Qatar, pequeño país árabe con la tercera mayor reserva de gas natural a nivel mundial y actual sede de la copa mundial de futbol, ha recibido acusaciones de realizar el evento deportivo más contaminante en la historia y desplegar un enorme esquema de lavado verde para ocultarlo.

En enero del 2020, Qatar se comprometió a que el mundial de fútbol sería el primero catalogado como “carbono neutral”. En septiembre de ese año, el comité organizador detalló que compensarían todas las emisiones de gases de efecto invernadero resultado de la construcción de infraestructura para el evento deportivo.

En junio de 2021, un informe de la Federación Internacional de Fútbol Asociación

(FIFA) calculó que el mundial de 2022 produciría hasta 3.6 millones de toneladas de dióxido de carbono. En comparación, el evento anterior, realizado en Rusia en 2018, generó poco más de 2 millones de toneladas de CO2.

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A diferencia de la FIFA, un análisis de Carbon Market Watch señaló que la contaminación derivada de la construcción de los nuevos estadios puede haberse subestimado al calcular las emisiones hasta en ocho veces menos. “Esta promesa de neutralidad de carbono no es en absoluto creíble”, dijo Gilles Dufrasne, autor del informe, quien añade que “se trata de un ejemplo flagrante de lavado verde”.

Fraude

La vía tomada por la FIFA y Qatar para mantener su promesa de neutralidad de carbono es la adquisición de créditos de carbono, los cuales en teoría se utilizan para eliminar o reducir emisiones contaminantes en otros lugares del planeta.

Un reporte reciente de Bloomberg señala que este plan es profundamente defectuoso. Incluso puede magnificar las emisiones contaminantes alrededor del evento deportivo debido a que se pretende comprar 1.8 millones de créditos al Consejo Mundial del Carbono (GCC,por sus siglas en inglés), un programa de compensación voluntario de carbono con sede en Doha, capital de Qatar.

El problema yace en que GCC es famoso por aprobar proyectos de compensación de emisiones que no cumplen con las normas mínimas de operación en ningún otro lugar del mundo. “Lo que el CCG está ofreciendo aquí es, en el mejor de los casos, ignorante, y en el peor, un intento evidente de crear más oferta de créditos de baja calidad y bajo coste con una ilusión de credibilidad”, acusó Dufrasne.

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Pese a que opera desde 2019, el GCC solo había certificado un puñado de proyectos. Pero debido a la publicidad de la copa de fútbol sus perspectivas de negocio se han incrementado de manera significativa. Actualmente existen casi 600 proyectos a la espera de la aprobación del CCG, presentados por promotores de proyectos o intermediarios que no tienen a quién más recurrir.

Por ejemplo, la empresa energética india Emergent Ventures presentó proyectos solares al GCC para su certificación. En palabras de su director, Atul Sanghal, “es la única norma que funciona y que permite el registro de proyectos de energía renovable (…) Esta es la principal razón para optar por el registro de GCC”.

Según el director de operaciones de GCC, Kishor Rajhansa, la plataforma puede generar hasta 400 millones de créditos en la próxima década, cuyo valor ascendería a 1,000 millones de dólares.

Actualmente, los organizadores de la copa mundial de fútbol han sido los únicos compradores de créditos verificados por GCC, que cobra por verificar los proyectos de compensación y es propiedad del gobierno qatarí.

Clima extremo

La gran mayoría de las emisiones de CO2 relacionadas con la copa de fútbol proceden del transporte, la construcción de infraestructuras y la adaptación al clima extremo para estas instalaciones.

Acorde al historiador Jonathan Piron un ejemplo del daño al planeta resultado de la realización del evento deportivo se ilustra con el césped donde se jugará el torneo. “Por mucho que la FIFA se esforzara en cumplir las normas, hubo que traer cientos de toneladas de semillas de césped desde Estados Unidos en aviones con aire acondicionado. El país tiene escasez de agua, por lo que hubo que cultivarlas utilizando agua de mar desalinizada, un proceso que consume mucha energía y es muy perjudicial para el ecosistema”, sostuvo el historiador para medios europeos.

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Según un estudio de Reuters, cada uno de los ocho estadios construidos para el evento necesita 10,000 litros de agua desalada al día en invierno y 50,000 litros en verano. “Cuando hablamos del impacto medioambiental, no sólo debemos tener en cuenta el mes en que los equipos y el público estarán allí. También cuenta toda la contaminación generada durante los últimos 10 años para acoger el evento”, señaló Piron.

En la medianoche del pasado domingo (20), aviones turcos bombardearon hospitales, escuelas y otros objetivos civiles en distintas localidades del sur de Kurdistán, región al norte de Siria e Irak. Hasta el cierre de esta edición el saldo de los ataques registraba la muerte de 14 personas.

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Además de la ciudad de Kobanê, también fue atacada la aldea de Belûniyê en Shahba, la cual está poblada por kurdos desplazados de Afrín. Según informes del Consejo Ejecutivo del Congreso Nacional de Kurdistán (KNK) y del Centro de Medios de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), los bombardeos se registraron en Girê Spî, Zirgan y Derik. También acontecieron ataques contra depósitos de trigo en la región de Dahir al-Arab, en las montañas Qendil y Asos en el norte de Irak.

El gobierno de Turquía argumenta que los bombardeos son la respuesta a un ataque terrorista ocurrido el 13 de noviembre, cuando una bomba estalló en Estambul matando a seis personas e hiriendo a 81 más.

Acorde al KNK, sin realizar ninguna investigación, el régimen turco culpó a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) y al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) por este ataque como pretexto para lanzar los bombardeos contra la población kurda. En la misma línea, medios de la región afirman que el gobierno de Ankara no ha proporcionado ninguna evidencia de que grupos kurdos sean los autores de dicho ataque.

Cabe recordar que, desde el 17 de abril, el gobierno turco mantiene ataques contra guerrilleros kurdos en Kurdistán del Sur, utilizando armas químicas prohibidas más de 2,700 veces, lo cual ha negado.

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El KNK señala que, con el pretexto del ataque terrorista en Estambul, Turquía consiguió presentarse como víctima del terrorismo ante la cumbre del G20 realizada en Bali durante la semana pasada. Con ello, asegura el Consejo, obtuvieron luz verde para un ataque a Rojava “ya que el régimen turco es incapaz de emprender estos ataques sin la aprobación de la Coalición Global para Derrotar a ISIS (Estado Islámico), especialmente de Estados Unidos”

Para el KNK, si la Coalición Global para Derrotar a ISIS se posiciona contra la guerra contra los kurdos, sus miembros “deben tomar medidas enérgicas de inmediato a través de medidas económicas, políticas, diplomáticas y legales para obligar a Turquía a cumplir con el derecho internacional”.

En caso contrario, afirman, los países integrantes “serán responsables de las consecuencias del terrorismo del Estado turco contra el pueblo kurdo y los demás pueblos del norte y este de Siria”.

Rechazo

A pesar de los ataques turcos, habitantes de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (NES) salieron a protestar contra los bombardeos a distintas zonas del Kurdistán. En la provincia autónoma de Alepo, los manifestantes denunciaron que el ataque de las fuerzas turcas tiene el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). También se registraron movilizaciones en las ciudades de Hesekê y Qamishlo.

Por su parte, la comandancia de las YPJ, autodefensas compuestas sólo por mujeres, señaló que los bombardeos recientes son parte de los preparativos de larga data de Turquía para atacar Rojava y los territorios del noreste de Siria.

“El régimen terrorista de Erdogan hoy está atacando nuestras regiones con una mentalidad genocida, de la misma manera que mató a su propio pueblo. Sin embargo, el fascismo AKP-MHP (partidos gobernantes en Turquía) debe saber que no tendrá éxito (…) Estos ataques del Estado terrorista turco no son ni los primeros ni los últimos. Nunca nos hemos doblegado ante estos ataques y nunca daremos un paso atrás. Con nuestra cultura victoriosa de resistencia, lucharemos en todas partes y derrotaremos esta mentalidad genocida del régimen terrorista”, sostuvieron.

Además de registrarse movilizaciones en otras localidades kurdas, también se realizaron protestas en ciudades de Alemania y Francia para denunciar los ataques mas recientes del gobierno turco contra la población civil de Rojava.

Desde abril de este año, y rompiendo con acuerdos de cese al fuego, el gobierno turco mantiene una ofensiva de gran escala en las regiones sur y oeste del Kurdistán. Ante ello, la NES sostiene que los ataques turcos allanan el terreno para el resurgimiento de ISIS.

Las poblaciones kurdas también señalan que los ataques turcos tienen como objetivo romper la resistencia en el Kurdistán, imponer puestos militares, invadir y anexar territorios iraquíes que actualmente se encuentran bajo control kurdo.

^{En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021}

“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.

Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.

La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.

Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.

Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.

En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.

Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.

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“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.

En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.

Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.

En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.

Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.

A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.

La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.

“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.

“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.

Justificación para el intervencionismo

El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.

En el documento Cambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.

“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.

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Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.

El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.

Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.

Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.

Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudio Aproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.

Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.

¿Quién gana con el militarismo verde?

De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.

La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.

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Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.

En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.

Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.

Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.

Afectación a las estructuras militares

Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.

Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.

La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.

^{En portada: Greenpeace cuestiona a BP sobre su slogan “más allá del petróleo” en un contexto del mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.}

Las principales empresas de hidrocarburos, entre ellas ExxonMobil, Chevron, British Petroleum (BP) y Shell, han incluido un sinnúmero de programas y supuestos estudios científicos en sus sitios web que ofrecen soluciones frente al cambio climático.  Un ejemplo de ello lo muestra el sitio web de ExxonMobil, donde se enfatiza la necesidad del uso de energía a nivel planetario y por ello, resaltan ser “pioneros en nuevas investigaciones y buscan nuevas tecnologías para reducir las emisiones (de CO2)”.

No obstante, el pasado mes de septiembre la congresista estadounidense Carolyn B. Maloney, junto a Ro Khanna, presentaron un informe al Congreso de Estados Unidos (EEUU) donde develan que esta empresa eliminó de sus documentos internos la afirmación sobre su plan para aumentar la producción en 1,000% en el estado de Delaware, conocida como la cuenca del Pérmico.

La denuncia presentada por los congresistas se enfoca en lo que denominan como una campaña de desinformación sobre el cambio climático y sus efectos por parte de estas empresas, ya que “han sabido desde fines de la década de 1970 que sus productos contribuyen al cambio climático”, puntualizan.

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Pero en lugar de tomar medidas, desde la década de 1990, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Comercio de EEUU se unieron “contra posibles regulaciones sobre el cambio climático y presionaron al gobierno de los EEUU para descarrilar acciones climáticas internacionales para reducir las emisiones contaminantes de carbono”, informaron los parlamentarios.

No fue sino hasta el año 2021 que, en una audiencia, los ejecutivos de los combustibles fósiles admitieron bajo juramento “que el cambio climático es real, que la quema de combustibles fósiles contribuye a ello y que es una amenaza existencial para el planeta”. Aunque ninguno de ellos se comprometió a poner fin a su producción, por el contrario, invirtieron en otras estrategias para desviar la atención.

Lavado verde

“Necesitamos reinventar el negocio de la energía”, declaró en su discurso el director ejecutivo de BP en la Universidad de Stanford en marzo de 2002. En ese mismo tenor el directivo remarcó, “necesitamos ir más allá del petróleo”, siendo ésta una de sus principales premisas publicitarias durante las dos ultimas décadas.

BP ya sostenía desde el año 2002 que habían reducido sus “emisiones de gases de efecto invernadero en un 10 %”, pero la investigación presentada por los congresistas arremete contra la empresa al asumir que lo que han logrado hasta el momento es un “lavado

verde” a través de “publicidad engañosa”.

BP ha apostado por el llamado Uso y Almacenamiento de la Captura de Carbono (CCUS por sus siglas en inglés) como una herramienta para cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París, pero, contradictoriamente, esta tecnología permite continuar con la explotación y uso de hidrocarburos, por ejemplo, en “industrias de uso intensivo de energía”, agregan el documento presentado al parlamento estadounidense.

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Según las empresas con esta tecnología el carbono capturado se puede utilizar “para mejorar la recuperación de petróleo”, es decir, para ser inyectado en los pozos petroleros y hacerlos más productivos. Esta misma estrategia es utilizada por la petrolera Shell con su programa Sky scenario, que según esta corporación “describe lo que creemos que es una ruta tecnológica, industrial y económicamente posible hacia adelante, consistente con limitar el aumento de la temperatura promedio global a muy por debajo de los 2°C desde los niveles preindustriales”.

Actualmente, solo la empresa Exxon opera una instalación de captura de carbono, en Schute Creek, Wyoming. A su vez es socia de una instalación en Australia y una más en Qatar. Durante la vida útil de las instalaciones de Schute Creek “solo ha capturado y almacenado el 3 % de su dióxido de carbono bajo tierra”, que al ser inyectados a los pozos desgastados continúan provocando las mismas emisiones, asevera el informe. Mientras, el proyecto de Australia ha fallado repetidamente en alcanzar su objetivo de almacenamiento en aproximadamente un 50%.

Mientras que estas empresas se han comprometido en sus discursos a reducir de manera integral las emisiones, los congresistas puntualizan que esto es incierto al no considerar “la quema de los combustibles fósiles que venden y que representan aproximadamente el 90% de las emisiones de la industria”.

Una muestra es ExxonMobil, que se supone ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 75 millones de toneladas, “en realidad, casi todo el dióxido de carbono que Exxon ha secuestrado se ha vendido a otras compañías de combustibles fósiles para inyectar en sus campos de petróleo agotados”, detalla el informe.

En diciembre de 2021, Exxon prometió que para 2030 alcanzaría emisiones de carbono al punto cero en sus operaciones en la cuenca Pérmica, ubicada en Nuevo México y el oeste de Texas. “Esta promesa es engañosa, porque solo cubre fugas, quema y otras emisiones operativas de CO2 y excluye la gran mayoría de las emisiones de la quema de los productos de petróleo y gas que Exxon extrae en la región”, arguyen los parlamentarios.

De hecho, en febrero de 2022, Exxon se comprometió a seguir aumentando su producción en la cuenca con la extracción de un millón de barriles de petróleo por día hasta 2024, frente a 460 mil barriles diarios que producía en 2021.

En septiembre de 2021, cuando inició esta investigación, se enfocó principalmente a lo que denominan “campaña de desinformación climática y lavado verde de la industria de los combustibles fósiles”, develando así el engaño de las industrias, sobre todo, al asumir su apoyo al Acuerdo de París. Este conjunto de empresas fue citado a una audiencia el 8 de febrero de 2022. “Se invitó a los miembros de los directorios de Exxon, Chevron, Shell y BP a testificar en esta audiencia, junto con científicos y defensores del clima, pero se negaron a comparecer”, señala la investigación.

Por su parte, los congresistas, argumentan que las promesas climáticas y la publicidad ecológica “se centran en tecnologías que las empresas han admitido en privado están a décadas de distancia para su implementación”.

Falsas alternativas

Exxon gastó al menos $68 millones de dólares en publicidad en una supuesta investigación sobre la producción de biocombustibles a base de algas.  Los congresistas alegan que esta supuesta alternativa es “engañosa”, porque se requieren millones de toneladas de algas para la producción de este tipo de energía, algo que la empresa no menciona, ya que, de lo contrario, atraería la atención del sector científico.

Por tanto, los congresistas sustentan que las compañías de petróleo y gas han tratado de crear la impresión “de que están tomando medidas ambiciosas para reducir las emisiones, sin hacerlo realmente”.

La estrategia de los gigantes del petróleo, según los parlamentarios, se basa en trucos contables, lenguaje engañoso y tácticas de demora, al grado de que se han comprometido públicamente a reducir sus gases de efecto invernadero a “cero netos” para 2050. Pero en realidad, “las compañías de combustibles fósiles se han comprometido a reducir un pequeño porcentaje de las emisiones de sus propias operaciones y disminuir la llamada “intensidad de carbono” de sus operaciones, una medida engañosa que permite que las emisiones totales de la empresa continúen aumentando con la producción de combustibles fósiles, sostiene la investigación.

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De tal modo que las empresas de los combustibles fósiles vienen desplegando, con mucha precaución, una maquinaria publicitaria “para pintar la imagen de la industria como limpia y aliada con aquellos preocupados por el cambio climático, una táctica conocida como lavado verde”, puntualiza el informe.

Los documentos recabados por el equipo de la investigación muestran que “las promesas de las empresas se basan en tecnologías no probadas” que más bien están funcionando como “una licencia social para seguir produciendo combustibles fósiles en las próximas décadas”.

Las empresas que más han contaminado con emisiones desde 1988 son: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody, Total y BHP Billiton. Las principales empresas estatales incluyen Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex y CNPC (PetroChina).

Las emisiones de carbón de China están representadas por el estado, en el que los productores estatales clave incluyen Shenhua Group, Datong Coal Mine Group y China National Coal Group.

^{En portada: Refinería de petróleo, propiedad de Exxon Mobil, es la segunda más grande de Estados Unidos ubicada en Baton Rouge, Luisiana.}

Poco antes del inicio de la COP27, reunión anual para las negociaciones climáticas promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), organizaciones ambientalistas advierten que las iniciativas mundiales para alcanzar las “cero emisiones netas” tienen profundos y preocupantes vínculos con los mayores contaminantes a nivel global.

El documento “Un conflicto más allá de la credibilidad” analiza tres de las más destacadas iniciativas de “cero emisiones netas” que han revelado normas o publicaciones. Es el caso del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario del Carbono (Consejo de Integridad), el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los Compromisos de Emisiones Cero de las Entidades No Estatales (HLEG) y la campaña Race to Zero (Carrera a Cero en español) impulsada por las Naciones Unidas.

El caso del Consejo de Integridad, quien se describe a sí mismo como “un órgano de gobierno independiente para el mercado voluntario de carbono”, tiene como objetivo el garantizar que dicho mercado aplique normas de referencia globales definitivas “basándose en la mejor ciencia y experiencia disponible, de modo que los créditos de carbono de alta calidad movilicen eficazmente la financiación hacia la mitigación urgente y el desarrollo resiliente al clima”.

No obstante, el Consejo está integrado por ejecutivos con historiales de escasa supervisión reguladora e incluso, con vínculos a las mayores corporaciones de combustibles fósiles como ExxonMobil, Petrobras, China National Offshore Oil Corporation, Institute of International Finance, Blackrock, Standard Chartered Bank, BP, BNP Paribas, Cargill, Chevron, Drax, Shell y Total.

Entre sus integrantes destaca Annette L. Nazareth, presidenta del Consejo, quien además trabaja como consejera principal de un bufete de abogados que asesora a grandes empresas contaminantes como ExxonMobil, Petrobras, la China National Offshore Oil Corporation y el proveedor de servicios petrolíferos Baker Hughes. De acuerdo al análisis, en su anterior etapa en la Comisión de Valores de Estados Unidos fue acusada de estar “demasiado asociada a la débil supervisión federal que contribuyó al colapso bancario”.

Sonja Gibbs, miembro del consejo de administración del Consejo es responsable de finanzas sostenibles del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), entre cuyos miembros se encuentran 33 de los 50 principales financiadores de combustibles fósiles del mundo. Solo en los últimos tres años (2019-2021), estas 33 instituciones han dirigido más de 2 mil millones de dólares hacia los combustibles fósiles, lo que supone más del 86% de la financiación de combustibles fósiles del mundo.

El análisis de las organizaciones ambientales subraya la preocupante credibilidad de los tres representantes del mercado que asesoran al Consejo: David Antonioli, director general de Verra, un organismo de certificación de compensaciones de carbono cuya metodología fue criticada por los expertos en 2021 por estar “basada en un sistema defectuoso” y tener un “importante problema de credibilidad”. Además, señalan también a Jeff Swartz, director de clima de British Petroleum y a Chris Leeds quien trabaja para la financiera de combustibles fósiles Standard Chartered.

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“Los tres representantes del mercado del Consejo de Integridad sugieren el preocupante escenario de que los principales financiadores de combustibles fósiles y las empresas de petróleo y gas pueden aumentar la financiación y la expansión de los combustibles fósiles mientras certifican y compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar su imagen pública, en lugar de reducir realmente las emisiones en origen”, denuncia el informe.

En cuanto al grupo de expertos del HLEG, el análisis destaca la participación de Catherine McKenna, ex ministra de Medio Ambiente canadiense quien apoyó la operación del multimillonario oleoducto Trans Mountain y autorizó el vertido de 8 mil millones de litros de aguas residuales. Helena Viñes Fiestas, quien durante su mandato en sostenibilidad de BNP Paribas Investment Partners, entre los años de 2016 y 2020, se convirtió en el mayor financiador de combustibles fósiles en la Unión Europea.

Captura

Para las organizaciones es particularmente preocupante que la campaña Carrera a Cero, convocada por las Naciones Unida, la cual integra entre sus miembros a bancos que invirtieron más de 500,000 millones de dólares en combustibles fósiles solo en 2021 y presionaron con éxito a la iniciativa para debilitar los criterios para la eliminación de proyectos de extracción de carbón.

“Este análisis solo araña la superficie de lo profundamente conflictivas que son estas iniciativas de ‘cero emisiones’”, dijo Sara Shaw, coordinadora del programa internacional de justicia climática y energía de FOEI. Acorde a Shaw, los promotores de este discurso obstruyen otras políticas de combate al cambio climático, al mismo tiempo que intentan ganar credibilidad en su imagen ecologista.

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Por su parte, Rachel Rose Jackson, directora de investigación y política climática de Corporate Accountability, señaló que la manera en que se coloca a las industrias contaminantes y sus financiadores para dirigir y dar forma a las estrategias de “cero emisiones” es un claro lavado de cara de la industria.

Según las agrupaciones, evidenciar estos vínculos cobra relevancia frente al inicio de la COP27, a realizarse en Egipto, donde esperan que las corporaciones lancen “su próxima ofensiva de relaciones públicas” para promover las “cero emisiones”. Ante esto, miles de organizaciones de todo el mundo abogan por un marco de rendición de cuentas para la CMNUCC. En un caso, más de 425 organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado para frenar el acceso de los grandes contaminadores, a través de estas iniciativas y de otras, a las conversaciones anuales sobre el clima. “Durante tres décadas, los mayores contaminadores del mundo han tratado la CMNUCC como una feria comercial. Patrocinadores corporativos para las conversaciones políticas. Cientos de grupos de presión de la industria trabajando en los pasillos. Un sinfín de anuncios para iniciativas corporativas no vinculantes e ineficaces. Ya es suficiente, la captura corporativa de este espacio debe terminar y los grandes contaminadores no pueden tener más voz en la CMNUCC”, compartió Coraina de la Plaza, del GFC.