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Economía anticapitalista en Rojava Las contradicciones de la revolución en la lucha kurda

Fecha:04 Nov 2021

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Prefacio

John Holloway

Un libro fabuloso. Nada más leer la introducción y uno se da cuenta de que este es un libro especial, no solamente por su tema sino por su manera de abordar el tema: por el compromiso político, personal, crítico que Azize tiene con la Revolución Kurda, y por su frescura.

Un honor haber sido el asesor de la tesis de doctorado de Azize Aslan. Pero es más que eso, me hace entender el privilegio que tenemos los profesores como yo, de entrar en contacto con ella y con otrxs estudiantes tan comprometidxs con la ambición de cambiar el mundo y a la vez buscar una manera de expresar este compromiso a través de su trabajo académico.

A Azize la conocí en Alemania en un congreso sobre el Movimiento Kurdo y la convencí que debería hacer el doctorado con nosotrxs en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Estaba claro que era alguien que conocía bien la lucha kurda y que podríamos aprender mucho de su presencia en el posgrado. Enamoradxs (pero por supuesto) de lxs zapatistas, queríamos saber más de ese otro movimiento que está recreando el concepto mismo de revolución.

Estamos todxs en una situación terrible, donde vemos que el capitalismo está destruyendo el mundo pero no sabemos cómo deshacernos de él y crear otro mundo. Lxs zapatistas nos abren caminos, pero hay otras grietas muy importantes en el tejido de la dominación capitalista y hay mucho que aprender de sus experiencias. Siempre con la conciencia de que el camino no va por el Estado, y con la pregunta ¿pero entonces cómo? La lucha en Kurdistán nos ofrece otra experiencia de resistencia anti-capitalista, anti-estatal, anti-patriarcal en una escala más grande, en un contexto terriblemente violento, con otras tradiciones teóricas y políticas. En eso, lxs zapatistas y lxs kurdxs son como primxs, pero primxs que no se conocen muy bien.

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Centro Social de CasaLoca

#GiraZapatista // Capítulo de Lombardía // Escenario de Milán Regreso de la etapa de Milán del Centro Social CasaLoca y Ya Basta Milán

Fecha:28 Oct 2021

¡Como Ya Basta! Milano nacimos en el Aguascaliente de Oventik en 1996, dos años después de la liberación indígena del 1 de enero de 1994, y hemos apoyado la lucha zapatista en 25 años de lucha común: brigadas de trabajo u observación en Chiapas, colaboraciones políticas, solidaridad concreta. Todo hasta hoy, que hemos tenido la responsabilidad y el honor de acoger a una delegación de comp@s, durante 10 días, en Casaloca, en Milán, elegida como sede permanente de la etapa lombarda de la Gira Zapatista.

Así, semanas de reuniones, preparación y luego el esfuerzo físico para preparar una digna bienvenida a los compañeros de la lucha de estos años, por primera vez en Italia. Cansancio recompensado por días de intenso intercambio con la delegación de hombres y mujeres del EZLN y del CNI.

Como dijo uno de los delegados en la reunión pública del día 17, ésta es la esencia del Compañerismo:

“…desayunar y cenar juntos antes y después de las etapas lombardas en las otras ciudades, contar y contarse en un ambiente distendido y de convivencia, siendo conscientes de que lo que se cuenta tiene un valor político preciso de comparación e intercambio de ideas y experiencias de mundos distantes en los mapas, pero en absoluto separados.”

Nuestra reunión del domingo 17 de octubre, que coincidió con el 18º aniversario de la ocupación de Casaloca, fue un momento de recuento detallado de la historia de las comunidades indígenas y su explotación y la necesidad de crear autonomía incluso a través de acciones ilegales y conflictos. Hubo muchas preguntas sobre cómo funciona la autonomía en la práctica por parte de las realidades presentes y de los asistentes a la reunión.

También había muchos jóvenes presentes, los cuales no sabían nada o casi nada de la experiencia zapatista por cuestiones de edad. Junto con el compaginismo, esto es lo que nos quedará de estos días. La transmisión de la propia historia y de las experiencias de rebeldía, la memoria que se perpetúa y se cuenta para cambiar la realidad y renovar las luchas a través de generaciones de jóvenes que no se resignan al estado de cosas existente.

Culo. ¡YaBasta! Milan
Centro social de Casaloca

Avispa Midia

Ecuador | Pueblos originarios realizan demanda contra el gobierno para proteger la Amazonia

Fecha:22 Oct 2021

Por Vanessa Garcìa Navarro

^{Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.}

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

*^{En portada: Dirigentes indígenas, entre ellos Marlon Vargas (izq), Leonidas Iza (centro) y Nemonte Nenquimo (der), presentaron la demanda ante la Corte Constitucional. Foto API-El Universo}“*

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.

Avispa Midia

América Latina, ante el imperialismo digital

Fecha:19 Oct 2021

Por Avispa

Por Carlos Gutiérrez*

En estos últimos días la empresa Facebook Inc. vivió uno de los pasajes más negros de su historia. El nuevo capítulo del conglomerado de redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a mediados de septiembre, cuando el diario The Washington Post publicó “The Facebook Files”, un trabajo de investigación con documentos que muestran cómo los directivos de la empresa conocen los efectos nocivos de su plataforma y sin embargo han antepuesto sus intereses económicos a la seguridad de los usuarios.

Aquel trabajo periodístico también revela cómo Facebook Inc., aunque supervisa a casi todos sus usuarios, evita hacerlo con miles de cuentas VIP, lo que permite publicar material que puede incluir acoso e incitación a la violencia. “Los documentos ofrecen quizá la imagen más clara, hasta ahora, de qué tanto se conocen los problemas de Facebook al interior de la compañía, incluyendo al propio director ejecutivo”, dice la introducción de la investigación.

El domingo 3 de octubre, la ingeniera informática y exempleada de Facebook, Inc., Frances Haugen, confesó a CBS, una de las más importantes cadenas de televisión en Estados Unidos, que ella fue quien filtró a The Washington Postdichos documentos internos. Contó que los obtuvo a principios de 2021 cuando renunció a la empresa, a la que había ingresado en 2019.

Al día siguiente del “destape” de Haugen, las plataformas de Facebook, Whatsapp e Instagram sufrieron un apagón de seis horas. Es la segunda gran falla de este servicio en su historia; la anterior sucedió en 2008, pero entonces aún no tenían la importancia y penetración de la actualidad. El impacto mundial de esta semana afectó a 3.500 millones de usuarios, con pérdidas económicas globales superiores a los 1.000 millones de dólares, reporta Netblocks.

The Critique: Facebook “is being led by metrics, not led by people,” Frances Haugen said. “The metrics make the decisions.” https://t.co/KXod8SwjLS

— The Washington Post (@washingtonpost)

La caída de los servicios más populares de Facebook Inc. reveló la dependencia de millones de personas a estas plataformas digitales y su tremendo alcance económico. Por ejemplo, solamente Facebook perdió, por esta falla, unos 6.000 millones de dólares, calcula Bloomberg Billionaires Index. “El día en que Facebook desapareció de todos lados parece haber sido el resultado de un intento de Facebook de estar en todas partes”, publicó la articulista Molly Roberts en The Washington Post.

Facebook nació en 2004. Desde entonces, medios de comunicación, instituciones, gobiernos, líderes políticos y sociales, así como millones de ciudadanos en el planeta utilizan esta red social de manera cotidiana. Ha crecido de la mano de algunos escándalos como el que vivió en 2018, cuando investigaciones periodísticas revelaron que la consultora Cambridge Analytica adquirió datos de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, los cuales sirvieron para manipular a los votantes en las elecciones de 2016.

“El conglomerado Zuckerberg”, como le llama Luis Ángel Hurtado, académico de la Universidad Nacional de México, domina dos de cada tres mensajes enviados en redes sociales. “De esa magnitud debemos ver el papel que está jugando esta red sociodigital, la cual puede generar que un país completo quede incomunicado. O por lo menos una generación completa, porque quienes pagaron los estragos más fuertemente fueron las generaciones millennial y centennial”, explica el experto, promotor de la campaña “Verified” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Latinoamérica vivió el apagón de manera diferente a Europa y Estados Unidos. En la región afectó no solo las comunicaciones interpersonales, sino las actividades económicas. “Eso tiene que ver con la gran cantidad de comercio informal que hay en América Latina, que utiliza bastante Whatsapp y Facebook para colocar sus productos”, afirma Cristian León, director ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org. En Europa o Estados Unidos el fenómeno afectó más a nivel de comunicación interpersonal.

Según estimaciones de Statista GmbH, la falla de Facebook pudo haber generado pérdidas por unos 71,5 millones de dólares en Latam y el Caribe, donde –apunta en esa plataforma de datos la periodista Marina Pasquali– “es más fácil encontrar una aguja en un pajar que una persona que no use Facebook, Instagram ni WhatsApp”. La misma publicación muestra que, en mercados como Chile, Uruguay y Puerto Rico, más del 80 por ciento de la población usa las redes sociales. “Millones de influencers y pequeñas empresas en la región también dependen de estas plataformas para desarrollar su negocio”, apunta Pasquali.

La informalidad “es un problema endémico” de esta zona, escribió Vinícius Pinheiro, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un artículo publicado en septiembre de 2021. Menciona que “antes de la pandemia, en promedio, 1 de cada 2 empleos era informal”, y por la crisis sanitaria, las ocupaciones informales resultaron las más afectadas “por la destrucción de empleos y la abrupta pérdida de ingresos”. En el segundo trimestre de 2020, por ejemplo, la covid-19 arrasó con 43 millones de empleos.

En el informe Tecnologías digitales para un nuevo futuro, publicado este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que esta región tiene un “contexto desafiante”. Esto se debe a que la revolución tecnológica ha provocado un “auge de las plataformas globales, dando lugar a una excesiva concentración de poder económico y político en no más de una veintena de corporaciones de dos o tres potencias mundiales”. El mercado de estas empresas, calcula la Cepal, “supera o se acerca a un billón de dólares”.

En América Latina, el crecimiento digital no ha tenido una estrategia definida, sino que ha respondido a urgencias y necesidades tecnológicas, señala Cristian León. Por ello se utiliza más Facebook o Whatsapp que plataformas más complejas. “La mayoría de los países no tienen un buen gobierno digital, como sí lo tienen en Europa, donde han priorizado la generación de plataformas para servicios básicos. Es una lógica distinta”, explica.

Aun así, los latinoamericanos usan Facebook en cifras significativas, con Brasil y México al frente. De acuerdo con Statista, el primero registró más de 160 millones de usuarios en agosto de 2021, mientras que el segundo tuvo 105 millones. Colombia ocupa el tercer lugar con 40 millones y el cuarto Argentina, con 37 millones. En esta región el gasto en publicidad ha crecido “de manera significativa”. El reporte Estado de las Redes Sociales y el CX, realizado por Socialbakers, señala que, en el primer semestre de 2021, este gasto creció hasta 68 por ciento, en comparación con el 59 por ciento que reportó Norteamérica y el 44 por ciento registrado por Europa Occidental.

El 5 de octubre, en una audiencia que Haugen tuvo con el Senado de Estados Unidos, se dijo que Facebook Inc. tuvo ingresos por publicidad entre 51 y 58 dólares por usuario en el último trimestre, en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con los dichos de la exempleada de este conglomerado, la empresa busca que los usuarios más jóvenes accedan a redes como Instagram, porque ellos son el gancho para atraer a sus padres a Internet.

Latam tiene una situación contradictoria, porque a pesar del alto uso de plataformas digitales existe un importante rezago tecnológico. Cristian León encuentra una explicación a este fenómeno: estamos viviendo un “colonialismo digital” y esta es una zona de experimentación para compañías como Facebook Inc. “Muchos de los experimentos que ha hecho Facebook, por ejemplo, cuando creó una nueva pestaña para ver noticias, la probó primero en América Latina antes de llevarla al norte global. Facebook ve a esta zona como un lugar para probar cosas. Nos ven como el patio trasero digital. Las mismas lógicas geopolíticas de antes se están llevando a las lógicas de políticas digitales”.

León encuentra otra de las razones para este rezago en el tipo de infraestructura que ha generado cada país. “Como subcontinente hemos llegado un poco tarde y directamente hemos ingresado en la tecnología móvil. En muchos países, con excepción de Brasil, Chile y Uruguay, se ha priorizado generar conectividad móvil en vez de generar conectividad por fibra óptica. La ventaja de la fibra óptica es que es mucho más barata y da mucho más ancho de banda, es mucho más estable y permite una mayor inclusión digital”.

Esto también puede explicar por qué América Latina resultó más afectada económicamente durante las seis horas del apagón del 4 de octubre. CNN, con base en información de Cost of Shutdown, de la organización no gubernamental Net Blocks, calcula que Brasil y México son los países de América Latina que más dinero pudieron haber perdido. El primero, con pérdidas por 24.674.513 dólares y el segundo con 13.803.751; el tercer sitio corresponde a Argentina, con 7.653.705 dólares y Venezuela, con 5.790.294 dólares. Colombia se ubicó en la quinta posición con 3.711.567 dólares.

Estas cifras traen enseñanzas, como que los latinoamericanos tienen que cambiar su cultura tecnológica. Pasar de analfabetas digitales a usuarios responsables e informados en el uso de estas tecnologías. Se requiere mayor educación, advierte desde Perú Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas en la organización internacional Access Now. “Para muchas personas, Facebook o Whatsapp son todo el internet. Necesitan entender que hay otras alternativas”, señala.

Como reflexiona Luis Ángel Hurtado, “la caída de Facebook nos hizo ver el gran poder que hemos depositado en Mark Zuckerberg. Hay que pensar si debemos seguir depositando tanto poder a una sola persona. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la gran oportunidad de expresarnos todos los ciudadanos. Toda la gente que accede a internet y, por supuesto a las redes sociodigitales puede expresarse públicamente. Pero eso conlleva un gran poder y una gran responsabilidad, como diría en su momento Franklin D. Roosevelt.” Verónica Arroyo, por su parte, recomienda diversificar el uso de herramientas digitales. “Es lo que nos va a salvar de que esta experiencia se repita o que un día Facebook deje de funcionar y nos quedemos realmente fuera de un montón de cosas”.

El riesgo es alto. La ONU advierte que, así como los datos que proporcionamos en las plataformas digitales pueden servir para rastrear y diagnosticar problemas en temas de agricultura, salud o medioambiente, entre otros, o para realizar tareas cotidianas como moverse en el coche o pagar facturas, también pueden ayudar a infringir los derechos humanos. En un texto titulado “Influencia de las tecnologías digitales”, señala que esto ocurre “controlando nuestros movimientos, compras, conversaciones y comportamientos. Los gobiernos y las empresas disponen de más herramientas para extraer y explotar datos con fines financieros y de otro tipo”.

Al final de esta semana negra para Facebook Inc., la revista Time lanzó una portada provocadora, en la que sugería borrar a Facebook. ¿Es posible enviar al basurero a esta red social? “Yo creo que sí, pero hay que entender a Facebook como uno de los servicios, como una de las plataformas”, responde Cristian León. “Pero será difícil eliminar el conglomerado de Facebook, Instagram, Whatsapp y varias otras empresas que ha venido adquiriendo”. Para él, el capital que “ha amasado” Zuckerberg le permite crear cualquier otra tecnología y seguir vigente.

Quizá el apagón de los servicios de Facebook Inc. sea el preámbulo de una nueva cultura en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Los grandes imperios como el de Mark Zuckerberg surgen porque los ciudadanos no usan responsablemente sus servicios. El tema es importante e involucra a todos: gobiernos, ciudadanos y empresas para que juntos encuentren nuevos canales para comunicar, vender y socializar.

* Miembros de la mesa editorial de CONNECTAS

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.

Avispa Midia

Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

Fecha:19 Oct 2021

Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

Avispa Midia

Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

Fecha:19 Oct 2021

Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

En contexto:Tras 5 días de protestas, cae reforma tributaria en Colombia

Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

Latinoamèrica Rompe el Cerco

TENDRÁ LUGAR EL JUICIO QUE LA JUSTICIA FEDERAL INICIA CONTRA MARÍA NAHUEL, LUCHADORA Y DIRIGENTE MAPUCHE ESTE VIERNES

Fecha:14 Oct 2021

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina asumirá su defensa. La doctora Rosario Fernández y el doctor Gustavo Franquet serán sus abogados. Lxs doctorxs Laura Taffetani y Eduardo “El Negro “Soares, sus testigos.

La fiscal federal Little aparece en el juicio como víctima. La misma fiscal que ordenó el operativo en el que fue asesinado su sobrino Rafita y en el que fue herida su propia hija.

María Nahuel ha dicho una y mil veces que no le teme a esta justicia hegemónica y burguesa que la acusa pero no investiga los atentados hacia ella y su familia que en estos días ha sufrido el cuarto intento de incendio a su ruka.
La Gremial, ha manifestado y demostrado históricamente en los hechos su decisión de apoyar las causas y luchadoras y luchadores populares de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Asumiendo su tarea de defensa desde su profundo respeto por la digna lucha de los pueblos originarios a los que este sistema capitalista tremendamente injusto y perverso continúa saqueando, persiguiendo y oprimiendo, ESTÁ PRESENTE en la defensa de decenas de causas contra el pueblo mapuche en toda la Patagonia, en Salta con los Wichis, en Chaco con los Qom.

No ignoramos la avanzada de la derecha reaccionaria y supremasista que con el único objetivo de resguardar sus privilegios y sus propiedades privadas no ha dudado en “ escudarse “ en la defensa de sus ddhh, para justificar la represión y acusar de terroristas a las comunidades que luchan por su inalienable derecho a recuperar sus territorios ancestrales saqueados por el estado argentino y sus secuaces.
Tampoco ignoramos que La Gremial “molesta” con sus declaraciones porque no rinde cuentas ni pleitesía a ningún gobierno o partido al servicio de los poderosos de este sistema capitalista. A diferencia de sus detractores, solo da cuentas a sus defendidxs poniendo el cuerpo y todo su conocimiento para defender sus causas, orgullosos y coherentes con la heroica historia de lucha en las organizaciones revolucionarias de las que sus fundadores fueron parte.
Este viernes a las 14 hs, junto a todxs lxs vecinxs, organizaciones, sociales y políticas frente a las puertas del Juzgado estaremos frente a la puerta del juzgado federal mientras se desarrolla el juicio, acompañando a María Nahuel, quien como ella dice, se mantiene firme en su derecho y responsabilidad de luchar sin renunciamientos por la liberación de su pueblo. A su lado, luchando a la par de María estará como siempre, La Gremial de Abogadas y Abogados.

✍? Grupo de Apoyo a la Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche.
? Bariloche, Octubre de 2021

FrayBa y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro

Defensores comunitarios tseltales de Chilón exigen el cierre de los procesos penales en su contra por defender su territorio

Fecha:13 Oct 2021

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

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Avispa Midia

Tras demora judicial, COPINH exige sentencia en caso Berta Cáceres

Fecha:12 Oct 2021

Por Ñani Pinto

^{Indígenas Lenka que resisten a que el} ^{Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.}

A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.

Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.

En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.

“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.

En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.

En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.

Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.

La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.

Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Avispa Midia y Prensa Comunitaria

“Para nosotros no es cansado estar aquí”: Resistencia antiminera en Guatemala

Fecha:12 Oct 2021

Por Avispa

^{Fotos e información de Prensa Comunitaria}

^{En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal}

Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.

En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.

La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.

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“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.

Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.

*^{Plantón permanente antiminero en el municipio de Izabal.}*

Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.

Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.

En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica y amenazas de desalojo

El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

*Elementos de la PNC argumentan a favor de la empresa minera entre los participantes del plantón antiminero.*

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.

Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.

Al cierre de esta edición, Prensa Comunitaria alertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.

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