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Centro de Medios Libres

Hace unos minutos intento de desalojo de Radio Zapote en la ENAH

  • Fecha:25 Aug 2022

Hace unos minutos intento de desalojo de Radio Zapote en la ENAH

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Ciudad de México, 25 de agosto de 2022.- Hace unos minutos se reporta el intento de desalojo de Radio Zapote de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) por orden del Dr. Hilario Topete, director de la ENAH, sin previa consulta con el Consejo Técnico, y sin diálogo previo con el colectivo de la radio.

El intento de desalojo fue encabezado por el encargado de despacho de la subdirección administrativa de la ENAH C.P. Obed Mateo Reyes Jerónimo, quien llegó acompañado de policía auxiliar de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y un cerrajero.

Sin embargo miembros del colectivo de Radio Zapote impidieron el desalojo pacíficamente. La amenaza de desalojo se mantiene latente para las próximas horas y la madrugada, mientras el director de la ENAH en los días en que tomó posesión afirmó que no tendría confrontación con Radio Zapote y demás proyectos surgidos de la comunidad estudiantil.

Radio Zapote es una de las radios pioneras del movimiento de radios libres en México, surgida de la comunidad de la ENAH realiza cotidianamente coberturas sobre los pueblos indígenas de México. Fue fundada en el año 2001 cuando la Caravana del Color de la Tierra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena se hospedaron en la ENAH para promover la Ley de Derechos y Cultura Indígena ante el Congreso de la Unión.

https://www.instagram.com/tv/ChshHi9I_xL/

 

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Noticias de Abajo

Colectivos de periodistas independientes se manifiestan frente a la FGR ante el asesinato de los periodistas Fredid Román en Chilpancingo y de Juan Arjona en Sonora

  • Fecha:25 Aug 2022

Ciudad de México, 24 de agosto 2022; Colectivos de periodistas independientes se manifiestan frente a la FGR ante el asesinato de los periodistas Fredid Román en Chilpancingo y de Juan Arjona en Sonora en las últimas semanas. Exigen un mayor compromiso para defender el trabajo de comunicadoras y comunicadores por parte de las autoridades.

Con estos asesinatos se eleva a 15 comunicadores asesinados en lo que va del 2022. Exigieron la renuncia de Gertz Manero titular de la dependencia y de Ricardo Sánchez Pérez de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión por su trabajo ineficaz. Urgieron al gobierno federal de dejar de atacar a periodistas y por el contrario instrumentar políticas públicas para detener esta violencia que sigue creciendo en el país. Llamaron a la unidad del gremio periodístico y de las y los trabajadores de la comunicación para juntos defender sus derechos y su vida. Anunciaron más actividades en solidaridad con el gremio así como una reunión nacional para enfrentar los retos actuales.

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#NoSeMataLaVerdad

LISTA DE PERIODISTAS ASESINADOS EN 2022 EN MÉXICO:

15. Fredid Roman – 22 de agosto

14. Arjón Lopez – 16 de agosto

13. Ernesto Mendez – 3 de agosto

12. Antonio de la Cruz – 29 Junio

11. Yesenia Mollinedo – 9 de mayo

10. Shile Johana – 9 de mayo

9. Luis Enrique Ramirez – 6 de mayo

8. Armando Linares – 15 de marzo

7. Juan Carlos Muiz – 4 de marzo

6. Jorge Camero – 25 de febrero

5. Heber López – 10 de febrero

4. Roberto Toledo – 31 de enero

3. Lourdes Maldonado – 23 de enero

2. Margarito Martinez – 17 de enero

1.Jose Luis Gamboa 10 de enero

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Avispa Midia

Ex preso político de Eloxochitlán enfrenta nueva orden de aprehensión

  • Fecha:23 Aug 2022

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.

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Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.

Caciquismo

Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.

En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.

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Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.

“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.

Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.

Persecución

A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.

De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.

El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.

Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.

“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.

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Avispa Midia

En México, cada 14 horas se registra agresiones a la prensa

  • Fecha:22 Aug 2022

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Entre enero a junio del año 2022 se registraron 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que representa un ataque contra la prensa cada 14 horas.

Así lo informó la organización Article 19 en el reporte “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste”, mediante el cual destacan el incremento de las agresiones además de la gravedad de ellas que se manifiestan con violencia letal, desplazamientos, estigmatización y violencia en línea.

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El documento reporta 12 asesinatos de periodistas, de los cuales en 9 casos se identificaron indicios que vinculan la labor periodística como móvil del crimen.

La organización también realizó una comparación del número de agresiones durante el primer semestre del 2016, cuando registró 218 agresiones contra la prensa, con el mismo periodo de 2021, lo cual señala un incremento del 51.83% de agresiones contra lxs periodistas en México.

Desplazamiento

Una de las consecuencias de las agresiones es el desplazamiento interno forzado (DIF) y el exilio de periodistas, quienes se ven obligados a abandonar sus hogares al no contar con la garantía de seguridad para ejercer sus labores. Durante el primer semestre del 2022, Article 19 documentó cuatro casos de DIF y dos casos de exilio.

Destaca la Ciudad de México, con 49 ataques, como el lugar con mayor número de eventos violentos. Le siguen Yucatán y Michoacán donde se documentaron 30 agresiones y donde el aumento de la violencia, en comparación con el mismo periodo del 2021, es hasta 9 veces mayor. Tamaulipas se ubicó en la tercera posición, con 21 agresiones documentadas.

Las principales agresiones en este periodo fueron intimidaciones y hostigamientos en 101 casos, seguido por las amenazas registradas en 66 casos, así como los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público documentado en 45 ataques.

Article 19 registró que, del total de las agresiones, 219 casos fueron perpetrados contra hombres periodistas y 88 ataques contra mujeres. Además, la prensa nacional contabilizó 24 ataques, es decir, el 7.65% y el rubro de violencia en línea contabilizó 105 ataques, lo cual indica que una de cada tres agresiones ocurre en la esfera digital.

Estigmatización

La organización promotora de la libertad de expresión enfatiza que, durante el primer semestre del 2022, se documentó la persistencia de discursos estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, “que buscan convertir al mensajero en el mensaje, desvirtuando las investigaciones o reportes originales de la prensa”.

Entre los principales ejecutores de la estrategia de estigmatización señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con lo que se genera un “efecto cascada” donde, sin importar el nivel de gobierno, o el partido, “las autoridades deslindan su responsabilidad e inclusive justifican la violencia contra la prensa al catalogarla como conservadora, vendida, o adversaria, entre otros”, señala Article 19.

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Para la organización de derechos humanos, preocupa que, al ser cuestionado sobre el crecimiento de la violencia letal contra periodistas en el país, la respuesta de AMLO se limita a desviar la responsabilizar al Estado, tanto como perpetrador de los asesinatos o para garantizar justicia en las investigaciones ante los ataques.

Article 19 señala que las indagatorias sobre los asesinatos de periodistas desestiman la labor periodística con los crímenes, revictimizan a las víctimas y niegan la obligación de las autoridades para proteger e investigar los homicidios, estén o no vinculados con el crimen organizado.

“Lejos de asumir la obligatoriedad que el Estado tiene respecto a proteger, investigar, sancionar, reparar el daño y, sobre todo, impedir que la impunidad siga imperando en los casos de asesinatos en contra de periodistas, se niega que existe un escenario de profunda violencia para la prensa que debe frenarse de manera urgente”, enfatiza el informe sobre el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales la prensa ejerce su labor y donde los tres niveles de gobierno han sido omisos e incapaces de generar estrategias que enfrenten las causas de la violencia sistemática contra la prensa.

Mientras se elaboraba esta nota, alrededor de las 17:00 horas de este lunes (22), el periodista Fredid Román Román, editor en el semanario La realidad, fue asesinado dentro de su vehículo en Chilpancingo, Guerrero.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero anunció que ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego.

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Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

Oaxaca | La contradicción de la justicia indolente presente en Eloxochitlán de Flores Magón

  • Fecha:22 Aug 2022

22/08/2022.
50 años, medio siglo, es la pena que le han impuesto nuevamente a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, originario de Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, tras la revocación de la sentencia de libertad que obtuvo el 14 de octubre de 2019, después de haber estado  en prisión política por cuatro años, cinco meses, catorce días.
El pasado 4 de marzo de 2021, la Tercera Sala Penal del Tribunal  Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por una apelación a la  sentencia de libertad interpuesta por el Agente del Ministerio Público del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, impuso una   sentencia condenatoria de segunda instancia, por los dos delitos que le han fabricado a Miguel desde diciembre de 2014; Homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja, y Tentativa de Homicidio con la agravante de ventaja por la Causa Penal 02/2015.

Con dicha resolución, ordena al Juzgado Mixto de Primera Instancia girar  una orden de reaprehensión para privarlo de su libertad en cualquier prisión de Oaxaca que tenga cupo, por la condena de 50 años.  Incongruente e indolente llamarle “Tribunal de Justicia”, cuando lo que prevalece en sus Salas es la impunidad y la intromisión de otros poderes. Hoy nos preguntamos una vez más: ¿bajo que elementos jurídicos,  teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de  ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el  expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen  su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le  condenen a prisión con una pena de medio siglo? No existe una sola  prueba judicial consistente dentro del expediente, pero sí la prueba  política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la  autodeterminación.

Ya desde el día en que se ganó su libertad en 2019, gracias a una lucha  política y jurídica, los señalamientos hacia su persona por parte del  gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por la entonces diputada local  por MORENA y expresidenta de la Comisión Permanente de  Administración y Justicia de la LXIV Legistlatura de Oaxaca, Elisa  Zepeda Lagunas, se hicieron visibles. Evidenciando con ello que tanto el  poder ejecutivo como el legislativo del estado de Oaxaca, habían enviado  una carta a quien en ese año era la Presidenta del Tribunal para  la “revisión del caso” ante su inconformidad por la libertad, es decir,  mostraron una vez más la intromisión en el aparato judicial, desde su  posición de poder.

No suficiente con esa intromisión, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados  y diputadas de MORENA y el Partido del Trabajo del  Congreso Federal, firmaron un “punto de acuerdo” en el que violentan  una vez más el debido proceso de Miguel, al validar la versión pública de  Elisa Zepeda, por su cargo como diputada, sin fundamentos jurídicos  conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución  judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan  de hechos que no constan en ninguno de los tomos. Con la nueva  sentencia en contra de nuestro compañero al condenarle a 50 años de  prisión y el uso del aparato legislativo y ejecutivo por parte del partido  que sostiene el poder en México, se está reafirmando la persecución  política que se ejerce hacia Miguel y las personas indígenas que  defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de  partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en  complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional. Quienes en  conjunto, ya le arrebataron cuatro años de su libertad y ahora intentan  quitársela por 50 años.

A su salida, Miguel continuó denunciando la fabricación de delitos y el  injusto encarcelamiento de sus siete compañeros presos de Eloxochitlán,  así como de quienes aún tienen órdenes de aprehensión. Esto le ha  llevado a seguir siendo criminalizado, por el hecho de no callar y  denunciar los abusos de poder de un grupo caciquil que ha reprimido a su  comunidad por más de 10 años, y que finalmente han logrado la  ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el  desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el  encarcelamiento por la fabricación de delitos. Miguel junto con sus  compañeros continúan presos y perseguidos por un conflicto social y  político que a través del castigo judicial con penas como la que le han  impuesto nuevamente, como lo son 50 años de prisión, que sin pruebas,  con testigos que se contradicen, que son inconsistentes o que incluso  niegan haber declarado, pretenden la inmovilidad y el silencio. Es por  ello, que les hacemos un llamado a su solidaridad que nos ha venido  acompañando durante todos estos años, para que se pronuncien en contra  de la sentencia de 50 años y la persecución en contra de Miguel  por parte del régimen partidista en el poder, y la posible reaprehensión,  así como por la libertad inmediata de los siete presos políticos de  Eloxochitlán y el cese de las órdenes de aprehensión de los desplazados  por el mismo conflicto.

Les pedimos estén atentas y atentos a cualquier  intento de detención o daño a la integridad de Miguel, de su familia y de sus abogados. Porque  no es menor decir que los señalamientos que se han hecho en su contra,  provienen de una ex diputada del partido en el poder y quien actualmente  forma parte del equipo del gobernador electo en Oaxaca por  MORENA. Ante el contexto de impunidad y criminalización que se  vive en Oaxaca y en el país en general, responzabilizamos a Elisa Zepeda  Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo  caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y  represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva  sentencia. ¡Los años de condena reflejan la saña con la que se persigue a  quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir!

Alto a la persecución política! Abajo los muros de las prisiones!
Presxs A la calle!! #Libres Ya!!
Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

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Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

Comunidad autónoma tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán denuncia agresión y llama a la solidaridad

  • Fecha:20 Aug 2022

Al pueblo de México y del mundo
Al Congreso Nacional Indígena
A las instituciones y organización de derechos humanos
A los medios de comunicación

La comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunciamos que el día 19 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, el cacique José Flores Sánchez, conocido también como La Polla, llegó al predio comunal donde una comisión de comuneros se encontraba trabajando por mandato de la asamblea general, construyendo el espacio cultural tepehuano, proyecto en el que hemos estado empeñados durante los últimos meses.

Esta persona que no pertenece a nuestra comunidad indígena, entró sin permiso al predio y estaba acompañado por Cayetano Aguilar Quiñones, quien constantemente ha lucrado con las tierras comunales y hoy ocupa el cargo de comisario municipal de Azqueltán, en el gobierno del municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Al entrar, preguntó a los comuneros que se encontraban construyendo una barda, que quién los traía ahí trabajando y que el predio era de su propiedad; a lo que los comuneros le respondieron que acudiera al tribunal agrario si creía tener algún derecho sobre ese predio, que mide aproximadamente una hectárea y media, que pertenece a nuestra comunidad y que incluso está en la cabecera comunal.

Su respuesta fue que “esto no se arregla con tribunales, se arregla levantando y secuestrando”, lo que dijo estando presente el comisario municipal, quien acudió al predio presentándose con dicho cargo. Este mismo hostigamiento, Cayetano Aguilar Quiñones ya lo había hecho anteriormente en el mes de marzo, abusando del poder que le dio el ayuntamiento municipal mediante el puesto como comisario.

Cayetano Aguilar Quiñones es el mismo que ha ocupado antes el cargo de comisariado del ejido San Lorenzo de Atzqueltán, desde donde ha pretendido usurpar la representación agraria sobre los terrenos comunales. Con la complicidad omisa de instituciones de gobierno de todos los niveles para atentar en contra de los bienes colectivos.

Cayetano Aguilar ha vendido descarada y fraudulentamente la tierra que no le pertenece, rentando el territorio comunal a personas externas para el pastoreo de ganado, lucrando con la madera del bosque de pino y hasta dando permisos para hacer prospección minera.

Nosotros, que somos comunidad indígena, tenemos a la asamblea general de comuneros como máxima autoridad, y sus determinaciones son nuestro gobierno agrario; que en términos de nuestra autonomía y libre determinación, están respaldadas por la Constitución de México y por los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado Mexicano.

Ante lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. Hacemos responsable a José Flores Sánchez y Cayetanos Aguilar Quiñones, así como a su grupo violento encabezado por Favio y José Guadalupe Flores Sánchez, de cualquier agresión en contra de nuestras autoridades y comuneros, así como de cualquier situación de violencia que atente contra nuestra comunidad.

2. La impunidad y protección que los gobiernos, ministerios públicos y jueces han dado a estos violentos caciques, representa un grave riesgo para la paz de nuestra comunidad y la vida de los comuneros.

3. Esta agresión se suma a una larga lista de agravios, amenazas, ataques armados, intentos de homicidio, secuestro y desaparición, que hemos denunciado en 32 carpetas de investigación que solo han garantizado impunidad a este grupo violento.

4. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que actúen y tomen cartas en este asunto en la medida se sus competencias legales, con pleno respeto nuestra autonomía y libre determinación.

5. Llamamos respetuosamente a la atención y solidaridad de los pueblos y comunidades indígenas, así como de la sociedad civil nacional e internacional, para que nuestra exigencia de paz y respeto sea escuchada y para que no regrese, nunca más, la violencia que busca robar las tierras comunales, mismas que tenemos amparadas por el título virreinal desde el año 1733.

Atentamente
Agosto de 2022
Nunca más un México sin nosotros.

Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

CIPOG-EZ: Las ejecuciones siguen ocurriendo y las amenazas hacia nuestras comunidades están vigentes

  • Fecha:18 Aug 2022


¡¡¡ALERTA MÁXIMA EN LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ!!!

FRENTE A LAS NUEVAS AMENAZAS Y ATAQUES DE “LOS ARDILLOS”.

 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

Al pueblo digno de Guerrero

A las organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

 

18 de agosto de 2022

Hermanos y hermanas de México y del mundo: nuevamente queremos compartir nuestra palabra y en ella nuestra preocupación frente a las actuales amenazas del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en contra de las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, pero no solamente a nosotras y nosotros, sino a la población en general que todos los días vive el terror generado por este grupo delincuencial que se dedica a extorsionar y asesinar a la población sin que el Estado mueva un dedo.

En ese sentido, responsabilizamos al presidente municipal de Chilapa de Álvarez, Aldy Esteban Román porque los asesinatos de los promotores del CIPOG-EZ no paran, mientras que los asesinos, el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, sigue operando con total impunidad coludido con la policía municipal y con Aldy Esteban Román. Los habitantes de Chilapa de Álvarez, así como las comunidades del CIPOG-EZ vivimos todos los días la violencia de este grupo criminal mientras que las autoridades encargadas de brindar seguridad hacen como que no ven y no oyen el clamor de la población. Para nadie es un secreto, que los familiares de Celso Ortega, líder principal del grupo delincuencial “Los Ardillos”, trabajan en el municipio de Chilapa y controlan al presidente municipal; la familia Ortega desde el poder aterroriza a la población.

Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, así como a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta de México y del Mundo, a estar atentos, pues las ejecuciones siguen ocurriendo y las amenazas hacia nuestras comunidades están vigentes. Llamamos a que se siga denunciando la violencia que nuestras comunidades viven, que se exijan desde sus geografías y a sus modos y formas la desarticulación de los grupos narco-paramilitares, específicamente de “Los Ardillos”. No olvidamos a nuestros muertos y desaparecidos, no olvidamos las torturas y los encarcelamientos de los que hemos sido víctimas; no olvidamos a Pablo y Samuel, desaparecidos el 25 de enero en Atlixtac por la policía municipal, no olvidamos ni perdonamos.

Estaremos alerta en nuestras comunidades por lo que pueda suceder, velando por la seguridad de todas y todos los habitantes, pero al mismo exigimos que las corporaciones encargadas de velar por la seguridad de la población hagan su trabajo. Como Concejo Indígena y Popular de Guerrero seguiremos en la defensa de nuestras comunidades, del territorio y de la vida: NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS, NO CLAUDICAMOS.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

 

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Radio Zapote

Comunicado de Sincronía Wirikuta sobre la violencia en la Sierra Wixárika | Plan de justicia y necesidad de parar la violencia en la sierra wixárika

  • Fecha:18 Aug 2022

Plan de justicia y necesidad de parar la violencia en la sierra wixárika.

18 de Agosto 2022

1. El presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador visitará próximamente Santa Catarina Cuexcomatitlán y Tuapurie, Municipio de Mezquitic, Jalisco, como parte de los acuerdos establecidos en la Ciudad de México en marzo de este año, para firmar y anunciar el Plan de Justicia comprometido al pueblo wixárika.

2. Desde abril , y como parte del avance, se han realizado varias reuniones de los pueblos wixárika, nayeri, od´ham y mexicas para establecer un Plan de Justicia que responda lo más amplio posible a sus problemas y necesidades.

3. El jueves 11 de agosto 3 comuneros wixaritari (dos adultos y un menor de edad) fueron secuestrados en los alrededores de Minillas, municipio de Mezquitic.

4. Cumplían con el trabajo ceremonial de cacería de venado, el cual es parte de sus costumbres tradicionales para agradecer por la vida y el ciclo de lluvias de este 2022. La cultura wixárika aún preserva la costumbre de dialogar directamente con la naturaleza. Es una de las más ricas manifestaciones vigentes de nuestra herencia cultural de origen milenario.

5. Los tres wixaritari aparecieron en la madrugada del lunes 15 de agosto del presente año golpeados y amenazados.

6. Este hecho nos obliga a emitir un fuerte reclamo para que resuene en todas las esferas: NECESITAMOS una respuesta contundente para que los agresores sepan que el pueblo wixárika es un tesoro cultural que viene de tiempos remotos con la proeza de mantener viva su brasa de conocimiento ancestral. Y QUE TIENEN EL AMPLIO APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA EN EL SEGUIMIENTO DE SUS TRADICIONES

7. Esto, por lo tanto, es un llamado al gobierno, la policía, el ejército, los campesinos mestizos y el crimen organizado a que NO SE INTERRUMPA NI SE OBSTACULICE el que el pueblo wixárika cumpla su cargo  de sostener un rezo para iluminar la vida de todos los seres vivos. Ese rezo implica la cacería del venado como moneda energética que multiplica toda vida. No es posible que esta tarea sea perseguida en pleno siglo XXI. ¡Exigimos respeto a estas tradiciones milenarias!

8. Esto no es un caso aislado; en la sierra wixárika ha llegado la violencia y la restricción de la libertad. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA INCREMENTADO Y ESCALADO DE FORMA alarmante LA VIOLENCIA.

9. POR ELLO NOS ES NECESARIO CUESTIONAR cuáles serán los puntos prioritarios del Plan de Justicia.

10. Ningún bien material, ninguna aula, centro de salud, carretera, por más necesarias que sean, se compara con el derecho de transitar con seguridad y confianza por los hermosos paisajes de su territorio. Y ese sencillo derecho hoy está borrado de la vida cotidiana. Hay temor y muchos casos de agresión que se suman al expediente.

11. Solicitamos que el presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador garantice el libre tránsito del pueblo wixárika cumpliendo con su costumbre de amar la vida.

Fotografía de Juan Carlos Bucio Peritaje tradicional Cerro del quemado 2012

Fotografía de Juan Carlos Bucio Peritaje tradicional Cerro del Quemado 2012

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Avispa Midia

Desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado

  • Fecha:18 Aug 2022

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.

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Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.

El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.

Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.

Infiltrado

El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.

Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.

López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.

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“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.

Jueces, obstáculo

Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.

Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.

Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.

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“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.

El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.

Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 16 de Agosto 2022

  • Fecha:17 Aug 2022

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