Este 28 de mayo, aproximadamente a las 6 de la mañana, un grupo de más de 100 personas armadas entraron a la comunidad en resistencia de, El Rebollero, San Pablo, Cuatro Venados, Oaxaca.
Estas personas comenzaron a disparar y las personas que estábamos en la comunidad buscamos un resguardo. Tiempo después comenzaron a incendiar nuestras viviendas y nuestras cosas personales.
Estos acontecimientos se dan días antes de la inauguración de nuestra casa de salud y nuestra capillas. Estas dos construcciones son símbolo de la reconstrucción de nuestras viviendas . Ya que en 2019 habían entrado más de 500 personas armadas y acompañadas con traslados, dejando arrasada a la comunidad.
En días anteriores , en conferencia de prensa, hemos alertado a los tres niveles de gobierno sobre estos ataques y nos han ignorado. Por ello, responsabilizamos al gobierno del estado, que preside Alejando Murat Hinojosa. Responsabilizamos al gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Cuilápam de Guerrero. También a Flavio Sosa Villavicencencio y a su hermano, del partidos de MORENA sobre estos acontecimientos y los daños provocados.
¡Nunca más un México sin nosotrxs!
Atentamente
Habitantes de El Rebollero , San Pablo, Cuatro Venado.
A la comunidad Wixárika de Waut+a- San Sebastián Teponahuaxtlán
Al pueblo y gobierno de México
La comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, anunciamos que por acuerdo de la asamblea general, nuestras autoridades tradicionales y agrarias se suman a la marcha por la Dignidad y la Conciencia Wixárika, que luego de más de 900 kilómetros, arriba a la Ciudad de México y exigimos al gobierno federal que se dé una solución integral y definitiva al conflicto agrario en Huajimic, Nayarit.
Los pueblos indígenas no tenemos porqué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país México, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo.
Como comunidad de Azqueltán sabemos que no puede haber pequeñas propiedades sobre los terrenos comunales, pues para eso hay leyes que nos protegen, hay tratados internacionales y está la constitución mexicana.
Reconocemos la larga lucha de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán por el territorio ancestral que le fue reconocido tanto en su título virreinal como en su resolución presidencial. Sabemos, porque hemos sido testigos, de las invasiones causadas por la ambición y por las políticas de los gobiernos, que buscan siempre privilegiar a la propiedad privada sobre la propiedad colectiva para hacer la tierra una mercancía. Con más razón cuando reconocemos esos territorios como sagrados, donde se manifiesta nuestras deidades y nuestra madre que es la tierra.
Hemos sido testigos también de la larga lucha de San Sebastián por defender y cuidar, como nuestra madre sagrada, a la tierra, que es su territorio ancestral, lo que es digno de admiración, respeto y un ejemplo para toda la región y para nuestro país.
Nos sumamos a la exigencia de que el Gobierno Federal haga valer las leyes, las sentencias emitidas por el Tribunal unitario Agrario del Distrito 16 y señale con precisión los pasos a seguir para la restitución inmediata de las tierras comunales, sin falsas mesas de negociación y sin pretextos que lleven a alargar el regreso de las tierras a sus verdaderos dueños.
Atentamente
A 26 de mayo de 2022
Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco
A las 8h del 24 de mayo, acompañado de un cortejo de furgonetas policiales, un contingente de antidisturbios ha procedido al desalojo de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de La Ingobernable, en la calle Cruz de Madrid. Termina así la experiencia de este centro social, que fue recuperado por la asamblea de La Ingobernable hace un año escaso en el edificio del Hotel Cantábrico, que pertenece a la empresa de peluquería Marco Aldany. “Los propietarios del edificio de calle Cruz, Marco Aldany junto con One Shot Hotels, nos han desalojado sin previo aviso, después de que el espacio estuviera durante cinco años abandonado”, afirman desde el centro social a El Salto.
Según explican, One Shot Hotels es una empresa hotelera propiedad de la aristocrática Familia de Solís Tello y Luis Felipe Mendieta, participada por fondos de inversión como Nazca. Dicha familia ha alquilado el antiguo Hostal Cantábrico a los hermanos Fernández Luengo, más conocidos por ser los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany. Desde el Ayuntamiento de Almeida, han permitido el cambio de uso de suelo para convertir el edificio ahora abandonado en un hotel de lujo.
No es solo esta operación de especulación lo que quieren denunciar desde el centro social, “sino de acaparamiento de aquellos que ya gozan de un amplio imperio inmobiliario” en referencia a la familia que controla la cadena de peluquerías y que “cuentan con más de diez empresas y múltiples propiedades y negocios: ZZ Inmobilari Próxima con un patrimonio de 12 millones de euros en terrenos, 58 millones de euros en propiedades, además del Hostal Residencia Arti en Gran Vía, el Hotel Ciudad de Alcalá, un conglomerado en el negocio de las residencias de estudiantes y 19 apartamentos repartidos entre Atocha, Malasaña y Gran Vía”.
En 2019, una de sus empresas ejecutó un desalojo extrajudicial con denuncia de lesiones y agresiones homófobas del CSOT La Pluma. Uno de los hermanos, Daniel Fernández Luengo, sigue pendiente de resolución judicial sobre las agresiones y delitos de odio por los insultos homófobos que la empresa de matones que contrató para el desalojo.
Durante estos doce meses, la asamblea que recuperó el espacio se focalizó en cubrir siete ejes de trabajo: el derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la protesta, precariedad laboral, transfeminismos y disidencias, renta básica y salud comunitaria.
Entre sus paredes se procuraron espacios de estudio y trabajo para distintos colectivos y se planificaron acciones como la de desobediencia no violenta que tiñó el Congreso de los Diputados de color rojo el pasado mes de abril para denunciar el retraso en la acción climática.
La ODS se levantó sobre un hotel de cuatro plantas, más de 2.000 metros cuadrados, con alrededor de 120 habitaciones, que llevaba más de cinco años abandonado. Se trataba del tercer emplazamiento de La Ingobernable, tras el edificio que dio lugar a la asamblea, en la calle del Gobernador, y la efímera ocupación de la calle Alberto Bosch, que fue desalojada durante el estado de alarma.
A lo largo del mes de mayo se han acumulado las noticias en torno a esta asamblea. El día 6, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictaminó que el Ayuntamiento de Madrid estaba fuera de la legalidad para desalojar el primer centro social La Ingobernable el 13 de noviembre de 2019 y, aún sabiéndolo, procedió por causas ajenas a sus competencias al desalojo. Un día después, ese espacio anunciaba la okupación del antiguo convento de Las Recogidas, parte del patrimonio de UGT, que el sindicato quiere convertir en un hotel. Tras unas horas de retención a decenas de personas por parte de la policía, el día 8, Delegación de Gobierno autorizaba el desalojo de ese edificio en la calle Hortaleza.
“Una vez más, aquellos que prefieren seguir enriqueciéndose a costa de hacer más hoteles vuelven a desalojar un centro social”, lamentan desde La Ingobernable, que ven en este ataque contra los centros sociales “una evidencia más de la ciudad que quieren. Una ciudad muerta llena de hoteles”.
“Están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales, quieren dejar Madrid vacía de centros sociales”, alertan en referencia a los ataques, desalojos y ensañamiento con otros centros sociales. “La lista es larga: La Gasoli (Guindalera), el Solar Maravillas (Malasaña), La Salamandra (Moratalaz), La Dragona (La Elipa), La Yaya (Argüelles), la Casa de las Asociaciones (Hortaleza), el EV Montamarta (San Blas), el EVA de Arganzuela , la Casa de la Cultura (Chamberi), La Casa del Cura (Malasaña), La Enredadera (Tetuán), la actual amenaza sobre el Atalaya (Vallekas) o lo comprobamos: están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales. Y regalársela a la especulación y la turistificación”.
El viernes pasado (20) la Secretaría de Marina de México anunció oficialmente que los ejercicios militares llamados “Tradewinds 2022”, realizados en territorio mexicano y en Belice, habían concluido exitosamente. Uno de los objetivos fue fortalecer la relación de los Estados Unidos y los países socios. Otro propósito fue mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas.
Tradewinds es un ejercicio que se ha realizado por primera vez en territorio mexicano. Por lo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó al parlamento de México que aprobara la entrada de tropas extranjeras a su país durante el periodo del 7 al 21 de mayo.
Los ejercicios tuvieron la aprobación del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Fueron ejecutados y patrocinados por el Comando Sur (Southcom por sus siglas en inglés) de EEUU.
Participaron más de 1500 militares de 23 países, también organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Southcom en territorio mexicano. “La principal participación de World Hope International en Tradewinds 22 se enmarca en la vía de ayuda humanitaria en caso de catástrofe en Cozumel (México) y apoya el Sistema de Seguridad Regional”, dijo Kevin J. Bostick, uno de los altos mandos del Southcom,.
La WHI, quien es financiada entre otros por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Ayuda directa del Reino Unido (UKaid), ha participado en otros ejercicios, así como en contextos de guerra, como en Siria y, actualmente, apoyando a Ucrania.
Las Zonas Económicas Exclusivas
México tiene la decimotercera zona económica exclusiva más grande de la región con una superficie que comprende más de 3 millones de km², establecidas en el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de México.
Sumado a ello, durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sur de México, decretó diversas Zonas Económicas Especiales que conectan con el Pacífico y con el Golfo de México. Tras la llegada de AMLO al poder, cambió el término Zona Económica Especial (ZEE) para los proyectos estratégicos y decidió nombrarlos como Zonas Francas, aunque comprenden las mismas líneas de inversión que contienen la ZEE.
Los ejercicios militares Tradewinds 2022, ideado por los EEUU, se han enfocado a fortalecer su capacidad de reacción en está región y desarrollar nuevos procedimientos operativos estándar. El objetivo es “mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE); aumentar la preparación de EEUU y sus socios; promover los derechos humanos (…) y aumentar la conciencia del dominio marítimo”, señaló el alto mando del Southcom.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante la Quinta Reunión de Gobernadores del Sur-Sureste de México en Ciudad de México, anunció que su país invertirá 30 millones de dólares en esta región. Aunque ya había anunciado la misma cantidad en el mes de febrero pasado, junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) y Usaid.
En su momento firmaron una carta de intenciones para “fomentar la conservación y el desarrollo económico de la región sur-sureste” mexicano.
Actualmente las fuerzas armadas de México no solo se encargan de velar por la seguridad de estos complejos de desarrollo, sino que, además, están interviniendo en su construcción y parte de la administración. Esto se debe a que el mandatario mexicano elevó la importancia de estos complejos al decretarlas como de “seguridad nacional”.
Disuasión
En los ejercicios, las fuerzas armadas de México y Belice realizaron operaciones marítimas, urbanas y en jungla en Belice. También fueron asignados en la unidad de Localización, Búsqueda y Neutralización de Artefactos Explosivos.
Los participantes en estos ejercicios también recibieron entrenamiento para dilución de protestas o disturbios urbanos que califica dentro del “orden público y de lucha contra las bombas molotov”, coordinado y dirigido por el Real Regimiento de las Bermudas en la Academia de Formación de la Policía de Belmopan. Se utilizaron equipos y tácticas antidisturbios con simulacros de protestas con bombas molotov usadas por los propios militares.
La Marina agrega que, en los ejercicios, también se llevó a cabo un Ejercicio NAMSI (por sus siglas en inglés North American Maritime Security Initiative), “el cual es un esfuerzo de integración trilateral entre el Comando Marítimo de Canadá, la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Marina-Armada de México”.
Las fuerzas armadas de México concluyeron que estos ejercicios “permiten a las fuerzas armadas de los países participantes incrementar sus capacidades y nivel de adiestramiento, así como su interoperatividad e interoperabilidad, mediante el entrenamiento y aprendizaje de nuevas técnicas”.
Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una profunda crisis de derechos humanos en Chiapas
Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos que resisten y luchan.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en el marco del cambio de la Dirección, reafirma su compromiso de caminar junto a los pueblos que luchan y defienden la tierra y el territorio, de quienes ejercen la autonomía y libre determinación a pesar de las adversidades, omisión y aquiescencia de los gobiernos, quienes además de administrar los conflictos, no llevan a cabo acciones efectivas para detener y atender debidamente las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Chiapas.
En los gobiernos federal y estatal persiste un patrón común, a quienes defienden los derechos humanos y la vida les asesinan, criminalizan, amenazan y torturan en medio de un racismo y discriminación estructural. La violencia generalizada emanada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, la captura y complicidad con las instituciones es intensa, así como la proliferación de diversos actores duros que actúan con impunidad. Hay que sumar el Conflicto Armado Interno no resuelto, la renovada presencia militar, el ejercicio de autogobierno impulsado desde distintas propuestas comunitarias y las constantes agresiones a la autonomía zapatista en medio de un ominoso silencio del gobierno mexicano; así como el impulso de megaproyectos y programas sociales impuestos en las comunidades, que favorecen la división comunitaria y el despojo territorial.
Existe una crisis humanitaria en torno al fenómeno del desplazamiento forzado interno; alrededor de 14 893 personas han atravesado por esta situación debido a la violencia generalizada y la impunidad constante por parte de la inoperancia y omisión del Estado mexicano. La tortura es también una práctica generalizada y sistémica que sigue instalada como un mecanismo para simular justicia y fabricar culpables, dejando un grave impacto en las víctimas, sus familiares y la sociedad.
En la mayoría de los estados y municipios donde se ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) se registra un alza de agresiones, chiapas es un ejemplo de la ineficacia de las medidas que se han tomado para tratar esta crisis; en lo que va del 2022 el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registró un aumento alarmante de cifras: 55 muertes violentas, 7 feminicidios en grado de tentativa y han desaparecido 69 mujeres y niñas.
En medio de la alarmante cifra de 100,204 personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló la existencia en Chiapas de 542 personas desaparecidas, lo que no refleja la crisis profunda del fenómeno manifestado en medio de la disputa entre grupos armados ilegales en la frontera con Guatemala o la región de Los Altos, la cuál también es negada por La Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, sumándose la falta de debida diligencia de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares en el estado. El dolor que sufren las familias de las y los desaparecidos en México visibiliza la crisis de derechos humanos, su dignidad muestra impulsa la lucha continua contra la indiferencia del Estado y mantienen viva la Memoria Verdad, Justicia y Reparación.
Hoy vivimos tiempos violentos, obscuros y de incertidumbre ante la pandemia provocada por la COVID-19 que ha golpeado a nuestras familias y desnudado nuestras carencias, profundizando la crisis del sistema capitalista, civilizatoria y la crisis ambiental, que exige organizarnos como pueblos para defender la vida y el territorio. Son tiempos de grandes desafíos, que nos convocan a crear horizontes de esperanza; en el Frayba estamos convencidos de que la Paz se construye desde la búsqueda de la Justicia, la cual está anclada en la Dignidad de cada uno de los pueblos y personas que luchan.
Hacemos un llamado a la Comunidad Frayba, a organizaciones, colectivos a no cesar en las acciones y persistir desde abajo en el horizonte de la defensa de nuestros derechos, a juntar las luchas con los pueblos, comunidades, personas dignas de Chiapas, de México y el Mundo que han ubicado en este territorio de resistencia su mirada y trinchera; es urgente y necesario seguir andando los caminos de Libertad, Memoria y que la Verdad sea nuestra ética de trabajo, para romper las sistemáticas injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y patriarcado, para vigorizar la transformación social de manera radical de las diversas realidades humanas y fraternas que nos habitan y consolidar una sociedad nueva, democrática y justa.
En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria
Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.
El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.
“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.
Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.
Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.
Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.
Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.
En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.
La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.
Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.
Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.
Recibimiento de Bernardo por pobladores de Sepos Semococh, la comunidad de donde es originario. Foto: Gilberto Cucul
En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.
Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.
En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.
La llegada de la empresa
Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.
Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.
Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.
Comunidades empiezan la organización
Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.
Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.
Ganan amparo
Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.
Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.
Viene la persecución
A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.
Bernardo Caal en una actividad pública, antes de ser encarcelado en enero de 2018. Foto: Prensa Comunitaria
Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.
La primera orden de captura
Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.
Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.
Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.
Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.
Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.
El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.
La segunda orden de captura
Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.
Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.
La prisión
En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.
Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.
Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.
Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.
69 magistrados
Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.
La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.
Clamor popular
Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.
Carta de Bernardo escrita desde la prisión.
Luz verde para la empresa
Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.
Una sentencia vergonzosa
En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.
Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.
Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.
Energía eléctrica y acuerdos de paz
En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.
Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.
Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.
En Cobán, la hidroeléctrica española Renace se ha instalado con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo para la zona. Foto: Pedro Armestre
Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.
Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.
Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.
Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.
La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.
En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.
Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.
Libertad
Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2022 Acción urgente No. 06 Actualización
Se arrecian los ataques a la autonomía contra el pueblo zapatista de Nuevo San Gregorio, por parte del grupo agresor tolerado por los tres niveles de gobierno.
Se profundizan las amenazas contra la autonomía zapatista, cercan las tierras de la Escuela Secundaria Autónoma.
Estado mexicano responsable y cómplice ante las acciones que atentan la autonomía zapatista.
El día de ayer las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en el pueblo de Nuevo San Gregorio del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México (municipio oficial de Huixtán) y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”; han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de 6 familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).
A las 8:29 hrs., el grupo agresor nuevamente removió el alambre de púas que se encuentra al lado de la Escuela Secundaria Autónoma la cual se encuentra cerrada desde hace aproximadamente dos años y medio por las agresiones constantes. Las BAEZLN están en resistencia y defensa del territorio recuperado, por las circunstancias hay un gran riesgo a la vida, seguridad e integridad debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven, lo que ocasionaría daños hacia las BAEZLN y a observadores de derechos humanos solidarios.
Las BAEZLN realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia, amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales. En el pueblo de Nuevo San Gregorio se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, ocasionando la falta de alimentos básicos para las personas. Estos hechos siguen sucediendo bajo la observación de los gobiernos de: Andrés Manuel López Obrador en lo federal y de Rutilio Escandón Cadenas en lo estatal; el Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las BAEZLN, quienes son defensores y cuidadores de su territorio, lo anterior puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo conformado por autoridades tradiciones de 65 comunidades originarias, recibió a la Caravana de la Dignidad y la Conciencia Wixárika en el poblado de Estación de Queréndaro en el Municipio de Zinapécuaro.
La caravana pacífica e histórica de integrantes del Pueblo Wixárika avanzan a pie desde sus tierras ancestrales, poco a poco pero a paso firme continúan caminando y luchando, llevan 23 días marchando desde el Estado de Jalisco y pronto llegarán a la CDMX, en promedio 200 wixárikas caminan 30 km por día. Buscan la restitución de su territorio ancestral, usurpados por ganaderos y pequeños propietarios. Su objetivo es caminar más de 600 km hasta la capital mexicana, para que les sea atendida la exigencia de la restitución de sus tierras comunales.
Fueron recibidos en tierras michoacanas por autoridades de las comunidades indígenas integradas en el CSIM, quienes proporcionaron alimentos y víveres, intercambiaron diálogos de lucha y resistencia y se sumaron a la exigencia histórica de restitución de tierras comunales del Pueblo Wixárika. El CSIM reconoce, admira y acompaña esta reivindicación Wixárika coincidiendo que la lucha histórica y contemporánea más importante de los pueblos originarios es la lucha por la defensa del territorio y la tierra comunal, “es la madre de todas las luchas” expresan.
El día de hoy la caravana continuará su paso firme a la CDMX acompañada por integrantes de las comunidades originarias de Michoacán.
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PANAMA: Continua el Paro en Colon ante las desigualdades sociales en el Istmo del canal de Pánama. Colon urgente. Radio Temblor
PALESTINA: Un año más de la nakba, Israel asesina a la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh.
AMAZONIA: Incendio destruye comunidad Yanomami en la Amazonía brasileña. Avispa Midia
KURDISTAN:Desde México denuncian las políticas de guerra de Turquía contra el pueblo kurdo. Kurdistan America Latina
OMBLIGO DEL MONSTUO
MORELOS: 10 años de resistencia al PIM en Huexca Morelos. El 15 de mayo se conmemoraron los 10 años de resistencia al proyecto de muerte del PIM junto con la Termoelectrica. Noticias de abajo.
MEXICO: Dificil camino para el retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca Oaxaca. Sueña Dignidad
MEXICO: Invitacion a Tejemedios Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias en la region de los Volcanes Puebla. Laboratorio Popular de Medios Libres
DESAPARECIDOS: Madres de desaparecidos se manifiestan el 10 de mayo y fundan la glorieta de las y los desaprecidos, el gobierno la boicotea. Redes.
PUEBLA, SIERRA NEGRA: Policía Estatal embosca activistas indigenas en Coyomeapan, 3 muetros 7 heridos y 4 presos políticos por oponerse al caciquismo. Frayba, PiedePagina
Música:
Version No Oficial de la Canción «Palestina Somos Todos» – Themis Aranibar
