MÁS DE 866 Y 23…

  Próximo a iniciarse el encuentro (Rebel y Revel) Arte, en el caracol zapatista Jacinto Canek, el próximo 13 de abril de este 2025, les presentamos el corte de registros de artistas participantes:

  Se han registrado más de 366 artistas de hasta 23 geografías distintas.  A estos hay que sumar los más de 500 artistas zapatistas que se presentarán.

GEOGRAFÍAS DE ARTISTAS

Registrados participantes de 23 países:

Alemania; Argentina; Bélgica; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Ecuador; España; Estados Unidos; Francia; Grecia; Inglaterra; Italia; Japón; México; Palestina; Perú; Polonia; Sudán; Suiza; Turquía; Venezuela.

  A continuación, les presentamos sus nombres y el arte en el que se auto ubican según su registro:

PARTICIPACIONES COLECTIVAS REGISTRADAS

Antipoesía
Errante Piratería Roja, México

Artes plásticas
Grupo Anarquista en Sudán, Sudán

Artes visuales, poesía
Colectivo Colibrí, Estados Unidos

Barro, cerámica
Colectivo la derrota, México

Bordado
Artemisas Colectiva

Cine
(No) Escuela Itinerante de Cine Comunal y Popular Primer Plano, Argentina;
Asamblea Maya Múuch´Xinbal, México;
Escuela Autónoma Otomi de la Casa de los pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, México;
Grupo Ukamau / Radiozapatista, México;
Sal Producoes, Brasil. Deuda x Clima, México

Circo
Colectiva Circotik, México

Collage, música
Colectividad de jaraneras, México

Danza
Foramen Danza, México; Guarecer, México;
Otra danza es posible, México:
Sentires Colectivos en Movimiento, México:
Zarah, México:
Mafia Somática, México

Escultura
Utopía, México

Fotografía
Brooklyn Eviction Defense, Estados Unidos;
Colectivo Bats’i Lab, Mexico;
Juventud Comunista de México, México;
Oleaje Negro, Colombia

Fotografía, escritura
Lawen, colectivo documental, Argentina

Fotografía, poesía
Universidad Popular de los Pueblos UPP / Radio Chakaruna, Colombia

Grabado/Linograbado
Asociación Artística y Popular Palabra Revuelta, Bogotá;
EDELO, Estados Unidos;
Taller de gráfica la Chayotera, México

Gráfica
ANTÍPODA, México;
Proyecto Bitácora de aguas, Red trasandina diaguita de mujeres y disidencias Ancestrías del Futuro, Chile

Gráfica, rótulo, mural
Wons-BembaKlan, México

Literatura
Andrea Sabina, México;
Ediciones del Espejo Somos, México;
Radio Zapatista, México:
Recherche AG / colectivo InvestigAcción, Alemania;
Ta spol be, México

Magia, música
Arturo y María, México

Música
Amparanoia, Estado Español;
Artemisas colectiva, México;
Bariño y la jauria, México;
Centro Cultural Makarenko, México;
Colectividad de jaraneras, México-Estados Unidos;
Colectivo Nodo Solidale, Italia;
Conshas Duras SkaPunk, México;
Cvo. Tajtolmej taltipak, México;
Dionisio Clan, México;
El Mastuerzo/Kloakascomunicantes, México;
Escuadrón Creyente, México;
Goldy Head, Chile-México-Perú-Estados Unidos;
Hunaac-cel (del colectivo DeBatl), México;
Juventud Comunista de México, México;
KARMHA (Kolectivo Artístico por la Recuperación de la Memoria Histórica y Activismo, México;
La mosca con Smoking, México;
La otra Rima, México;
Lakitas; Matriasaya, Chile;
Lengualerta, México;
Maldita Rabia, México;
Mexican Sound System, México;
PalabrAndo, México;
Psicolexia;
Proyecto musical sentakwikat;
Rude Boys Ska, México;
Sazón de María, México;
Son de Maíz (MSPS. Movimiento por la Soberanía Popular y el Socialismo), México;
Zopilote, Japón-México

Narrativa/video
Komün Cinema, México

Parkour
Parkour de San Cristóbal Defying Gravity, México

Performance
Compañía Transnacional de Performance, México;
Grupo de arte acción Chanti olli (Gacho), México

Pintura
Antonio Ramírez, México
Ciudades Invisibles de Universidad del Egeo, Grecia;
Clínica de Heridas, México;
Colectivo Callejero, México;
Diablitxs De Fuego, México;
Escuela Política Feminista travesías por la Paz Cali, Colombia;
Salvajes Viajeras y Tlalmino, México;
Lucio Neftalí Espinosa García, México

Poesía
Pueblo KituKara Kara, Ecuador;
Poesía de Servilleta, México;
Vivxs nos queremos arte y acción feminista, Argentina, Italia, México, Polonia;
Xochitlanezi, México

Spoken Word
Regeneración Radio/ Frente Xonacatlán en Resistencia, México

Teatro
Luis de Tavira;
La Casa del Teatro, México;
Colectivo Teatral Mexicano Los Alichanes, México;
Alas Comunidad de Aprendizaje en Libertad, México;
Los Zurdos, México;
Colectivo Base Lunar, México;
Colectivo Teatro en Terrazas, México;
Los Huitlacoches teatro, México;
Laboratorio creativo escénico de San Cristóbal de las Casas, México (integrantes de España, Alemania, Italia, Argentina y México);
Vosque Azul/ Crisalium, México;
Zapamichis

Teatro, danza
Hierba Maga en colaboración con y Elisa Beltramini y Fobos y Deimos, Argentina-Italia-México.

Teatro, literatura, música
Tlalmino Teatro, México.

Teatro, performance
Teatro al Vacío, Argentina.

Teatro, poesía
La Pájara T´i, México.

Títeres
Ediciones guillotina/estilete, Italia;
Títeres Elwaky, Bolivia

PARTICIPACIONES INDIVIDUALES REGISTRADAS

Arte textil
Sofía Rosas, Argentina

Artes visuales
David Julián Torres Martínez, México;
Elijah Burciaga, Estados Unidos

Cartografía
Natalia Dopazo

Cine
Karla De la Garza, México

Collage
Rubén Romero, México;
Santiago Tomas, México

Collage, poesía
Samantha Davis, Estados Unidos

Danza
Carmen Aurora Glink Buján, Alemania;
Germán Pizano, México;
Héctor León, México;
Lis Ek (Gaina), México;
Liza Fernanda Bello Aranguren, Colombia;
María Aiko Guevara Yamaguchi, México;
Miriam Álvarez, México;
Olivia Silvestri, Italia;
Paulina Segura, México

Escultura
Alfonso Zarate Ávalos, México;
Antoine Granier Nino, Francia;
Scarlet Bárcenas Martín, México

Escultura, literatura
Paula Ramírez, México

Escultura, pintura
Cesar Molina Aldape, México;
Nabi Alonso Orozco Torres, México

Fotografía
Yuriria Pantoja Millán, México;
Stephanie Malen Zambrano, Argentina

Gráfica
Francisco Javier Yamilet Santin, México;
Gabriel Ávalos Sánchez (G r a b i e l _ G r a f i c a), México;
Norma Angélica Ávila Meléndez, México

Ilustración
Yosselin Guadalupe Molina Fernández, México

Literatura
Alejandro Martínez Martínez, México;
Carlos Servin, México;
Carolina Fernández Ares, Argentina;
Concepción Suárez Aguilar (Coni), México;
Delmar Penka, México;
Israel González Ruíz, México;
Ricardo Pérez Peña, México; Ruisdael Jose Vera Uribe, Venezuela / Ecuador

Literatura, proyección
Brenda Núñez, México

Marionetas
Eleni Peppa, Grecia;
Miguel Angel Soto Robles, México

Música
Alejandro Fernández Auza, México;
Arturo León Velasco, México;
Eder Nanclares Hernández, México;
Edgar Cajero Yañez, México;
Fernando Escobar Zúñiga, México;
Isaac Díaz Valderrama, México;
Luis Alberto Santoyo, México;
Luis Daniel Vallejo, Ecuador;
Nidia Barajas, México;
Omar Valencia Ayala, México;
Paola Maricela Jiménez Enríquez, México;
Yeudiel Infante, México

Música, poesía
Maria Moctezuma Garcia, México

Performance
Doerte; Pino Ninfa, Italia

Pintura
Barone Fernando Ezequiel, Argentina;
Brunetti María luz, Argentina;
Daira Ojeda Uribe, México;
Erick Tzucumo, México;
Gustavo Chavez Pavon, México;
Jordan Wade, Estados Unidos;
Kristina Martínez, México;
Liza Zaldívar Salazar, México;
Lucia Maza Lopez, México;
Marijose Ocampo, México;
Mario Benítez, México;
Mike Maese, México;
Pablo Ángel Lugo, México;
Ramiro Eduardo Mendoza, Argentina;
Rodrigo Díaz, México

Pintura, escultura
Chloe Bellange, Francia;
Selda Meriç Atalar, Turquía

Pintura, fotografía
Gabriel Flores Berber, México

Poesía
Dulce Guadalupe Reyes López, México;
Elsa Canali, Italia; Gabriel Cruz, México;
Luis Eduardo Sánchez, México;
Malva Marina Carrera, México

Tatuaje
Silvana Torres Septien, México

Teatro
Arturo Beristain Bravo, México;
Diane Studer, Suiza;
Felix Metzger, Alemania;
Guadalupe Errázuriz, Colombia;
Eduardo Sandoval, México;
Evan Guttell, Estados Unidos;
Joyce Islas, México

Teatro, clown
Maribel Aguilar Medina

Danza
Cande Martínez, Argentina

Escultura
David Arias Dijard, México

Literatura
Édgar Núñez Jiménez, México

Música
Chucho Rèves; Javier Otorongo;
Yael Antonio Espinosa García, México

Performance
María Laura Buccianti, Argentina

Pintura
Juan Erasto Molina Urbina, México; Walpaq, Argentina

Poesía
Rodrigo Espinosa

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El caracol Jacinto Canek cuenta con un auditorio cerrado con un aforo de 600 personas; un auditorio abierto, al aire libre, con un aforo de 2000 personas. Es nuevo porque apenas se está terminando.

Es todo por ahora.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, Abril del 2025.

Imágenes de Tercios Compas
Música Mexikan Sound System «Somos la Fuerza»

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.}

Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana. 

De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.

“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.

La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.  

Nunca fue retirado del cargo

A finales de abril de 2023, Francisco Garduño, Comisionado del INM, fue vinculado al proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en el incendio de Ciudad Juárez. No obstante, el 24 de enero de 2025 obtuvo la suspensión condicional del proceso penal para un periodo de un año y seis meses. 

Luego de solicitarla por tercera ocasión, la suspensión fue concedida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, sin tomar en cuenta la petición de las víctimas de retirarlo del cargo de Comisionado durante tres años, entre otras medidas que tampoco fueron escuchadas. 

La investigación que emprendió la Fiscalía General de la República (FGR) debió de imputar a 11 personas, pero solo nueve son juzgadas por delitos de homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena. 

El director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, se dio a la fuga, mientras que Garduño obtuvo la suspensión y nunca fue retirado del cargo, a pesar de las responsabilidades en la cadena de mandos. 

Ahora bien, con la suspensión, el juez impuso medidas que, a decir de las organizaciones, son insuficientes tomando en cuenta que, al cumplir el año y seis meses puede acordarse el cierre del proceso, es decir, Francisco Garduño puede obtener una sentencia absolutoria.

Las víctimas de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala, tienen derecho a contar con un asesor jurídico; “a todas esas sociedades les debemos una explicación porque era una estancia pública”, reiteró el abogado Marcos Zavala.

“Espacio deshumanizado”

Durante las actividades para honrar a las víctimas, Ivet Marín y Zara Villegas, del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) hablaron de las condiciones previas al incendio de la estancia migratoria que observaron en las visitas y en testimonios recabados.

Los centros de alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) se dividen en dos: tipo A, donde la estancia máxima de una persona debe ser de 48 horas y la estancia tipo B, sólo se contempla un periodo de siete días, como la de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

La brigada del Servicio Jesuita a Refugiados visitó esa estancia migratoria en diferentes fechas, de 2022 al 24 de marzo de 2023. Para ingresar necesitaron la autorización de la Dirección de Control y Verificación Migratoria, que les retiraba celulares o dispositivos digitales. 

La descripción detalla una distribución compleja de la estancia migratoria tipo B, que contaba con dos celdas reducidas para mujeres y una para hombres; separadas por barrotes que asemejan una prisión, además que los muros no tenían señalamientos visibles de salidas de emergencia. 

La abogada Zara Villegas constató que no había ningún tipo de orden o apego a la ley para realizar las detenciones, mantenían a las personas incomunicadas, los teléfonos de la estancia migratoria nunca eran atendidos y les pedían un pago económico a cambio de ese derecho. 

“Muchas personas no tenían conocimiento de la ciudad en la que estaban. Había quienes no hablaban español y tampoco tuvieron acceso a ningún tipo de traducción o interpretación para dar a conocer lo que estaba sucediendo”, añadió Villegas. 

Ivet Marín hizo hincapié que las personas migrantes siempre eran vigiladas por personal del INM o del sistema de seguridad particular, en condiciones de hacinamiento, “un espacio completamente deshumanizado”. A ello se suman las agravantes de la falta de alimentos, de agua y contención sanitaria; carencia de cobijas, vestimenta, ausencia de atención médica y de un espacio de recreación frente a los largos procedimientos que enfrentan.

Estas condiciones detonaron en las personas migrantes impactos psicosociales como estrés, ansiedad, despersonalización por no saber qué hicieron para ser detenidos y, en muchos casos, el Servicio Jesuita a Refugiados identificó mucho temor, vinculado a diversas situaciones de abuso de poder. 

“A las personas dentro se les negaba el derecho al refugio o se les condicionaba a esperar el proceso dentro de la estación migratoria, cuando puede durar hasta un año o más”, explicó Villegas. 

El 24 de marzo de 2023, tres días previos al incendio, las defensoras accedieron a la estancia migratoria por más de una hora y observaron que persistía la incomunicación, sobrepoblación, confusión sobre el procedimiento, la falta de alimentos y agua potable. 

Las personas que encontraron fueron detenidas durante operativos tipo redadas que hizo el Ayuntamiento de Ciudad Juárez en coordinación con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en las que hombres, mujeres e infancias fueron separados.

Otras personas fueron detenidas tras aterrizar en un avión en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, sin importar los permisos que traían consigo; algunas durante los operativos en hoteles, y un grupo más de deportados. 

“Un hecho atroz”

Entre el 2019 y 2023, bajo la titularidad de Francisco Garduño, ocurrieron 14 incendios en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Veracruz, Puebla y Chiapas. 

En el siniestro de 2020 en Tenosique, Tabasco, un hombre murió, de acuerdo a la documentación de Fundación para la Justicia que reitera, “la repetición de estos hechos refleja una omisión sistemática del INM como responsable de las estaciones”. 

Una semana antes del incendio en Ciudad Juárez, el 15 de marzo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el plazo máximo dela detención de migrantes extranjeros por más dees de 36 horas, “luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad”.

“Hay más de siete recomendaciones generales de la CNDH donde ya le había explicado (al INM) que las condiciones carcelarias donde tenían retenidos de manera ilegal a las personas migrantes eran violatorias de los derechos humanos”, insistió Álvaro Botero, abogado y defensor de los derechos humanos. 

“Las conductas y hechos que se dieron alrededor del caso podrían representar violaciones a los derechos humanos y generar responsabilidad internacional al Estado mexicano, desde el simple hecho de poner en detención a las personas de manera generalizada y automatizada”, explicó. 

Recordó el incumplimientos de la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reconoció graves violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de 67 personas, por actos y omisiones del personal del INM en el incendio.

La Recomendación fue aceptada por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y el INM, lo que la vuelve un elemento vinculante, como si se tratara de una sentencia jurisdiccional, y se tienen que cumplir en todos los términos. 

En el informe “Los impactos en las mujeres vinculadas” publicado este jueves (27), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recuerda que el incendio fue provocado por la protesta de algunos hombres que exigían respuesta sobre su situación migratoria y para reclamar por las deplorables condiciones en que los mantenían. 

Explica cómo el incendio también conllevó a pérdidas para las mujeres y efectos adversos en la vida de cada una, que van desde los psicosocial hasta lo económico, en su día a día.  

“Señora presidenta, autoridades de justicia, ¡No queremos impunidad! ¡Queremos justicia!”, se lee en las primera líneas de la carta abierta  dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, firmada por madres, esposas, hijas, padres y sobrevivientes del incendio.

“Han pasado dos años, pero es como si hubiera sido ayer. El tiempo transcurre, pero el dolor sigue intacto… Como familia, no pedimos más que justicia. Queremos que lo próximo sea: justicia”, expresa Miguel, hermano de Andrés Calderón Carbajal, migrante fallecido.

La exigencia de justicia se lee en cada uno de los mensajes que integran la carta abierta  a Sheinbaum que se puede leer en las redes sociales de las organizaciones aquí citadas. “A todas y todos ustedes les pedimos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas deben pagar. Lo que pido es que se haga justicia, que este hecho no se repita.” 

“Durante estos dos años, después del incendio, mi forma de ser y mi personalidad ya no es como antes, perdí mucha memoria, ya no puedo respirar, ya no puedo descansar más, ya no puedo ver, veo borroso. El causante fue el incendio… No puedo hablar bien por el humo que inhalé, tuve pérdidas de memoria y quemaduras de tercer grado en mi cuerpo”, narra una de las sobrevivientes. 

En los movimientos del gobierno federal, Claudia Sheinbaum anunció que a finales de 2024 Sergio Salomón Céspedes Peregrina tomaría el cargo de Comisionado del INM, pero a la fecha Francisco Garduño sigue al frente y, de manera reciente, dijo que ya cumplió con las medidas impuestas por el juez y que la disculpa pública a las múltiples víctimas del incendio la ofrecerá el próximo 16 de abril. 

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{Foto de portada por Felipe Correia}

En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York. 

Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.

No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando. 

Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel. 

“El constante ruido trajo el padecimiento del cuerpo. Las personas empezaron a enfermarse. Hay comunidades enteras que están depresivas. Las personas que viven cerca de las torres empezaron a percibir la enfermedad”, sostiene João do Vale.

La situación generó polarización en la comunidad. De un lado los campesinos que no poseen aerogeneradores en sus tierras, pero están muy cerca de ellos. Y de otro, aquellos que reciben recursos por tener aerogeneradores en sus tierras. 

Como los campesinos poseen pequeñas tierras – una hectárea, dos hectáreas – los impactos de los aerogeneradores son divididos entre todos. “Hay comunidades en las cuales 80% de las personas no tienen torre, pero todos sufren las consecuencias, porque las torres son gigantes y aquí todo es muy cerca”, explica. 

La articulación entre los vecinos no tardó en acontecer. “Hace ocho años nos reunimos, por primera vez, en el terreno de una familia que estaba sufriendo por el ruido, me acuerdo hasta hoy, bajo un juazeiro [árbol frutal típico de la región semiárida brasileña] de su patio”, se acuerda. 

Desde entonces la articulación de los campesinos de esta región – comunidades con orígenes a partir de un gran encuentro entre pueblos indígenas y africanos – se expandió alcanzando universidades, organizaciones, parlamentarios, pueblos indígenas.

Además, campesinos con presencia de aerogeneradores en sus tierras también empezaron a demostrar su descontento, ya que con el tiempo la empresa empezó a pagar menos de lo acordado inicialmente, hasta 50% menos. “Hay una cláusula contractual que sostiene que pueden variar el pago de acuerdo con el mercado de energía, una cláusula bastante abusiva”, explica el agente.La articulación derivó, en febrero, en la ocupación de la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de Pernambuco (Adepe), en la capital del Estado, la ciudad de Recife. “Las familias no pueden sostener más la situación. O la empresa se hace cargo de los impactos que causa o simplemente les queda salir de sus tierras debido a que el nivel de padecimiento ya es insostenible”, comparte João do Vale, que vive en el Sertão (región semiárida) de Pernambuco, donde igual está “inundado de aerogeneradores”, como él describe.

Avispa Mídia

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Ocupación del edificio público en Pernambuco. Fue un momento importante de unión de varias fuerzas sociales contra los parques eólicos. Fotos: Renata Pires

Campesinos y indígenas del pueblo Kapinawá, cuyo territorio también es codiciado para la construcción de un parque eólico, sostuvieron por dos días la ocupación del edificio público. Salieron con la promesa del Estado de suspender la licencia de operación del parque Ventos de São Clemente y de no instalar nuevos parques eólicos en territorio indígena. 

Además, representantes del Estado pernambucano se comprometieron a crear una normativa que determine cuál es la distancia segura entre las casas y los aerogeneradores. “El gobierno debió de haber reglamentado eso hace mucho tiempo. Por lo menos 2 km, distancia considerada mínimamente segura. Existe una omisión en reglamentar la instalación de los parques”.

Energía eólica en números

De acuerdo a la Agencia Brasileña de Energía Eólica, existen 1,109 parques eólicos, totalizando 11,773 aerogeneradores, distribuidos en 12 estados brasileños. La gran concentración está en el nordeste del país, especialmente en el Sertão y Agreste. En 2023, la región fue responsable por 92% de la producción nacional de energía eólica.

“Llegaron primero a la Costa y después fueron expandiéndose hacia el interior del Estado, las regiones Agreste y Sertão. Hoy están por todos los lados, se reproducen como peste”, señala el agente pastoral.

El viento es la segunda principal fuente generadora de energía en el país, el 16%. Las hidroeléctricas son la principal fuente, generan el 49% de la energía consumida en Brasil.

Avispa Mídia

Presión

A partir de la presión ejercida por la articulación entre indígenas, campesinos, organizaciones y universidad, el Ministerio Público brasileño realizó un peritaje técnico para analizar el nivel de ruido emitido por los aerogeneradores. “Las pericias comprueban lo que sostenemos, que el ruido está arriba de lo que permite la ley. Eso se configura como un crimen. Tenemos laudos en las manos”, señala João do Vale. El Ministerio Público concluyó que existe daños socioambientales en estas comunidades. 

El órgano ambiental del Estado, entonces, impuso una serie de recomendaciones tanto para el complejo Vientos de São Clemente así como para el parque Ventos de Santa Brígida, que también está instalado en la región desde 2015 con 107 aerogeneradores distribuidos por los municipios de Caetés, Pedra y Paranatama.

“La empresa dueña de Ventos de Santa Brígida [que también está en proceso de renovación de la licencia de funcionamiento] hizo una propuesta de adecuación a las condiciones establecidas por el órgano ambiental y eso fue considerado suficiente por el Estado. Ya Vientos de São Clemente nunca respondió a las recomendaciones del órgano ambiental”, explica Vale. 

Fue entonces que la ocupación de la Adepe obligó el Estado a tomar medidas contra la empresa Casa dos Ventos, suspendiendo el funcionamiento del parque, hasta que cumpliera directrices para mitigar sus impactos. “Es la primera vez que eso pasa en Brasil a través de una lucha popular”, conmemora.

^{Foto por Felipe Correia}

La justicia

Después de la decisión del órgano ambiental, la empresa inició una acción judicial contra el Estado, pidiendo el retorno de las actividades del parque. “El juez de primera instancia decidió que el parque debería continuar suspendido. La empresa llevó el caso a jueces de segunda instancia. Fue entonces que el tribunal de justicia autorizó el retorno de las actividades [hasta que haya una sentencia final del caso], justificando que la empresa iba a tener muchos perjuicios financieros”, explica João do Vale. 

Días después de la decisión judicial los campesinos reportaron la queda de una torre, sin mayores acciones del Estado.

Mientras tanto, reportan desde la región una tensa calma. “Ha habido agresiones por parte de quienes quieren los parques, porque con la paralización de las actividades la empresa no pagaría a los dueños de las tierras. Esta situación ha provocado la confrontación de campesino contra campesino”. 

El Agreste es una región brasileña formada por poblaciones tradicionales – entre ellas quilombolas, catingueros y diversos pueblos indígenas. “Es una región de una memoria comunitaria todavía muy fuerte”, describe el agente. Allí se vive de la pequeña producción agrícola, frijol, maíz, legumbres, hortalizas, se crea pequeñas cantidades de animales.

Si no hay un acuerdo con estas empresas que permita que se detengan las instalaciones de nuevos parques, la solución vislumbrada por las familias es el desplazamiento a otras tierras o a las periferias de las grandes ciudades, donde tendrán que iniciar sus vidas de cero. “Es un proceso muy violento. Ninguna de las dos opciones es justa”, añade João do Vale. 

^{Foto por Felipe Correia}

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{Fotos por Jeny Pascasio}

Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.

Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.

De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.

José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos. 

A esto se le suma la situación de las familias que no denuncian por temor o que buscan denunciar, pero pierden la confianza por la revictimización que ejercen en las fiscalías locales o por la falta de atención, traductor e intérprete. De manera general, el aumento de las desapariciones en Chiapas se puede observar en los datos del RNPDNO, de los últimos cuatro años. En 2021, se reportan 61 personas desaparecidas; en 2022, 88 personas; en 2023, 218; y durante el 2024, 488. De un total de 1,168 reportes de personas desaparecidas, 242 estaban en un rango de edad de 8 a 20 años en el momento de la desaparición.

“Toque de queda”

La tarde del 27 de febrero de 2024, un mensaje titulado “toque de queda en Galecio” se difundió rápidamente, incluso entre los habitantes de áreas colindantes a la colonia Galecio Narcía, ubicada a 6 kilómetros de distancia de Salvador Urbina, ambas pertenecientes al municipio de Chiapa de Corzo.

“Cuando vi ese mensaje les dije a mis hijos que ya no podían salir en la noche ni a dar la vuelta. Pero nunca imaginé que, horas más tarde, en la madrugada, se los llevarían”, narró Liliana Pérez, madre de Luis y Marvin Nanga Pérez, en entrevista con Avispa Mídia. 

A las 4 de la mañana del siguiente día (28), un comando armado, precedido por tres hombres que portaban uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entró a la casa de Liliana ubicada en Salvador Urbina y se llevó a sus dos hijos, Luis y Marvin, de 20 y 17 años de edad. 

“Desperté a mi esposo al oír el ruido en la puerta. Nosotros estábamos dormidos en la planta alta de la casa. Cuando me asomé por la puerta de mi cuarto vi a personas armadas subiendo las escaleras. Nos gritaron: ¡Tírense al piso, somos del Ejército Mexicano! Aventaron a mi esposo al suelo, lo encañonaron con las armas y a mí me pusieron de rodillas”, relató Liliana. 

Un grupo de encapuchados iba vestido de color negro y con cascos antibalas, otros con uniformes de la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ahora Secretaría de Seguridad del Pueblo. Todos con armas de alto poder, “pero solo uno dirigía”, describió.

“Mis hijos seguían dormidos, pero los hombres entraron a la habitación del mayor (Luis), lo agarraron y tiraron al suelo. Después fueron al siguiente cuarto, sacaron a mi hijo menor (Marvin) y en ese momento a él le preguntaron de un arsenal y una bolsa de ‘cristal decomisado’, pero ni mi hijo ni nosotros entendimos de qué estaban hablando”.

Los encapuchados patearon a Marvin en la cara, mientras lo cuestionaban a gritos, una y otra vez, sobre “el arsenal”. “Esposaron a mi esposo y a mis dos hijos, les grité que no nos hicieran daño y mi hijo mayor agregó que nos estaban confundiendo y pidió que no le pegaran a su hermanito”, pero la respuesta fue golpear también a Luis. 

“Amenazaron con darles el tiro de gracia si no hablaban. Les dije que nosotros no teníamos nada y les pedí que buscaran. Registraron por toda la casa y encontraron el uniforme de Luis [pues dos años antes ingresó a la Sedena como policía militar] y le dijeron: ¡ah!, eres guachito, entonces también te vienes con nosotros”. 

Se llevaron los uniformes militares de Luis, bajaron a Marvin y al padre de ambos. Los hombres robaron también el dinero de la beca Benito Juárez que Marvin recibió días antes, videojuegos y las ganancias de la venta de pan de Liliana. 

En la entrada de la vivienda estaban varadas dos camionetas, “una blanca y una negra tipo CVR, sin placas, y a bordo iba un hombre viejo, obeso y barbón a quien los encapuchados llamaban ‘jefe’ y él dijo que sólo mis hijos le iban a servir”.

Subieron a Luis y a Marvin en una de las camionetas, “mi esposo suplicó que no lo separaran de sus hijos. Desde arriba vi que intentó ponerse de pie para subirse a la camioneta, pero amenazaron con dispararle”.

Antes de partir, “nos amenazaron, nos dijeron que no denunciáramos, porque la Fiscalía estaba con ellos”. Cuando arrancaron las camionetas, el esposo de Liliana se puso en dos pies. “Me dijo: pide ayuda, yo voy por mis hijos. Se subió a su vehículo particular y siguió las camionetas”. 

Liliana llamó al 911 y después de una hora llegó la policía municipal de Chiapa de Corzo que se declaró incompetente frente al escenario. Luego se hizo presente la SSyPC, pero los uniformados sólo recabaron datos y se negaron a localizar el vehículo de su esposo.

“Mi esposo regresó varias horas más tarde y me contó que también solicitó ayuda en el retén del Vergel (instalado a 3 kilómetros de distancia de la casa de Liliana, sobre la Carretera Internacional y desvío al aeropuerto), pero dijeron que no tenían patrullas y no hicieron nada”.

En ese momento, el esposo de Liliana siguió por su cuenta las camionetas en las que llevaban a Luis y a Marvin pero no pudo alcanzarlas. Huyeron por un camino de terracería dentro de una propiedad privada, entre las localidades de Salvador Urbina y Galecio Narcía.

Rodeó el predio por una vía que conduce al Aeropuerto Ángel Albino Corzo (carretera a Suchiapa), “y ahí mi esposo volvió a topar con las mismas camionetas, pero a bordo los hombres ya iban vestidos de civiles y mis hijos ya no estaban ahí”. 

En una ocasión, Liliana logró rastrear el teléfono celular de Marvin y la ubicación se mostró a unos 16 kilómetros de Salvador Urbina, precisamente en el municipio de Suchiapa. Pero no pudo seguir la investigación. 

Liliana y su esposo acudieron en muchas ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tuxtla Gutiérrez, pero siempre desistieron antes de entrar al edificio a realizar la denuncia, “recordábamos las amenazas que nos hicieron”. 

Durante diez meses buscaron por cuenta propia a Luis y a Marvin, sin tener éxito. Indagaron con amigos, familiares, vecinos, fueron a ranchos, predios, fincas o donde se enteraban de hallazgos de personas sin vida, en localidades cercanas, sobre todo de la región Frailesca. 

Durante ese tiempo también fueron víctimas de extorsión. Liliana recibió amenazas y le exigieron que se fuera de Salvador Urbina. “Dejé mi casa con la esperanza de que me los regresaran, como me dijeron, pero no fue así”. 

A finales de 2024, Liliana se puso en contacto con la colectiva de las Madres en Resistencia, hizo la denuncia ante la FGE y presentó todas las evidencias, pero notó que varias quedaron fuera de la carpeta de investigación.

“¿Por qué mis hijos?”, se cuestiona Liliana. De nuevo, todos los días, desde hace un año. “¿Por qué mis hijos? que son conocidos por ser cercanos a la comunidad, saludables, deportistas, sociables, bondadosos y trabajadores”. Liliana no encuentra respuestas. En sus propias palabras, la historia de sus hijos es un rompecabezas infinito.

Su hijo mayor, Luis, ingresó a la Sedena en 2022, como policía militar del Batallón de Operaciones Especiales. “Yo siempre escucho noticias y con todo lo que pasa en México le pedía que se retirara del ejército y me dijo que lo haría, con la condición de que lo apoyara con sus estudios, quería entrar a la Licenciatura en Protección Civil”. A pesar de la promesa hecha a su madre de dejar el servicio militar, todavía continuaba en Sedena.

En la búsqueda de ayuda para encontrar a sus hijos, Liliana acudió al Campo Militar número 1 de la Sedena, en la Ciudad de México, a donde pertenecía Luis. Dijeron que su hijo era un “desertor”, porque ya no se presentaba a trabajar. “Les expliqué que fue desaparición forzada”, a pesar de eso “me cerraron las puertas”.

Marvin, su hijo menor, estaba indeciso sobre su futuro, quería terminar la prepa y meterse a la Marina, pero a su vez deseaba tener su propia empresa, “soñaba con una cafetería, me lo dijo porque platicábamos todos los días después de comer, recostados en la hamaca, y también cuando les enseñaba repostería, porque a eso me dedico”, dijo Liliana.

Marvin estudiaba el segundo semestre en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 20, ubicado a 18 kilómetros de su casa, en la colonia 20 de Noviembre del municipio Emiliano Zapata.

Sólo unos días después del 28 de febrero de 2024, los directivos del Cobach 20 decidieron darle de baja de manera automática a Marvin y se negaron a recibir a Liliana cuando acudió a buscar respaldo y a dar cuenta sobre la condición de desaparecido de su hijo.

El Registro de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), reporta en Chiapa de Corzo cuatro casos de personas desaparecidas entre 8 a 20 años de edad: dos en Salvador Urbina, una en América Libre y una mujer en Benito Juárez. 

Nodos

Como en otras entidades de México, en Chiapas son familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos las que documentaron el hallazgo de fosas, restos humanos, arsenales y otras actividades que pueden estar ligadas a los cárteles mexicanos o dar indicios para localizar más personas desaparecidas. 

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Por las búsquedas de campo y presión ejercida por la colectiva Madres en Resistencia, a principios de este año, en operaciones de las fuerzas de seguridad se ubicaron 28 fosas y osamentas de 40 cuerpos en municipios de la Sierra Mariscal y Los Llanos, en específico, el predio San Isidro de Emiliano Zapata.

Dos meses más tarde, el pasado 18 de marzo, Luna, la canina buscadora, integrante del Sistema Estatal de Protección Civil, dio con la entrada de un espacio subterráneo oculto entre tablas de madera y bolsas negras en un predio de la localidad Aurora Buenavista, muy cercana al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, municipio de Chiapa de Corzo. 

En el escondite encontraron cargadores de armas, cartuchos útiles, cascos antibalas, eslabones metálicos para cartuchos, chalecos tácticos, equipo de radiocomunicación, además de prendas de vestir y polvo blanco.

“Pero esa no es nuestra lucha, no es lo que buscamos. Nosotras no buscamos ni armas ni drogas, tampoco culpables. Solo queremos a nuestros hijos de regreso y nada más”, aclaró Isabel Torres de Madres en Resistencia. 

Las familias buscadoras que acudieron a la búsqueda consideran que lo más impactante que observaron en el terreno fue una soga que pendía de un árbol de Ceiba, dado que podría ser utilizada para cometer actos de tortura. 

Ese día, Isabel Torres también lamentó las declaraciones del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, que vinculó los indicios de Aurora Buenavista al caso de su hija, Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida dos meses después de cumplir 18 años. 

“No hubo ningún indició, los cascos que encontramos, no son los mismos. En la desaparición de Cassandra los cascos que portaban (los delincuentes) tenían el escudo de la FGE, y los que encontramos no”, precisó Isabel Torres. 

El lugar tampoco concuerda con la descripción de las personas que fueron desaparecidas junto a Cassandra.  “Es cierto, en Salvador Urbina dio la última geolocalización de mi hija, pero en otro predio”, explicó Isabel Torres. 

De manera reciente, por las irregularidades en las investigaciones de los casos de la colectiva Madres en Resistencia, Jesús Jubilian Sarmiento Santos fue retirado del cargo como titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y transferido a la Fiscalía Distrito Frailesca en Villaflores. 

La colectiva se reunió con la nueva Fiscal de Desaparecidos, Josefa de la Cruz Núñez, quien, en este primer acercamiento, reiteró que trabajará con empatía, profesionalismo y respeto. 

 “Pero vemos lo contrario, porque ellos (la fiscalía) buscan otra cosa, armas, drogas, pero no buscan a nuestros desaparecidos”, lamentó Adriana Gómez, fundadora de Madres en Resistencia. 

Enganche y reclutamiento  

En 2023, Melel Xojobal amplió el panorama con la publicación del informe “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas”, que insta a garantizar la seguridad y la paz para infancias y adolescencias, como lo marcan las declaraciones básicas de derechos humanos.

En el estudio explican otras manifestaciones de la violencia criminal como el enganchamiento y reclutamiento. En el enganchamiento primero “seducen” o, en otras palabras, inducen a niñeces al consumo de drogas, en la venta de las mismas, “y a otras acciones que parecieran más pequeñas”, explicó Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en la AC.

En la región Altos, en específico San Cristóbal de Las Casas, el enganchamiento funciona a través de obsequios de prendas de ropa, celulares o motocicletas. Avanza en la medida de las necesidades que tiene el crimen organizado y, después, viene el reclutamiento.

En este proceso las infancias se inician en el consumo de drogas desde los 8 o 9 años, “es muy relevante”, puntualizó González Balleza, que en general ninguna niña, niño o adolescente se salva de la situación.

El paso posterior al enganchamiento es el reclutamiento, que constituye una forma de explotación infantil y tiene mayor impacto en los pueblos originarios por las desigualdades económicas, en específico de la región de Los Altos sede de Melel Xojobal.

Algunos de los roles que deben cumplir los NNA reclutados, mencionados en el informe de Melel Xojobal, son: continuar con la cadena de reclutamiento, esclavos sexuales, escudos humanos, entre otras funciones que los sitúan en un riesgo mayor. 

De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), los NNA en situación de reclutamiento deben ser considerados víctimas de delitos contra el derecho internacional, no solamente como perpetradores.

A decir de Melel Xojobal, el Gobierno de Chiapas debe trabajar en acciones de prevención para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no recurran o caigan en las redes del crimen organizado. 

“¿Dónde está la cultura?, ¿dónde están las artes?, ¿dónde están las propuestas de acción a ese nivel?”, cuestionó González Balleza, puesto que, “las acciones de prevención deben incluir acudir a las escuelas públicas para hablar de estos temas. Porque está sucediendo”. Sin embargo, México carece de una tipificación legislativa y política pública que condene, prevenga y atienda de manera integral el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.}

Durante el pasado fin de semana, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) visitaron la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, donde pudieron constatar los daños al ambiente y a la salud de sus habitantes debido al uso reiterado del fracking, también conocido como fractura hidráulica, técnica que consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y químicos mediante alta presión para liberar hidrocarburos de entre las rocas del subuselo.

La delegación, compuesta por abogados e ingenieros ambientales, investigadores y observadores procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como de miembros de organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), realizaron un recorrido durante el sábado (22) para atestiguar las condiciones de la infraestructura petrolera en la región. 

Con ello, los observadores pudieron constatar el mal estado y abandono de pozos, deterioro de gasoductos y centrales de almacenamiento y distribución, cuyos efectos perceptibles son la contaminación de tierras, agua y suelo, así como los daños a la salud de las comunidades que viven en territorios convertidos en zonas de sacrificio al norte de Veracruz.

De acuerdo a lo observado por la ALFF, las evidencias en el terreno no dejan duda acerca de que en la región se ha implementado reiteradamente la fractura hidráulica. Datos de la asociación civil CartoCrítica lo confirman, al referir que han detectado, por lo menos, 7,879 pozos fracturados en México. 

Incluso, acorde a Manuel Llano, de dicha asociación, existen ambigüedades para el reconocimiento entre pozos convencionales y aquellos que no son categorizados como tal, cuya extracción es realizada por medio de fracking. 

En proyectos como el denominado Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Proyecto Integral Veracruz, ambos en dicho estado, se realizan perforaciones horizontales y se utilizan métodos que en la práctica constituyen fracturación hidráulica, utilizando millones de litros de agua que, pese a ello, son considerados convencionales.

El gobierno federal ha destinado para esta técnica – cuyo origen se remonta a la década de 1990 en el estado sureño de Tabasco – un presupuesto continuado durante las últimas décadas. Incluso, pese a la promesa presidencial del sexenio pasado de prohibir el fracking en México – cuya propuesta estaba incluida en la llamada reforma ambiental que fue desechada por la actual legislatura-, el más reciente Presupuesto de Egresos de la Federación destinó más de 12 mil millones de pesos a cuatro proyectos que implican el uso de fracking para la extracción de hidrocarburos.

El mantenimiento del presupuesto va acorde a lo mencionado desde principios del año 2023 por Héctor Moreira Rodríguez, ex comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismo que ya vislumbraba que México posee una mayor cantidad de gas y petróleo en yacimientos no convencionales que en pozos tradicionales. En ese momento el ex funcionario indicó que, acorde a las estadísticas del órgano regulador, del total de los mas de 68 mil millones de barriles contabilizados como recursos prospectivos, el 36 mil millones, es decir, el 52.9%, se localizan en yacimientos no convencionales.

En ese contexto, mediante conferencia de prensa realizada la mañana del lunes (24) en la ciudad de México, la AMCF alertó que, de continuar con la promoción del fracking, se prevé por lo menos 15,000 nuevos pozos no convencionales para ser explotados con esta técnica, lo que representa un peligro para regiones como la Huasteca, en San Luis Potosí, la llamada cuenca de Burgos, en Tamaulipas, así como Puebla y el Totonacapan, Veracruz.

Totonacapan, promesas de progreso y contaminación

Las zonas aledañas a las ciudades de Poza Rica y Papantla, en la región del Totonacapan, viven desde hace décadas el legado de la contaminación de agua y suelos derivada de la actividad de la industria petrolera. Habitantes de pueblos originarios se han visto afectados por los continuos derrames de hidrocarburos, que han dañado fuentes de agua, cultivos y han afectado la cultura y formas de vida de las comunidades.

Fue ahí que durante el domingo la delegación de la ALFF realizó una visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde en septiembre del 2024 un derrame de hidrocarburos, desbordado por las intensas lluvias, anegó totalmente el arroyo del cual la comunidad se abastece de agua provocando enfermedades, muerte de fauna y afectación a las tierras y cultivos de poblaciones que se encuentran en su percurso hasta el río Cazones.

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Para la reunión de este fin de semana se hicieron presentes organizaciones y miembros de comunidades aledañas, resaltando la presencia de jóvenes interesados en escuchar las experiencias sobre las resistencias al fracking desde otras latitudes en latinoamérica para, con ello, espejear experiencias y estrategias para la resistencia frente a la problemática de la contaminación y los daños a la naturaleza y salud que permanecen en la región.

Ya durante conferencia de prensa en la CDMX, Romualdo García de Luna, de la comunidad totonaca de Ojital Viejo, detalló que Pemex trabaja en la región desde hace casi un siglo. La empresa introdujo su infraestructura prometiendo progreso y beneficio a las comunidades pero, con el paso del tiempo, ahora resienten los daños a la naturaleza y seres humanos tras la actividad de más de 2,300 pozos petroleros que se explotan en el Totonacapan, aunado a los cientos que se perforan en las regiones aledañas.

“La ineficiencia de parte del gobierno estatal y federal para atender el problema de la contaminación en las diferentes comunidades del Totonacapan, afectadas por derrames de hidrocarburos, es una constante, un atentado continuo a nuestra dignidad como pueblos originarios. Para nosotros, la naturaleza tiene su espíritu, su energía, al igual que los animales, la extracción petrolera está dañando continuamente nuestra vida y la de nuestros animales, cultivos y de nuestro pueblo”, sostuvo García.

Por su parte, jóvenes presentes en la reunión con ALFF enfatizaron que, pese a que la contaminación persiste, las autoridades, lejos de comprometerse a detener el avance del fracking, se acercaron a la comunidad de Ojital Viejo para ofrecerles dinero para resarcir los daños. También ofrecieron servicios para la construcción de caminos y carreteras, a lo cual se negaron pues la exigencia de la comunidad es que se detenga la contaminación.

Ante ello, el indígena totonaca relató que la urgencia por la contaminación les ha llevado a organizarse para la creación de un núcleo de defensa, cuyo objetivo es asegurar la vida de las futuras generaciones. “Ya estamos formando líderes en cada comunidad para tener una conexión con ellos, de lo que está pasando en cada comunidad. Cada vez que haya un derrame tenemos que reunirnos para defender y alzar la voz y no tener miedo”, enfatizó.

Los integrantes de la ALFF que visitaron el Totonacapan señalaron la urgencia de evitar la promoción de mayor extracción de gas y petróleo en la región. “Vemos que la situación de los territorios en donde se implementa la técnica del fracking es la misma, los Estados  priorizan el desarrollo económico por encima de la vida y los derechos humanos de la población local y del ambiente. El consumo y contaminación del agua son inmensos”, sostuvo Santiago Cané, secretario técnico de la alianza latinoamericana. 

Por su parte, Ramón García, del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, localizado en Veracruz, se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la rueda de prensa para que, ante la intencionalidad de reproducir estos sistemas de extracción y, pese al incumplimiento del sexenio pasado, recordarle que ahora ella “tiene en sus manos la oportunidad de prohibir esta técnica y cumplir su compromiso de campaña, que se ha venido diluyendo a lo largo de los meses”.

Fracking, los estragos en América

La ALFF fue fundada en el año 2014 como una respuesta coordinada a la expansión del fracking en Latinoamérica y está conformada por personas, instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de diversos países de la región. Sus integrantes mantienen el objetivo de defender los bienes comunes y resistir a la extracción de hidrocarburos mediante la implementación de la fractura hidráulica.

Otro de sus objetivos es el de intercambiar experiencias y testimonios desde los distintos territorios para realizar un análisis de la manera en que avanzan los proyectos y cuáles han sido las estrategias para resistirlos desde las organizaciones sociales y ambientales. Así, destacaron los casos de Vaca Muerta en Argentina y la Cuenca Pérmica, en Texas, EEUU cuyos relatos coincidieron en resaltar la grave amenaza que representa la implementación de esta técnica en otros lugares del mundo.

En Argentina, desde el año 2012 se presentó el proyecto de Vaca Muerta bajo la promesa de desarrollo social y económico. “Hasta el momento nada de esto se ha cumplido. Por el contrario, el avance del fracking en Vaca Muerta ha generado centenares de sismos en lugares en donde jamás se habían registrado, afectando negativamente la vida de las comunidades, consumiendo millones de litros de agua y generando toneladas de residuos contaminantes que aún no encuentran solución para ser tratados”, compartió Matías Cena Trebucq, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) del país sudamericano.

Según el testimonio de Cena, la fractura hidráulica en Argentina se impuso mediante la represión violenta contra las comunidades mapuches que resisten a su implementación. Desde entonces, se realiza intensivamente por lo que la población vive ya los impactos negativos de esta industria que se despliega a traves de yacimientos no convencionales e infraestructura como ductos a través de 30,000 kilómetros cuadrados.

“Lo que sucede en Vaca Muerta es un claro ejemplo de lo que no debería replicarse en ningún lugar del mundo”, sentenció Cena quien subrayó que la implementación del proyecto ha llevado a la Argentina a depender principalmente de la extracción de pozos no convencionales, lo que conlleva una dificultad para repensar las alternativas para sustituir los hidrocarburos.

Por su parte, Miguel Escoto, de la organización Oilfield Witness, indicó que Estados Unidos es el lugar más perforado de la Tierra y ha demostrado algunos de los peores efectos del fracking, desatando una crisis ambiental y de salud pública. En el país norteamericano un pozo promedio ocupa 60,000 metros cuadrados, pero incluso existen perforaciones denominadas “Monster fracking” (Fractura hidráulica monstruosa) que llegan a atingir hasta 150,000 metros cúbicos.

“En Texas estamos viviendo los impactos de esta técnica, el fracking nos daña la salud, nos está dando cáncer, está contaminando nuestras fuentes de agua y dejando residuos radiactivos en nuestras comunidades. México debe aprender de esta amarga experiencia y no cometer el error de realizar fracking en su territorio”, sostuvo Escoto.

Fuente: El SurAcapulco

Por Tryno Maldonado

Existe una fecha que en México las autoridades ignoran. El 24 de marzo la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se antoja como un recordatorio incómodo para gobiernos que prefieren el olvido a la justicia. En México, ese día pasa entre discursos vacíos y cifras maquilladas, mientras fosas clandestinas como el rancho Izaquirre en Teuchitlán, Jalisco, siguen brotando y se convierten en símbolos de un Estado que sistemáticamente desaparece, extermina y emplea similar de cantidad de recursos y de poder para borrar las evidencias. Las madres buscadoras que recorren esos terrenos con picos y palas saben que, a diferencia de los gobiernos que usan la palabra para mentir, la verdad no es algo abstracto: se materializa diariamente en los huesos calcinados, en los zapatos abandonados, en las mochilas vacías con logotipos y leyendas partidistas, en las prendas rotas, en los dientes humanos que algún fiscal “perdió” en el expediente. Pero, si no bastara, hoy, incluso, el dolor de los casi 200 colectivos de madres buscadoras es criminalizado por el movimiento partidista que prometió dar verdad y justicia a la crisis de desapariciones.

El rancho Izaquirre, descubierto en 2021 gracias a la insistencia de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, funciona como un espejo de la impunidad de los gobiernos mexicanos. Según lo reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las fiscalías estatales llegaron antes que los peritos independientes, alterando el terreno donde después se encontrarían restos humanos calcinados y mezclados con cal. “Llegamos a ver huellas de maquinaria pesada y áreas que parecían recién removidas”, declaró Ana Karen López, integrante del colectivo Hasta Encontrarles.

La respuesta institucional ha seguido un guión conocido: primero la negación, luego la minimización. El 23 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un pronunciamiento en el que denunciaba cómo la Fiscalía de Jalisco ha retrasado por meses la entrega de resultados periciales. Paralelamente, las madres buscadoras enfrentan campañas de desprestigio desde instancias federales: desde acusaciones de “profanación” hasta señalamientos de que “obstaculizan” las investigaciones oficiales o que, llanamente, ellas mismas realizaron un montaje y una campaña para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El rancho Izaguirre como campo de exterminio, sin embargo, no es una excepción: es el modelo. Entre 2006 y 2024, de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, más de 140 mil desaparecidos evidencian que el horror es sistémico. Nos hemos cansado de llamarlos “los desaparecidos de Calderón” , “los desaparecidos de Peña” y “los desaparecidos de AMLO” (7 mil más si contamos los casos de desapariciones que van en el sexenio de Sheinbaum), pero son los desaparecidos de un necro-Estado mexicano podrido hasta la médula. Hoy, como hace diez años, ha vuelto el viejo reclamo en todo el país: Fue el Estado. Es el Estado. Las fosas son eso: el síntoma más aterrador de una necro-política de Estado.

Las fiscalías cómplices son una pieza capital de este entramado. Las autoridades limpiaron el rancho Izaguirre en dias pasados antes de permitir de vuelta el acceso a familias, “Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”, denunciaron las madres buscadoras al atestiguar la profunda manipulación del lugar. “lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”. La mentira institucional perdura. El gobierno de Sheinbaum, como el de Peña NIeto, como el de AMLO, como el de Calderón, primero negó, luego minimizó. Como con Ayotzinapa, como con los 72 de San Fernando. El guión es el mismo hasta la ignominia: “no pasó. Bueno, pasó, pero no fue tanto. Es decir, sí fue, pero ya estamos investigando”.

No “llegaron todas”, como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum: las madres buscadoras se siguen enfrentando por propia mano al monstruo institucional que ahora ella encabeza. Este patrón no es exclusivo de Jalisco. Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, ha señalado que “el Estado mexicano gasta más recursos en limpiar su imagen que en limpiar las fosas”. La afirmación cobra fuerza al revisar casos como Ayotzinapa, donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha sido acusado por organizaciones como Centro Prodh y Serapaz de boicotear las pesquisas internacionales. Esa misma estrategia se replica en Teuchitlán por el mismo fiscal: dilación, opacidad y criminalización de quienes buscan.

Aunque esa actitud de indolencia y estrategia de gobierno no es para sorprenderse. El silencio sobre la crisis de desapariciones de parte de Sheinbaum siempre ha sido ensordecedor. Un análisis de las 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (disponibles en la plataforma digital de Sheinbaum) revela que el tema de desaparecidos no apareció nunca, ni como subtema en seguridad ni en su horizonte de derechos humanos, Esta omisión resulta particularmente grave. Y ya ante el estallido del tema, trata de parchar con propuestas viejas, insuficientes, y sin escuchar, de nuevo, a las víctimas.

Sin verdad no puede existir democracia. Y los casi 200 colectivos de víctimas -cifra de la ONU en 2023- son humillados e ignorados una y otra vez por la 4T en su búsqueda por verdad. Las madres buscadoras en su dignidad lo saben: la justicia no vendrá de arriba. Por eso cavan sin descanso aún a riesgo de sus propias vidas. Por eso, en pleno 2025, el rancho Izaguirre se ha convertido en el primer gran monumento de los gobiernos de las Cuarta Transformación: un monumento olímpico a su total impunidad, aquiescencia y complicidad

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Acción en ciudad de México por el luto nacional por los campos de exterminio hallados en Teuchitlan, Jalisco. Foto por Regina López}

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, México, denunció el domingo (23), por medio de un comunicado, que están siendo víctima de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes tras dar a conocer crematorios clandestinos. “Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información”, sostienen.

Un operativo de búsqueda encabezado por este colectivo, el pasado 5 de marzo de 2025, encontró cientos de restos humanos calcinados, además de prendas de ropas, zapatos y pertenencias de personas, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los activistas buscadores, se han creado audios, videos, imágenes, capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial para editar voces e imágenes de algunos miembros del colectivo. “Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación”.

Un día antes de la denuncia pública de los Guerreros Buscadores de Jalisco, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto a organizaciones e individuos de México y otras partes del mundo, lanzaron una carta pública repudiando la campaña de desprestigio y criminalización contra las madres, padres y familias buscadoras en México. 

“La campaña [de desprestigio y criminalización] está dirigida a generar condiciones para la represión por parte de los gobiernos o sus narco-paramilitares, capaces de engendrar crímenes de lesa humanidad como el horror del crematorio clandestino de Teuchitlán”, señalan las organizaciones en el documento.

Los firmantes de la carta manifiestan su indignación al constatar una estrategia de criminalización de las víctimas en el caso del crematorio clandestino, que nombran como “centro de exterminio al servicio del capital”, similar a la que los “militares y el gobierno federal han ensayado en los años anteriores en contra de las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa y sus asesores, otra herida viva, otro infierno desatado por este narcoestado”.

Hacen referencia a cómo los cárteles criminales y sus grupos armados, “de manera notable el Cartel Jalisco Nueva Generación, son protegidos por los gobiernos; como les otorgan impunidad y apoyo a través de las fiscalías, los jueces y los cuerpos de seguridad pública, incluidos los militares”.

Sostienen que “estos cárteles son también los invasores agrarios, son los guardias de la mina, del parque eólico, los que venden el agua de los pueblos, los que ejecutan la obra pública y administran municipios, regiones y estados enteros, los que apuestan a la privatización de la tierra y le ponen precio, los que dividen y confrontan a nuestras comunidades, los que inundan de droga los territorios indígenas, los que roban maderas preciosas, los que administran y operan la trata de seres humanos, los capataces del trabajo esclavo en maquiladoras y agroindustrias, los que hacen de la muerte de niños y jóvenes su estrategia de expansión”.

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Argumentan que toda la violencia que viven los pueblos hoy es para hacer posible lo “que el gobierno disque de izquierda llama desarrollo, cuatro te o cuatro letras, no la habíamos vivido más que en las sangrientas guerras a las que hemos sobrevivido; los mercenarios al servicio del capitalismo avanzan imponiendo un mundo gobernado por el dinero y la muerte. Los campos de exterminio, los paramilitares, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas son parte de la misma maquinaria que despoja, asesina y desaparece”.

Levantan la voz y la memoria “frente a este infierno y en nombre de los que nos faltan, en nombre de la dignidad y valentía que nos enseñan las y los colectivos de madres, padres y familias buscadoras”. 

Responsabilizan al “Estado mexicano, a sus instituciones y a los intereses capitalistas que lo sostienen, de cualquier daño a las madres, padres y familias buscadoras; su lucha es nuestra lucha, porque en ella está la defensa de la vida, la tierra y la autonomía que son raíz de la esperanza colectiva”.

Llaman a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria, emitiendo comunicados, haciendo acciones, murales, ceremonias y palabras que exijan justicia. 

Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco exige que se respete su labor e integridad. “Los colectivos de búsqueda hemos trabajado incansablemente para descubrir la verdad y buscar justicia para las víctimas”. 

Advierten que la difamación, creación y difusión de contenido falso son delitos y que tomarán acciones legales contra aquellos que estén involucrados en la campaña de difamación. “No nos intimidarán con estas tácticas sucias”.

…

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó, en marzo de 2025, que existen 125,303 personas desaparecidas en México.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Un nuevo informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registra la continuación de la crisis humanitaria en Chiapas, caracterizada por la violencia armada y criminal en un contexto de inacción del Estado, que permite la sucesión de desplazamientos forzados, desapariciones y ataques contra defensores de derechos humanos.

El documento titulado “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”, presentado la tarde de este miércoles (19) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existen regiones enteras del Estado que se han convertido en un sitio donde el crimen organizado ha consolidado el control sobre el territorio, las poblaciones e, incluso, estructuras políticas.

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Para las y los miembros del Frayba, el caso en el sureste mexicano no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia nacional en la que, al menos, 19 de los 32 estados que conforman el país se encuentran en medio de la violencia criminal generada por la delincuencia organizada. 

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Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

La comunidad ejidal de Carrizalillo, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, resiste ante una fuerte campaña de agresiones provenientes de la empresa minera Equinox Gold, dueña del complejo minero Los Filos. Este escenario de violencia se ha agudizado en los últimos meses ya que el vencimiento del convenio de ocupación temporal de las tierras de los ejidatarios finaliza el próximo 31 de marzo. 

De acuerdo con denuncias de los ejidatarios, la empresa ha empleado diversas estrategias para que la comunidad renueve el contrato que ha permitido la extracción de 607 mil 259 onzas de oro solo entre los años 2021 y 2024, con un valor aproximado de 1,765 dólares por onza.

En un boletín de prensa lanzado este 16 de marzo, los ejidatarios de Carrizalillo denuncian que la canadiense “Equinox incrementa su campaña de agresiones sistemáticas en contra de nosotros”, señalando a uno de los actores, al ingeniero Hugo Vergara, a quien acusan de fabricar un conflicto entre la comunidad de Carrizalillo, La Mezcala y Xixhilapa.

Entre las represalias de la empresa a los ejidatarios está el despido del 90% de los trabajadores locales, mujeres y hombres de Carrizarillo. “Representa un acto de agresión y presión contra nuestra comunidad”, sostienen los inconformes.

Incluso, la comunidad de Carrizalillo advierte que la campaña se ha expandido hacia la difamación a través de las redes sociales de la empresa.

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Informe FrayBa: Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal

Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia), es el nombre del informe actual que lanzamos desde el Frayba, donde presentamos la realidad que observamos, y documentamos en la cotidianidad. Esta desarrollado en ocho capítulos que describen la situación de violencia y los niveles que hemos llegado en medio de un absurdo negacionismo del sexenio anterior hacia el discurso de conceptos vacíos, reconociendo lo caótico del gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón, y la parafernalia del poder bajo un espectáculo mediático del gobierno actual.

El objetivo de este informe es dejar una huella de este periodo tan atroz, dónde precisamos con datos documentales, provenientes de fuentes directas, las circunstancias de esta grave situación. Y, por ende, el contexto en el que las resistencias de los procesos alternativos están luchando a contrapelo, con apuestas a la vida, a la continuidad de esta humanidad con toda la diversidad de pueblos, y comunidades, desde la fuerza de la dignidad.

Desde el Frayba sostenemos que estamos en la profundización de una crisis de los derechos humanos en el estado de Chiapas y del país; en este periodo seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable hacia los pueblos. Venimos denunciando el incremento de las múltiples violencias y poniendo esta situación tan lamentable en la responsabilidad de las autoridades del Estado mexicano que no atiende los conflictos desde su raíz.

Este balance hace un corte desde nuestro anterior informe, Chiapas un desastre, a través de nuestros temas prioritarios y ejes de trabajo, sobre la situación alarmante que están pasando familias, comunidades y que da cuenta de las exponenciales violaciones de derechos humanos, donde insistimos que el Estado no ha estado a la altura de estos sucesos lamentables.

Los capítulos del informe nos sumergen a la realidad del estado; en el primero, con Una mirada desde Chiapas a la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado, nos asomamos al drama del despojo territorial contra los pueblos, y a las distintas violencias y actores; el de Personas desaparecidas en Chiapas, nos acerca el panorama desolador y alarmante sobres este fenómeno.

Los capítulos del informe nos sumergen a la realidad del estado; en el primero, con Una mirada desde Chiapas a la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado, nos asomamos al drama del despojo territorial contra los pueblos, y a las distintas violencias y actores; el de Personas desaparecidas en Chiapas, nos acerca el panorama desolador y alarmante sobres este fenómeno.

El tercero sobre las Agresiones a personas defensoras destaca cómo la defensa de los derechos humanos, la lucha por la verdad y la justicia convierte a quienes la protagonizan en blancos de ataques diversos. Mientras que, en Los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, emergen las implicaciones y consolidación de la política militarista, así como la actuación e impactos en los territorios de la violencia producida por estos actores, en una lógica de continuidad.

En el quinto capítulo, sostenemos que existe La intención progresiva de la violencia política en Chiapas como resultado de este sistema decadente que se expresa en sus instituciones. Con el siguiente hacemos un puente con la Violencia criminal e impactos a la población expresada en una cruenta disputa entre grupos de la Delincuencia Organizada por controlar el territorio, estructuras de poder político, la población y diversas economías legales e ilegales.

En el estado también se presentan dinámicas de La guerra contra los pueblos, que abordamos en el séptimo capítulo, una pesadilla que se transforma en una permanente destrucción de la que se alimenta el sistema capitalista. Su capacidad de destruir es constante, está en su naturaleza, en su condición camaleónica.

Finalizamos con el capítulo En los ríos subterráneos, los senderos de la libertad siempre se encuentran, donde insistimos en la importancia de que nos involucremos todas y todos para la paz, crear redes, trabajar en colectivo, solidarizarnos ampliamente con quienes sufren la represión, la explotación y la exclusión.

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Es apremiante construir relaciones diferentes, basadas en la dignidad, en el respeto mutuo, en la justicia. Tener principios de no polarización, no generar divisiones en nuestros entornos. Intensionar diálogos de escucha, de construcción de pensamiento colectivo. Reconocer las diversidades como fuente de riqueza de las relaciones humanas. Es necesario reconstruir procesos de confianza y de cohesión social. Procesos sociales, comunidades, organizaciones sociales, redes, colectivas de lucha que propicien iniciativas de vida y el vínculo entre todas y todos.