidos políticos no tienen credibilidad, por eso el pueblo ha decidido que sea la asamblea comunitaria quien decida sobre el modo de elección y el nombramiento de autoridades y representantes. El pasado 5 de marzo, el pueblo de Amilcingo eligió a sus ayudantes municipales por usos y costumbres en asamblea comunitaria, escogiendo a un hombre y dos mujeres, con sus respectivos suplentes, para ejercer el cargo un año cada uno. Ya desde el 29 de febrero habían entregado un documento con más de 700 firmas al IMPEPAC, donde advertían que la elección se realizaría por usos y costumbres; sin embargo, el ayuntamiento de Temoac emitió una convocatoria para realizar la elección por medio de urnas y votos el 18 de marzo.
Ante esto, la comunidad de Amilcingo presentó una controversia ante el TEE, el cual terminó reconociendo —después de un peritaje antropológico realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)— su derecho como pueblo indígena a elegir autoridades por usos y costumbres, en asamblea comunitaria, a mano alzada, sin intervención de las autoridades del ayuntamiento de Temoac, aunque determinó que éste tendría que convocar de nuevo a la elección de ayudantes municipales.
Aunque el dictamen otorgaba 20 días hábiles al gobierno municipal para emitir la convocatoria, el ayuntamiento de Temoac no lo hizo sino hasta el 3 de abril, cuando anunciaron que la elección sería el 6 de abril y contaría con la presencia de la policía municipal. Durante ese tiempo, la alcaldesa priista Edith Cornejo utilizó la estructura municipal para repartir apoyos, programas y promesas a cambio del voto por su grupo.
El peritaje antropológico del INAH, además de confirmar los derechos de libre determinación del pueblo indígena de Amilcingo, demostró también que existe un cacicazgo vinculado al PRI y dirigido por Humberto Sandoval, secretario general de la Central Campesina Cardenista que ha impedido por más de cuatro años que la comunidad tenga reconocida su autoridad por usos y costumbres. Ahora que por fin hay posibilidad de llevar a cabo la elección, la comunidad de Amilcingo pide las garantías de que no vaya a haber fuerza pública o agresiones.
La comunidad sólo quiere ejercer su libre determinación para elegir a sus autoridades en paz, pero el ayuntamiento está imponiendo la policía en la elección para defender sus propios intereses, dicen los habitantes de Amilcingo. Nunca se ha visto eso en la comunidad, nunca se ha necesitado el uso de la fuerza pública en las elecciones por usos y costumbres. La policía sólo va a provocar, quieren meter la fuerza pública sólo para intimidarnos, comentan pobladores. Por eso, la comunidad exigió condiciones para la asamblea general comunitaria que se llevará a cabo hoy sábado 20 de mayo a las 9:00 de la mañana, y en la que habrá observadores tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de que será transmitida en vivo por el Frente de Pueblos Morelos-Puebla-Tlaxcala, por la Radio Comunitaria Amiltzinko y otros medios libres.
(Videos vía Cholollan Radio Comunitaria y Agencia SubVersiones)
La mañana del jueves 18 de mayo, integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla presentaron en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez una propuesta alternativa al proyecto carretero que Grupo Higa ha pretendido imponer ilegalmente en su Bosque Sagrado del Agua desde 2008.
Xochicuautla lleva casi diez años envuelta en un conflicto legal con el gobierno estatal y Grupo Higa ya que no están dispuestos a que el proyecto carretero privado Toluca–Naucalpan les separe de su bosque. Durante este tiempo, la comunidad se ha enfrentado a continuas amenazas, hostigamientos, a la tala ilegal, a la detención de 22 personas de la comunidad por obstrucción de las obras y a la violación constante de los derechos humanos y derechos indígenas de la comunidad.
En la actualidad, ante el proyecto que estaba previsto entrar en circulación en 2015 y con ocho amparos a su favor –tres de los cuales con suspensión definitiva del proyecto–, la comunidad presenta una propuesta para la carretera que sí les permite salvaguardar la reproducción de su vida cultural y que posibilita la libertad de tránsito entre los miembros de la comunidad y el bosque:
“Porque no queremos que nuestro territorio quede confinado, sino que podamos permanecer junto a nuestro bosque y a nuestros lugares sagrados, en la comunidad hemos acordado un proyecto diferente; un proyecto alternativo de ingeniería ambiental –probado en otros países– basado en túneles y puentes” dice José Luis Fernández, vocero de la comunidad.
La apuesta de la comunidad trata de poner sobre la mesa un proyecto más acorde a su contexto y que sea verdaderamente de vanguardia, no como presume la empresa Autovan: autopistas de vanguardia; el proyecto alternativo sí contempla los impactos socioambientales: “Han presumido autonombrándose ser “autopistas de vanguardia”. De vanguardia nosotros no le vemos nada, son solo carreteras donde derriban árboles, derriban montes y rellenan barrancas”, expresó Armando García Salazar.
El gobierno se aferra en defender la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, que no servirá para que los automóviles vayan más rápido, sino para acelerar la integración de Tepoztlán y el oriente de Morelos al proyecto capitalista de desarrollo metropolitano y ampliación de la Ciudad de México. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentan que los comuneros que interpusimos el amparo no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio. Nos están negando nuestro legítimo derecho de libre autodeterminación, seamos doce o seamos mil. Avalando la ampliación La Pera-Cuautla están legitimando la desaparición forzada de Tepoztlán.
Tepoztlán somos pueblos indígenas. Tenemos memoria, tenemos dignidad. Tenemos todo el derecho y el legítimo interés de rechazar cualquier proyecto o programa que nos destruye como pueblo, aunque los magistrados de la ciudad determinen infundado nuestro amparo, argumentando que no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio y defendernos de la desaparición forzada de Tepoztlán como pueblo indígena. El dinero, el medio de destrucción más voraz de este sistema capitalista, está desapareciendo forzadamente a Tepoztlán cada día, cada vez más y de manera más burda, más cínica, más grosera.
El programa de Pueblos Mágicos impone un “aura” de atracción mercantil para el turismo nacional e internacional que facilita el despojo y la venta de la memoria y de la identidad cultural de los pueblos indígenas. El programa de Pueblos Mágicos es una estrategia de despojo y destrucción de los derechos y cultura de los pueblos indígenas a través del turismo y la industria de servicios, que destruye la integralidad del territorio. El programa de Pueblos Mágicos destruye brutalmente nuestro mundo, nuestro pueblo y nuestra cultura indígenas, y va deshabilitando nuestra capacidad de preocuparnos por las consecuencias de nuestras propias acciones.
Hace unos días, uno de los españoles que para las autoridades sí tiene interés legítimo sobre nuestro territorio, amparado por la cobertura de que Tepoztlán sea Pueblo Mágico, fue encontrado realizando actividades sin permisos de “ecoturismo” como le dicen, en este caso volando con parapente, aunque también hacen escalada, cañonismo, senderismo y otras actividades. Cuando se le fue a buscar, se le encontró haciendo sus necesidades en el bosque, en área natural protegida. Al ser cuestionado, respondió arrogantemente a un tepozteco: “Yo me puedo cagar en tu pueblo cuando yo quiera porque tengo el dinero para hacerlo, el dinero que tú no tienes ni siquiera para ir a España”.
Del 15 al 17 de abril se llevó a cabo el sexto aniversario del levantamiento de Cherán, Michoacán. Se realizó el tradicional desfile con la participación de la Ronda Comunitaria, el cuerpo de Guardabosques, estudiantes, comuneros y comuneras, así como representantes de los distintos concejos. Se presentaron actividades culturales y se realizó el encendido de las tradicionales fogatas, que representan la esperanza y el núcleo de resistencia del pueblo p’urhépecha.
El repique solemne de las campanas de la Capilla El Calvario aún toca los corazones de los comuneros de Cherán, Michoacán. La madrugada del viernes 15 de abril de 2011 fue una fecha inolvidable para sus habitantes, ya que ese día, ante un hartazgo por la pérdida del patrimonio natural de sus bosques —fueron devastadas 20 mil hectáreas a lo largo de tres años—, decidieron frenar a los madereros que talaban impunemente sus áreas boscosas.
«¡Basta, basta! ¡No más! ¡Hasta aquí!», gritaban las mujeres, quienes tuvieron un importante papel durante todo el movimiento. Con estas voces, que surgían desde el interior del municipio enclavado en la Meseta P’urhépecha, y que dilapidaban coraje, justicia y fuerza por la pérdida de la madre naturaleza, despertó el pueblo entero de Cherán.
Hace seis años que surgió este gesto de rebeldía para recuperar las raíces y la memoria histórica de este sitio originario, ubicado al suroeste de México, y en su mayoría, habitado por indígenas p’urhépechas. Actualmente, es referencia de un pueblo unido que lucha por su autonomía, por preservar sus usos y costumbres y por globalizar el movimiento de resistencia. Así lo comentó Miriam Jazmín Tapia Romero, estudiante de secundaria, durante el acto cívico del sexto aniversario de la lucha «por la defensa de nuestros bosques en Cherán»:
Hoy, 26 de abril de 2017, el ministro José Fernando Franco González Salas y los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrían que resolver el Recurso de Reclamación 1880/2016 contra el acuerdo dictado por el presidente de la SCJN en el cual desechó un primer Recurso de Revisión en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que considera que comuneros habitantes de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no tienen interés legítimo para interponer amparos en contra de la construcción ilegal de infraestructura en su territorio. Por esta razón comuneros, población tepozteca, avecindada y solidaria acudirá a la SCJN a realizar un mitin a las 11:00 am para conminar a los magistrados para que se haga justicia y se respete la legalidad en el marco de la problemática por la ampliación de la autopista La Pera–Cuautla en Tepoztlán, es decir que, para empezar, se reconozca la legitimidad de los quejosos para interponer un amparo.
«Si la 2ª Sala de la SCJN rechaza nuestro Recurso de Reclamación en contra de la ampliación La Pera-Cuautla en el ANP de Tepoztlán, el Poder Judicial estaría avalando un evidente despojo en contra de la población indígena de Tepoztlán» declararon pobladores, quienes subrayaron que ello abriría la puerta para que el gobierno y las empresas continúen adueñándose de Áreas Naturales Protegidas para hacer negocios y contribuir a la destrucción ambiental.
Asimismo, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) dieron a conocer su alarma e indignación ya que desde hace más de un mes se reiniciaron los trabajos de ampliación de la autopista La Pera – Cuautla a cargo de la empresa Tradeco. «Es absurdo pensar que doce comuneros reconocidos en el Registro Nacional Agrario no tienen interés legítimo en interponer un amparo para proteger su territorio» comentó Roberto Robles, vocero de los Frentes, durante una rueda de prensa realizada el 18 de abril de 2017, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde anunciaron sus acciones siguientes.
Comunicado en el contexto de la segunda convocatoria para elegir Comisariado de Bienes Comunales en San Francisco Xochicuautla.
Comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma; Estado de México, a 25 de abril de 2017
A la sociedad en general.
A los medios de comunicación
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A un año del acto más violento para la comunidad de San Francisco Xochicuautla, el 11 de abril de 2016 la empresa Autovan de Grupo Higa custodiada por más de 800 policías demolió la casa del Dr. Armando.
Ayer 24 de Abril de 2017 nuevamente se presenta una violación más de derechos humanos, en el contexto de la segunda convocatoria para elegir Comisariado de Bienes Comunales en nuestro pueblo ñätho de Xochicuautla, el gobierno de Eruviel Ávila desplegó policía en diversos puntos de la comunidad, invadió el patio un jardín de niños, causando pánico entre ellos.
El ingreso de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad del Gobierno del Estado de México y el Mando Único, quienes sitiaron el salón comunal, se encontraban armados con escopetas, lanza granadas y todos contaban con equipos antimotines, en la asamblea se detectó personal de la empresa Grupo Higa, la constructora favorita de gobierno de Enrique Peña Nieto, gobernación del estado de México y la Procuraduría Agraria, quienes no permitieron la entrada a comuneros acreditados que sabían no son afines a sus intereses, aunque presentaban todos sus documentos.
Con estas acciones, las autoridades y la empresa violentan una vez más las medidas cautelares de protección a los derechos humanos que ya tiene la comunidad emitidas por la CNDH y la CIDH.
Dentro de la asamblea como es costumbre se llevó a cabo de forma ilegal, comprando consciencias, intimidando y no permitiendo votar a los comuneros que se negaron a firmar la hoja de asistencia, con policías al interior del recinto. Una vez más la corrupción, la ambición, el abuso de poder, se refleja en nuestra comunidad al obtener la mayoría de votos e imponer a personas que le dan seguimiento a la corrupción y sirven para tapar las anomalías de la representación de bienes comunales salientes.
Además del reparto de dádivas y la difamación en contra de defensores del territorio, una de las principales estrategias del gobierno del Estado de México es mantener y controlar la autoridad comunitaria de Xochicuautla en manos de personas afines al Partido Revolucionario Institucional. Estas personas quienes en asambleas no cumplen con los requisitos que establece la Ley, han aprobado el paso de la autopista recibiendo gran cantidad de recursos económicos de los cuales la comunidad no tiene conocimiento.
Por todo el país es sabido que, para imponer la autopista Toluca-Naucalpan en el Bosque sagrado Otomí existe una estrategia de división y cooptación para desgarrar el tejido social de los pueblos que se interponen en su paso. Pero como lo hemos dicho y como lo realizamos el pasado sábado en el “Dialogo de Saberes” seguiremos trabajando dentro de nuestras comunidades, articulándonos con otros pueblos que como el nuestro son violentados, seguiremos vinculándonos, compartiendo saberes con comunidades, colectivos, organizaciones, universidades, etc. agradecemos a todas y todos los que nos han acompañado en estos 10 años de resistencia, y que el pasado sábado llegaron hasta nuestro territorio ñätho a platicar sobre lo que está pasando y sobre las soluciones que podemos dar a cada conflicto en diferentes espacios, por medio de diferentes conocimientos y saberes.
Le hacemos un llamado a la sociedad en general a estar pendientes de lo que suceda en los próximos días, no solo en nuestra comunidad, si no en el país y sobre todo en el estado de México, donde se está llevando a cabo una serie de violaciones, hemos sido testigos de cómo en el estado de México se están llevando campañas sucias para otra elección corrupta del estado para elegir gobernador.
Xochicuautla comunidad guerrera, seguiremos en pie de lucha enarbolando nuestra bandera de dignidad, seguiremos firmes diciéndole al mal gobierno que el pueblo manda y el gobierno obedece. Repudiamos a quienes pretenden violentarnos, a quienes nos amenazan y reprimen.
Cd de México. 19 de abril. “Tenemos con qué; nuestros antepasados fueron capaces de levantar una cultura, una civilización y vamos a hacerlo otra vez, la historia no ha terminado”, expresaron integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), en respuesta a los que cuestionan su propuesta de crear un Concejo Indígena de Gobierno (CIG), y que la vocera de dicho concejo sea candidata a las elecciones presidenciales en 2018. “Abajo algo bien profundo se está moviendo, si hay esperanza, si se puede hacer un nuevo país”, indicaron l@s vocer@s indígenas dentro del Seminario “Historia del CNI, Pasar a la ofensiva: Hacia un Concejo Indígena de Gobierno”, en el foro José Revueltas, del auditorio Che Guevara, en la UNAM.
“Nos costó 20 años para prepararnos para todo esto; 20 años de conocernos, de hablarnos, de aprendernos”, explicó el maestro Filo, delegado nahua del CNI de Puebla. El docente preciso de con respecto al símbolo del CNI, que la serpiente de cascabel es el símbolo de la tierra; ella nos avisa, nos está diciendo algo, abundó. “La tierra, la madre está sonando sus cascabeles; pero para esto hay que callar, hay que saber escuchar, lo que nos está diciendo es: paren este horror, esta destrucción, este caos, toda esta muerte, porque si no lo hacen entonces algo va a pasar”, alertó el luchador social.
Por su parte Magdalena García Durán, indígena mazahua delegada del CNI, radicada en la ciudad de México, indicó que la propuesta del CNI, ha sido aprobada por 66 etnias, 43 pueblos y 523 comunidades, de 25 estados. La convocatoria del CNI, también va dirigida a estudiantes, trabajador@s, amas de casa, pobres, indígenas, no indígenas, “nos toca por igual lo que estamos viviendo: vamos por todo”, afirmó la vocera.
El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».
En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.
EJIDO DE TILA CHIAPAS, MEXICO, a 18 de abril del 2017
A la opinión publica
A la prensa nacional e internacional
A los medios libres e independientes
A los defensores de derechos humanos no gubernamentales independientes
A los adherentes a la Sexta de la selva lacandona
A los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indigena
A la Comisión Sexta del EZLN
A los compañeros y compañeras de los diferentes pueblos y organizaciones que luchan por justicia y dignidad de México y el Mundo.
Les saludamos a todas las personas y organizaciones de parte de los compañeros y compañeras adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejido de Tila, Chiapas, México; deseándoles mucho ánimo en la lucha por el derecho a la vida, a la tierra y por un mundo mejor.
Desmentimos públicamente lo que han estado circulando en las redes sociales hace unos días y en donde también el “Comite de de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa” que ha lanzado un comunicado contra nuestro ejido y autoridades con una información totalmente falsa donde supuestamente que ejidatarios y pobladores en el Ejido Tila han informado que se les ha violado sus derechos humanos cuando realmente son ejidatarios que se han aislado y únicamente se dedican a vender sus tierras porque dependen de las migajas que reciben por ser aviadores de partidos políticos y se han olvidado del valor de la madre tierra y que son los que están desestabilizando la paz de nuestras comunidades en el ejido.
Queremos hacerles saber que la autonomía del ejido no es buscar ningún derramamiento de sangre, ni es secuestradora y mucho menos esta para violar los derechos humanos; sino que, se traduce en respetarlas todas las garantías individuales y colectivas que enmana nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos, y lo que se busca es la armonía sin distinción alguna que sea pareja para todas y todos en favor de la paz.
Hemos estado amenazados por la intromisión de paramilitares organizado por un grupo de interesados en coordinación del ayuntamiento por intereses de ellos mismos y no para beneficio de la sociedad. se expulso el ayuntamiento porque lleva setenta y dos años que nos quiere arrebatar 130 hectáreas de terrenos ejidales que es el poblado de tila y sus alrededores y así poder nulificar nuestros documentos presidenciales, porque estaba asentada ilegalmente en terrenos ejidales asi como nuestros documentos nos respalda. Por eso como pueblos indígenas se retoma la autonomía y la autodeterminación de nuestro régimen de gobierno sustentada en el convenio 169 de la OIT sobre derechos y cultura indígena, al artículo 2 constitucional y en base al artículo 39 de la Constitución modificamos la forma de gobierno de autogobernarnos como asamblea por ser totalmente ejido bien documentado nuestro derecho.
