México
Pronunciamiento de estudiantes de Ayotzinapa por campaña de criminalización hacia la Normal Rural
14 DE MAYO DE 2018
A LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS
AL MAGISTERIO NACIONAL
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS MEDIOS INFORMATIVOS
AL PUEBLO DE MEXICO
Como representantes de la base estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl I. Burgos” de Ayotzinapa, Gro., informamos que en las últimas semanas hemos sido objetos de un golpeteo sistemático por los tres niveles de gobierno, desprestigiando a nuestra escuela por supuestos desvíos de recursos federales; cuando ha sido la misma Secretaría de Educación Guerrero que por más de diez años ha elegido a conveniencia y otorgando los nombramientos al director y subdirectores académico y administrativo respectivamente. Y en esos periodos nunca señalaron las asignaciones discrecionales que hacían sus subordinados José Luis Hernández Rivera y Rigoberto Barrera Uriostegui, quienes dejaron su cargo hace más de un año y a la escuela endeudada con casi 50 millones de pesos. Fue entonces que la base estudiantil propuso al actual directivo y al subdirector administrativo, pero al no convenir con los intereses mezquinos de los docentes José Antonio García Mora, Eduardo Mora Bello y del mismo Rigoberto García Uriostegui (quien fue asignado desde el gobierno estatal), en contubernio con el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior Arturo Salgado Uriostegui, desataron una ola de señalamientos sin fundamentos que ponen en riesgo la estabilidad de la escuela.
Estos hechos, son una prueba fehaciente del Gobierno Federal por DESAPARECER LAS ESCUELAS NORMALES RURALES DEL PAÍS, por lo que han utilizado en amasiato a las mismas autoridades educativas estatales y a ese grupo reducido de tres docentes respaldados por el charrismo sindical, quienes se sentaron de manera entreguista con el Gobernador Héctor Astudillo Flores, con la finalidad de cerrar el paso a la movilización de los padres de familia y contener la lucha de alumnos.
A pocos meses de la contienda electoral y con René Juárez Cisneros a la encabeza de la dirigencia nacional del PRI, el Gobernador Héctor Astudillo Flores y el Director de Operaciones y Servicios de Educación Media Superior y Superior Edwin Morales Leguizamo (quién hace el trabajo sucio del gobierno), se ha comprometido con los viejos priistas de “limpiar y desmantelar” las organizaciones estudiantiles de las normales. Un ejemplo claro es que Edwin Morales Leguizamo desestabilizó a la base estudiantil de la Centenaria Normal del Estado para imponerles a su actual directora y ha iniciado una persecución con órdenes de aprensión en contra de las estructuras estudiantiles del FUNPEG, hostigando a los normalistas que se manifiestan por la asignación de plazas docentes.
Ayotzinapa es la piedra en el zapato del gobierno federal y estatal; porque a pesar de que han intentado cooptar a sus estudiantes con prebendas, sigue siendo la resistencia y la cuna de la conciencia social. Es un referente de lucha para las demás normales, porque ha quedado demostrado que el Gobierno nada nos ha dado, todo lo que tenemos en Ayotzinapa nos ha costado sangre. Un claro ejemplo es la modalidad de internado y el comedor estudiantil, que los tenemos a base de las conquistas de la lucha de los estudiantes, cobrando la vida de muchos de nuestros compañeros, que han caído en manos del Gobierno asesino. ¡Y nuestro comedor e internado lo vamos a defender!
Por lo que hoy, de frente le decimos a los tres niveles de gobierno, que no vamos a ser objeto de más señalamientos, ni permitir más muertes de nuestros compañeros. Que los estudiantes dignos de Ayotzinapa seguiremos respaldando la lucha de los padres de nuestros 43 compañeros desaparecidos forzadamente por el Estado. ¡No permitiremos que den carpetazo al caso!
Los docentes traidores que han desestabilizado a nuestra Alma Mater: José Antonio García Mora, Eduardo Mora Bello y Rigoberto García Uriostegui, deben salir de la escuela y le exigimos a Héctor Astudillo Flores remueva a esos espurios a donde sean necesarios sus servicios. Por todo lo anterior y ante la amenaza latente contra la integridad de nuestra base estudiantil y de los padres de familia de nuestros 43 compañeros; hacemos el llamado a las organizaciones y colectivos nacionales e internacionales, solidarios y de derechos humanos a estar atentos a la actuación del Estado represor mexicano y a asistir a la próxima reunión de la Asamblea Popular Nacional que se realiza cada mes en nuestra gloriosa normal de Ayotzinapa, para reorganizarnos y darle batalla a la embestida de este gobierno autoritario y despótico. Con todas las acciones en contra de Ayotzinapa, ha quedado en evidencia el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto y de Héctor Astudillo Flores, pues con sus fuerzas represivas han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, restringiendo e impidiendo el libre ejercicio a la libertad de expresión y de protesta, los cuales están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a los intelectuales progresistas, a los estudiantes y al pueblo en general a que se incorporen a nuestras próximas actividades con las cuales,
Exigimos:
¡Presentación con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa!
¡Cese a la represión contra los Normalistas Rurales!
¡No al cierre de las escuelas normales rurales!
¡Fuera de la escuela a los docentes traidores!
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Atenco: 12 años del Mayo Rojo
Por Debora Ceruti
Edith Rosales fue una de las 47 mujeres torturadas sexualmente durante la represión en mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco. A doce años, su testimonio refleja la actual impunidad del Estado.
San Salvador Atenco es una localidad de México a 40 kilómetros del Distrito Federal, escenario en 2006 de un operativo policial que derivó en la represión que se conoció como el “Mayo Rojo”.
El origen del conflicto se remonta a 2001 cuando el ex presidente Vicente Fox anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Esto implicaba la expropiación de predios en los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco y Chimalhuacán, zonas agrícolas donde se desarrollan vidas indígenas campesinas.
A partir de allí, la historia de estos municipios estaría marcada por la resistencia de pobladores y ejidatarios que conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que todavía se oponen a ser desalojados de sus tierras. A la resistencia se sumarían, años más tarde, adherentes a la campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El 3 de mayo de 2006, el actual mandatario Enrique Peña Nieto (que en ese entonces era gobernador del Estado de México) ordenó el desalojo de comerciantes de flores en el mercado de Texcoco para construir un supermercado. Ante esto, los pobladores y el FPDT decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lechería.
El 4 de mayo por la madrugada, más de dos mil quinientos miembros de las fuerzas policiales ingresaron a la comunidad, dejando como saldo trágico dos muertos, la detención de 207 personas, la expulsión de cinco extranjeras del país, cientos de manifestantes heridos y decenas de mujeres que fueron torturadas física, psicológica y sexualmente.
No hay sentencia, no hay justicia

Georgina Edith Rosales Gutiérrez fue una de las 47 mujeres detenidas y torturadas sexualmente en la represión de Atenco. A doce años de aquel Mayo Rojo, sigue en el camino de buscar justicia.
En el 2008, ella, junto a diez mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la tortura sexual de la que fueron víctimas durante la represión de Atenco. Edith aclara que no fueron solo once las que sufrieron agresiones, pero que en el caso de algunas compañeras, prevaleció el silencio provocado por el miedo.
En el 2015 se dio una audiencia con la CIDH. Poco tiempo después, la Comisión dio a conocer “recomendaciones” al gobierno de México. Las mismas son resumidas por Edith de la siguiente manera: “Que se promueva la justicia para nosotras. Que se nos repare el daño. Que no se vuelva a repetir”. El gobierno hizo caso omiso: nunca cumplió.
La CIDH mandó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La misma tiene la potestad de condenar al Estado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Atenco y ordenar una nueva investigación. Así es como se desarrolló una audiencia en 2017 en Costa Rica, en que se presentó una delegación del gobierno mexicano y las once mujeres denunciantes de violencia sexual, entre ellas Edith.
La ex presa política de Atenco manifestó la necesidad de que se juzgue tanto a los autores materiales como a la cadena de mandos de las fuerzas públicas de seguridad, así como a los autores intelectuales:
“Que se haga justicia implica que la gente que lo hizo materialmente no se las castigue nomás a ellas, sino que implica que juzguen a todos, entre los que está el presidente Peña Nieto. Estamos esperando la sentencia, que es vinculatoria. Pensamos que no va a ser antes de que él salga”.
Al mes de haber regresado de la audiencia en Costa Rica, las denunciantes se encontraron con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, norma que perpetúa el uso de policial de las fuerzas armadas: el Ejército y la Marina asumen el trabajo de fuerzas civiles en las calles y rutas de cientos de municipios en México, desde 2017, con un marco jurídico para su actuación. La sentencia de la Corte está demorada y la justicia no llega.
Con temor y amedrentamiento hacia los pobladores de Atenco, el proyecto del Aeropuerto intenta seguir avanzando.
Doce años antes
“Querían matar dos pájaros de un tiro, la resistencia en Atenco y la Otra Campaña. No pudieron”.
Edith se recuerda doce años atrás como una mujer luchadora, trabajadora, madre de tres hijas. En ese entonces, era empleada en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). En 2006 estaba en el recorrido de La Otra Campaña, iniciativa política impulsada por el EZLN y el movimiento zapatista que implicó el crecimiento de una corriente nacional de solidaridad y apoyo a las luchas mexicanas, basado en la adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Ese 3 de mayo de 2006, Edith ya era adherente a la Sexta y parte de la Otra Campaña. Les tocaba organizar el recorrido en la capital mexicana. Cuando la delegación zonal centro estaba reunida en la Plaza de las Dos Culturas, desde Atenco les comunicaron que Javier Cortés, un niño de 14 años, había sido asesinado de un balazo. “Todos nos indignamos. En el recorrido estaba el Subcomandante Marcos. Nos reunimos por sectores y decidimos ir a la gobernación, a los periódicos, y otros dijimos ‘ahorita vamos’. Fue como nos fuimos a Atenco a solidarizarnos”.















































































































