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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 18 enero 2023

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Noticias de abajo 18 enero 2023 #Podcast #MediosLibres #Noticiero
.::ROMPIENDO FRONTERAS::.
—PERÚ: Resumen de noticias, Masacre en Chala-Perú, en Juliaca, región Puno. Arranca Marcha popular hacia Lima contra la dictadura de Boluarte-Otárola. Comunicado de las naciones Wampis, Archivos de Memoria.
Fuentes:Kaos en la red, avispa, redeco, witness, gtaawajun.
—ALEMANIA: en Lutzerath ante la represión, la respuesta ha sido la solidaridad rebelde enfrentando la violencia del Estado y el Capital. Cayeron barricadas, pero siguen las protestas contra la minera ARW.
—ESTADOS UNIDOS: Semana de Solidaridad Alto a la Ciudad Policía en Atlanta
Capital del Estado de Georgia. EarthfirstJournal, Crimethinc, SavTheForest
—ÁFRICA: La multinacional Shell tendrá que indemnizar con 15 millones de dólares a aldeas en Nigeria afectadas por la derrama de petróleo.
—EL SALVADOR: Detienen a 5 líderes comunitarios de Santa Marta, exigen su liberación ante régimen de excepción en El Salvador

.::Desde el ombligo del monstruo::.
—MICHOACÁN: Demandan presentación con vida del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia ante posible secuestro en la Costa Michoacana.
—MICHOACÁN: Asesinan a comuneros de integrantes de la Guardia Comunal en Santa María Ostula por parte del crimen organizado. CNI
—CAMPECHE: Desalojan con violencia a familias que bloqueaban trabajos del Tren Maya en Campeche. Desinformemonos.
—OAXACA: Reportan libre después desaparición y detención ilegal de David Hernández Salazar defensor Biniza opositor a Corredor Interoceánico
—CHIAPAS: Agresión al Centro Social Xanobil en San Cristobal de las Casas, Chiapas.
—CDMX: Imponen a la Guardia Nacional en el Metro ante crisis de accidentes y falta de mantenimiento. Protestas contra el militarismo, la falta de mantenimiento y la corrupción.

Música:
-Esto no para aquí – Músicxs Segunda Línea
-Señor Magón – Calesia de la Torre
-Música de las protestas en Lutzerath. El sur global.

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Comuneros de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila

(Español) Pedimos a las autoridades que realicen sus encomiendas de búsqueda y rescate por los compañeros Ricardo Lagunes y Antonio Díaz con vida

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Al gobierno federal

A los organismos internacionales

Al gobierno del estado de Colima

Al gobierno del estado de Michoacán

A la sociedad civil en general

Los comuneros de la comunidad indígena San Miguel Aquila permaneceremos bloqueando el tramo carretero de la carretera federal México 200 a altura del puente Coahuayana hasta que nuestros compañeros aparezcan y los queremos vivos.

Le pedimos a quienes los mantienen privados de su libertad que los regresen, lo único que ellos han realizado es el mandato de nuestra asamblea, el cumplimiento de los acuerdos que emanan de nuestra voluntad como lo mandarán nuestros usos y costumbres de nuestro pueblo Indígena nahua, y pueden constatarlo en el Tribunal Unitario Agrario distrito 38 con sede en Colima.

Los compañeros estaban trabajando en la problemática agraria en la que el Tribunal Agrario a afectado a los comuneros de Aquila y negado celeridad en los procesos agrarios.

Pedimos a las autoridades que realicen sus encomiendas de búsqueda y rescate.

Por nuestra parte desconocemos el comunicado que de manera maliciosa subió una pagina electrónica Costa Ranchito, no buscamos conseguir justicia con injusticias, no vamos a afectar a particulares ni empresas con actos violentos. Sólo vamos a mantener el bloqueo hasta que aparezcan nuestros compañeros el Profesor Antonio Díaz Valencia y Licenciado Ricardo Arturo Lagunes Gasca.

A los organismos internacionales pedimos se recomiende a los gobiernos de ambos estados que atiendan nuestro problema y se de audiencia con funcionarios de primer nivel.

Agradecemos a las organizaciones y comunidades que nos brindan el apoyo para hacer cumplir nuestras exigencias.

Desde el Puente Coahuayana, a 18 de enero de 2023.

Comuneros de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila.

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Avispa Midia

(Español) Honduras: Asesinato de defensores contra minera despierta condena mundial

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.

Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.

Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.

El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.

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Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.

“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.

El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.

Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.

El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Amenazas, en aumento

Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.

La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.

Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.

Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.

Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.

En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.

Promesa incumplida

Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.

“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.

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Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.

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Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.

Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.

“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.

Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.

Exigen investigación independiente

Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.

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Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.

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Avispa Midia

(Español) Detienen a indígena opositor a parque industrial del Corredor Interoceánico

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: David Hernández, activista bininiza de Puente Madera durante entrevista. Foto: Santiago Navarro F.

Justo en el momento en que el indígena Binniza David Hernández Salazar se dirigía a su centro de trabajo, en Santo Domingo Tehuantepec, al sur de México, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes contaban con una orden de aprensión por supuestos daños a las vías publicas de comunicación.

El activista David Hernández, al haber sido nombrado por su comunidad como agente municipal de Puente Madera, ha defendido las tierras de uso común y por mandato de su propio pueblo, se han opuesto conjuntamente a la instalación de uno de los 35 parques industriales que pretenden instalar en diversas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco del llamado Corredor Interoceánico.

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“En Puente Madera estamos en esa posición porque no hay información real de lo que consiste el parque industrial, en los terrenos de usos común de San Blas Atempa. Sobre todo, también por la forma en que pretenden instalar ese parque”, dijo Hernández en una entrevista que le realizó Avispa Midia meses atrás.

Al momento de este diálogo, Hernández se mostraba preocupado por una supuesta orden de aprehensión que se había liberado en su contra por las diversas protestas en que había participado. Esta detención fue ejecutada por la FGEO este martes (17) alrededor de las 8 am, mientras el indígena Binniza se dirigía a la Escuela Primaria Patria, donde trabaja como intendente.

Aún no hay una declaración pública de la fiscalía sobre las acusaciones, pero medios locales presumen que la orden fue ejecutada por denuncias realizadas por víctimas de supuestos delitos que implican daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa, a donde pertenece la agencia municipal de Puente Madera.

Manifestación de habitantes de Puente Madera quienes rechazan la instalación del parque industrial en tierras de uso común.

En las diversas acciones de protesta en las que participó el activista, su principal exigencia fue que entregaran información a la comunidad, que por derecho debieron haber recibido por parte de las instancias correspondientes en relación a este parque industrial.

Este complejo industrial será instalado a menos de un kilómetro de donde habitan las personas de Puente Madera y, a siete kilómetros de donde cruzará el Tren Transístmico, el cual ya generará un impacto auditivo al cruzar cada 17 minutos. De ellos, las comunidades indígenas desconocen los impactos negativos que provocarán.

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“Nosotros realizamos una manifestación de bloqueo carretero a la altura de Puente Madera, hubo acercamiento por parte de autoridades de representantes del gobierno de estado y el gobierno federal. También estuvo presente el titular de la Procuraduría Agraria. En esa reunión yo solicité la información”, afirma el activista.

Documentos falsos

Entre la información que le fue entregada al comunero de Puente Madera, figuran las actas de asamblea que respaldan la instalación de este parque industrial.

“Tenemos muchas pruebas para decir que no se está llevando como debe de ser”, sostiene Hernández, y agrega que “en primer lugar convocaron una asamblea de comuneros (marzo 2021), entonces nosotros como comuneros de Puente Madera, asistimos a esa reunión, donde debería haber puros comuneros. Al momento de llegar al salón municipal donde se llevó acabo la asamblea, encontramos que sinceramente no eran comuneros, eran personas acarreadas”.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el activista Binniza, destaca la participación de 900 comuneros que respaldan el parque industrial, de un total de 1,390 que debieron haber participado. “Revisé la lista de asistencia y resulta que aquí en Puente Madera falsificaron casi 52 firmas de comuneros”, dice el activista para Avispa Midia. “Ahí vemos que este proyecto se quiere implementar de la manera más ilegal o imponer a la fuerza en tierras de uso común en nuestras comunidades. Por esa razón nos vamos a mantener en resistencia”.

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Para Hernández, la mayor preocupación es que hay firmas que respaldan este parque por parte de autoridades comunales y municipales que han escalado en el poder por apoyar este proyecto, como el actual Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.

“Nosotros nos manifestamos en un bloqueo carretero el primero de mayo” y se reproduce la misma dinámica de acarreo dice Hernández. “De ahí se lanza otra convocatoria por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el 9 de mayo. La misma dinámica de siempre, un acarreo de las agencias. Todo esto ya esta politizado, son personas afines al presidente municipal (Antonino Morales Toledo)”, refiriéndose al actual Secretario de Administración. Este funcionario tuvo el cargo de la presidencia municipal de la Villa de San Blas Atempa en dos ocasiones y también fue diputado federal.

La comunidad de Puente Madera decidió no participar en el proceso de consulta, “debido a que no hay aceptación en la consulta de comuneros. No tendría porque pasar a la continuación de ese proyecto. No hay información, no es una consulta libre, no es previa. Es una consulta amañada y de imposición. No sé si tenga conocimiento el gobierno federal de esto. Pero nunca se había visto una violación de los derechos de las comunidades indígenas en este periodo de gobierno”.

Protestas

Tras la detención del activista indígena, la comunidad de Puente Madera y otras más activaron bloqueos sobre la carretera transístmica en el tramo Juchitán – Tehuantepec, a través de los cuales exigen la liberación inmediata de David Hernández.

Integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes también se encuentran en la manifestación, exigen la liberación del activista. Además, demandan la aclaración de la existencia de otras 14 órdenes de captura contra quienes mantienen resistencia al Corredor Interoceánico.

Desde este bloqueo, la Asamblea califica este acto como una “detención ilegal”, y agrega que, el  “clima de violencia, violación a nuestros derechos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra de nuestros representantes de Puente Madera, de las agencias y pueblo de San Blas Atempa, y nuestra organización”, es responsabilidad de Antonino Morales Toledo; Cesar Octavito Morales Toledo, Representante de Bienes comunales de San Blas Atempa; Noel Hernández Rito, Presidente Municipal de San Blas Atempa; Salomón Jara Cruz, actual Gobernador del Estado de Oaxaca y hasta el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

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Al cierre de esta edición, los bloqueos se mantienen. Una integrante de la comunidad de Puente Madera asegura que mientras no se libere al activista, “no habrá ninguna liberación de tránsito, o tránsito de carretera, hasta que David sea presentado. Aquí esta el pueblo que lo respalda, porque él es una persona pacífica”.

La activista, quien no menciona su nombre por seguridad, alerta que en las proximidades se encuentra desplegada la Guardia Nacional. Aún así, “la decisión del pueblo es que no nos vamos a mover hasta que David llegue. Todo esto esta arraigado a la lucha que este pueblo tiene en contra del megaproyecto que se está tratando de detener, porque vienen muchos daños con ello”.

Fragmento de entrevista a David Hernández, comunero de Puente Madera.
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Avispa Midia

(Español) Asesinan a comuneros de la guardia de Ostula; reportan desapariciones forzadas en Aquila

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Fuente: Avispa Midia

En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula durante los festejos por el décimo aniversario de la fundación de Xayacalán. Foto: Regina López

Tres integrantes de la Guardia Comunal de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, en Michoacán, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados el jueves (12) en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la comunidad por medio de un comunicado.

Los sicarios “acribillaron a nuestros compañneros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado cartel”.

Relatan la “complicidade de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales”. El día cuatro de octubre de 2022 hicieron de conocimiento público que desde el 29 de septiembre de 2022 “el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”

Denuncian que los asesinatos no son un “hecho fortuito o casual”. Los comuneros estaban en un punto de vigilancia para mantener a “raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana”.

Histórico de amenazas

Entre los años 2009 y 2014 Santa Maria Ostula sufrió una “embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios”.

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La situación provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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Autodeterminación

La comunidad manifesta que la guarda comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana, reforzará las “acciones para combatir y acabar con la presencia de la delinquencia organizada en toda la región”.

Exigen el “desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos militares corruptos” y el “respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamento de nuestra guadia comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía”.

Desaparición

Al cierre de esta edición se reporta la desaparición forzada del abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán.

De acuerdo a una alerta urgente, Lagunes Gasca actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona.

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El día de su desaparición, domingo (15), Lagunes y Díaz acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50.

Ambos viajaban en una camioneta que fue encontrada el mismo domingo. El vehículo presentaba impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida.

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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

(Español) Pronunciamiento por el asesinato de los comuneros e integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano

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A LOS PUEBLOS DE MéXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

El día de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, tres integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y también de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, los comuneros ISAUL NEMESIO ZAMBRANO (de la Encargatura de Xayakalan), MIGUEL ESTRADA REYES (de la Encargatura de La Cobanera) y ROLANDO MAGNO ZAMBRANO (de la Encargatura de La Palma de Oro), fueron violentamente asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente veinte sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes acribillaron a nuestros compañeros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado Cártel, mismo que actualmente tiene su guarida y centro de actividad en la localidad de La Naranja, municipio de Aquila.

Nuestra comunidad se encuentra de luto, profundamente conmovida y acompañando el dolor de las familias de nuestros compañeros asesinados por haberse atrevido a defender con heroica dignidad y valentía la vida y la integridad de la Comunidad, por haber procurado la paz y la seguridad en el municipio y en la región. ¡No olvidaremos este artero crimen que llena de tristeza nuestros corazones!

Al mismo tiempo denunciamos la complicidad de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales, recordando que desde el día cuatro de octubre del año pasado hicimos del conocimiento público que “mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del CJNG, la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz”; y que, sin embargo, “desde el 29 de septiembre pasado el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias fuera del lugar con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional (GN) ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”

Entonces, el asesinato de nuestros hermanos y compañeros en uno de los puntos de vigilancia para mantener a raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana, NO ES UN HECHO FORTUITO O CASUAL, más bien tiene su origen en la sistemática omisión del estado mexicano para brindar seguridad a la población debido a la peligrosa infiltración de las mafias delincuenciales en las instituciones de gobierno, especialmente en las que tienen como tareas brindar seguridad y combatir a la delincuencia; omisión oficial que ha llevado a que nuestra comunidad y nuestro municipio estén rodeados por la presencia criminal del CJNG.

Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS MANIFESTAMOS QUE LA GUARDIA COMUNAL DE SANTA MARÍA OSTULA, JUNTO CON LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y GUARDIAS COMUNALES DE AQUILA Y COAHUAYANA, REFORZAREMOS LAS ACCIONES PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN TODA LA REGIÓN, EXIGIENDO EN CONSECUENCIA A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO:

1. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES Y ROLANDO MAGNO ZAMBRANO;
2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS MILITARES CORRUPTOS;
3. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Castigo a los culpables del asesinato de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano!
¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!
¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 12 DE ENERO DE 2023.
ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

ANNOUNCEMENT BY THE MURDER OF THE COMMUNEROS AND INTEGRANTS OF THE COMMUNAL GUARD OF SANTA MARIA OSTULA ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES AND ROLANDO MAGNO ZAMBRAN TO THE PEOPLE OF MEXICO AND THE WORLD, TO NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA, TO THE HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS. Today, around 8 in the morning, three members of the Communal Guard of Santa Maria Ostula and also of the Community Guard of the Municipality of Aquila, the communes ISAUL NEMESIO Zambrano (in charge of Xayakalan), MIGUEL IS TRADA KINGS (from the charge of La Cobanera) and ROLANDO MAGNO Zambrano (from the Incharge of La Palma de Oro), were violently killed at a surveillance point close to the Municipal Headquarters of Aquila by a command of about twenty Sicarians of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), who riddled our colleagues, recording various videos in the who made flaunt of cruelty and belonging to the aforementioned Cartel, which currently has its den and center of activity in the town of La Naranja, municipality of Aquila. Our community is in mourning, deeply moved and accompanying the pain of the families of our murdered fellows for having dared to defend with heroic dignity and courage the life and integrity of the Community, by habe r ensured peace and security in the municipality and in the region. We will not forget this artery crime that fills our hearts with sadness! At the same time we denounce the complicity of the federal and state governments with the criminal cartels, recalling that from the day four of October last year we made public knowledge that “while the state of Michoacán are tra overwhelmed by crime and territorial growth of the CJNG, the community of Santa Maria Ostula and the part of the municipality of Aquila with the presence of the Communal Guards, breathe a climate of peace”; and that, however, “since last September 29 the CJNG took control of the municipal head of Chinicuila and displaced individuals and families out of the place for the purpose of exploiting the mines of this municipality, happening that a few days before the National Guard (GN) occupied this town, disarmed and disarticulated its Communal Guard, detained two of its elements and completely recovered said locality. The result: Chinicuila is currently a graveyard in the hands of crime in the hands of the passive presence of federal security agencies. ” So, the murder of our brothers and colleagues in one of the surveillance points to keep at bay the crime that, from Colima and Chinicuila, has enclosed the municipalities of Aquila and Coahuayana, IS NOT A FORTUNE OR CASUAL FACT L, rather has its origin in the systematic omission of the Mexican state to provide security to the population due to the dangerous infiltration of criminal mafias into government institutions, especially in which they have as tasks to provide security and combat to crime; official omission that has led to our community and our municipality are surrounded by the criminal presence of the CJNG. Also remember that between the years 2009 and 2014 our community suffered a fatal ramble by organized crime in complicity with the governments in duty, highlighting the contuberance between the Mexican Navy and the carte I of the Knights Templar; situation that led to 34 murders and 6 forced disappearances of agricultural authorities and communal leaders, as well as the murder of the child Hidilberto Reyes Garcia by the 65th Infantry Battalion of the Mexican Army, which was partially checked by the Commission National of Human Rights (CNDH). BEFORE THE FACTS OF VIOLENCE REPORTED WE MANIFEST THAT THE COMMUNAL GUARD OF SANTA MARIA OSTULA, TOGETHER WITH THE SELF-DEFENSE GROUPS AND COMMUNICAL GUARDS OF AQUILA AND COAHUAYANA, WILL STRENGTHEN THE ACTIONS TO FIGHT AND END THE PRESENCE OF ORGANIZED CRIME IN THE WHOLE REGION, DEMANDING IN CONSEQUENCE TO ALL LEVELS OF GOVERNMENT: 1. THE PUNISHMENT OF THE CULPRIT OF THE MURDER OF ISAUL NEMESIUS ZAMBRANO, MICHAEL ESTRADA REYES AND ROLANDO MAGNO ZAMBRAN; 2. THE DISASTER OF THE CJNG AND THE CEASE OF PROTECTION GRANTED TO SAID CARTEL OFFICIALS AND CORRUPT MILITARY COMMANDS; 3. RESPECT AND GRANTING GUARANTEES FOR THE FUNCTION OF OUR COMMUNAL GUARD AND FOR THE EXERCISE OF OUR FREE DETERMINATION AND AUTONOMY. Punishment to the culprits of the murder of Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes and Rolando Magno Zambrano! Punish the culprits of the murder of our communists in the struggle for land and freedoms of the community! Respect to our Community Guard! HOLY MARY OSTULA, JANUARY 12, 2023. CAREFULLY NEVER AGAIN A MEXICO WITHOUT US Santa Maria Ostula Indigenous Community

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Movimiento Social por la Tierra MST

(Español) Denunciamos el intento de asesinato de nuestro compañero Isabel Recinos Trigueros en Chicomuselo, Chiapas

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El 30 de diciembre del 2022 en Chicomuselo fue privado de su libertad, torturado, vejado y abandonado herido con disparos de arma de fuego nuestro compañero Isabel Recinos Trigueros (conocido como compa Chave), dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST). Nuestro compañero sobrevivió pero se encuentra gravemente herido; los agresores forman parte de un grupo de la delincuencia organizada al servicio de las mineras en el estado de Chiapas.

Esta agresión se llevó a cabo después de un sinnúmero de amenazas del grupo paramilitar “MAIZ”, aparecido el año pasado y que manifiesta ser brazo de la delncuencia organizada, y mediante la violencia y amedrentamiento, pretende someter a la sociedad de la región fronteriza y sierra para que deje de oponerse a la operación y saqueo de las empresas mineras que dañan el medio ambiente y la salud de la población.

Los intentos de imponer los proyectos de muerte de las mineras no son nuevos, en el año 2009 cobraron la vida de Mariano Abarca para intentar por la fuerza la apertura de la empresa canadiense “BlackFire” en el ejido Grecia. Desde el 2017 esa empresa ha buscado cambiar de razón social para llamarse ahora “Barita de Chiapas”, y ha coenzado a operar ilegalmente en el ejido Santa María en los últimos meses de 2022 con total impunidad ante la inacción de las autoridades.

Es muy grave que la actividad minera se de al amparo de la delincuencia organizada, justo cuando en el año 2018 se instaló en Chicomuselo la sede del 101 Batallón de Infantería del Ejército, lo que hace presumir que para imponer la minería se pretende aplicar una estrategia contrainsurgente.

La agresión a compa Chave, pretende frenar la movilización por la Vida que diversos sectores de la Sociedad Civil de Chicomuselo han convocado para el 5 de enero de 2023 y a la que este grupo delicuencial ha amenazado con agredir si se lleva a cabo.

Por lo anterior demandamos:

1. Se brinde atención médica y protección a la vida e integridad del compañero Isabel Recinos Trigueros.

2. Se detenga y procese a los agresores por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

3. Se den garantías y seguridad por parte de las autoridades federalesestatales y municipaes a la Movilización por la Vida del 5 de enero.

4. Se desarticule el grupo paramilitar “MAIZ”.

5. Se clausure la mina de Santa María y se cancele la concesión minera de “Barita de Chiapas” oy/o “BlackFire”.

6. Se garantice la vida e integridad de los defensores de la madre tierra y de las comunidades que se oponen a la minería tóxica.

 

Ciudad de México, a 2 de enero de 2023

Comisión Ejecutiva del MST

radio
Avispa Midia

(Español) Chiapas: Denuncian reactivación de mina en Chicomuselo bajo hostigamiento y sin permiso ambiental

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El pasado jueves 5 de enero, miles de habitantes del municipio de Chicomuselo, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, realizaron una manifestación para exigir el fin de la violencia “desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”, remarcaron voceros del poblado chiapaneco durante la movilización.

La protesta ocurre en un contexto de aumento de violencia en la región, localizada en la frontera con Guatemala, donde la presencia del crimen organizado se ha incrementado durante los últimos años arrojando un saldo de enfrentamientos entre grupos armados y contra militares, así como desapariciones y ejecuciones.

La demanda de los pobladores, quienes marcharon acompañados de representantes ejidales y comunitarios, se debe a que desde mediados del año pasado registraron la reactivación ilegal de una mina de barita ubicada en el ejido Santa María.

Para el 16 de octubre del 2022, los habitantes registraron el ingreso a la cabecera municipal de diversos camiones de carga para trasportar material minero. Un día después, los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de barita, sin que los pobladores tuvieran conocimiento de la actividad minera.

Mediante la movilización que denominaron “Marcha por la vida”, las y los habitantes de Chicomuselo destacaron que la actividad en la mina tiene relación con la concesión otorgada a la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd, la cual se estableció en el ejido Grecia en el año de 2009 para la extracción del material minero utilizado para perforación de pozos petroleros y para el mismo sector extractivo.

Según comunicado de los habitantes de Chicomuselo, la extracción realizada hace más de 15 años en comunidades de dicho municipio se efectuó sin una consulta previa e informada, “afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones”.

Las operaciones en el ejido Grecia se detuvieron después del homicidio del defensor Mariano Abarca, quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 tras haberse opuesto a la industria extractiva.

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Tras el cierre de la mina se originó una disputa legal con la minera canadiense, quien exigió el pago de casi 800 millones de dólares como indemnización. Al mismo tiempo, familiares de Abarca han señalado el involucramiento de empresarios, funcionarios locales y miembros de la embajada canadiense en el asesinato del activista.

Mariano Abarca jugó un papel relevante en la organización contra las operaciones de la minera canadiense en Chicomuselo.

La concesión con título 225159, denominada La Revancha 2 Fracc A, cuyo titular es Tristán Canales Reyna, prestanombres de Blackfire, y cuya superficie se empalma con el ejido Grecia, aún continúa vigente y representa la concesión con mayor cantidad de tierras abarcadas en el municipio con un total de 11,387 hectáreas.

Paramilitares, en contubernio con minera

La población de Chicomuselo señala que desde el año 2017 la empresa canadiense realizó un cambio en el título de concesión para ahora llamarse “Barita de Chiapas” y, con ello, reiniciar la explotación ilegal del mineral en el ejido Santa María.

Para ello, sostuvieron los voceros durante la marcha, “se han valido de la violencia que ejerce por cuenta de esta minera un grupo de la delincuencia organizada denominado MAIZ, que ha recorrido las comunidades con armas largas para amedrentar a la población y advertirles que, si se oponen a la minería, les harán daño y, de paso, han comenzado el cobro de ‘derecho de piso’ al comercio y al transporte en el municipio”.

Las y los habitantes de Chicomuselo enfatizaron su preocupación de que la extracción minera se realice en contubernio con la delincuencia organizada y en un contexto de militarización, “siendo Chicomuselo la sede del 101 Batallón de Infantería del Ejército, lo que hace presumir que para imponer la minería se aplica una estrategia contrainsurgente”.

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Como demandas principales, la población de Chicomuselo exigió a los tres niveles de gobierno el “cese de la minería tóxica y los proyectos de muerte, y la clausura de la mina de Santa María y la cancelación de las concesiones mineras de ‘Barita de Chiapas’ y/o BlackFire”.

En octubre del 2022, mediante documento difundido por miembros de Modevite, pobladores de Chicomuselo señalaron la existencia de 12 concesiones vigentes y 2 vencidas en la región.

Mediante una revisión a la base de datos proporcionada por la Secretaría de Economía en 2022, el equipo de Avispa Midia encontró un total de 15 concesiones en Chicomuselo. De estas, cuatro fueron canceladas. Entre las 11 restantes, que aún se encuentran vigentes, abarcan una superficie de 18,857 hectáreas concesionadas a la minería en el municipio de la Sierra Madre de Chiapas.

Sin permiso

En septiembre del año pasado, miembros del Modevite denunciaron el incremento en la violencia contra defensores del territorio y pobladores de Chicomuselo derivado de la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en localidades como El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez.

En aquel momento, sostuvieron que de nueva cuenta no se ha realizado el procedimiento de consulta previa, ni tampoco los estudios de impacto ambiental. Ante ello, presentaron una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución la cual argumenta que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región.

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“Esta omisión de Profepa y demás autoridades activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio (…) Tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen”, señalaron mediante comunicado.

En la denuncia presentada a Profepa, los pobladores argumentan que la extracción minera es ilegal y se está realizando a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas. Al mismo tiempo, exigieron a los gobiernos estatal y federal para que emitieran una declaratoria oficial en la que se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.

“Como Pueblo Creyente y Modevite hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo”, sostuvieron los voceros durante la movilización.

radio
Avispa Midia

(Español) Alertan sobre presión para que México desista de la prohibición del maíz transgénico

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Fuente:Avispa Midia

Por Sare Frabes

Organizaciones campesinas, agricultores, ambientalistas, sindicatos, iglesias, activistas sociales, académicos y periodistas de México, Estados Unidos y Canadá alertaron, por medio de un comunicado, que empresas transnacionales y organizaciones empresariales, que se benefician del maíz transgénico y de los agrotóxicos, están presionando al gobierno de México para que “renuncie a su derecho a la soberanía alimentaria”.

El gobierno de México, por medio de un decreto presidencial de finales de 2020, decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2024.

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El tema debe de estar en la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte – la segunda reunión trilateral de este tipo desde que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor, julio de 2020 – que tuvo inicio hoy (9) y se extiende hasta el 11 de enero, en la Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a México el domingo (8) y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llega en la tarde de este lunes (9).

De acuerdo con las organizaciones de los tres países, la demanda de las corporaciones y sus cabilderos para que México dé marcha atrás a las “legítimas y legales decisiones tomadas” es un “verdadero despropósito jurídico internacional y un enfoque anacrónico propio del siglo pasado, contrario a la amplia demanda social y a los compromisos internacionales del siglo XXI”.

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Uno de estos marcos internacionales que protegen la diversidad fue acordado, en Montreal, en diciembre de 2022 por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, y por

la absoluta mayoría de gobiernos en el mundo, durante la decimoquinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, en la cual acordaron el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Entre sus objetivos está reducir los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes, para 2030, a niveles que no sean dañinos para la biodiversidad, lo que incluye reducir el riesgo general de los plaguicidas y los productos químicos altamente peligrosos en al menos la mitad.

Además, el marco internacional prevé que se debe garantizar que las áreas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de forma sostenible, en particular mediante el uso sostenible de la biodiversidad, incluso mediante un aumento sustancial de la aplicación de prácticas respetuosas con la biodiversidad, como la agroecología.

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Sostienen que “resulta evidente el irracional propósito de tratar de poner los intereses corporativos por encima de las prioridades de respeto a la madre naturaleza, lo mismo que a la salud pública. Y aún más, de ir a contracorriente de la necesidad socioambiental de la región y del mundo, de construir políticas alternativas para el desarrollo equilibrado que debería ser la prioridad, en armonía con el derecho internacional”.

Las organizaciones de los tres países exhortan “al gobierno de México para que se mantenga firme ante las presiones del gobierno de los Estados Unidos y los intereses de las transnacionales”.

Entre los ejes centrales de la cumbre trilateral están la migración, la seguridad, cambio climático y integración económica de América del Norte.

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Radio Zapote

Hacemos memoria por quienes cayeron luchando: Estos son los 72 activistas asesinados en 2022 en México

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Ciudad de México, 9 de enero de 2023.- Les presentamos un recuento de activistas asesinadxs durante 2022 en México. Realizada a partir de un trabajo colectivo de recolección y búsqueda de información en múltiples fuentes. Se trata de 72 activistas en defensa del territorio, el agua, los derechos humanos, promotores culturales, indígenas, artistas, buscadoras de desaparecidos, abogadxs, feministas, opositores a los mega proyectos, activistas trans, sacerdotes, ejidatarios, sindicalistas, comuneros, ambientalistas y comunicadores comunitarios, que no eran partidistas. Durante la documentación, sin embargo, encontramos a no pocos activistas integrantes de partidos políticos e inclusive funcionarios públicos, también privados de la vida con violencia.

Nuestra metodología consistió en un monitoreo exhaustivo de medios y redes sociales, ubicando denuncias sobre activistas asesinadxs en diversas geografías del país, activistas en general. Por otra parte decidimos incluir solo a activistas que no militaban en partidos políticos oficialistas, por que los miembros de partidos políticos regularmente son reivindicados por el aparato de su partido respectivo y por la clase política local y nacional, mientras que las denuncias de los activistas independientes regularmente quedan silenciadas; el trabajo de los Medios Libres es romper el cerco informativo que hay contra los movimientos sociales independientes que trabajamos desde abajo y para abajo.

Seguramente faltan nombres, pero es imposible crear una base de datos completa, en parte porque muchos familiares prefieren no levantar denuncias, ante la posibilidad de más represión. Esta lista nos da cuenta de lo peligroso que resulta defender los derechos y los territorios comunitarios en este país y el riesgo permanente de la aniquilación a aquel que levante la voz por su dignidad o por su territorio.

De los 72 activistas asesinados durante 2022 en México, una mayoría corresponde a personas con un compromiso comunitario indígena, o de alguna otra minoría cultural. Observamos que predominan los indígenas ambientalistas. Una cuarta parte de estos asesinatos a activistas, ocurrieron en Oaxaca, seguido de Guerrero. Dichas regiones rebasaron por mucho la incidencia de este delito a nivel nacional. Otras entidades son Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora. Pero se cometió este crimen en 21 estados de 32 de la república mexicana. Muchos son opositores al cambio de uso de suelo, que amenaza la propiedad de la tierra, y que ha dejado de ser un bien inalienable para devenir una mercancía y propiedad privada. Un alto porcentaje de las víctimas son personas que defienden una causa que supone la oposición a la explotación capitalista de los recursos naturales de sus territorios. Se oponen a la instalación de los Megaproyectos o industrias depredadoras. O bien son mujeres buscadoras de su familiar desaparecido. Destaca la incidencia de personas que, antes de ser asesinadas, son secuestradas y desaparecidas, hasta que alguien encuentra sus restos abandonados a la intemperie o en fosas clandestinas, muy comunes en este país.

La gran mayoría de las víctimas fueron ejecutadas con arma de fuego, desde pistolas hasta comandos fuertemente armados, y en muchos casos, los crímenes fueron cometidos en sus hogares. Este dato nos indica quiénes son los objetivos de la represión más intolerante. ¿Dónde está el centro del conflicto social en el México rural de hoy? En el despojo. La apropiación de los territorios étnicos por parte del capital trasnacional. Así como el exterminio masivo de población por medio de métodos genocidas como la desaparición forzada. No olvidemos que México es un país con más de cien mil desaparecidos registrados en las últimas décadas.

En todos los casos se trata de activistas que estaban defendiendo derechos colectivos o buscaban justicia ante los ataques en su contra. El análisis, aún somero de esta lista, nos da un retrato de nuestra sociedad mexicana. Una economía subordinada a la Casa Blanca, desde donde se impone sobre todo el territorio mexicano, una política de “guerra contra las drogas”.


Lista de activistas asesinadxs en México en el 2022

 

1.- 7 de enero de 2022 | ROSENDO GONZÁLEZ TORRES, wixárika, asesinado en San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. Tras ser secuestrado de su vivienda junto con su nieto, fueron maniatados, torturados y despeñados en una barranca. La causa de sus muertes fue ahorcamiento y disparo de arma de fuego. Familia defensora de la tradición, territorio y los derechos del pueblo Wixárika. Marakame, médico tradicional y guía espiritual.

2.- 7 de enero de 2022 | ESTANISLAO GONZÁLEZ, wixárika, 17 años, nieto del marakame Rosendo, de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. Familia defensora de la tradición, territorio y los derechos del pueblo Wixárika.

3.- 10 de enero de 2022 | LORENZO GÓMEZ RUIZ, tsotsil, Aldama, Chiapas. Asesinado por un disparo de bala cuando iba a su sembradío. Defensor del territorio, perteneciente a la comunidad en resistencia contra el despojo de su tierra a manos de un grupo armado paramilitar de Santa Martha Chenalhó, Chiapas.

4.- 13 de enero de 2022 | JORDY DÁVALOS NIETO “JUNIOR NIETO”. Artista de make up, a través de sus piezas protestaba contra la homofodia y el odio a la comunidad LGBTTTIQ+. Desapareció el 11 de enero y fue encontrado desmembrado el 13 de enero en una caja en la carretera Fortín-Ixtaczoquitlán, Veracruz. Hijo de un periodista.

5.- 17 de enero de 2022 | DELFINA RAMÍREZ MORALES, 26 años, ejecutada extrajudicialmente por la policía municipal. Perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), de Guerrero.

6.- 26 de enero de 2022 | MARIO ZAMORA MALDONADO “COMANDANTE GERÓNIMO”, 46 años, Buenavista de la Salud, Chilpancingo, fue asesinado en una fuerte emboscada con armas de alto poder por un grupo de sicarios de Los Ardillos que atacaron la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CETEG-CNTE). Hubo otros 3 policías comunitarios asesinados en estos hechos, de los que no se hicieron públicos los nombres.

7.- 27 de enero de 2022 | ANA LUISA GARDUÑO JUÁREZ, 51 años, abogada y buscadora. Fue asesinada por arma de fuego dentro de un negocio de su propiedad en Temixco, Morelos. Tras el feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea en 2012, fundó la Asociación Civil “Ana Karen Vive”, asesoraba y acompañaba a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

8.- 30 de enero de 2022 | MOISÉS ÁLVAREZ RAMÍREZ, Defensor de tierra y territorio, Ejidatario Autónomo de Tila, Chiapas.Falleció como secuela de una fuerte golpiza.

9.- 3 de febrero de 2022 | VERÓNICA PATRICIA GUERRERO VINUEZA, 51 años, balaceada en su auto desde una motocicleta en movimiento en Tonalá, Jalisco. Defensora de la tierra, abogada y dirigenta del Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, luchaba contra el basurero irregular de Matatlán, de CAABSA Eagle.

10.- 5  de febrero de 2022 | VERA AIDEE VARELA MELGAREJO, fue atacada con un cuchillo, en Cancún, Quintana Roo. Feminista simpatizante del colectivo feminista “Brujas del Mar”.

11.- 11 de febrero de 2022 | FRANCISCO VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ. Defensor de tierra y territorio, opositor a la termoeléctrica de Huexca y ejidatario del nucleo ejidal Abelardo L. Rodríguez. Presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación del Río Cuautla (ASURCO). Asesinado por un comando armado que llegó hasta donde trabajaba en su parcela. Alzó la voz contra el robo de agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos.

12.- 7 de marzo de 2022 | JOSÉ TRINIDAD BALDENEGRO, rarámuri, 47 años, asesinado a balazos al salir de su casa en Coloradas de la Virgen, quemaron su casa, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Familia defensora del bosque, opositora a las madereras y los cultivos ilegales.

13.- 19 marzo de 2022 | PATRICIA SUSANA RIVERA REYES, abogada 59 años de edad. Defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Baja California, en particular las kumiai y cucapá, consejera de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California. Un grupo armado entró a su casa en Tijuana mientras estaba en una reunión y la asesinaron de un balazo en la cabeza. Otra persona murió un mes después por secuelas de las heridas recibidas en este atentado.

14.- 7 de abril de 2022 | EUSEBIO SEVERIANO RODRÍGUEZ, Barra Vieja, Acapulco. Coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Hubo otros dos asesinados en la acción, de los que no se publicaron los nombres.

15.- 8 de abril de 2022 | JULIA HERNÁNDEZ GARCÍA, 38 años. Cofundadora de la Fundación Hermanos en Situación de Vulnerabilidad A.C. (HERSIVU). Fue asesinada en su vivienda en la Colonia Arboleda, Oaxaca, Oaxaca. Activista que daba apoyo en especie a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad y a bebés prematuros.

16.- 20 de abril de 2022 | HÉCTOR SOTO RODRÍGUEZ. Abogado agrarista de Cuernavaca, Morelos. Fue acribillado frente a cientos de personas del poblado ejidal Santa María Ahuacatitlán. Denunciaba el fraccionamiento y despojo de tierras ejidales.

17.- 27 de abril de 2022 | SILVESTRE LUCIANO HERNÁNDEZ, Etla, Oaxaca. Asesinado dentro de la escuela “María del Carmen Serdán”, frente a padres de familia, mientras se realizaba un tequio escolar de retorno a aulas. Parte de la Delegación Sindical D-I-146 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

18.- 28 de abril de 2022 | LUIS DONATO ORTÍZ, Rancho El Rodeo, Marquelia, Guerrero. Asesinado por dos hombres armados. Fundador del Consejo Ciudadano de Marquelia, organización por los derechos de los pueblos afromexicanos de Guerrero y Oaxaca. Fundador de la Policía Ciudadana de Marquelia.

19.- 6 de mayo de 2022 | LORENA CHANTZIN PAXACUASINGO, nahua, levantado en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, pocas horas después su cuerpo fue encontrado sin vida en una barranca. Integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

20.- 6 de mayo de 2022 | MARCOS CAMPOS AHUEJOTE, nahua, levantado en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, pocas horas después su cuerpo fue encontrado sin vida en una barranca. Integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

21.- 9 de mayo de 2022 | TEÓFILO BARRERA HERRERA, nahua, 24 años. Fue emboscado por policías estatales en Zoquitlán, Puebla. Defensor de la tierra y miembro del movimiento Unidad por Coyomeapan de Puebla.

22.- 9 de mayo de 2022 | MARCELO CARRERA REYES, nahua, 45 años, emboscado por policías estatales en Zoquitlán, Puebla. Miembro del movimiento Unidad por Coyomeapan de Puebla.

23.- 9 de mayo de 2022 | OMAR HERRERA RAYMUNDO, nahua, 15 años. Fue emboscado por policías estatales en Zoquitlán, Puebla. Defensor de la tierra y miembro del movimiento Unidad por Coyomeapan de Puebla.

24.- 21 de mayo de 2022 | JUSTINO TAPIA ROSENDO, secuestrado el 21 de mayo de 2022 en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, Hueycatenango, Guerrero. Su cuerpo fue encontrado en el poblado de San Marcos. Integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

25.- 23 de mayo de 2022 | HUMBERTO VALDOVINO FUENTES. Defensor de tierra y el territorio, fundador de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) enPinotepa Nacional, Oaxaca. Tras salir de una reunión de trabajo por el 21 aniversario de la organización, recibió una llamada, después se dirigió en su motocicleta al Barrio El Zapote, en Pinotepa Nacional, donde fue asesinado a balazos.

26.- 24 de mayo de 2022 | NOÉ GODÍNEZ ARREDONDO, 48 años, Michoacán. Abogado representante de bienes ejidales de San Francisco Uruapan y Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Uruapan. Fue levantado, torturado y balaceado junto a otras 2 personas.

27.- 4 de junio de 2022 | CAMILA BOLOCO, Ciudad de México. Activista trans originaria de Chile. Integrante del Sindicato de Trabajadores Sexuales para las Personas Trans y Travesti, Colectivo Existimos y Corporación Chilena de Personas Trans. Su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura en la alcaldía Benito Juárez, CDMX.

28.- 14 de junio de 2022 | PEDRO VÁSQUEZ RAMÍREZ. Ex-presidente municipal del periodo 2017-2019. Integrante del Consejo de Comunidades Indígenas de la Región Loxicha y Sierra Sur (CCIRLSS). Dos individuos con armas largas ingresaron a su oficina y lo acribillaron en San Agustín Loxicha, Oaxaca.

29.- 14 de junio de 2022 | PAULINO DURÁN FLORES. Comunero purépecha, Defensor de la tierra y el territorio.Fue asesinado en la calle por cuchillada en el pecho en Cherán, Michoacán.

30.- 17 de junio de 2022 | FERNANDO GUERRERO PÉREZ, 42 años. Activista de la comunidad LGBTTTIQ+. Su cuerpo desnudo fue encontrado con huellas de tortura y heridas de arma blanca en Papantla, Veracruz.

31.- 17 de junio de 2022 | ANTONIO MÉRIDA. Locatario del mercado de San Andrés Tuxtla. Presidente del Comité Contra el Nuevo Mercado 5 de Febrero. Luchaba contra la pérdida de fuente de sus ingresos por la demolición del mercado y su reconstrucción con un proyecto que no les fue consultado.Recibió agresión armada desde motocicleta en movimiento en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

32.- 20 de junio de 2022 | JOAQUÍN CÉSAR MORA SALAZAR, 80 años. Sacerdote y defensor de derechos humanos.Fue asesinado en la comunidad indígena de Cerocahui, Chihuahua.

33.- 20 de junio de 2022 | JAVIER CAMPOS MORALES, 79 años. Sacerdote y defensor de derechos humanos. Fueasesinado en la comunidad indígena de Cerocahui, Chihuahua.

34.- 20 junio 2022 | JESÚS BAÑUELOS ACEVEDO, Defensor de la tierra y ambientalista, parte del movimiento “No al Basurero en Atitalaquia”. Asesinado en Atitalaquia, Hidalgo, mientras estaba en un plantón frente al Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

35.- 22 de junio de 2022 | ELODIA MATEOS GUTIÉRREZ, 35 años. Lideresa comunitaria del Frente de Posesionarios del Ejido Maclovio Rojas, Tijuana, Baja California. Recibió 6 balazos. La lideresa anterior, Hortensia Hernández Mendoza, fue asesinada en agosto de 2021. Luchan por los títulos de propiedad para predios de 250 m² para vivienda.

36.- 9 de julio de 2022 | ALBERTO MORALES SEBASTIÁN, nahua. Asesinado en la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero mientras esperaba el transporte colectivo rumbo a Alcozacán. Policía comunitario, fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

37.- 14 de julio de 2022 | CRISPÍN REYES PABLO, Oaxaca. Defensor comunitario, agente municipal de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, defendía y representaba a 527 personas de 128 familias desplazadas por grupo armado en 2017.

38.- 15 de julio de 2022 | GLADYS ARANZA RAMOS, Ejido Ortiz, Guaymas, Sonora. Fue balaceada al llegar a su casa.Buscadora del colectivo “Madres y Guerreras unidas de Sonora”. Buscaba a su esposo desaparecido a finales de 2020.

39.- 17 de julio de 2022 | BRENDA JAZMÍN BELTRÁN JAIME, Ciudad Obregón, Sonora. Buscadora de su hermano desaparecido en Bacum, Luis Heraldo Beltrán Jaime. Integrante del colectivo “Guerreras Buscadoras de Cajeme, Sonora”.

40.- 19 de julio de 2022 | ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ, zapoteco, Oaxaca. Maestro, ex-preso político, defensor de derechos de los pueblos de San Agustín Loxicha, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, luchador social de toda la vida.

41.- 19 de julio de 2022 | LUZ RAQUEL PADILLA, quemada viva en Zapopan, Jalisco. Defensora de los derechos de personas con discapacidad.

42.- 19 de julio de 2022 | EFRAÍN GONZÁLEZ, 23 años, artesano y músico Wixárika, asesinado en La Rosita, Zacatecas, Zacatecas. Un grupo de sicarios llegó en un automóvil, entró a la vivienda familiar y les asesinó. Perteneciente a una familia defensora de los derechos del Pueblo Wixárika.

43.- 19 de julio de 2022 | Juventino, sobrino de Efraín González,17 años, artesano Wixárika, asesinado en La Rosita, Zacatecas, Zacatecas. Perteneciente a una familia defensora de los derechos del Pueblo Wixárika.

44.- 19 de julio de 2022 | Maxi, familiar de Efraín González, artesano Wixárika, asesinado en La Rosita, Zacatecas, Zacatecas. Perteneciente a una familia defensora de los derechos del Pueblo Wixárika.

45.- 20 de julio de 2022 | ELOY MERINO MENDOZA “El Comandante”. Fundador del grupo de Autodefensa Comunitaria “Fuerza Territorial Poblana”. Asesinado en una emboscada junto a otros 5 autodefensas en Jolalpan, mixteca poblana, Puebla, otros 16 autodefensas resultaron heridos. Los nombres de los otros 5 autodefensas comunitarios asesinados no fueron publicados.

46.- 24 de julio de 2022 | NICOLÁS PÉREZ ZOYATECO, nahua, 49 años, asesinado afuera del mercado agroindustrial en la cabecera municipal de Chilapa. Comerciante, defensor del territorio y miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

47.- 30 de agosto de 2022 | ROSARIO LILIÁN RODRÍGUEZ BARRAZA, La Cruz de Elota, Sinaloa. Fue interceptada tras regresar de una misa para su hijo desaparecido, posteriormente secuestrada y asesinada. Buscadora de su hijodesaparecido en 2019 Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez. Perteneciente al Colectivo de familias rastreadoras “Corazones sin Justicia”.

48.- 8 de septiembre de 2022 | EUSEBIO FRAGOSO FARANONI, recibió 14 balazos por dos sicarios a bordo de una motocicleta, esto sucedió frente a una primaria mientras caminaba con su esposa, en el Estado de México. Profesor, activista y líder social del pueblo de Guadalupe Victoria, Ecatepec. Su esposa resultó herida en la agresión.

49.- 14 de septiembre de 2022 | HERMENEGILDO NERI ORTIZ ROMERO “Don Neri”, Mazatlán, Guerrero. Fue balaceado en una tienda de abarrotes de su propiedad. Comandante de la Seguridad Comunitaria de su comunidad y ex Comisario del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

50.- 14 de septiembre de 2022 | SUSANA VILLARREAL, 53 años, mujer trans, Barrio de Tierra Blanca, Durango. Activista de la comunidad LGBTTTIQ+ y actriz. Fue encontrada sin vida en un negocio de su propiedad, con signos de violencia física y sexual.

51.- 27 de septiembre de 2022 | JOSÉ CATARINO MARTÍNEZ, 52 años, triqui. Recibió una emboscada y ataque armado a la camioneta de transporte que conducía en las inmediaciones de Agua Fría Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Originario de Concepción Carrizal, comunidad base del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Una joven resultó herida de bala en este ataque.

52.- 29 de septiembre de 2022 | ROSA SALVAJE, 50 años, mujer trans. Recibió un ataque armado dentro de negocio de su propiedad, donde también se ubicaba su vivienda en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

53.- 29 de septiembre de 2022 | ISABELLA ÁLVAREZ, mujer trans. Fue torturada y asesinada en su domicilio en la zona centro de León, Guanajuato. Activista trans dentro de la comunidad “Chicas Biless” de León. Fue encontrada dentro de su vivienda maniatada y estrangulada con un cable de plancha para cabello.

54.- 1 de octubre de 2022 | JULIO ISIDRO RAMÍREZ GONZÁLEZ, 70 años, triqui. El vehículo en el que viajaba fue atacado por paramilitares en la carretera que conecta Juxtlahuaca con Santa Rosa Caxtlahuaca. Originario de Agua Fría Copala, Oaxaca, comunidad base del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

55.- 4 de octubre de 2022 | BLANCA ESMERALDA GALLARDO. Buscadora perteneciente al colectivo “Voz de los Desaparecidos” en Puebla. Buscaba a su hija Betsabé Alvarado Gallardo de 24 años.

56.- 22 de octubre de 2022 | BEATRIZ ROJAS PÉREZ, 21 años. Estudiante normalista de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala. Murió como secuela de la agresión armada de policías contra una manifestación de normalistas. Otras 7 normalistas resultaron heridas en la represión.

57.- 25 de octubre de 2022 | GUILLERMO ÁLVARO LÓPEZ, San Isidro de Morelos, Putla de Guerrero, Oaxaca. Maestro de la Secundaria Técnica N. 32 de San Pedro y San Pablo Teposcolula. Integrante del comité delegacional de la delegación D-II-38 de Secundarias Técnicas, Sector Tlaxiaco de la Sección XXII – de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

58.- 26 de octubre de 2022 | FILOGONIO MARTÍNEZ MERINO, chatino, 60 años, Oaxaca. Excomisariado ejidal de Paso de la Reyna. Defensor del Río Verde, ambientalista, defensor de la tierra, integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

59.- 27 de octubre de 2022 | JESÚS MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ, zapoteco, Barrio de Santa Cruz Tagolaba, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Un comando armado lo atacó en su casa. Comunero, ambientalista, defensor de la tierra y opositor al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Corriente del Pueblo Sol Rojo. Otro activista resultó herido en los mismos hechos.

60.- 4 de noviembre de 2022 | RENATA NICOLE DUARTE REYES, 29 años, mujer trans. Fue maniatada y asesinada con arma de fuego, en Cuautla, Morelos. Otra mujer trans fue encontrada junto a ella: Kimberly Fernanda Mendoza. Activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, fundó el Colectivo de la Diversidad en Cuautla, que realizaba jornadas de salud, pruebas de ETS, talleres de empoderamiento para mujeres trans, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales, y repartía gratuitamente condones y lubricantes.

61.- 5 de noviembre de 2022 | ADÁN LINARES SILVERIO, nahua, 38 años, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Junto a dos de sus compañeros los interceptó una patrulla de tránsito municipal de Chilapa y una hora después fueron asesinados en la comunidad de Xochimilco sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo. Comunicador indígena y Miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

62.- 5 de noviembre de 2022 | MOISÉS CUAPIPISTENCO, nahua, 22 años, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Junto a dos de sus compañeros los interceptó una patrulla de tránsito municipal de Chilapa y una hora después fueron asesinados en la comunidad de Xochimilco sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo. Colaborador de medios y Miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

63.- 5 de noviembre de 2022 | GUILLERMO HILARIO MORALES, nahua, 32 años, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Junto a dos de sus compañeros los interceptó una patrulla de tránsito municipal de Chilapa y una hora después fueron asesinados en la comunidad de Xochimilco sobre la carretera Chilapa-Chilpancingo. Comunicador indígena y Miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

64.- 6 de noviembre de 2022 | JAZMÍN ADRIANA ZÁRATE AQUINO, 25 años, cantante del grupo musical Titanes, en San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oaxaca. Activista por los derechos de las mujeres.

65.- 6 noviembre 2022 | MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ. Activista y buscadora, integrante del colectivo “Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato”. Realizaba labores de búsqueda para intentar encontrar a su hijo Ósmar Zúñiga Vázquez, que desapareció el 14 de junio de 2022, en Abasolo.

66.- 25 de noviembre de 2022 | GRISELL PÉREZ RIVERA, El Durazno, Mixquiahuala, Hidalgo. Estuvo desaparecida un año y medio hasta que identificaron sus restos en esta fecha. Abogada feminista y defensora de derechos humanos. Fundadora del refugio para mujeres “La Cabaña de la Sabiduría”, en Tlalmanalco, Estado de México.

67.- 10 de noviembre de 2022 | KAREN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, 21 años, mujer trans, Toluca, Estado de México. Fue asesinada con arma de fuego. Formaba parte del equipo deportivo de Derechos Humanos del Estado de México, Colectivo Estado de México & alrededores y colectivo Realitrans A.C. Activista promotora de la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA.

68.- 10 de diciembre de 2022 | PEDRO PASCUAL CRUZ, purépecha, Ocumicho, Charapan, Michoacán. Fue asesinado a balazos por civiles armados. Comunero miembro de la Ronda Comunal de Ocumicho, del Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho, defensor de la tierra y el territorio, los bosques y los bienes naturales de Ocumicho y las zonas arqueológicas.

69.- 11 de diciembre de 2022 | JOSÉ RUBÉN CRUZ PALMA, yaqui. Fue asaltado y despojado de camarón y dinero en la carretera a Hermosillo. Autoridad tradicional del pueblo Yaqui Belem, Sonora.

70.- 11 de diciembre de 2022 | MARIELA PASOS, yaqui, esposa de José Rubén Cruz Palma. Familia autoridad tradicional del pueblo Yaqui Belem, Sonora.

71.- 19 de diciembre de 2022 | FRANCISCO JIMÉNEZ LÓPEZ, 25 años, Parte del Frente Popular Revolucionario (FPR), en Nochixtlán, Oaxaca. Fue asesinado, arrollado por un vehículo sin placas que era conducido por un policía vestido de civil, que embistió un bloqueo en Nochixtlán, Oaxaca.

72.- 5 de diciembre de 2022 | VÍCTOR MOISÉS GALICIA SILVA, 30 años. Activista comunitario, promotor cultural del skate y el deporte entre los jóvenes. Fue asesinado por sujetos desconocidos en el interior del “Parque Skate las Avispas”, en Chilpancingo, Guerrero.


Hay en México un contexto de guerra de despojo de los bienes y la cultura a los pueblos mexicanos disfrazada de guerra contra el crimen organizado. Entendemos por DESPOJO, el proceso de arrebato de los territorios indígenas o nacionales, para usufructo del capital internacional, por medio de la violencia y la economía ilegal, como instrumento de degradación y desplazamiento de los pueblos y las culturas. Y los activistas son asesinados como consecuencia de una guerra con armamento sofisticado y militar. Y sobre todo, porque representan un conflicto para las empresas que, ante la resistencia de la población nativa, no pueden aumentar sus ganancias. El tema es el control de los territorios. Es pertinente recordar que en 1982, fue reformado y con ello inactivado, el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Mismo que consagraba la tierra ejidal y comunal (léase pueblos indígenas), a los núcleos agrarios constituidos por indígenas.

Cada que un defensor, una defensora, un@ defensor@ es asesinadx, no solo una vida se apaga violentamente, se acalla y se apaga más la posibilidad de justicia, de libertad, del ejercicio de los derechos más básicos como el de la vida, es así como comenzamos el año 2023.

Con este recuento queremos guardar la memoria de los nombres y acciones comunitarias de todas estas personas luchadoras sociales, para buscar la justicia que merecen.

¡No muere nunca quien lucha por la vida!

¡Justicia!
¡Justicia!

¡Justicia!

En un país donde respirar es ya un acto de resistencia, hacemos memoria por quienes cayeron luchando.

 

Comite Editorial de Radio Zapote