La pandemia esta siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedan en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se deterioran de forma ostensible. Los pueblos se rebelan y las derechas y la represión se radicalizan.

El fin del ciclo progresista no fue seguido por la instalación de gobiernos de la derecha, algo que realmente sucedió pero de forma diferente a la habitual, ya que se abrió un período de crisis de la gobernabilidad.

Lo que nos enseñan las gestiones de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador y en su momento de Jeannine Añez en Bolivia, al que podría sumarse el de Sebastián Piñera en Chile, es la enorme dificultad para estabilizar sus gobiernos. Esta nueva realidad no se desprende mecánicamente de la situación económica, porque encontraron sociedades poco dispuestas a aceptar el autoritarismo y la profundización del neoliberalismo extractivista.

Incluso antes de la pandemia, hubo levantamientos populares que cuestionaron los planes de las derechas, en particular en Ecuador y en Chile, mientras en Bolivia una fenomenal sucesión de bloqueos en agosto de 2020, impidieron que el gobierno golpista siguiera dilatando la convocatoria electoral. En Brasil, a diferencia de los países señalados, la manifiesta incapacidad del Gobierno cívico-militar está en la base de su progresivo deterioro.

Sin embargo, en los países gobernados por el progresismo, con especial destaque de Argentina, la gobernabilidad tampoco goza de buena salud. Aunque el modelo de gestión de la pandemia es completamente diferente al de Bolsonaro, con largos períodos de restricciones similares a los de Europa, los contagios se han disparado incluso por encima de lo que sucede en Brasil, si podemos confiar en las cifras que aportan las autoridades.

La baja performance de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, con una nueva ola de contagios y una lentísima evolución de la vacunación, enseña una población reacia a las restricciones y, más aún, dispuesta a saltarse las prohibiciones: entre las clases medias, con sonoras manifestaciones en vehículos privados, mientras entre los sectores populares se verifica la imposibilidad de atenerse a las recomendaciones de distancia y permanencia en los hogares.

Sociedades en movimiento

Luego de un año de pandemia, América Latina está movilizada. Desde los pueblos originarios de México y Centroamérica hasta las clases populares de toda la región, que parecen turnarse en el rechazo no solo a los gobiernos, sino de un modelo depredador de la vida que deja a millones de jóvenes a la intemperie, sin el menor futuro que no sea deambular entre las más variadas formas de precariedad: desde la laboral hasta la de salud, pasando por la vivienda y la propia vida, acechada más que por virus, por la violencia institucional y paramilitar.

En espacios muy alejados de la atención mediática, sucede algo similar. Un desborde incontenible desde abajo. Para muestra, Wall Mapu [territorio habitado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina]. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre de 2021, las recuperaciones de tierras —que califica de “usurpaciones”— aumentaron un 688% respecto al año anterior. En los primeros tres meses del año se registraron 134 tomas de terrenos, frente a las 17 ocurridas en el mismo periodo de 2020.

Mi impresión es que la revuelta comienza en los márgenes y gradualmente va llegando hasta las grandes ciudades. Así sucedió en Colombia. En octubre de 2020 una impresionante Minga Indígena, Negra y Popular nació en el Cauca, recorrió más de 500 kilómetros y llegó a Bogotá donde fue recibida de forma multitudinaria.

La revuelta colombiana fue precedida por protestas en 2017 en ciudades medianas del Pacífico, que configuran el levantamiento en curso: “Se organizaron con comités de médicos, de alimentación, realizando un aprendizaje sobre los modos  de presionar al Estado pero también aprendieron a negociar. Se articularon medios alternativos locales y consiguieron que las autoridades fueran a su territorio a negociar, ellos no se movieron de sus ciudades y comunidades y siguieron los mismos pasos que los indígenas del Cauca”, reflexiona el investigador Alfonso Insausty desde Medellín.

El paro de un mes es un punto de inflexión en un país donde la protesta se había ceñido a las áreas rurales en las últimas siete décadas, quedando las ciudades como espacios dominados por las grandes empresas y los cuerpos policiales. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, las grandes ciudades se fueron convirtiendo en el nuevo epicentro de una movilización protagonizada por jóvenes que no tienen futuro en la economía neoliberal y que por vez primera están conociendo la peor arista del sistema.

Derechas radicalizadas

En toda la región las derechas se abroquelan, se muestran cada vez más intransigentes con los pueblos, enseñan su cara genocida. Este cierre autoritario tiene varias facetas: desde la puramente represiva, como la de Colombia y Chile, hasta una creciente militarización de la sociedad, de las instituciones estatales y hasta del sistema educativo y de salud.

Lo que debemos comprender, y el caso mapuche es elocuente, es que estamos ante una reacción defensiva ante el avance de los pueblos, como lo atestigua el caso mapuche. Cuando el Gobierno de Piñera decide militarizar Wall Mapu es porque no encuentra otro modo de frenar el ascenso de las recuperaciones de tierras. No solo envía militares a controlar las comunidades, sino que alienta a los civiles a armarse para enfrentarlas.

El 1 de agosto de 2020 sucedió algo que puede considerarse un viraje profundo en la Araucanía. “Centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova”.

Exactamente la misma reacción que se ha visto en Cali por parte de las elites de la ciudad, que reaccionaron con violencia contra la Guardia Indígena y las juventudes negras y populares. Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la existencia de fosas comunes y “casas de pique” —donde se descuartizan personas para hacerlas desaparecer— en las periferias de Cali.

Estamos ante un nuevo escenario, bien distinto al que caracterizó las dictaduras de la década de 1970. Ahora el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de controlar las sociedades, ha cedido el monopolio de la violencia para que otras agencias —narcotraficantes, paramilitares y personas armadas ocasionalmente— hagan uso de las armas ante la complicidad de las fuerzas represivas legales.

En Brasil hay 6.157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el Gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, el año en que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. La militarización del Estado alcanza niveles insospechados en áreas como la educación, como lo revela el informe del Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) de Brasil, titulado “Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza”.

Los militares ocupan los principales escalones del sistema de salud y avanzan sobre la educación con la creación de “escuelas cívico-militares” y con la intervención en  universidades para vetar y controlar la elección de rectores. El informe destaca que se están creando 216 escuelas primarias cívico-militares que utilizan “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares”.

Más allá del caos y la represión

Es posible que la pandemia esté siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedaron en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se vienen deteriorando de forma ostensible. Pese a las medidas excepcionales y la serias restricciones a la movilidad y los encuentros, los movimientos no sólo no se debilitaron sino que están lanzando desafíos impensables años atrás.

La radicalización de las derechas y la creciente movilización de los pueblos permite aventurar algunas hipótesis. La salida represiva está sobre la mesa, con una intensidad que nos retrotrae a los años 60, con escuadrones de la muerte y cementerios clandestinos. Sin embargo, no parece la salida más probable, además de ser profundamente indeseable.

Existe la posibilidad de nuevos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú. Pero no tendrían la menor chance de apaciguar a las clases dominantes, ni conseguirían desmovilizar a los pueblos. Algo similar puede decirse en el resto de los países. Quien gobierne, tendrá el terreno acotado arriba y abajo, por lo cual los cambios serán mínimos, por lo menos a corto plazo.

Es una buena chance para que los pueblos tomen iniciativas en otras direcciones. Los proyectos autonómicos son una posibilidad real. Que los jóvenes urbanos de Cali hayan llamado a la Guardia Indígena para su defensa, que la bandera mapuche sea la más ondeada en la revuelta chilena muestran que los territorios autónomos en resistencia se han convertido en alternativa real y concreta para amplios sectores de las sociedades.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos reunidos en esta Tierra Sagrada para exigir la justicia que sigue sin llegar para nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés que aún no habían nacido y fueron arrancados del vientre de sus madres, quienes fueron asesinadas y asesinados sin piedad en este lugar, y cuyos responsables materiales e intelectuales siguen impunes. Seguimos pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Queremos que ya haga públicos los resultados de sus investigaciones sobre este crimen de lesa humanidad, para que los que idearon, aprobaron, organizaron y ejecutaron el Plan de Campaña Chiapas ’94 en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, enfrenten a la justicia de una vez por todas y vean la consecuencia de sus actos.

Con ésta son ya 281 conmemoraciones mensuales ininterrumpidas que organizamos desde aquel terrible día lunes 22 de diciembre de 1997, para pedirle a Dios Padre-Madre que nos dé un corazón grande para amar y para luchar, para que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro hermano Alonso Vázquez, para que no guardemos odio para los asesinos ni permitamos que el cansancio y la impotencia se apoderen de nosotros, para que no triunfe la violencia sino que brille la verdad, ésa que el gobierno y sus aliados han querido tapar con divisiones y con dinero.

La división ha sido una de las principales estrategias del estado en México para asegurar el control sobre nuestros territorios y así poder garantizar buenos negocios a las corporaciones trasnacionales que quieren apoderarse de nuestras tierras. Pero sobre todo se han dedicado a dividir a las comunidades indígenas que hemos querido vivir con justicia y dignidad, construyendo por muchos años organizaciones de resistencia colectiva frente al sistema social de muerte que se reproduce en todo el mundo. Se trata del mismo sistema de muerte que reprime salvajemente con policías y civiles armados – matando, desapareciendo, encarcelando e hiriendo- al pueblo pobre que protesta contra él en las calles de Colombia, organizando un Paro Nacional que lleva ya cuatro semanas. Y es este sistema de muerte el que apoya con millones de dólares al ejército israelí, que responde a los misiles y ataques de las guerrillas fundamentalistas armadas palestinas con más bombardeos, en una guerra desproporcionadamente desigual y a costa de la vida y la libertad de centenas de civiles palestinos con algunos civiles israelíes muertos, en un espiral inacabable de violencia, tratando de asegurar así el control israelí sobre los lugares santos y el territorio palestino.

Desde esta tierra sagrada, los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, entre ellos varios familiares de los masacrados y sobrevivientes de la masacre que aquí ocurrió, queremos decirle a las ancianas, ancianos, mujeres, hombres, niñas y niñas del pueblo colombiano, palestino e israelí que entendemos el sufrimiento que están viviendo y que nos unimos al dolor que sienten por sus pérdidas y que los acompañamos en sus luchas por la paz para sus pueblos. Porque nadie tiene derecho a desplazarnos de nuestras tierras o a destruir nuestras casas por defender la vida y la paz para todos, no tienen derecho a amenazarnos de muerte, a golpearnos o acosarnos, a llevarnos presos o asesinarnos, por el sólo hecho de elevar nuestros gritos de protesta ante lo que es injusto. Las Abejas llevamos ya 28 años luchando pacíficamente y hemos soportado todo esto, por lo que pedimos por ustedes, para que no se desanimen en el camino de exigir justicia y verdad.

Y queremos compartirles que también nosotros estamos viviendo una situación muy difícil. Sabemos que para acabar con nosotras y nosotros -los pueblos originarios de México que nos hemos atrevido a decir “no” a este sistema capitalista de muerte, no fueron suficientes la represión, la guerra sucia, las bombas y la militarización. Por eso, ahora el gobierno nos manda también cañonazos de dinero. Y la entrega de dinero a las familias que aceptan entrar en los programas del mal gobierno y ajustarse a sus reglas, como apoyar el sistema electoral con sus partidos políticos, ha sido muy difícil de resistir para muchas y muchos en nuestras comunidades.

Aunque prometieron a la gente que con la administración de López Obrador todo iba a cambiar en México, la verdad es que en nuestros pueblos campesinos, empobrecidos por las políticas económicas neoliberales que sólo han beneficiado a los ricos, vemos que todo lo que requerimos comprar para vivir -como el jabón, la sal y las láminas- sube y sube de precio, mientras que por lo que nosotros producimos para vender -nuestro café y nuestra miel- nos dan el mismo precio bajo de siempre. Por eso y por la carencia de tierras y la dificultad de hacerlas producir en un país que le sigue apostando a generar miles de campesinos despojados de sus tierras comunales o ejidales, muchas veces necesitamos salir a buscar trabajo asalariado a las grandes ciudades, destinos turísticos o grandes campos de cultivo intensivo para trabajar como empleados de comercios, empleadas domésticas, albañiles o jornaleros agrícolas en México o EE.UU para poder ayudar a la familia a subsistir. En este contexto, la tentación de recibir los jugosos apoyos económicos

administrados por los gobiernos en turno, ha causado que muchas familias que pertenecían a organizaciones que antes luchaban de modo independiente, están ahora del lado del gobierno y en contra de sus antiguos compañeros. Ahora se encuentran sacando el mayor provecho posible de los presupuestos municipales, estatales y federales, y en ocasiones, pelean salvajemente entre los integrantes de sus partidos para ver quién controlará el reparto de esos apoyos.

Y es por eso que estamos viviendo un momento muy peligroso en muchos municipios de nuestro estado. Las campañas políticas electorales no sólo son terribles e ilegales porque corrompen a la gente con la compra de votos y otros delitos electorales, además de los abiertos engaños de los candidatos que prometen a la gente cosas que nunca cumplen cuando se hacen gobernantes, sino que ahora están causando asesinatos entre contrincantes y terror entre la población, con el fin de obligar a participar en las elecciones o para obligar a la gente a que apoye a ciertos candidatos, incluso para apoyar a candidatos que se promueven a sí mismos como luchadores de izquierda.

Pero más grave está la situación en nuestro vecino municipio de Pantelhó, donde las campañas de los partidos políticos ya han ocasionado muchos muertos, en una verdadera guerra que se está librando por el poder. Es indignante cómo el gobierno que se hace llamar “gobierno de los pobres” permite tanta violencia e impunidad, no le importa que niñas y niños, mujeres y ancianas y ancianos que no tienen nada que ver con estos pleitos electorales y de poder, estén sufriendo porque tuvieron que abandonar sus casas por el miedo de los disparos de armas de fuego.

Los que hemos vivido el desplazamiento sabemos lo que significa salir por miedo y tener que abandonarlo todo, sin saber cuándo o cómo podremos volver a nuestra casa. Por eso, hoy pedimos con todo nuestro corazón por estas familias desplazadas y por todos los que continúan desplazados en Aldama, Santa Marta y Chalchihuitán.

Damos gracias a Dios porque les permitió por fin regresar a sus hogares a nuestras hermanas y hermanos Abejas del Barrio Río Jordán de la Colonia Miguel Ultrilla los Chorros, que resistieron un año y nueve meses de desplazamiento en el Campamento Los Naranjos de esta tierra sagrada y siguen firmes en nuestra lucha.

También desde Chiapas pedimos por el cese de la violencia armada y por la reconciliación de los hermanos en todos los conflictos por tierras en nuestros pueblos, principalmente en los enfrentamientos que se han vuelto cada vez más violentos y han cobrado ya muchas vidas y hermanos torturados, como el conflicto en Venustiano Carranza, donde dos hermanos fueron asesinados el pasado 5 de mayo con el tiro de gracia y se les encontraron huellas de tortura. También pedimos por el conflicto entre Aldama y Santa Marta, donde siguen las muertes a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama. El último caído por ráfagas de disparos con armas de grueso calibre, es el joven Pedro Pérez Lunez de 24 años, quien murió el 8 de mayo, con el agravante de que la Guardia Nacional se encontraba muy cerca de la comunidad de Coco’, en Aldama, donde cayó. Exigimos a los tres niveles del gobierno que se encarguen de poner fin a esta masacre a cuenta gotas que lleva ya tanto tiempo causando terror y dolor a nuestros hermanos tsotsiles de Aldama y Santa Marta. Si no lo hace, se vuelve cómplice de estas muertes terribles e injustas, atizando el fuego de la impunidad que provoca que los enfrentamientos se hagan cada vez más encarnizados y crueles.

¿Pero qué podemos esperar del gobierno morenista del estado de Chiapas, que desalojó violentamente y encarceló a 71 futuras profesoras y 24 futuros profesores rurales el pasado 18 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, cuando por no ser escuchados organizaron protestas, sólo para demandar que sus compañeros de nuevo ingreso tengan la oportunidad de presentar el examen para entrar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá de manera presencial, pues muy pocos estudiantes de bajos recursos tienen la oportunidad de contar con equipos e internet para poder hacer ese examen a distancia? Exigimos su liberación inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, donde los están haciendo responsables por delitos graves que no cometieron.

Hermanas y hermanos, para seguir exigiendo verdad y justicia en el caso Acteal, les pedimos que estén atentos a la próxima convocatoria a una Conferencia de prensa que la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las y los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre ofreceremos aquí el próximo 25 de mayo por la mañana.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, les pedimos a Dios Padre-Madre, corazón del cielo y de la tierra, a nuestro patrón San Pedro Apóstol y a todas nuestras y nuestros mártires que sigan soplando con su aliento para darnos el ánimo que los poderosos e injustos nos han querido quitar con toda la muerte y destrucción que están trayendo a nuestras comunidades. Que nos sigan dando valentía para que, como ellas y ellos, sigamos defendiendo la vida y trabajando activamente por la paz.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez             Sebastián Guzmán Sántiz

Tesorero                      sub presidente                           Sub tesorero

Ayer, 20 de mayo de 2021, regresaron a sus hogares en el barrio Río Jodrán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Chiapas, las seis familias pertenecientes a la organización civil Las Abejas de Acteal desplazadas hace casi dos años. De la sede en Acteal salió la caravana compuesta por los más de 30 miembros de las familias, decenas de miembros de Las Abejas, el Coro de Acteal, observadores de derechos humanos y periodistas de medios libres. Con ellos viajaba también el dolor y la indignación por las muchas vejaciones sufridas antes del desalojo, la destrucción y saqueo de sus viviendas y la muerte de dos bebés a causa de las condiciones del desplazamiento forzado: Angélica Jiménez Ramírez, de 11 meses, y María del Carmen, de apenas 3 meses de edad.

En el transcurso de la mañana llegó la caravana a la comunidad de Guayabal. De allí, la procesión continuó a pie hasta la casa semidestruída de una de las familias desplazadas en Río Jordán, donde se celebró el retorno, en un acto emotivo que simbolizó la larga lucha por lekil chapanel, la justicia verdadera que nunca llega pero la cual Las Abejas de Acteal continúa buscando por medios siempre pacíficos.

La historia de las mútliples violaciones a los derechos de las familias y su eventual desplazamiento es reflejo fiel de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano, la impunidad otorgada a los grupos paramilitares u oficialistas y el uso de proyectos y recursos gubernamentales para dividir a las comunidades y acabar con la organización y la resistencia.

El conflicto inició en 2015, cuando tres familias de Las Abejas rechazaron en asamblea un proyecto gubernamental de drenaje, argumentando que, por un lado, ellos no lo utilizarían, pues contaban con baños secos que evitan la contaminación ambiental, y por otro, porque estando en la resistencia no aceptan proyectos de gobierno. Por otro lado, un tiempo después se les intentó obligar a asumir cargos para la gestión de una clínica de salud que sólo atendía a quienes recibían apoyos de gobierno por medio del programa Prospera (ve la denuncia aquí), a pesar de que existía el acuerdo previo de que sólo se impondrían dichos cargos a quienes hicieran uso de la clínica.

A partir de entonces el conflicto fue escalando, con la aplicación de multas, detención arbitraria, cortes de luz y de agua y amenazas de todo tipo, denunciadas en diversas ocasiones tanto por Las Abejas como por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En 2018, las autoridades de Río Jordán detuvieron a José Vázquez, presumiblemente por no tener derecho de usar el camino de la comunidad. Cuando una delegación de diez personas de Las Abejas llegó para revisar su estado de salud y ofrecerle apoyo emocional, los ocho hombres de la delegación también fueron detenidos. Fue la determinación y el valor de 22 mujeres, 13 de ellas sobrevivientes de la masacre y cuatro con bebés en brazos, que, tras una acción pacífica, logró la liberación de los detenidos. Finalmente, el 10 de agosto de 2019, las seis familias fueron desplazadas violentamente, destruyendo sus hogares y saqueando sus pertenencias.

En todo el proceso, las autoridades municipales fueron omisas o abiertamente cómplices con los agresores. Es importante resaltar que, como lo ha denunciado múltiples veces Las Abejas, Los Chorros es la cuna de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Y es allí a donde regresaron algunos de ellos después de su indignante liberación por la Suprema Corte de Justicia en 2010, entre ellos Víctor López López, uno de los reconocidos autores materiales de la masacre y uno de los instigadores de las agresiones a las familias de Las Abejas.

Es la persistente resistencia por vías pacíficas y la inquebrantable fe de Las Abejas de Acteal lo que logró finalmente el retorno de las familias desplazadas, tras intensas negociaciones con autoridades locales, municipales y estatales. En el acuerdo que se firmó con las autoridades de Río Jordán el día de ayer, se estableció que las familias aceptarían las obras de drenaje, pero no asumirían cargos en la clínica.

Como afirmó el Frayba en el boletín leído durante la celebración, el retorno se da en condiciones difíciles de violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, en particular en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó y Venustiano Carranza. Esta victoria de la lucha pacífica contra la violencia y la impunidad es una pequeña luz de esperanza en la búsqueda de la justicia por medio del diálogo y la paz.

Palabras de Las Abejas de Acteal.
Palabras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Comunicado Marcha en defensa de la tierra

Ejido Tila Chiapas México a 18 de mayo de 2021

A los medios de comunicación nacional e internacional
A los luchadores sociales de México y el mundo
Al congreso nacional indígena
Al consejo indígena de gobierno
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental
A la opinión pública.

Compañeros y compañeras les comunicamos que vamos a caminar en todas las calles de nuestra población para celebrar sencillamente los 89 años de la entrega provisional de nuestra tierra y territorio con fecha de la primera entrega, 19 de mayo de 1932, se publicó en el diario oficial el 1 de junio del mismo año de acuerdo al art. 160 de la ley agraria en vigor por una sola vez. Nos sentimos muy agradecidos a todos y todas gracias a la convención revolucionaria de 20 de noviembre de 1910 y la ley de 6 de enero de 1915.tenemos esta tierra donde vivimos con nuestros hijos.

como todos sabemos la invasión extranjera en nuestras tierras mexicanas es por la legislación de graves consecuencias en el año de 1821, que en sus treinta años de gobierno, don Porfirio Díaz permitió las invasiones de las mejores tierras por parte de los extranjeros, en esos años tila sufrió el primer despojo en el año de 1900 por el señor Maximiliano rodemberg, practico su mensura a media plaza del pueblo originario. Pero por la presencia de los partidarios de la revolución dejo abandonado la finca jolñopaj pensilvania plantation compañy nuestros abuelos se organizaron para nombrar nuestros primeros representantes, nombraron a don José López, don Sebastián Pérez, Nicolás López, ambos mayores de edad caminaron a la ciudad de Tuxtla para entregar la solicitud de 3 de febrero de 1922 ante el ciudadano general José Tiburcio Fernández Ruiz gobernador del estado de Chiapas.

Dicha solicitud se publicó en el diario oficial del gobierno del estado de Chiapas el 5 de abril de 1922 ,la comisión agraria comisiono personal para recabar el censo agropecuario en el año de 1929 por eso esta fecha con la alegría vamos a conmemorar un año más de esas dos publicaciones de la entrega provisional porque son los elementos que se utilizó para concedernos la resolución presidencial de 30 de julio de 1934 y se publicó en el diario oficial de la federación martes 16 de octubre del mismo año.

Para sus amplios conocimientos los 5405 fue de la forma siguiente 2,938 hectáreas lo que se venía cultivando es de terreno nacional y 2466 se recuperó de la finca jolñopaj Pensilvania plantation company de esta forma hace el total de la 5405 hectáreas de acuerdo a la resolución presidencial que ampara los 5405 hectáreas que es la posesión de los 836 propietarios o capacitados que está sustentado por el art. 27 constitucional de esta manera salió del dominio de la nación y pasa ser propiedad y patrimonio propio de los ejidatarios y tiene personalidad jurídica de acuerdo al art. 9 de la legislación agraria en vigor y se aprobó el plano original con fecha 2 de junio de 1961, de esta forma quedo asentado el pueblo originario chol en terrenos Ejidales y por lo tanto el ejido tila no es municipio libre.

para sus amplios conocimientos el pueblo de petalcingo es el origen del municipio por eso se tomó el art. 2 a) fracción II para ejercer la libre determinación y autonomía y se expulsó el municipio que estaba en el territorio Ejidal ilegalmente y de acuerdo al art. 39 se recuperó la soberanía del pueblo chol reconociendo nuestra propia autoridad, esto es para que sepan a todos los partidos políticos porque no estamos de acuerdo a que se instale las casillas de las contiendas electorales dentro de nuestro territorio y que no estén engañando la sociedad que se les está privando su derecho de votar y de ser votado, si tanto les Beneficia votar lo pueden hacer afuera del territorio Ejidal.

Una vez más les decimos a todos y todas por si se les ha olvidado que el doctor Rutilio Escandón Cadena y el honorable congreso del estado de Chiapas decretaron bajo el numero 132 dejar insubsistente el decreto número 72 de fecha 29 de julio de 1980 y el diario oficial de 17 diciembre de 1980 que no es competente al diario oficial de la federación de 16 de octubre de 1934.

Sabemos muy bien que hay muchas personas que están inconformes pero no somos los culpables, el culpable es el gestor que es el ayuntamiento ilegal y los pasados malos gobiernos que engaño a mucha gente por registrar escrituras públicas como propiedad privada, el ayuntamiento hizo todo lo posible para seguir engañando, presento escrito de muchos argumentos para combatir el recurso de queja número 34/2010 para continuar con el incidente cumplimiento sustituto de evaluos con la cantidad de 40 millones de pesos mencionando que se encontraba físicamente y materialmente imposibilitado para ejecutar la ejecución del amparo 259/1982, invento que hay derecho terceros y construcciones publicas escuelas iglesias parques jardines, tiendas y un mercado para mentirle a la suprema corte de justicia de la nación, cuando la resolución del incidente de ejecución declaro que las 5405 hectáreas es legítima propiedad de los 836 ejidatarios capacitados.

Por esta razón no dialogamos, mucho menos negociamos, defendemos nuestra tierra y territorio que de ella vivimos, no de programas y proyectos ni de migajas de operadores políticos hay personas que usan la tecnología para difamar y señalar personas, pero es conocido, es un aviador y vividor del ayuntamiento que pronto se va aclarar de esta manera los hijos y nietos de los ejidatarios, agradecemos al creador que hizo el cielo y la tierra para vivirla y defenderla sin más que comunicarles les agradecemos sus valiosos acompañamientos de seguir luchando por la madre tierra y el territorio.

Nunca más un México sin nosotros Tierra y Libertad

Ejido Tila

https://laotraejidotila.blogspot.com/2021/05/comunicado-marcha-en-defensa-de-la.html

Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.

De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.

(Continuar leyendo…)

La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” DA 395 y no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” DA385, así afirman los obispos de Americalatina.

Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de todo el mundo, hoy 18 de mayo 2021, doy mi palabra como Sacerdote Indígena, Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Así como es de conocimiento público, el 15 de octubre del 2020, los ejidatarios del municipio de Chilón: San Gerónimo y San Sebastián, a las 10 de la mañana en Crucero Temo municipio de Chilón se estaban formando para una manifestación pacífica con el objetivo de exigir la no intervención en la elección de sus autoridades de sus ejidos el Presidente de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo ahora candidato para la presidencia municipal de Chilón por el partido MORENA.

Como respuesta del Sr. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo fue la represión brutal y criminalización; en esa represión fueron detenidos José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano.

(Continuar leyendo…)

Educación y defensa del territorio
Bruno Baronnet
Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (UV)

La noción de autonomía entre los zapatistas
Margara Millán
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)

Modera Abelardo Márquez Morales

Viernes 14, 12:00 horas.

Transmisión en vivo en https://www.facebook.com/CdhFrayba/

#ParoNacionalColombia.

Ya son demasiadas las personas asesinadas y heridas en Cali por parte de las fuerzas militares y policiales.

En el 21N de 2019, Duván Villegas, joven caleño, fue atacado por la policía con arma de fuego por la espalda, lo que lo dejó en silla de ruedas. A pesar de este duro golpe, Duván vuelve a las calles, nos inspira para seguir la lucha y nos deja un mensaje de unión, fuerza, resistencia y cuidado individual y colectivo, para poder seguir luchando.

A ustedes hermanas y hermanos que sin vacilar luchan por un país mejor, a ustedes guardianes de la libertad y la vida, a ustedes que cayeron resistiendo, todo nuestro amor y reconocimiento, siempre les llevaremos en el corazón, nunca les olvidaremos.

¡Seguiremos luchando por el país que queremos! ¡Seguiremos luchando por la vida! Cuidémonos entre todxs… paremos la economía en el día y protejamos la vida en las noches, para poder seguir luchando y lograr la transformación.

#NoMásGuerraZapateiro #RenunciaDuque #ParoNacionalColombia

Por Felipe de Jesús Ríos Neusa

El Informe de Riesgos Globales 2021 publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a la sociedad contemporánea en el marco de un «futuro fracturado». Este escenario, en lo más inmediato, conjuga cinco grandes rupturas que se agudizan con la llegada del Covid-19: las barreras a la inclusión digital, el descontento de la juventud en medio de una era de pérdida de oportunidades, las tensiones internacionales de las potencias medias, las problemáticas económicas que generan los mercados y la deficiente acción contra el cambio climático. En síntesis, el Informe ve a la sociedad contemporánea como una hiperfractura, como un hueso roto en varios pedazos que requiere una intervención sinérgica.

Colombia no se escapa de esa contexto y prueba de ello han sido las movilizaciones iniciadas el pasado 28 de abril por los diferentes sectores sociales, con especial participación de los jóvenes, que respondieron a una reforma fiscal que buscaba sanear las finanzas del Estado golpeadas por la pandemia y presentar viabilidad económica para solicitar crédito externo a costas de la clase media y los más pobres. Aún no sabemos que tipo de reforma se elaborará en las próximas semanas después de haber sido retirada del congreso por la presión social. Lo que si es cierto es que los jóvenes han sido los protagonistas y no precisamente por una rebeldía injustificada, sino por una desilusión que refleja la erosión de la cohesión social.

Esta «generación cicatrizada» enfrentó la crisis del 2008 recibiendo estímulos insuficientes para recuperar lo perdido y ha visto los límites de la educación como canal de movilidad social debido a las medidas de austeridad desplazándolos a trabajos precarios. El Covid ha golpeado a más del 30% de la población estudiantil que carece de tecnologías para participar en el aprendizaje digital y ha sacado al 80% de los jóvenes en el mundo de sus centros de estudio, lo cual ha traído un incremento del estrés, la violencia de género y los embarazos en adolescentes.

El camino turbulento que le espera a los «pandemials» se agudiza para aquellos que se encuentran en la etapa de estudios secundarios o técnicos y corren el riesgo de convertirse en la primera generación doblemente perdida del siglo XXI. Estos jóvenes deben decidir entre terminar sus estudios o buscar el sustento exponiéndose a perder por completo la educación, y también enfrentan el rápido cambio de los mercados de trabajo que obligan a adquirir nuevas habilidades a través del endeudamiento educativo, lo cual complica consolidar un capital económico y ascender socialmente.

Por otro lado, el aumento del desempleo ha crecido globalmente desde 2008 y en Colombia hoy la cifra se ubica en el 23.9% para los jóvenes, lo que se explica en las débiles transformaciones estructurales que han fallado ampliamente en reducir el desempleo y los ejemplos pasan por los contratos de prestación de servicios, las malas condiciones de las pasantías, el déficit de oportunidades y el elevado número de jóvenes en el mercado informal que saltan entre trabajos a corto plazo y mal pagados. A lo anterior se agrega, la pérdida de empleos por la automatización y la cuarta revolución industrial.

Propio para el caso colombiano, es que la desilusión juvenil hunde sus raíces en una esperanza de paz que le ha sido arrebatada por la extrema derecha haciendo trizas los acuerdos, exponiéndolos a ser reclutados por grupos armados irregulares y fomentando un nuevo ciclo de violencia.

Inspirada en todos estos elementos, la juventud ha incrementado su participación política y expresado su rabia, decepción y pesimismo en las calles y en el ciberespacio. En este sentido las protestas multitudinarias de los jóvenes, como la del 21 de noviembre de 2019 o la del pasado 28 de abril, encarnan un sentimiento de creciente traición por la generación en el poder, que no ha hecho lo suficiente frente a la justicia social y climática, el cambio político y la corrupción. En Colombia se desaparecen por esto último, 50 BILLONES DE PESOS AL AÑO, un monto que significa dos veces los recursos que pretendía recaudar la mencionada reforma.

La recuperación de los «pandemials» debe tener en su centro la adaptación del sistema político y económico global para satisfacer las necesidades de la juventud y minimizar el riesgo de perder una generación, lo que en el corto plazo corresponde a invertir en educación, asegurar esquemas de protección social, cerrar la brecha de género y sanear los problemas de salud mental. En el largo plazo corresponde establecer una sociedad igualitaria, equitativa y sostenible, y hacer que existan canales donde las voces de la juventud puedan ser escuchadas en todos los niveles de gobierno, en la dirección de las empresas y en las organizaciones multilaterales.

Una renta básica para los menos favorecidos no es querer convertir a Colombia en Venezuela, manifestarse y oponerse a las reformas perjudiciales para la mayoría de los trabajadores no es terrorismo y no justifica barrer a la juventud inconforme a tiros y muchos menos cuando las fuerzas alternativas ejercen oposición no son culpables del mal gobierno ni fomentan la lucha de clases. Lo que pasa es que la sociedad esta fracturada y la juventud ni ve futuro, ni aguanta más.

(Vía https://fb.watch/5hdhig6AQL/)

Cali Resistencia, 4 mayo 21.

Este medio día en la Glorieta de Siloé, Cali, colectivxs y organizaciones en Defensa de Derechos Humanos denunciaron y le pidieron al mundo entero que difunda lo que está pasando: que al pueblo de Cali le están tirando a matar. El Estado Colombiano ha reaccionado con un trato militar al estallido y la movilización popular pacífica, y ahora mismo mantiene cercado al pueblo Caleño, pues estas organizaciones resaltan que no se permite a las ambulancias apoyar a lxs heridxs, además de que periodistas y observadores y defensorxs de derechos humanos también han comenzado a ser atacadxs. Por todo ello, estas organizaciones llaman al desmantelamiento del ESMAD; y al mundo entero le piden estar atento, difundir las masacres perpretadas en estos días por el Estado Colombiano y exigir su cese inmediato.