Buenos días, mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Una persona integrante de la etnia de la tribu Yaqui perteneciente al pueblo de Loma de Bácum, municipio de Bácum del estado de Sonora: uno de los 8 pueblos de la nación de la tribu yaqui que se mantiene firme en la lucha y resistencia. Llevo en mi sangre, en mi carne, en mi piel toda esta gran historia de lucha como nación que durante siglos sigue luchando ante el exterminio, la violencia y despojo de su territorio.
Hoy más que siempre he abrazado las palabras del juramento de la tribu yaqui, de estas escrituras que han quedado plasmadas en mi pecho, en mi sangre. Esa lucha e historia es la esencia de mi resistencia y mi rebeldía, que es autónoma, con sus reivindicaciones ancestrales de educación, seguridad, justicia y espiritualidad.
De su autodefensa tiene su autogobierno porque soy de la tribu yaqui, porque el capitalismo nació de la sangre de nuestros pueblos. Colectivamente construimos, defendemos y ejercemos los acuerdos de los pobres como la constitución de nuestros pueblos sigue existiendo como pueblos que somos en nuestro derecho a la libre determinación y autonomía de decidir sobre nuestros territorios la forma de organizarnos y en la forma en la que queremos construir nuestro futuro que se rige en seguir, en servir y no servirse, que se basa para construir y no destruir, y como siempre lo he dicho: yo no ataco, sino más bien defiendo lo que es nuestro, lo que nos han dejado nuestros antepasados ancestrales, así como lo es la cultura, tradiciones, sus raíces, sus usos y costumbres y que nos han enseñado a respetar pero la intervención del hombre blanco ha venido a hacer la división. Esas personas aliadas del dinero, pero aun así existimos personas leales a nuestra nación como tribu yaqui que no se desvanece ante una cantidad millonaria porque llevamos en nuestro corazón el juramento yaqui.
Sigo aquí como defensor del territorio de la tribu yaqui aún a pesar de estar excluido de mis tradiciones, usos y costumbres dentro de un penal en ciudad Obregón, Sonora no desisto de mi lucha, sino más bien sigo resistiendo porque mi libertad no es a cambio de un valor sino más bien de mi inocencia.
Les mando un cordial saludo a todo el Congreso Nacional Indígena para que sigan colaborando también junto a mí que me dan ese apoyo, esa fuerza para seguir adelante y de antemano quedo agradecido con todos ustedes con ese apoyo de solidaridad.
En portada: Ejidatarios y pobladores del Ejido Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla.
La Secretaría de Economía (SE) declaró, a finales de febrero de 2023, que “no es factible” otorgar nuevamente los títulos de concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, las cuales abarcan los territorios de por lo menos 20 comunidades.
La comunidad nahua Tecoltemi logró, en febrero de 2022, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que canceló las concesiones que pertenecían a la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. La comunidad había interpuesto un juicio de amparo en 2015 para la impugnación de las concesiones.
En dicha sentencia el juez ordenó, primero, que se dejara “insubsistentes
las concesiones mineras”, explica la abogada del caso Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali. Segundo, que se “analizara por parte de la SE la factibilidad de nuevas emisiones de las concesiones”.
La SE señala, según la abogada, que no es factible otorgar concesión en el municipio de Ixtacamaxtitlán por cuestiones ambientales, sociales y culturales.
De manera que, con la decisión de la SE, la empresa Almaden Minerals no cuenta, definitivamente, con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y ya no le serán otorgadas nuevamente. “Lo que queremos es que se vaya definitivamente de nuestro territorio. En ningún lugar los queremos”, sostiene Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, y quien vive a 300 metros de donde se pretendía hacer las excavaciones.
Un tercer punto que dicta la sentencia judicial es la necesidad de que se lleve a cabo una consulta a la comunidad. Sin embargo, a pesar de que la empresa, por medio de comunicados ha anunciado que es necesario hacerla, Pérez sostiene que solamente en el caso de que se señalara factible la emisión de nuevas concesiones habría la necesidad de un proceso de consulta. “Al no ser factible la emisión de concesiones, es improcedente la realización de cualquier consulta”, explica la abogada.
“No queremos la consulta, queremos que se respete el dictamen de la Secretaría de Economía”, señala Zamora.
La asamblea ejidal de Tecoltemi ya tomó su decisión. Aprobó un acta que declara la comunidad territorio libre de minería. “Ya hemos decidido. Queremos que respeten nuestra decisión”, dijo el inspector de vigilancia de la comunidad, Raimundo Romano, quién inició el litigio en el año 2015.
“Nuestro municipio es un municipio de historia que viene desde antes de 1519. En todos estos cientos de años no ha habido una persona que se muera de hambre. Nosotros tenemos de donde vivir. Lo que nosotros producimos ahí es la agricultura, cosechamos maíz, frijol, habas, cebada, trigo. Nosotros vivimos de la tierra. Donde querían construir el proyecto se encuentra un manto acuífero muy importante, que abastece a cuatro municipios y que es fundamental para la vida de los pueblos”, señala Zamora contrarrestando la argumentación de la empresa de que llevará empleos a la comunidad.
Los ejidatarios también rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras. “Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”, sostuvieron.
La comunidad Tecoltemi y la Unión de Ejidos exigen que, con la decisión de la SE, la justicia federal de por terminada, definitivamente, la ejecución de la sentencia dictada en febrero de 2022.
Pendiente
Tecoltemi también había reclamado, en el juicio de amparo, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, entre ellos, los que determinan que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, y que el titular de las concesiones tiene el derecho de obtener expropiación de terrenos, así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.
Sin embargo, la Suprema Corte dejó intacta la legislación, reafirmando su constitucionalidad. “Queda pendiente la modificación de la Ley Minera y del actual régimen de concesiones”, dijo Jorge Peláez, de la Colectiva “Cambiémosla Ya”.
“Hay un marco regulatorio que no cumple los principales estándares internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. (Las comunidades) Se enteran que hay concesiones en su territorio cuando lo ven en la Gaceta Ecológica.”, añade.
Según datos actualizados del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, se han entregado 25, 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21 millones de hectáreas del territorio nacional.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
7 de marzo del 2023
Boletín No. 06
Mujer barro, pasión desbordada, perfume inconfundible,
de tierra tortilla, flores, chile seco, campo ocotal,
fragancia de leña recién quemada, esencia de mujer,
bálsamo de madre, rostro, de mujer libre,
Caterina Patricia
Mujeres base fundamental para la articulación de casos y procesos organizados en Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en el marco del Día Internacional de la Mujer -8M- reivindicamos a todas aquellas mujeres de pueblos originarios y mestizos de Chiapas que contribuyen en la construcción de paz, luchan por la defensa de la tierra y territorio, por la justicia, verdad, autonomía y libre determinación de los pueblos.
El estado de Chiapas tiene las condiciones estructurales y sociales que vulneran el acceso de niñas y mujeres a la paz, a la salud, educación, trabajo digno, cultura, tenencia de la tierra, alimentación, participación política, libertad de expresión, a la movilidad, justicia y al acceso a una vida libre de violencia. A pesar de esto, las mujeres son una de las piedras angulares para la articulación de casos y procesos organizados; quienes además de ser protectoras y proveedoras de sus familias se convierten en su caminar en defensoras de Derechos Humanos.
Como defensoras sufren el impacto de la violencia en los diversos territorios de Chiapas por el hecho de ser portavoces de movimientos sociales y desde su ser mujer. Quienes resisten y reivindican sus derechos por una vida libre de violencia y a un buen vivir, han sufrido opresión, violencia, tortura, discriminación y criminalización por parte del estado o de grupos organizados y armados. En su vida cotidiana estas mujeres son madres, esposas, hijas y hermanas que luchan también por la reparación integral del daño y medidas de no repetición frente a graves violaciones de derechos humanos.
En los últimos años, con el incremento de la violencia generalizada, de la cual mujeres, jóvenas y niñas son las principales víctimas, el Frayba ha documentado y acompañado a diferentes casos y procesos. Tan solo en el año 2022 el Frayba acompañó a 901 mujeres parte de 48 casos o procesos, de las cuales 256 tuvieron un papel activo para la incidencia de sus luchas.
Estas voces son de mujeres que luchan por el sueño de libertad de un ser querido, o una familia completa. Son testimonios de rebeldía contra el entramado corrompido de impartición de justicia, como es el caso del colectivo de Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos. Entre las voces por la justicia verdadera, resalta la lucha de las madres, hermanas, hijas que algunas de ellas han tenido que desplazarse, para preservar su vida, seguridad e integridad personal frente a las amenazas por visibilizar las irregularidades del sistema de justicia mexicano, el abuso de poder de las autoridades policiales y el uso de los centros penitenciarios para la exclusión racial.
Un caso que resalta es el de Magdalena, mujer del pueblo maya tseltal, que, con fe, valentía, y con un corazón grande lleno de amor por la madre tierra y con lágrimas por sus pérdidas y duelos que no le arrebata su gran sonrisa, fe y esperanza frente a la vida. Una compañera que en su andar va construyendo un rastro de búsqueda de justicia y de verdad ante la muerte de su hijo, y la denuncia de grupos armados, frente a la búsqueda de elecciones libres de las autoridades ejidales.
Esta problemática nos compromete a construir diferentes estrategias, redes, acciones y denuncias que visibilicen a todas las mujeres y sus procesos. Hacemos un llamado a la sociedad a unir fuerzas, enfrentar y aprender de los retos, y construir un mundo donde todas las mujeres gocen de su autonomía, libre determinación y derechos humanos.
Reivindicamos que la sororidad y empatía entre mujeres
• Son la mejor estrategia de prevención de la violencia.
• Son la alternativa a la inoperancia, corrupción y silencio de los gobiernos.
• Son hacedoras del cambio social.
• Son la Esperanza.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
7 de marzo de 2023
Boletín No. 05
Libertad para Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo Zapatista
• A 2 años y 3 meses privado arbitrariamente de su libertad, es criminalizado judicialmente por ser, junto a su familia, zapatista.
• El Poder Judicial del Estado de Chiapas abusa de la prisión preventiva.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exige la libertad inmediata del Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Manuel Gómez Vázquez (Manuel), quien lleva 2 años y 3 meses Privado Arbitrariamente de su Libertad (PAL) en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 16 de Ocosingo, Chiapas.
Manuel, del pueblo maya-tseltal, tiene 22 años, de oficio campesino, es originario del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Ricardo Flores Magón, Junta de Buen Gobierno el Pensamiento Rebelde, Caracol IX, Nuevo Jerusalén, situado en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
Fue detenido ilegalmente el 04 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias, recibió tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; el 05 de diciembre de 2020 fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía) dependiente de la Fiscalía General del Estado. Se puso a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo hasta el 09 de diciembre de 2020.
Entre los días 04 y 05 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo, municipio de Ocosingo, se suscitó una serie de hechos de violencia que dejó como saldo 4 personas privadas de la vida. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio.
Manuel está siendo criminalizado judicialmente por, junto a su familia, ser parte de las Bases de Apoyo del EZLN, ya que la Fiscalía carece de medios de pruebas para acusarlo; por el contrario, fabricó pruebas a modo, toda vez que no presenta a declarar a los supuestos testigos, lo que ha dado como consecuencia que en dos ocasiones la audiencia de Juicio Oral se haya diferido. No existen necropsias por los homicidios, y el Poder Judicial del Estado se ha excedido en la prisión preventiva que en ningún caso será superior a dos años.
El día de hoy nuevamente está programada la audiencia de juicio oral. Exigimos a la Fiscalía el sobreseimiento de la acusación seguida en contra Manuel por estar basada en un montaje. Hacemos un llamado a las y los individuos, colectivos, organizaciones nacionales e internacionales, a solidarizarse y exigir a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial del Estado la libertad inmediata del compañero Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
América Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor cantidad de represas, ligadas en su mayoría a la producción de energía. Estas obras de infraestructura avanzan, en muchos casos, sin contar con licencia social, y son múltiples los impactos que generan en términos ambientales y de relocalización de habitantes, gran parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas. En este artículo, la autora aborda los casos de la represa de El Zapotillo (México), y las hidroeléctricas La Elena (Argentina) y Belo Monte (Brasil).
En la actualidad, existen en el mundo 38.660 represas y otras 3.700 se encuentran en proceso de construcción o en fase avanzada de planificación, lo que implica que el 60% de las grandes cuencas se encuentran hoy represadas, según un informe realizado por el Observatorio Mundial de Presas (GDW, por su sigla en inglés). A su vez, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares; la imprecisión de este número está ligada a que muchas no fueron reconocidas o registradas, por lo que no fueron indemnizadas o reasentadas. En la mayoría de los casos, las indemnizaciones resultaron insuficientes y los reasentamientos no implicaron una restitución de los medios de subsistencia. Por otro lado, este informe de la GDW plantea que comunidades indígenas y minorías étnicas han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado, y son quienes han sufrido mayores impactos negativos en relación a la reproducción de sus vidas y su cultura.
Una represa es una obra de infraestructura construida sobre un río, cuyo objetivo es desviar o retener el agua. La estructura se compone de un dique que se construye de forma perpendicular al cauce del río y el agua puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica, el riego, la piscicultura, el consumo industrial o humano, o para evitar anegamientos en las zonas aledañas a la fuente de agua.
Además de los impactos en las comunidades, este tipo de obras de infraestructura tienen grandes consecuencias negativas en el plano ambiental. Por un lado, han sido el tipo de infraestructura que más gases de efecto invernadero ha generado en el mundo, a causa de la descomposición de miles de hectáreas de materia orgánica que han sido inundadas. A ello se suma la destrucción de bosques nativos y de poblaciones de especies; la degradación de las cuencas debido a la inundación de los embalses; la pérdida de biodiversidad acuática y de los servicios brindados por humedales; el deterioro de la calidad de agua; y las sequías en algunos territorios aledaños.
América Latina, junto con el sudeste asiático y África, es una de las regiones con mayores conflictos vinculados a la construcción de represas, en su mayoría destinadas a producir energía. Esto ha implicado el creciente aumento, en las últimas décadas, de la lucha contra estos megaproyectos hídricos y, por consiguiente, el aumento de la criminalización y la represión. Algunos casos, por su magnitud y nivel de resistencia, se han convertido en emblemáticos.
Proyecto La Elena
El Carrenleufú o Corcovado es un río que nace en el Lago General Vintter -en territorio controlado por el Estado argentino- y, tras recorrer alrededor de 130 kilómetros, atraviesa la cordillera de los Andes hasta llegar a Chile. Desde los años setenta, el Estado argentino comenzó a estudiar la posibilidad de impulsar la construcción de represas hidroeléctricas sobre esta fuente de agua, aprovechando el desnivel natural que posee para el desarrollo de energía hidroeléctrica. Así, en 1982, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó una planificación integral con un proyecto de siete embalses y seis usinas: Jaramillo, Caridad, La Elena, Carrenleufú, Río Hielo y Frontera. Años más tarde, se realizó un balance de cada una de estas represas, donde se detectó que la más rentable era La Elena.
Tras décadas de estancamiento de este proyecto, en el año 2004 el gobierno de la provincia de Chubut, que en ese momento se encontraba en manos del peronista Mario Das Neves, decidió reiniciar los estudios de factibilidad de La Elena y le solicitó al gobierno nacional iniciar la licitación correspondiente. Detrás del proyecto estaba la corporación de capitales españoles Santander. Esta compañía es la principal accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, la cual posee una división en Puerto Madryn, por lo que el interés estaba centrado en obtener un mayor potencial energético para esta empresa. Sin embargo, la movilización que se desató ante la activación de este proyecto implicó un freno al avance de La Elena, ya que las poblaciones de la región se informaron sobre los impactos que la construcción de esta represa generaría. Por un lado, se inundarían alrededor de 11 mil hectáreas de bosque nativo. Por otro lado, afectaría por completo el territorio que habita la comunidad mapuche Pillán Mahuiza.
“En ese momento se articuló con vecinos de la zona, con grupos ambientalistas, con comunidades mapuche, se inició una campaña anti represa contando el impacto que esta tendría sobre el río. Esto derivó en movilizaciones, en acciones ahí mismo en el río, acciones que tuvieron contundencia”, recuerda Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza, en relación a los orígenes de la resistencia contra La Elena. Y agrega: “Las acciones que se llevaron adelante estaban vinculadas a denunciar y explicar mediáticamente lo que significa una represa en un lugar tan frágil, con biodiversidad, a diferencia de otros sectores de la Patagonia. También las consecuencias que traería acarreadas, porque cambiaría el clima, la flora, la fauna y también la vida de las personas”.
Tras este primer freno en el 2004, hubo nuevos intentos de reactivación de La Elena. En 2010 fue el secretario de Infraestructura provincial, Alejandro Pagani, el encargado de anunciarlo, planteando además que el anteproyecto estaba avanzado y que sólo faltaban los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, se pospuso nuevamente hasta un nuevo intento en 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni, en medio de una crisis económica y social, insistió en avanzar con este proyecto bajo el argumento de “llevar energía a las poblaciones alejadas”. Así lo explica Millán: “Ellos hacen como una especie de prueba del impacto que tiene, por ejemplo, empezar a subir información promocionando la instalación de esta represa. Creo que estaban midiendo la intensidad y probando en qué clima se desarrollaría cualquier intención de apertura del proyecto”.
Más allá de que el proyecto La Elena se encuentra frenado al día de hoy, a lo largo de los años la Lof Pillán Mahuiza sufrió las consecuencias de la lucha que vienen llevando adelante desde hace más de una década. En 2015 se descubrió que estaban realizando espionaje ilegal contra algunos de sus integrantes, a partir del hallazgo de un expediente clasificado de la ex SIDE. Por otro lado, han recibido amenazas de muerte y, durante algunas ceremonias realizadas por la comunidad, advirtieron la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad.
A pesar de ello, no han frenado la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico, así como también ante el avance de otras actividades extractivistas. “Hay algo que es fundamental tener en cuenta que es que, en el momento en que dejaste clavar una pala para que el proyecto comience, ya es prácticamente imparable. O sea, hay que prevenir inclusive que se acerquen a orillas del río con prospecciones, porque después no lo podés detener, es muy difícil una vez que se instala. No sólo se instala la estructura de trabajadores, sino también las fuerzas de seguridad, es muy difícil revertir eso”, finaliza Millán.
Represa El Zapotillo
El río Verde atraviesa el territorio de tres estados mexicanos emplazados en el centro del país: nace en Zacatecas y recorre Aguascalientes y Jalisco, donde confluye con el río Santiago. Posee una longitud de 200 kilómetros y su cuenca una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. En 1997, el gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco, firmó un acuerdo para el aprovechamiento de esta fuente de agua.
Tras este acuerdo se anunció la construcción de una represa que se ubicaría en el poblado de San Nicolás, en el estado de Jalisco. Sin embargo, dada la movilización de los pobladores que se verían afectados, el proyecto logró frenarse. Tras esta victoria, en 2005, fue lanzada una obra alternativa: la represa El Zapotillo, la cual se ubicaría en los Altos de Jalisco, a 100 kilómetros de Guadalajara.
El argumento que se planteó desde el gobierno era la necesidad de abastecer de agua a la ciudad de León, la región de los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. En el primer proyecto se detallaba la construcción de una cortina (barrera construida para detener o desviar el agua) de 80 metros de altura. En 2007, el gobierno anunció que esta cortina sería de 105 metros, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, este cambio implicaba que algunas localidades del estado de Jalisco sufrirían anegamientos, así como también pobladores de algunas regiones deberían ser relocalizados.
Desde el Estado anunciaron que tendrían que relocalizarse habitantes de las localidades Acasico y Palmarejo, regiones habitadas por integrantes del pueblo indígena Nahua. A pesar de que existe legislación internacional que protege y obliga a la consulta previa a los pueblos originarios, en el caso de El Zapotillo esta normativa no fue tenida en cuenta.
Por otro lado, se construirían dos diques para evitar el anegamiento de Temacapulín. “Pensando que tendríamos un riesgo muy grande con los diques, nos empezamos a organizar para que no se llevara a cabo el proyecto”, relata Abigail Agredano, presidenta del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sobre los comienzos de la resistencia contra El Zapotillo. Y agrega: “La resistencia fue larga, luchamos durante 16 años, con plantones, marchas, protestas, visitas al Congreso, a los gobernadores, cartas. En 2011 tomamos la represa, aun sabiendo que había muchos riesgos. Acudimos a organismos de derechos humanos, hicimos cuántas acciones se nos ocurrieron”.
Además de los impactos en términos sociales, en el plano ambiental las transformaciones territoriales que la represa generaría tendrían amplios efectos negativos. “Las consecuencias ambientales son muchas, inundaría 4.800 hectáreas de tierras fértiles y acabaría con la flora y fauna. Además, las represas emiten dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los principales componentes de los gases de efecto invernadero. Cuando desazolvan una represa, contaminan las tierras donde avientan los desechos”, explica Abigail.
A pesar de las movilizaciones que la represa suscitó, el gobierno nacional continuó adelante con el proyecto. En septiembre de 2009, la CONAGUA anunció que la licitación para la construcción de la obra había sido ganada por un consorcio conformado por la firma mexicana La Peninsular, la española FCC Construcción y el Grupo Hermes. Por otro lado, el acueducto quedaría en manos de Abengoa México, Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, Sociedad Unipersonal y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial.
La construcción de la represa se fue dilatando producto de acciones judiciales interpuestas por el comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que obtuvieron tres medidas cautelares que determinaron el freno del proyecto durante algún tiempo. Sin embargo, dada la clara intención del gobierno de finalizar la represa para que comience a funcionar en 2023, los pobladores de las regiones afectadas se vieron obligados a negociar con el gobierno mexicano para obtener algún tipo de protección. Así lo detalla Abigail: “La represa no se logró echar abajo, el Presidente de la República nos dio la opción de llenarla a 40 metros de altura, ya que la cortina estaba casi terminada. A esa altura no inunda ninguna comunidad. Aceptamos porque no teníamos otra opción, se están haciendo unas ventanas vertedoras para que no haya riesgo de inundación. Actualmente, estamos revisando que se cumpla lo que se prometió, junto con el plan de justicia”.
Brasil inundado de represas
Brasil es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en el desarrollo de represas hidroeléctricas. De hecho, el 60% de la energía que se consume en el país proviene de esta fuente. En la actualidad, Brasil posee 120 proyectos hidroeléctricos emplazados sobre diferentes ríos del país.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la represa Belo Monte, dado que, al finalizarse, será la segunda mayor hidroeléctrica brasileña (luego de la de Itaipú, que este país posee en conjunto con Paraguay) y la tercera del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China. A su vez, representará el 11% de la potencia instalada brasileña.
Belo Monte comenzó su construcción en 2011, en uno de los ecosistemas más importantes del mundo en términos de diversidad biológica: el Amazonas. Se encuentra ubicada sobre el río Xingú, que, con una longitud de 1.815 kilómetros, se extiende por el estado de Pará y es uno de los mayores afluentes de la vertiente meridional del río Amazonas.
El complejo de Belo Monte cuenta con una represa principal, llamada Pimentel, la cual creó un embalse de 359 kilómetros cuadrados y desvió el flujo del río Xingú hacia el noroeste, a través de un canal de 17 kilómetros. Este canal deriva en un embalse secundario y en una estación hidroeléctrica.
Norte Energía es el consorcio (compuesto por Eletronorte, Neonergia, Cemig, Light, JMalucelli Energía, Vale y Sinobras) que posee la concesión para operar Belo Monte por un período de 35 años. En abril de 2016, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) impuso una multa de 6,6 millones de dólares por la muerte de más de 16 toneladas de peces durante el proceso de llenado del embalse.
Además, al día de hoy, la construcción de la represa de Belo Monte ha implicado la reubicación de 20 mil personas.
Por otro lado, Belo Monte implica el anegamiento de una extensa área de tierra, el desecamiento de partes del río Xingú, y la reducción de reservas de peces que son imprescindibles para la reproducción de la vida de distintos pueblos indígenas que habitan la zona: los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã. En 2011, integrantes del pueblo kayapó, en una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaron: “No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar”.
En memoria de Berta y Macarena
La problemática de las represas se extiende en distintos territorios de pueblos originarios y cada vez son más las redes de movimientos de afectados que se organizan para rechazar estas mega obras. Existen dos casos paradigmáticos de luchadoras indígenas que han sido asesinadas por enfrentar el represamiento de los ríos donde se asientan sus comunidades.
Por un lado, el caso de Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchó contra el avance del Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca de la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA). Esta represa iba a ser construida sobre el río Gualcarque, afectando los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. El 2 de marzo de 2016, Berta fue asesinada y, en junio de 2022, un ex directivo de DESA fue condenado como autor intelectual de su homicidio.
Por otro lado, el caso de Macarena Valdés, perteneciente al pueblo mapuche e integrante de la comunidad Newen de Tranguil, ubicada en el territorio que controla el Estado chileno. Macarena era parte fundamental de la lucha de su comunidad contra la minicentral hidroeléctrica que la compañía austríaca RP Global buscaba construir sobre el río Tranquil. El 22 de agosto de 2016, Macarena fue encontraba ahorcada en su casa y, rápidamente, Carabineros y el Servicio Médico Legal catalogaron su muerte como suicidio. Sin embargo, su familia y comunidad lograron que el Poder Judicial reabra el caso de Macarena e investigue la causa de su muerte, frente a las graves amenazas que habían sufrido previo a su deceso.
El pasado viernes (3) alrededor de las 8 de la mañana, Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario del pueblo wixárika de Uweeni Muyewe- Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango, salío a realizar diversas actividades y no se volvío a saber de su paradero. Este suceso se da a tan solo 15 días de haber iniciado diligencias para cumplir la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se reintegraron a la comunidad legalmente casi 11 mil hectáreas, producto de una lucha de décadas.
Este sábado (4), en plena sesión del Congreso Nacional Indígena (CNI), del cual forma parte esta comunidad, han encendido la alerta y han hecho un llamado urgente a los colectivos solidarios pertenecientes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a organizaciones de derechos humanos para exigir la presentación con vida del indígena.
A Santos de la Cruz, su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se les vio por última vez cuando se dirigian con rumbo al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa. Con este núcleo agrario se sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, ha denunciado el CNI en un comunicado.
Como antecedente, los integrantes del CNI alertan que en toda la región, incluida la comunidad wixárika, “ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras”.
Por ello, desde Tehuacán, Puebla, desde donde secionan los integrantes del CNI este fin de semana, exigen “a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo”.
Previo a este antecendente, el indígena que está en calidad de desaparecido sostuvo que esta sentencia es un precedente para la comunidad, por la legalidad de las tierras, lo cual permitirá que haya armonía y paz. Además, agregó, “vamos a avanzar, porque no solamente vamos a obtener esos documentos primordiales, sino que también tenemos que avanzar en la regulación de nuestro reglamento interno. Vamos a elaborar los estatutos comunales y entonces va a ser muy importante que la comunidad poco a poco se pueda ir regulando y fortaleciendo de manera organizativa en diferentes ámbitos.”
Fueron 54 años de litigios y fue hasta febrero de 2019 que el pleno del Tribunal Unitario Agrario resolvió por unanimidad el reconocimiento y la titulación del territorio en beneficio de Bancos de Calítique. En días pasados inició la ejecución de la sentencia definitiva de julio de 2020 bajo el recurso de revisión 582/2019-7, para reconocimiento legal de 11 mil hectareas de la comunidad.
Tras la masificación del feminismo, la infiltración partidista y la posterior inclusión dentro del poder patriarcal, diversas organizaciones participes del estado llaman a marchar por un nuevo 8 de marzo.
Sin duda, la pérdida del contenido político y rebelde, en el feminismo se está haciendo cada vez más explícita, se continúa en el camino de demandarle al papi estado una igualdad capitalizada e insípida. Las frases clichés de las feministas institucionales: igualdad de género, empoderamiento, sororidad, están más expandidas que la comprensión misma de qué significa ser parte del estado opresor para el feminismo, las mujeres y las disidencias.
Comprender que la relación de opresión original es el patriarcado y que en base a este se han generado las estructuras de poder políticas, económicas y sociales de esta civilización, es algo que se oculta e invisibiliza constantemente. ¿Las mujeres y disidencias queremos dejar de ser oprimides para ser opresorxs? ¿Cuál es el sentido del feminismo si queremos convertirnos en el empresario devastador de territorios, porque consideramos que tenemos el mismo derecho que él para hacer dinero a costa de lo que sea? ¿No íbamos a destruir la sociedad patriarcal?.
Ante este contexto reformista, los femicidas siguen asesinando mujeres con la complicidad de los pacos, los transódicos siguen cometiendo ataques de odio hacia la comunidad trans, las disidencias y mujeres que se autodefienden siguen en el cautiverio carcelario y los violadores pasean libres en sus casas y en las calles de tu barrio. La justicia dirigida por los vinagres de la Corte Suprema, machos hegemónicos burgueses que ganan dinero a costa de decidir sobre las libertades, siguen monopolizando el poder judicial, y ya ven las abogadas feministas lo poco que pueden hacer porque el origen de su justicia está basado en la dominación patriarcal y la coerción.
Hace poco tiempo en las calles gritaban Wall Mapu libre, ahora que el gobierno progre confirmó nuestras sospechas y continuó la senda de la colonización militarizada, ya no se grita más.
Por otra parte las coordinaciones antiinstitucionales, anarcofemínistas, feministas autónomas e individualidades ajenas a la institucionalidad, se mantienen en conflicto ante este femicidio del feminismo.
Ese insípido feminismo oportunista, partidista e inconsecuente, no hace más que reproducir las estructuras que nos oprimen, ya lo han dicho cientas de compañeras en la historia: “El problema de una clase no puede ser solucionado satisfactoriamente sino por la acción directa, somos enemigas del parlamentarismo y de las leyes que resultan, pues ellas son únicamente el anestésico que adormece” decía Flora Sanhueza en la segunda mitad del sigo xx, “No significa a caso una de las más brutales imposiciones, esto de que un grupo de personas conciban y confeccionen leyes para obligar con la fuerza y la violencia a que otras las acaten y obedezcan? Y todavía la mujer clama por esa única oportunidad que trajo tanta miseria al mundo” decía Emma Goldman en 1910, pero el engañoso discurso del poder sigue su avance histórico, absorbiendo conceptos políticos, disfrazándolos y vaciándolos para que tomemos esa basura sin sentido y creamos que somos más libres por tenerles en la mano.-
A los pueblos y gobiernos de México
A las organizaciones de derechos humanos
A los colectivos solidarios
A los medios de comunicación
Desde Tehuacán, Puebla, donde sesiona la asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena, denunciamos la desaparición el día de ayer de Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario de wixárika de Uweeni Muyewe-Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango; comunidad que es miembro del Congreso Nacional Indígena.
Esto luego de que los pasado días 20 al 23 de febrero se realizaran los trabajos de ejecución de la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se entregaron legalmente casi 11 mil hectáreas producto de una lucha de décadas de la comunidad autónoma de Uweni Muyewe.
El día de ayer a las 8 de la mañana, Santos de la Cruz, junto a su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se dirigieron al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa, que es el núcleo agrario con el que sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, así como el poblado de San Juán Peyotán y el denominado crucero del pastor.
Toda la región, incluida la comunidad wixárika de Bancos ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras.
Por lo anterior exigimos a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo.
Llamamos a los colectivos solidarios y organizaciones de derechos humanos a estar atentos y levantar la voz para exigir la presentación con vida del compañero Santos.
Atentamente
4 de marzo de 2023
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Los que sucribimos, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de la comunidad Wixárica de Bancos de Calitique y todos los comuneros, hacemos el siguiente comunicado, dirigido al gobierno de México, a la Guardia Nacional, a la SEDENA, al Ejército Mexicano, a la Fiscalía General y a la policia estatal.
1. En donde EXIGIMOS que aparezca con vida el compañero comunero y líder de la comunidad Lic. Santos de la Cruz Carrillo, su esposa la Sra. Carlota Aguilar Parra, y sus dos hijos de nombre Henry de la Cruz Aguilar de tres años de edad y Paulo de la Cruz Aguilar de un año de edad.
Que fueron privados de su libertad el dia de ayer 3 de marzo del 2023, en el trayecto de la carretera de Jesús María el Nayar, Nayarit a el Pastor el Nayar, aproximadamente a las 12:00 a 13:00 horas en donde viajaban en una camioneta Tundra color gris con placas de Durango, donde se dirigían a su lugar de origen Bancos de Calitique.
2. Para EXIGIR al Estado Mexicano, la conunidad ha decidido hacer una acción cerrando la carretera de Ruiz, Zacatecas, a partir del 4 de marzo de 2023 en el punto de El Pastor el Nayar, hasta que aparezca con vida el compañero y su familia.
3. SOLICITAMOS al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, que nos ayuden a presionar la búsqueda de nuestro compañero.
4. Cerramos todas las instituciones educativas que están en nuestra comunidad de Bancos de Calitique hasta que aparezca el compañero y su familia con vida.
5. Convocamos a las comunidades hermanas, Santa María Ocotan del estado de Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlan, San Andrés Cohamiata, del estado de Jalisco, al Congreso Naciona Indígena, organizaciones no Gubernamentales y las demás comunidades indígenas de México a que se sumen a nuestra exigencia.
6. A los pocos dias de haber logrado el reconocimiento de nuestro territorio, el pasado 20 de febero de 2023, que por 55 años hemos luchado, le a sucedido esto a nuestro compañero, que es una persona que siempre ha apoyado por la lucha de Tatei Yurienaka en nuestra comunidad.
7. EXIGIMOS su libertad para quien lo tenga, es una persona trabajadora, profesionista y padre de 7 hijos que lo necesitan con vida, hermanos y familiares.
8. CANCELAMOS la fiesta de aniversario de nuestra comunidad, previamente convocada para los dias 8 al 11 de marzo 2023.
ATENTAMENTE
LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, CIVILES Y AGRARIAS DE LA COMUNIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE
