Publicado en Camino al Andar
México
Presentación inmediata y con vida del compañero Wixárica Santos de la Cruz, su esposa Carlota Aguilar y sus hijos Henry y Paulo
El dia tres de marzo alrededor de las 8 de la mañana, el compañero Wixárica Santos de la Cruz, junto con su esposa Carlota Aguilar y sus dos hijos Henry (tres años de edad) y Paulo ( tres meses de edad), salieron de Bancos de Calitique, Durango hacia Jesús María, Nayarit sin que hasta el momento se tenga información de sus paraderos.
Los compañeros fueron desaparecidos en una región donde hay un fuerte control de grupos criminales que se oponen a la lucha del pueblo Wixárica por sus tierras.
Santos de la Cruz se ha distinguido por la defensa del territorio y del medio ambiente, como parte de la comunidad ha defendido las tierras de Wirikuta de la explotación minera.
Los pasados 20, 21 y 22 de febrero la comunidad de Bancos de Calitique fue restituida con 10, 720 hectáreas de su territorio después de 50 años de lucha.
Exigimos la presentación inmediata y con vida del compañero Wixárica Santos de la Cruz, su esposa Carlota Aguilar y sus hijos.
Exigimos se garantice la verdad y se esclarezcan las causas del asesinato de Simón Pedro
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
01 de marzo de 2023
Boletín No. 04
Exigimos se garantice la verdad y se esclarezcan las causas del asesinato de Simón Pedro, defensor de derechos humanos
• El Estado mexicano es responsable de evitar la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las personas defensoras, comunidades y pueblos que luchan a favor de la paz.
A un año y ocho meses del lamentable asesinato de Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), defensor de derechos humanos maya tsotsil, ex presidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifestamos a las autoridades de justicia la importancia de que tomen en cuenta las líneas de investigación que orienten las causas de su asesinato.
Reiteramos que el móvil que llevó a arrebatarle la vida a Simón Pedro está vinculado con su labor de persona defensora de los derechos humanos y de la vida, a favor de la construcción de la paz y de la denuncia de la existencia de un grupo criminal que controló, desde la esfera local, política, social y económicamente el territorio a base de amenazas, asesinatos y desapariciones en la región.
Desde su ejecución el pasado 5 de julio del 2021, señalamos que los hechos ocurrieron días después de que Simón Pedro, junto con autoridades comunitarias, entregara un documento de denuncia ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas de la grave situación de violencia y violaciones a derechos humanos cometidas en el municipio de Pantelhó, Chiapas, en la región de los Altos.
El 3 y 4 de marzo, se tiene previsto que se lleve a cabo el juicio oral en el Juzgado de Control de Pichucalco. Solicitamos que el Estado mexicano garantice la presencia del autor material del asesinato de Simón Pedro, quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate” de Cintalapa. Como sabemos, el respeto, garantía y protección de los derechos humanos son deberes que el Estado está obligado a cumplir mediante sus distintos órganos de gobierno, y así evitar dilación, continuidad de las violaciones a los derechos humanos y posible discriminación por la condición étnica de las víctimas frente al acceso a la justicia.
Desde el Frayba, instamos tanto al Juzgado de Control de Pichucalco como a la Fiscalía General del Estado tomen en cuenta todas las líneas de investigación que lleven al esclarecimiento del asesinato de Simón Pedro y dar con los responsables intelectuales. Exigimos al sistema de impartición de justicia de Chiapas garantizar a prontitud la verdad, ofreciendo la adecuada atención a las pruebas sobre el móvil de su homicidio, y que quede constancia de ello en el fallo final.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de evitar la constante vulnerabilidad y situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, comunidades y pueblos que luchan a favor de la paz; por ello, exigimos que se observe y se cumpla a cabalidad el artículo 10 de la Ley General de Víctimas que establece el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que garantice además, el derecho a conocer la verdad integral para las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.