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Por Jana X

Después de cuatro meses de campamento de toma de la planta Bonafont, en el día del natalicio de Emiliano Zapata, los Pueblos Unidos del municipio de Juan C. Bonilla y otros 17 pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, junto con el pueblo Otomí migrante en resistencia y el movimiento Mexicali Resiste, decidieron juzgar al gobierno y a las empresas que con engaños les han despojado de la tierra, sobreexplotado el agua y los mantos freáticos de la región.

La consecuencia de ello ha sido el secamiento de sus pozos, y manantiales, al punto de generar hace poco más de un mes un gran socavón, el cual a la fecha las autoridades no pueden explicar su origen. Mientras, los pueblos lo dicen claramente: “es la sobreexplotación por las empresas como Bonafont, Volkswagen, Carol, Audi entre otras”.

Por cuatro meses se mantuvo el campamento de toma de la planta Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, que se encuentra a las faldas de los cerros Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Esta es una región abundante en agua, la cual proviene justo de los cerros que la rodean y que han sido resguardados por los pueblos nahuas originarios de esta región.

No obstante, después de 29 años del robo de su agua a través de la extracción diaria de  1,600,000 litros de agua en la planta ocupada, había provocado que los pozos artesianos de la región se secaran, además de una sequía generalizada y la imposibilidad de que los pueblos campesinos e indígenas que allí habitan para poder continuar con su modo de vida, que es a partir de la agricultura campesina de pequeña escala y autoconsumo.

En estos cuatro meses de cierre de operaciones de la planta, dicen los habitantes de estos pueblos, “los pozos han vuelto a tener agua”.

Previo a la toma del 22 de marzo de este año y durante los cuatro meses que duró el campamento de resistencia, se dio un proceso de asambleas y consulta entre los pueblos que habitan esta región, en donde además se informó sobre el despojo y las intenciones de abrir nuevos pozos para continuar con el robo de agua, por lo que 14 pueblos, hartos del despojo y la sequía, se articularon en “Pueblos Unidos” para defender el agua e impedir que continúe el saqueo.

Entre los pueblos imperó la misma voz: “ya era demasiado el robo, estamos hartos, y si no actuamos ya, nos seguirán despojando. Queremos justicia.”

Juicio de los pueblos

Dicen que siempre estuvieron abiertos al diálogo, pero ni las autoridades del gobierno, ni la empresa se acercaron para dialogar. Los pueblos evidenciaron que a las autoridades se les llamó a través de los cauces formales y se les invitó a tomar la palabra en el evento de festejo del aniversario de Emiliano Zapata, pero ellos no llegaron.

Se les estuvo esperando, y simplemente no llegaron. Ante la ausencia del gobierno, los pueblos decidieron hacer del evento un espacio de denuncia. Ahí, los 20 pueblos presentes denunciaron los diferentes atropellos que han vivido en la defensa del agua frente a la sobreexplotación y contaminación de los ríos.

Un ejemplo es el caso del río Metlapanapa, el cual ha sido explotado por años por empresas como Volkswagen, Audi, Bonafont, Junghans, Coca-Cola, granjas Carol, Hylsa, y otras, además de los parques industriales y el creciente desarrollo inmobiliario, e incluso ante un nuevo complejo industrial llamado “Ciudad téxtil” que se pretende instalar en la región.

Todas estas empresas usan grandes cantidades de agua. Por ejemplo, señalaron que la empresa automovilistica Volkswagen, contra la cual también hubo resistencia que en su momento fue reprimida, producen 20 carros por minuto y para la fabricación de cada carro se usan hasta 4,000 litros de agua.

Las empresas además contaminan los ríos, arroyos y mantos freáticos al verter los desechos tóxicos de sus procesos industriales. Denunciaron que en el río Metlapanapa corren las aguas negras y fecales de las empresas, pues en él se descargan sustancias tóxicas como plomo, cadmio, aluminio y arsenio provenientes de las fábricas que operan en la región.

El espacio de denuncia sirvió para que también se señalaran otros megaproyectos que atentan contra la vida de los pueblos, como el gasoducto que corre en toda esta región entre Puebla y Morelos y que forma parte del PIM (Proyecto Integral Morelos) el cual incluye además super autopistas y termoeléctricas de ciclo combinado y que ante la resistencia al proyecto, ya ha habido diferentes actos de represión que han ido desde la detención arbitraria y por razones políticas, hasta el asesinato de quienes se han resistido, como el caso de Samir Flores, el cual ya fue denunciado.

Ante la explotación y robo permanente de las empresas legitimado por el gobierno, los “Pueblos Unidos” de esta región del estado de Puebla exigieron justicia, una justicia que ellos mismos se han encargado de procurar, pues como dijeron algunos de los jóvenes que participaron de la toma: “Del gobierno no esperamos nada bueno, nuestra lucha es por la autonomía y la libre determinación”. Es por ello que decretaron la reapropiación de lo que fue arrebatado bajo engaños y corrupción y convertirlo en una Casa de los Pueblos.

De ser una sede para el robo, hoy será una Casa de los Pueblos

Los entrevistados (de los cuales resguardamos su identidad por seguridad) señalaron que durante las diferentes asambleas que se realizaron en los cuatro meses de toma, se decidió primero cerrar la planta y los pozos para acabar con el despojo y parte de los abusos. Después surgieron diferentes propuestas de cómo usar el espacio, entre las que señalaron estan: para casa de salud, como espacio deportivo y educativo, para la comunicación desde los pueblos y para la formación de los pueblos para la agricultura orgánica.

Aún faltará que este lunes (9) tras una rueda de prensa se continúe con el proceso asambleario para que los pueblos decidan por sí mismos qué uso darán a las instalaciones. Por ahora, los pozos han sido clausurados de forma permanente, y se espera que esta batalla sea el inicio de muchas batallas por la defensa del agua y de la vida, para que los pueblos puedan continuar viviendo como pueblos campesinos que manejan desde sí mismos el uso respetuoso del agua, como de por sí ya lo hacían.

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Simón Pedro era padre, esposo, hijo y hermano. En vida fue defensor de derechos humanos, catequista e integrante de La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.En 2020 fue presidente de la Mesa Directiva de su Organización. El 31 de diciembre de 2020, Simón nos concedió una entrevista para compartirnos qué es La Mesa Directiva de Las Abejas y qué implica ser de La Mesa Directiva. Ese día entregaba el cargo a los nuevos representantes de la Mesa Directiva.

“Simón le fue arrebatada la vida por buscar activamente la paz frente al clima de violencia generalizada que vivimos en los Altos de Chiapas. Nuestro hermano Simón Pedro representa la tercera generación de defensores de los derechos humanos en su familia y siempre participó en los movimientos para defender a la Madre Tierra en contra de los megaproyectos que amenazan a nuestros pueblos, y que han afectado a otros campesinos e indígenas en nuestro país y de otras partes del mundo. También buscó siempre el bien de su pueblo luchando en la organización, viendo por los desplazados y exigiendo justicia para los Mártires de Acteal y para todos los perseguidos por el mal gobierno. Siempre intentó proteger y ver por los que están sufriendo”. Palabras de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, 22 de julio de 2021

Por el Área de Comunicación de Las Abejas de Acteal y Xun Sero
Chiapas, México, Julio 2021

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El pasado 14 de Julio fueron secuestradas 15 personas en una emboscada en el tramo de El Coyote-Loma de Bácum en Sonora, Territorio Yaqui. En los siguientes días, dos mujeres, dos hombres y una menor fueron liberadas. Desde entonces 10 personas aún se encuentran desaparecidas.

Heladio Molina Zavala, de 44 años de edad.
Fabián Sombra Miranda de 34 años.
Fabián Valencia Romero de 27 años.
Martín Hurtado Flores, de 53 años de edad.
Leocadio Galaviz Cruz de 38 años.
Juan Justino Galaviz Cruz de 28 años de edad.
Braulio Pérez Sol de 40 años de edad.
Benjamín Portela Peralta de 65 años de edad.
Gustavo Acosta Hurtado de 49 años.
Artemio Arballo Cenizales de 60 años de edad.

A continuación la voz de familiares de los 7 compañeros en entrevista durante esta noche del 3 de agosto:

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Zapatista Sixth Commission
Mexico

July 31, 2021.

To the victims and families of victims in Mexico:
To the organizations, groups, collectives and individuals who support the victims:
We present the first results we have received from the Popular Referendum:

1. As of 13:00hrs on July 31, 2021, the twelve Zapatista caracoles and their respective Good Government Councils have received the official decisions of 756 small towns, villages, communities and rancherías [rural farming communities] where the following Mayan languages are spoken: Zoque, Tojolabal, Mam, Tzeltal, Tzotzil and Ch’ol. The decisions come from Zapatistas, CNI communities and partidista [political party-affiliated] communities which came together in “extemporaneous” community assemblies, which is to say that they do not have an official, legal existence.

2. The 756 originary communities have said “YES” in response to the question of whether they agree that whatever is necessary should be done to respect the rights of the victims and their families to truth and justice.

3. What we have noticed up to now is that in many areas, the INE [National Electoral Institute] did not translate the referendum into Mayan languages. The INE did not explain what the referendum is about and in some places it simply dropped off ballot boxes without explaining to the townspeople what they are.

4. The Zapatista communities did the work of explaining the importance of participating in the referendum and what the referendum is about. They did this in both partidista and CNI communities, and they did this in the communities’ mother tongues.

To our surprise, some partidistas communities where there are no Zapatistas held and continue to hold assemblies, and they have sent and continue to send their results to the Good Government Councils.

The partidista communities have thanked the Good Government Councils for explaining the referendum, and have said they will go to the polls tomorrow and will send us the count of how many people from their communities participated in the referendum with their official ID cards.

The gap created by the absence of representatives of the Mexican government and its institutions is being filled by “extemporaneous” individuals who took it upon themselves to translate the referendum into their originary languages and to explain what the referendum is about and its importance.

Not only did no one from the INE show up to explain anything: no one in any government capacity deigned to even try to go to any community (even though the government is supposedly the interested party in the referendum because their overseer ordered it).

The only thing the government officials have done is threaten people by saying that if they don’t go “vote” in the referendum, then their government support programs will be “cut.” They were sent to say: “If you don’t want to lose your cash handouts, go and put down ‘yes.’”

In addition, the government is lying because when it tells people to just go and vote “yes,” it says that the referendum is about whether to take the former presidents to trial.

Instead of explaining things to the people, they resort to threats and lies.
All that was needed was a bit of self-respect and political work.

5. Even though according to the Mexican state they do not exist, the thousands of “extemporaneous” indigenous communities embrace the thousands of families of the victims of the decisions made at different levels of government in recent years.

6. Although we do not legally exist according to the Mexican government, we ask you all – victims, families, and organizations that support them – to accept this embrace from those who have spent centuries (up to the present day) being victimized by the “decisions of political actors” of all governments across the entire political spectrum.

When we have the complete results, we will ensure they are shared with those who struggle for truth and justice for the victims and their families.

With this communiqué we announce that the Zapatista communities, as of July 31, 2021, are initiating their participation in the National Campaign for Truth and Justice.

That is all.

From the mountains of the Mexican Southeast.
Subcomandante Insurgente Galeano
Zapatista Sixth Commission for the National Campaign for Truth and Justice
Mexico, July 2021

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Los pueblos mayas continuamos luchando por la defensa de nuestros territorios
¡por nuestras autonomías!
¡por la libertad!
De la “Guerra de Castas” a la Autonomía
Pronunciamiento de la Campaña U Jeets’el le Ki’ki kuxtal en el aniversario del
inicio de la lucha social maya de 1847

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno
Al Escuadrón 421 y a quienes integran las delegaciones en La Gira por la Vida
A los colectivos, organizaciones y pueblos de la Europa de abajo -la Tierra Insumisa, Slumil K´ajxemk´opA las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A los pueblos que luchan
A los medios de comunicación
Al pueblo maya de la península de Yucatán

1. La Guerra de ayer, herencia colonial

En la memoria de nuestros pueblos, de las abuelas y los abuelos mayas que habitan nuestros territorios ancestrales está presente la Gran Guerra. Aquella iniciada en 1847 en los pueblos de Tepich y Tihosuco en el oriente de la Península de Yucatán. La insurrección maya por la defensa de la libertad.

En la memoria de los pueblos viven los recuerdos de aquellos días en los que, decididos a terminar con la opresión, la explotación, los despojos y la muerte provocada por los malos gobiernos en complicidad con los hacendados que perpetuaban las condiciones de esclavitud colonial para los pueblos mayas; se levantaron en armas Cecilio Chí, Jacinto Pat y cientos de hombres y mujeresmayas para luchar por la dignidad y la justicia, iniciándose así una de las mayores rebeliones en el territorio maya.

Tal como lo habían hecho nuestros ancestros que desde el inicio de la invasión europea resistieron a los intentos de aniquilamiento de los pueblos originarios: Nachi Cocom, Jacinto Canek y muchos abuelos y abuelas mayas rebeldes.
En la memoria de los pueblos viven los recuerdo de la guerra: los enfrentamientos, la muerte, la sangre tiñendo las aguas cristalinas de los cenotes en medio de la selva; el recuerdo de tiempos de esconderse entre lo tupido del monte y habitar dentro de las cuevas sagradas; los tiempos de alimentarse con plantas silvestres, raíces, frutos e insectos a falta de maíz pues las milpas y sus cosechas eran destruidas por los de arriba, los malos gobiernos contra los que se luchaba.

Pero también vive la memoria de la autonomía conquistada con fusiles y con fe, la memoria de las fiestas ceremoniales. Viven los recuerdos de la música del mayapax con el violín, el bombo y la tarola: tan triste como sagrada; tan festiva como dolorosa. Vive la memoria de María Uicab, Vive la palabra de La Cruz Parlante que dirigía los combates y mantenía unidos a los insurrectos, porque la lucha por nuestro pueblo ha sido también una lucha espiritual; en las proclamas de la cruz kichkelen yuum con su palabra de lucha -pero también de amor y esperanza- guió a nuestros abuelos y abuelas. Hoy también continúa guiándonos. La lucha es desde nuestra raíz y existencia.

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• Exigimos justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México.
• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad
• Hacemos un llamado a poner un alto a la impunidad con acciones de abajo, pacíficas y organizadas desde la sociedad civil.

Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.

Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.

Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:

Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.

En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial1 de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.

Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.

Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.

De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.

Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.

Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:

Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.

Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.

Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:

• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.

• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.

Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.

Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.

¡No están solas, no están solos!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México
29 de julio de 2021

Descarga el Pronunciamiento conjunto aquí: Pronunciamiento Verdad y Justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos

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Texto de Aldabi Olvera. Fotografía de portada: Luis Suaste

A raíz de la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para impulsar una movilización que detone la creación de una Comisión de la Verdad, algo que familiares y organizaciones exigen al menos desde el 2018, compartimos un Atlas sobre diversos esfuerzos de búsqueda de justicia en el mundo que podrían inspirar la experiencia mexicana.

Al finalizar dictaduras militares, guerras civiles y periodos de violencia inusitada, organizaciones sociales y civiles de diversas latitudes del mundo han impulsado la creación de instrumentos e instituciones llamadas de “justicia transicional” para esclarecer crímenes de lesa humanidad perpetrados por Estados y otros actores.

“Son periodos donde la verdad ha sido ocultada. Y la verdad es un elemento clave para la transformación de un conflicto, la sanación de las víctimas y poder enfrentar realmente las consecuencias de esas violaciones.”

Así lo explica Carlos Beristáin, psicólogo con una larga trayectoria en investigación de violaciones de derechos humanos y actual integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que comenzó a operar en Colombia en 2018.

Beristáin, quien también fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa en México, detalla que una parte esencial de estos mecanismos de búsqueda de justicia son las Comisiones de la Verdad, órganos que tienen la facultad de investigar y determinar responsabilidades colectivas y de lanzar recomendaciones para la reparación y no repetición de posibles violaciones a derechos humanos.

Normalmente, estas comisiones son integradas por expertos a los cuales se le encarga la recolección de testimonios de las víctimas de la violencia, sistematización, análisis y publicación, explica el documento Romper el silencio, el cual hizo en 2018 una propuesta de Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica que esclarezca la guerra desatada durante los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto en México.

Alrededor de 43 países han instalado comisiones de este tipo con mayor o menor éxito. Una de las pioneras fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas argentina, encabezado por el escritor Ernesto Sábato. De 1983 y 1984, la comisión argentina recopiló testimonios de víctimas de las juntas militares. Al final de su trabajo vio la luz el informe Nunca Más, el cual detalla la desaparición de 8,961 personas entre 1976 y 1983.

En nuestro continente abundan otras experiencias como la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile (1990-1991), el Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, 1995-1998) y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1997-1999) de Guatemala o la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2001-2003).

Yolanda Aguilar es antropóloga y terapeuta feminista. Sobreviviente a la dictadura militar de Guatemala, se integró como redactora del informe REMHI, publicado hace ya 20 años. Este proyecto es una excepción, pues no fue iniciado y conducido por la sociedad civil. Su principal objetivo, relata Aguilar, fue “crear confianza en las personas acerca de la importancia de hablar de lo que había sucedido en el conflicto armado.”

“Los retos fueron vislumbrar la dimensión del conflicto, los números y patrones de la violencia, la corrupción vinculada con las estructuras del gobierno” relata Aguilar.

La iniciativa partió de la iglesia católica y organizaciones de base. Esto le dio un carácter nacional necesario al proyecto pero enraizado a nivel local. Conformada con personas de las comunidades más afectadas llamados promotores o animadores de la palabra, el trabajo de la REMHI fue básico para la posterior Comisión para el Esclarecimiento Histórico bajo el mandato de la Organización de Naciones Unidas.

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