Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

Durante el periodo del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registraron 118 eventos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en México, de los cuales más del 71 por ciento fueron cometidos por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De estos eventos, se desprende un saldo de 203 agresiones entre los que figuran detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares.

Estos datos son parte del informe Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, quienes concluyen que, del total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.

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Las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras “nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta” destaca el informe. Además, el documento señala la responsabilidad de las policías, federativas y municipales como principales perpetradores de “agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores”, quienes actúa a la par de grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.

El registro apunta que acontecieron 307 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta”. En el mismo periodo, 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y se registraron 19 personas víctimas de desaparición forzada.

“El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio”, reitera el informe.

En el periodo que abarca el documento, la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales es, como en el informe del año previo, Oaxaca con ocho casos. Le siguen Morelos, Sonora y Puebla con tres casos, Michoacán, Chiapas y Guerrero con dos casos y Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua con un caso.

Represión

“La disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna”, resaltaron las organizaciones que elaboraron el informe.

Principalmente, las tres acciones mediante las cuales se manifestaron las agresiones fueron a través de desalojos, golpes y disparos con armas de fuego, así como el hostigamiento y el allanamiento de domicilios u oficinas.

Durante la presentación del documento, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) subrayó su preocupación sobre el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror y lo ejemplificó con el desalojo realizado por la Guardia Nacional, en febrero de este año, contra la Casa de los Pueblos Altepelmecalli en Puebla.

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Aunado a esto, el documento enfatiza que los datos muestran que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves de derechos humanos, “responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México”.

Ante la gravedad de las agresiones, dentro del informe las organizaciones destacan el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados.

Para las organizaciones, esta situación de violencia reiterada, aunada a “la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando”.

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“Este nuevo paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que, a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar”, compartió Jade Ramírez, cofundadora del medio Perimetral durante la presentación del documento.

En el evento, en el cual participaron representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, se argumentó que los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron, pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades.

El caso de criminalización contra Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha encendido la alerta debido a las motivaciones políticas detrás de la persecución en su contra y de lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de dicho municipio mazateco, quienes han hecho frente a los abusos de poder de la familia Zepeda.

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Ante la emisión de una nueva orden de aprehensión en contra de Peralta Betanzos, que revoca su libertad ganada en 2019 y le sentencia a reclusión por 50 años, el colectivo Los Otros Abogadoz, responsable por su defensa jurídica, remarca que este es un caso penal fabricado, plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso.

“Nos estamos enfrentando a la sed de venganza de Elisa Zepeda, quien a través de su grupo político y después de haber estado en la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Estado, ha influido tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía del Estado para revocar la sentencia de libertad de Miguel Peralta, así como para obstaculizar y retrasar la inminente libertad de los 7 presos políticos de la Asamblea Comunitaria y la cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos políticos”, contextualiza el colectivo.

Debido a esta situación, el pasado 25 de agosto, Los Otros Abogadoz presentaron un Amparo Directo contra la sentencia condenatoria de Peralta Betanzos mediante el cual esperan que un Tribunal Federal en la ciudad de Oaxaca analice las violaciones procesales del caso, como son “la obstaculización de una defensa adecuada, el respeto a la presunción de inocencia, la parcialidad de la autoridad ministerial y judicial a favor de las víctimas, aunado a una inadecuada valoración de las pruebas y una inexacta aplicación de la Ley penal; así como las falsas acusaciones de la ex diputada Elisa Zepeda y sus testigos”, detalla la defensa legal de Peralta Betanzos.

El colectivo de abogados enfatiza que es de suma importancia que Miguel no sea detenido, “de lo contrario, tendrá que esperar la resolución del amparo directo en prisión, mismo que podría resolverse de uno a dos años”.

A continuación, presentamos una entrevista con Roberto López, integrante de Los Otros Abogadoz, para quien “no hay fundamento jurídico. Son intereses políticos los que están en juego donde se han valido de las influencias que tiene (Elisa Zepeda) en el poder judicial” para perseguir y criminalizar a Miguel Peralta Betanzos y lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria.

Avispa Midia (AM): ¿Nos puede contextualizar acerca del contexto histórico del proceso penal contra Miguel Peralta Betanzos?

Roberto López (RL): Todo deriva del proceso penal que se inicia después de los hechos que ocurren el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón cuando se inicia una causa penal. A Miguel lo detienen en 2015, se lleva acabo un proceso irregular, con muchas violaciones procesales.

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Él es condenado en 2018 a una pena de 50 años de prisión. 30 años por el homicidio del hermano de Elisa Zepeda y 20 años por la supuesta tentativa de homicidio. Nosotros apelamos esa sentencia. La sala penal, cuando analiza el expediente se da cuenta que él no estuvo presente en su audiencia final y decide reponer el proceso, ello implicaba que se anulara esa sentencia de 50 años.

De nueva cuenta, el juez vuelve a tener la oportunidad de volver a dictar la sentencia. Para ese tiempo nosotros ya habíamos acreditado que es un asunto de una persecución política, que es un asunto de una familia que es cacique y esta en contra de la Asamblea Comunitaria lo que ellos hicieron. Eso trasciende y al final, el 14 de octubre de 2019, el juez mixto de Primera Instancia decide en sentencia liberar a Miguel, es decir, absolverlo al considerar que no era responsable del homicidio en contra del hermano de Elisa, Manuel Zepeda y la tentativa de homicidio en contra de Elisa. No hay un señalamiento directo que hagan Elisa y sus testigos en contra de Miguel, hicieron una acusación genérica, lo meten en un paquete de 35 personas, pero no especifican cuál fue la conducta real y material que Miguel hizo y ante esa situación no lo pudieron condenar.

AM: Ustedes mencionan que el proceso está plagado de irregularidades y violaciones, ¿podría detallar en qué consisten?

RL: Irregularidades en todo el proceso ha habido desde 2014. A las primeras siete personas que detienen les acusan del homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa. Personas que iban a poner a disposición del Ministerio Público (MP) porque se encontraba en posesión de un arma de uso exclusivo del ejército. Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio.

Los hechos ocurrieron en Eloxochitlán, tendría que conocer el juez de Huautla, por la cercanía del lugar, pero los remitieron hasta la ciudad de Oaxaca. Desde ahí empezó la primera anomalía, que los sacan de la jurisdicción que les tocaba y los mandan a Oaxaca. Obviamente no estuvieron ellos en el momento de cometer el delito, no hubo flagrancia y aún así los detuvieron y los privaron de la libertad.

Cuando detienen a Miguel, lo detienen en la ciudad de México, no le informan por qué lo detienen, no le dicen nada y resulta que ya en un penal de Tlaxiaco (Oaxaca) es ingresado y puesto a disposición y ahí se le da a conocer que ya está acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. En el caso de Miguel, para llegar a la sentencia, tuvieron que pasar cuatro años y medio. Los siete presos que están todavía por ese asunto van a ser ocho años y todavía no tienen una sentencia.

También, cuando el MP tiene que presentar formalmente sus conclusiones acusatorias en contra de Miguel, no lo hace. Tenía seis días para hacerlo y las presentó casi un mes después y el juzgado, sabiendo que las conclusiones acusatorias ya estaban fuera de tiempo, las acepta, las convalida y les da trámite.

En otro momento, en un Estado realmente democrático y garante de los derechos humanos y de las garantías procesales, lo que debió haber hecho el juzgado es decir “me presenta sus conclusiones fuera de tiempo, yo ya no te las acepto”. Y como ya no hay acusación formal por el MP, ese proceso se tiene que eliminar y Miguel automáticamente se debió haber puesto en libertad y eso no ocurre. Ese es uno de los errores más importantes y mas trascendentes que el juez dejó pasar y que nos tiene ahora en este momento.

Otra irregularidad es que, en los hechos de 2014, otra persona que era escolta de la familia Zepeda también pierde la vida. Esos hechos jamás se consignaron en el expediente principal, en la causa penal 02/2015 y ellos (Elisa y su papá) en otro momento, mañosamente, ya que estaba la causa penal donde esta Miguel y los presos políticos de Eloxochitán abren otra causa penal para esta otra persona que fallece de nombre Gustavo. En esos hechos también la mamá de Elisa dice que fue lesionada. Por ello también dejaron abierta esa posibilidad, en otro momento, de iniciar otra investigación por esos delitos.

Ellos han utilizado políticamente esos hechos. Se fueron guardando poco a poco para en todo momento tener el control y que los presos no alcancen su libertad y que estén perseguidos, desplazados, para que ellos puedan seguir teniendo ese control y ese poder político a lo largo de estos casi ocho años que llevan de proceso.

Pasó con los primeros siete presos. Ellos solo tenían el delito de homicidio. Cuando ellos presentan un recurso, un incidente de libertad que ganan y van a recobrar la libertad, ya van a pisar la calle, llega el MP y les hace de su conocimiento que les cumplimentan una orden de aprehensión, ahora por el delito de tentativa de homicidio en agravio de Elisa.

AM: Han mencionado también que las declaraciones mantienen inconsistencias y han sido fabricadas, ¿Cuáles son los elementos que consideran para hacer esta afirmación?

RL: Las declaraciones de Elisa Zepeda y Manuel Zepeda, su papá, son declaraciones que fueron construidas a modo. De esas declaraciones derivan otras seis que copiaron, en algunas, casi textualmente lo que ellos decían, con toda la intención de perjudicar a los integrantes de la Asamblea Comunitaria.

Cuando nosotros entramos a esta defensa, solicitamos los interrogatorios para Elisa y para sus testigos. Ellos retrasaron por más de un año presentarse al juzgado a declarar. Dilataron mucho tiempo para comparecer al juzgado porque sabían que era mentira lo que habían dicho, iban a ser cuestionados.

Cuando son interrogados nos damos cuenta que cuando menos dos testigos, Fernando Ramírez Carrera y Eleazar Hernández Ordaz, cuando se les pregunta específicamente sobre los hechos que declaran, ellos dicen no haber declarado nunca ante el MP y no recuerdan haber firmado alguna declaración. Cuando ven su firma y la copia de su identificación en el expediente sí las reconocen, pero dicen “yo no otorgue en ningún momento mi identificación”. Ahí nos damos cuenta que fueron testimonios fabricados sacados del testimonio de Manuel Zepeda Cortés, el papá de Elisa Zepeda. Con eso se evidencia que es una fabricación y esa acusación no tiene sustento jurídico.

Son acusaciones falsas. No lo decimos nosotros, ya Juzgados de Amparo, las salas del Tribunal de Justicia del estado ya han resuelto y se han pronunciado respecto a que esas declaraciones no son suficientes para responsabilizar a los presos de Eloxochitlán de los hechos que ella denuncia. Eso es lo único que hay y al final si realmente existe justicia en este país, los presos políticos de Eloxochitlán tendrían que salir libres. Vamos a seguir insistiendo para demostrar esa situación y arrancarles nuevamente la libertad, de Miguel y de los otros compañeros presos.

AM: Si en los hechos de diciembre del 2014 hubo un enfrentamiento en la población de Eloxochitlán donde se ha difundido que también hubo heridxs entre lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria, ¿por qué no vemos avance en las denuncias sobre estas agresiones?

RL: Cuando se da el enfrentamiento, previamente la gente de Elisa y Manuel Zepeda habían tomado el Palacio Municipal, ellos estaban atrincherados ahí. Se llama a la asamblea el 14 de diciembre para nombrar la Alcaldía Municipal y desde las instalaciones de la presidencia empiezan a dispararle a la gente de la Asamblea. Se hace la confusión, la gente corre y caen los heridos.

Hubo varias personas heridas por parte de la Asamblea Comunitaria y ellos en su momento denunciaron esas agresiones, esas tentativas de homicidio, pero en ningún momento tuvieron efecto o procedieron a otra instancia, simplemente se quedo ahí. Es una denuncia que nunca prosperó hasta la fecha a diferencia de, por ejemplo, de la de Elisa y de su papá, que ellos sí han obtenido eso que han buscado de siempre; mas que justicia ellos clamaron venganza y es lo que están obteniendo.

Es la forma distinta de procurar la justicia. Para ellos ya hay sentencias condenatorias y tienen a personas presas en la cárcel. Los responsables de las lesiones de la gente de la Asamblea Comunitaria, hasta la fecha no han procedido en contra de nadie y los responsables fueron el grupo político de Elisa Zepeda y de su papá.

Nos damos cuenta cómo la Procuraduría, que es la encargada de investigar, ha dejado de lado esas denuncias. De parte de la Asamblea Comunitaria hay imágenes, hay fotos, hay constancias médicas que acreditan que también hubo heridos de bala y de eso no ha pasado nada, absolutamente nada hasta esta fecha. El MP solo recaba los testimonios, pero no va mas allá, no busca mas pruebas, no manda a llamar a quienes inician esa agresión. Al dejar de hacer esa actividad jurídica pues prácticamente se queda en el olvido, se queda en el archivo y ahí puede pasar mucho tiempo.

AM: ¿Cuáles son los hechos que indican la presión política de la familia Zepeda para perseguir a lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán?

RL: Cuando Miguel sale en libertad (en 2019), Elisa Zepeda lanza un comunicado a la opinión pública donde dice que “la justicia se desvanece entre sus manos” y que peligra su vida, porque el asesino de su hermano, de Gustavo y quien intentó matarla a ella y a su mamá está suelto. Cosa mas falsa porque Miguel no ha sido sentenciado por los hechos del homicidio de Gustavo, no ha sido responsabilizado por la tentativa de homicidio de su mamá. Ahí nos damos clara cuenta que sigue mintiendo, que sigue diciendo cosas que jurídicamente no están demostradas en la causa 02/2015.

Después, el 29 de octubre de 2019, diputados de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) y del PT (Partido del Trabajo) sacan un punto de acuerdo donde le piden al Poder Judicial, a la Procuraduría de Oaxaca, que esos hechos “los juzguen con perspectiva de género”. Ese pronunciamiento sale y nos damos cuenta de la intromisión de uno de los poderes federales al trabajo de un poder judicial del estado.

Obviamente hacen referencia a la libertad de Miguel y dan a entender que su liberación es una injusticia que se comete en contra de Elisa. Cuando viene la intromisión del nivel federal es cuando el Tribunal del estado ya empieza a revocar esas libertades, es decir, la línea ya está dictada, ya está dicho que ese asunto, todo lo que se relacione con la causa penal de los presos de Eloxochitlán van a ser libertades que se van a cancelar. Y eso radica en que, dos años después, la Tercera Sala Penal revoque la libertad, porque recibe muy bien la encomienda que le hace el poder legislativo federal, obviamente para la defensa de los intereses políticos de Elisa y ese es el motivo por el cual nosotros pensamos que le revocan la sentencia a Miguel, porque ya se mete el poder federal, porque Elisa ha ido escalando políticamente.

Primero a la posición de presidenta municipal de Eloxochitlán. Después se postula para diputada local por el partido MORENA. Gana y en esa legislatura es nombrada presidenta de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia.

¿Esto qué significa y que representa? Elisa en esa posición tenía relación con el Procurador, con los Ministerios Públicos, con jueces y magistrados del Poder Judicial del estado. Esos dos años en que se tarda en llegar la apelación en la sala fueron suficientes para que Elisa moviera sus piezas, incidiera en el Poder Judicial para que pudieran revocar esa sentencia.

Porque la sentencia de Miguel es la primera sentencia condenatoria de los presos políticos de Eloxochitlán y la primera sentencia condenatoria de libertad que se revoca. Elisa tuvo el tiempo suficiente para operar mientras fue presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por eso nosotros ya nos damos cuenta que desde esa posición política hizo posible que esa libertad se revocara.

Por eso decimos, si realmente existe justicia en este país, Miguel tiene que volver a ser declarado inocente. Por eso es importante demostrar en instancias federales que esto sigue siendo una fabricación, que son intereses políticos los que están de por medio y que es el partido en el poder el que está apoyando a esta señora que no cesa en su venganza pues eso ha llevado que mucha gente ya desde hace ocho años esté desplazada de su comunidad y que siga siendo perseguida.

Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones sociales que en la medida de sus posibilidades que volteen a ver un poco y se solidaricen. Que no haya indiferencia porque en este país, en cualquier estado, la línea entre la libertad y el encierro es muy delgada. La fabricación de delitos está a la orden del día. Pasó con los compañeros de Eloxochitlán, pasó con Fidencio Aldama, que esta en Sonora, y está preso por una acusación falsa por oponerse a un gasoducto. Existen tantas historias donde ha habido represión política que tiene a las cárceles llenas de personas inocentes, por eso hay que pedir la libertad inmediata de las personas que están injustamente detenidas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos integrados por familiares de desaparecidxs se movilizan en una jornada de manifestaciones que se multiplican en 25 estados de México para exigir atención integral a la crisis humanitaria que reporta 104 mil personas desaparecidas.

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Por la mañana en la ciudad de México, colectivos comenzaron a agruparse en la Glorieta de las Mujeres que luchan para enfilarse rumbo a la Glorieta de las y los desaparecidos. Con la presencia de familiares de desaparecidxs de distintos puntos del país, la marcha acompañó al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), cuyas integrantes leyeron un pronunciamiento para cuestionar la inacción de las autoridades de todos los niveles.

“Como colectivos y familias buscadoras de personas desaparecidas llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal”, reclamaron integrantes del MNDM, para quienes el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia, lo cual aseguran no es así.

En la glorieta de la victoria alada, integrantes del MNDM también cuestionaron por qué en el país solo existen 35 condenas por estos crímenes y cuáles son las acciones de las autoridades para identificar los más de 52,000 seres humanos fallecidos que esperan ser retornados a sus familias.

El MNDM está conformado por más de 80 colectivos integrados por familiares de víctimas de desaparición forzada de 24 estados de México y de tres países de Centroamérica, quienes también son acompañadas por 40 organizaciones civiles.

Crisis humanitaria

“Esta crisis humanitaria no puede esperar más”, enunciaron las integrantes del MNDM debido a que existen muchos pendientes desde que, en 2018, la administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a procurar justicia por estos crímenes.

El MNDM señaló que, a pesar de que México tiene un marco normativo “garante y avanzado, el problema es que no se implementa, en este país la desaparición es el paradigma del crimen perfecto”. Como ejemplo de lo anterior, reclamaron que han transcurrido más de cuatro años tras la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “un logro que no sería posible sin el impulso de las familias, sin embargo, aún seguimos exigiendo su efectivo funcionamiento”.

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También demandaron el cumplimiento de otras acciones, tales como la presentación del Plan Nacional de Búsqueda; la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas; así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas y la creación del Plan Nacional de Exhumaciones.

Además, solicitaron la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento el cual deberá mencionar instituciones responsables, de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, con plazos precisos de implementación para de esta manera contar con mecanismos de rendición de cuentas periódicos.

Demandaron también al Congreso federal para la asignación de presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación de seres humanos. “El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos”, solicitó el MNDM.

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Otra de las acciones solicitadas al Estado es que reconozca la labor, “no sólo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos”, para de esa manera reducir los riesgos a su integridad derivados de las acciones de búsqueda.

“Al gobierno le volvemos a decir no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia”, enfatizaron a través del posicionamiento del MNDM.