Mexico
Comunicado de MAIZ: ¡Exigimos la justicia y presentación con vida de nuestro hermano Sergio Rivera Hernández!
A los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos indígenas de México y del mundo
Y a la sociedad en general
Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y responsabilizamos al Estado mexicano.
El 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, defensor del agua y del territorio, activista indígena nahua, fue víctima de desaparición forzada en la Sierra Negra de Puebla. Sergio, padre de familia y mecánico de profesión, dedicó su vida a la defensa del agua y el medio ambiente, enfrentando el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, impulsado por la empresa minera Autlán, el cual representa una grave amenaza para los ríos y ecosistemas de la región.
Sergio Rivera Hernández no solo luchaba por su comunidad, sino por el derecho de todos los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Su desaparición es un trágico ejemplo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, donde intereses económicos suelen imponerse sobre la vida y los derechos de las personas.
Ante esta situación, exigimos:
1. La inmediata presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Responsabilizamos al Estado mexicano por su desaparición y demandamos justicia ante la evidente falta de imparcialidad y corrupción que han permitido que sus captores permanezcan impunes. Exigimos su localización y el castigo de los responsables.
2. La protección efectiva de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Es indispensable garantizar la seguridad de quienes, como Sergio, arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y recursos ante el constante acoso y amenaza de megaproyectos destructivos en todo el país.
3. El cese total de la criminalización y represión de los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivos. Exigimos también un alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas y el respeto irrestricto a los derechos de las comunidades indígenas ante cualquier amenaza.
4. El fin de la impunidad en casos de desaparición forzada en México. El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando y sancionando a los responsables de estos crímenes con todo el rigor de la ley.
Sergio Rivera Hernández es una víctima de la guerra contra los pueblos indígenas y de los intereses económicos que prevalecen en nuestro país. Exigimos justicia y la presentación con vida de nuestro hermano.
¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!
Atentamente,
Movimiento Agrario Indígena Zapatista
30 de agosto de 2024
Desaparición del INAI, un paso más hacia la opacidad en México
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la 119 Acción Global para exigir verdad y justicia en el caso de los normalistas desaparecidos. A un mes de cumplir una década del crimen, Fuerzas Armadas niegan compartirles información que podría llevar a conocer su paradero.
En días recientes, congresistas mexicanos están dando pasos para concretar un paquete de 18 reformas constitucionales presentado desde febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado jueves (22), mediante sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor (del partido Morena y aliados), 17 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la extinción de 7organismos autónomos.
Con ello avanza la propuesta de eliminación de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras. Destaca entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),órganismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad e institución del Estado mexicano.
El partido en el poder, Morena, argumenta que, con la eliminación de los organismos autónomos, se obtendrán recursos económicos para ser redireccionados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mientras tanto, son diversas las voces que han levantado críticas contra esta medida.
Una de ellas es del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el cual destaca que, desde su creación en el año 2014, el INAI ha sido esencial para garantizar el derecho a la información pública pues recibe hasta 300 mil solicitudes anualmente, a nivel federal. Hasta dos tercios de la información de estas solicitudes no se encontraban en fuentes públicas y, además, éstas pasan a formar parte de un repositorio en línea que cualquier persona puede consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Más importante aún, remarca el Programa, es el papel del INAI para atender quejas de inconformidad con las respuestas de las instituciones e impugnar la falta de acceso a la información de los sujetos obligados, por lo que “su desaparición sería un retroceso grave, de al menos 20 años en la garantía de la información pública”, asevera en su análisis. Esto se debe a que, si una institución niega contar con la información, o alega que está reservada, el INAI cumple con la función de impugnar la respuesta y, en su caso, ordenar la publicación de la información a favor del solicitante.
La preocupación del Programa es que, con la desaparición del INAI, cada dependencia del gobierno sería responsable de recibir y gestionar las solicitudes de información. En este punto coincide con el análisis de la organización Data Cívica, quien alega que “desaparecer el INAI implica que las mismas instituciones opacas que niegan la información decidan sus procesos de transparencia”, enfatiza en pronunciamiento difundido en redes sociales.
La propuesta de Morena pretende incorporar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, órgano con funciones de contraloría dependiente del poder ejecutivo como parte del gabinete presidencial.
Con la reciente aprobación de la Comisión, ahora se espera que el pleno del Congreso mexicano discuta la iniciativa a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones legislativas que comienza el próximo 1 de septiembre.
Temas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la institución más consultada. Le siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Acorde al Programa, los temas más consultados ante el sistema de transparencia son las actividades de las instituciones y la información que generan; salud, compras públicas y contratos; así como peticiones de información sobre funcionarios públicos.
El análisis del Programa de la Universidad Iberoamericana, especializado en seguridad pública y militarización, indica que, para el año 2023, las resoluciones del INAI han dado como resultado la publicación de información relevante sobre temas como infancias y adolescentes en condición de orfandad por feminicio; detención migratoria e indemnizaciones otorgadas en casos de migrantes fallecidos durante su tránsito por México; el uso de dinero público para comprar insumos a sobreprecio; el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la citotoxicidad de las copas mentruales, entre muchos otros casos.
En tanto, Data Cívica, organización feminista que utiliza datos y tecnología para la defensa de derechos humanos, destaca que mediante la intervención del INAI han podido contar con información para desarrollar la Plataforma Ciudadana de FosasClandestinas lo que ayudó a identificar que la Fiscalía General de la República reporta menos fosas que las fiscalías de los Estados.
En ese mismo rubro, aseguran que el acceso a la información les permitió identificar evidencia de que el Banco Nacional de Datos Forenses no estaba operando, así como para conocer las coordenadas exactas de las fosas. Ante esta situación, para Data Cívica es un hecho que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante a la sociedad.
“Gracias al INAI pudimos saber que algunas instituciones de seguridad en México, como la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), han negado que cuentan con el registro de una base de datos sobre ‘homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada’, a pesar de que dicho registro sí existe y se sigue realizando, como hemos explicado en el proyecto Con Copia Oculta”, un repositorio con información de la guerra en el país que las Fuerzas Armadas han mantenido en secreto durante 15 años.
Opacidad, en tiempos de militarización
Por su parte, Data Cívica considera particularmente grave la extinción del INAI dentro de un contexto de profunda opacidad sobre las violaciones a derechos humanos en México.
La organización asevera que, de acuerdo a datos del INAI, la opacidad en el sexenio actual ha aumentado el doble en comparación con los últimos tres años del sexenio pasado. “Es decir, pasamos de 9,758 mil recursos de revisión por año de 2015 a 2018, a casi 20 mil anuales entre 2019 y 2022”, comparte sobre el aumento en las impugnaciones de las respuestas ante las solicitudes. Cabe destacar que, durante el primer año de este sexenio, también se observó un incremento en las respuestas que, bajo el argumento de “inexistencia” de los datos, no entregaron la información.

Además, resalta la polémica generada por López Obrador cuando, en noviembre del 2021, y mediante decreto presidencial, pretendió reservar la información respecto a megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec por considerarlos como “seguridad nacional”. Ante ello, el INAI presentó una controversia de constitucionalidad ante la SCJN, quien en mayo del 2023 invalidó la orden presidencial, solo para que Obrador volviera a blindar las obras con la publicación de otro decreto, emitido el mismo día de la resolución de la Corte. Resalta el involucramiento en las obras de los megaproyectos tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar).
Para el Programa de la Universidad Iberoamericana, es particularmente preocupante que esta reforma se proponga en un contexto de militarización y militarismo “sin precedentes en la historia contemporánea del país”, pues argumenta que las exigencias por transparencia y acceso a la información pública surgieron, precisamente, como una demanda para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.
El análisis de la institución educativa sostiene que las Fuerzas Armadas “engañan respecto a la existencia de la información que debe ser disponible públicamente” y lo ejemplifica con el hecho de que la Sedena negaba tener registros sobre el uso de la fuerza letal contra civiles después del 5 de abril de 2014. “Sin embargo, una resolución del INAI, impulsada por un grupo de activistas y académicos, determinó que la Sedena estaba obligada a llevar estos registros y que existían pruebas de que aún lo realizaba. Si la responsabilidad de ejercer la transparencia hubiera recaído en la contraloría interna de la Sedena, esta información vital no habría sido divulgada”, detalla sobre la evidencia queconfirmó análisis independientes sobre participación de militares en ejecuciones.
Para Data Cívica, sin el INAI no habrá garante para el acceso a la información.











