Ante el avance de una nueva caravana migrante procedente de Honduras, el gobierno mexicano decidió reforzar la militarización de la frontera sur con Guatemala. Con ello, México busca impedir el tránsito a miles de personas quienes salieron desde San Pedro Sula con dirección hacia los EEUU el pasado 15 de enero.

Como parte del operativo fronterizo se ha registrado el despliegue de cientos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y efectivos de la Guardia Nacional (un cuerpo de seguridad también compuesto por militares), tanto en las inmediaciones del río Suchiate, en Chiapas, como en el cruce fronterizo ubicado en El Ceibo, Tabasco, en donde se colocó una guardia permanente.

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Durante un acto oficial realizado el mismo 15 de enero en la frontera entre Chiapas y Guatemala, Francisco Garduño, comisionado del INM, justificó el despliegue militar. “Así vamos actuar en esta ocasión. Y así garantizar una migración en nuestro territorio nacional, que debe ser ordenada, segura y regular con respeto a los Derechos Humanos y con políticas humanitarias”.

En contraste, Rubén Figueroa, miembro coordinador del sureste en el Movimiento Migrante Mesoamericano, criticó el operativo militar realizado por el Estado Mexicano en contra de lxs migrantes.

“Metrallas de la 4ta transformación. Por un lado el gobierno mexicano condecoró con la medalla de la impunidad a (Salvador) Cienfuegos, por el otro hace alarde de su músculo militar en la ribera del Río Suchiate, contra los desterrados, contra los sin techos”,

PUBLICÓ EN SU CUENTA DE TWITTER.

La frontera de EEUU, cada vez mas al sur

Cabe recordar que desde el 18 de junio del año 2019 y bajo presiones económicas de la administración de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó a más de 6,000 elementos militares de la Guardia Nacional, quienes han permanecido en cuarteles del estado fronterizo de Chiapas para contener el flujo migratorio hacia los EEUU.

El reciente despliegue militar en México sucede después de que el gobierno de Guatemala recurriera, en repetidas ocasiones, al uso de la violencia por parte de sus cuerpos de seguridad en un intento desesperado por frenar el avance de lxs migrantes, quienes hasta este miércoles (20) se encontraban varadxs en el departamento guatemalteco de Chiquimula.

Actualmente, el gobierno de Guatemala mantiene alrededor de 20 retenes en todo el tramo de la frontera El Florido hasta Tecún Umán, donde se encuentran elementos de la policía civil así como también efectivos del ejército guatemalteco para reforzar el bloqueo para lxs migrantes.

“La reacción de los gobiernos es impedir ese tránsito y lo hacen de manera militar, es lo que vemos hoy en día, esa frontera que está del sureste del sureste de México con Guatemala. Es lamentable que haya un retroceso en derechos humanos, que obliga a las personas a continuar en una vida de miseria y a buscar rutas aún más peligrosas”,

RECALCÓ EL INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO MIGRANTE MESOAMERICANO.

Cartografía antimigrante

Desde el envío de los cuerpos militares a la frontera sur de México, el gobierno federal en coordinación con funcionarios estatales ha consolidado un esquema de contención contra lxs migrantes procedentes de Centroamérica.

Un mapa elaborado por las investigadoras del Observatorio del Colegio de la Frontera (Colef), Dolores París Pombo y Angélica Zambrano, demuestra una vasta red para la vigilancia, detención y deportación de miles de migrantes quienes han intentado cruzar México con destino a los EEUU. “Los fuertes cinturones de contención migratoria instalados en el sur de México provocan que los migrantes centroamericanos se queden durante meses o años varados en las cercanías de la frontera sur de México”, compartió la investigadora Dolores París Pombo sobre su trabajo cartográfico.

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El mapa señala el refuerzo de retenes militares y policiacos en siete cruces fronterizos entre México y Guatemala, donde destacan los ubicados en Puerto Chiapas, Ciudad Hidalgo, Chetumal y Nuevo Orizaba.

Tan sólo en los estados de Chiapas y Oaxaca se han instalado al menos 15 retenes militares a lo largo de las vías del ferrocarril de la “bestia” y en las principales carreteras que conducen al centro y norte de México. Además de que se mantiene la operación de siete retenes migratorios en Chiapas, ubicados en las carreteras con destino hacia Coatzacoalcos, Ixtepec, Villahermosa y Palenque.

Este esquema implementado por el gobierno de la autodenominaba “Cuarta Transformación” representa un blindaje contra el éxodo migrante e incluye también la operación de siete retenes a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales buscan evitar el uso de las rutas marítimas por parte de lxs migrantes centroamericanos, caribeños, africanos e incluso asiáticos que buscan alcanzar los EEUU.

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Cierre de refugios

El surgimiento de la más reciente caravana migrante solo era cuestión de tiempo. La crisis económica derivada por la pandemia por el Covid-19 en 2020, se sumó a la devastación que dejaron a su paso, tanto el huracán Iota y Eta en noviembre del año pasado, dejó un saldo de 94 muertos y afectó a más de 4 millones de personas en todo Honduras.

Particularmente grave fue la afectación de la zona norte y caribeña del país, donde se concentran las industrias más importantes de su economía. Y es justo en la mayor ciudad de dicha región industrial, San Pedro Sula, desde donde salieron 3,500 personas -y que en su andar llegó aglutinar a más de 9 mil- con dirección hacia los EEUU.

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Si el cruce hacia, y a través de México, representa un reto mucho mayor con el despliegue militar  en la frontera sur, así como por la violencia de grupos criminales quienes acechan a lxs migrantes, a ello se suma el cierre forzoso de por lo menos 40 albergues debido a la pandemia del Covid-19, según información de Reuters.

Durante años, dichos espacios han ofrecido refugio a miles de migrantes, quienes viajan hacia el norte de México a pie y cargando pocas pertenencias. Sin embargo, desde marzo de 2020, los albergues han cerrado temporalmente o reducido sus operaciones para impedir la propagación de la COVID-19.

Por citar un ejemplo, la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado de Coahuila, al norte del país, dejó de aceptar nuevos migrantes y solicitantes de asilo por un periodo mayor a siete meses.

Para octubre, el refugio reanudó sus labores solo para cerrar nuevamente en diciembre luego de un brote de Covid-19 el cual provocó la muerte al fundador del lugar. Por ello, decenas de migrantes decidieron levantar un campamento fuera del sitio, además de organizar su propia seguridad para evitar las agresiones del crimen organizado presente en la ciudad.

Nuevo acuerdo migratorio México-EEUU

Con la reciente transición en la presidencia de los EEUU, son muchas las expectativas sobre un cambio en las políticas migratorias de Joe Biden, quien ha prometido abandonar los programas “inhumanos y basados en el miedo” implementados durante los últimos cuatro años por la administración de Donald Trump.

Entre las acciones contempladas por el equipo de Biden se prioriza la cancelación del veto de viajes a países musulmanes, así como la puesta en marcha de un equipo para reunir cerca de 600 niños detenidos y separados de sus padres, quienes fueron deportados a Centroamérica, provocando la perdida del vinculo familiar.

Otra de las estrategias anunciadas por la nueva administración buscará aprobar en el Congreso una reforma migratoria para regularizar hasta 11 millones de migrantes quienes viven en EEUU desde hace ocho años y aún no cuentan con documentación que acredite su estancia legal. No obstante, el mismo equipo de Biden no espera que dichos planes sean prioridad de discusión en el Congreso, quien primero deberá debatir un juicio político a Trump.

Por el momento, este miércoles (20), en el primer día de la nueva administración, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando en el que ordena la suspensión durante 100 días de las expulsiones de “ciertos no ciudadanos con orden de deportación para asegurar que tenemos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz, centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.

Dicha pausa en el proceso de deportación responde a la necesidad del nuevo gobierno de canalizar los recursos para implementar medidas urgentes y controlar la pandemia del Covid-19 que ya ha causado la muerte a más de 400 mil personas en el país norteamericano.

Aún con las buenas intenciones del nuevo presidente de los EEUU, aún es temprano para anticipar la aprobación de sus propuestas, en un momento en el que el racismo y el discurso antimigrantes en ese país se ha hecho más visible que nunca. Lo que es seguro es que mientras tanto, el trabajo sucio para reprimir y contener al éxodo migrante recae en las fronteras militarizadas de México y cada vez más de Guatemala.

_{Foto por Antony Guerra}

Las bases de apoyo zapatistas despidieron el año 2020 con ataques constantes de paramilitares que integran la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Así también han recibido el año 2021. Desde el pasado 18 de enero se ha reportado el aumento y agudización de estos ataques armados.

De acuerdo con información que ha recibido el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), “el 18 de enero de 2021, desde las 15h30 hasta las 18h, integrantes de la ORCAO retomaron las agresiones con disparos de armas de fuego contra las casas de la comunidad Moisés Gandhi”, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, Caracol 10 Floreciendo la semilla rebelde, con sede en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Desde el 18 de enero, estas comunidades han contado “alrededor de 170 disparos de calibres grandes y 80 disparos de calibres pequeños”, que han detonado este grupo, según  ha denunciado el Frayba.

La organización sostiene que, desde el mes de abril de 2019, la comunidad de Moisés Gandhi ha sido agredida por parte de integrantes de la ORCAO “resultando en destrucción de bienes y agresiones físicas y verbales. Para marzo de 2019, comenzaron agresiones con armas de fuego con dirección a la comunidad. El 22 de agosto de 2020, saqueo e incendio de la bodega de café ubicada en el Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris en el crucero de Cuxuljá. El 8 de noviembre de 2020, integrantes de la ORCAO secuestran a Félix López Hernández, Base de Apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi, quien fue liberado después de 4 días”, según un boletín que ha emitido el Frayba.

En Chiapas, organizaciones denuncian violencia sistemática y estructural

A finales de diciembre del año 2020 un conjunto de organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) denunció que estos ataques han sido una “situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno”, sostuvo la red en un comunicado dirigido al gobierno federal de México a finales del 2020.

Las organizaciones conformaron una misión de observación entre los días 7 y 10 de diciembre de 2020 y visitaron las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. Documentaron diversos testimonios de personas “afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos”, señaló en documento la misión de observación.Por ello, Frayba y la Red TDT hacen un llamado al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata, para que secén las agresiones hacia la comunidad Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, “ya que la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y hombres del Pueblo Maya Tseltal se encuentra en riesgo”, según el Boletín del Frayba.

La norteamericana Cargill y la holandesa Bunge, ambas compañías transnacionales del sector de producción y procesamiento de alimentos, están asociadas a la deforestación de por lo menos 101 mil hectáreas de bosques en la Amazonia (el mayor bosque tropical del mundo) y en el Cerrado brasileño (la mayor sabana tropical del mundo), desde Marzo de 2019. Los datos son de la investigación divulgada por la herramienta de monitoreo Mighty Earth que rastrea, en conjunto con la organización de investigación Aidenvironment, los vínculos entre la cadena mundial de comercio de soya y carne bovina con la destrucción de los bosques brasileños.

Además de Cargill y Bunge, el estudio rastreó otras empresas, como la brasileña JBS, todas vinculadas al abastecimiento de los mercados de carne y soya de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia.

Solamente en el Reino Unido, la Cargill detiene una cuota de 70% del mercado de importaciones de soya brasileña, que entra en la cadena del abastecimiento de los supermercados británicos. De acuerdo con Mighty Earth, 78% de las exportaciones directas de soya de Brasil para el Reino Unido posee origen en el Cerrado y Amazonia. Las exportaciones directas de soya del Cerrado y de la Amazonia también representan más de 50% de los volúmenes totales de soya de Brasil para Francia, Países Bajos y Alemania.

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Brasil exportó para estas regiones, solamente en 2018, un total de 7,1 millones de toneladas del grano. “Esta soya es, entonces, molida y refinada y vendida a las empresas de producción de carne, para raciones para pollo, puercos y ganados. Los supermercados, subsecuentemente, venden pollo, puerco, leche y quesos a los consumidores en productos de ‘marca propia’ o de empresas de carnes bien conocidas tales como a Moy Park (en Reino Unido), Le Gaulois e Maitre Coq (en Francia) o Vion (en los Países Bajos)”, dice el estudio.

Parte de la producción de carne de ganado también se da en tierras de deforestación. Brasil exportó alrededor de 180 mil toneladas de carne para la Unión Europea y casi 80 mil toneladas para los Estados Unidos, solamente en 2017, a través de empresas como la JBS que, según el estudio, está vinculada a la desforestación de 42,5 mil hectáreas de bosques. “Esta carne de vaca es después vendida por supermercados como carne de vaca brasileña ‘de lujo’ o productos de carne de vaca procesada tales como carne enlatada  Hereford (Reino Unido) o AH Excellent South American beef (Países Bajos)”, sostiene la organización en su informe.

Deforestación

Los números del Instituto Espacial Brasileiro (INPE) enseñan que por lo menos 11 mil km² de foresta tropical en la Amazonia fue eliminada entre Agosto de 2019 y Julio de 2020, el valor más elevado en más de una década. La herramienta Mighty Earth rastreo un poco más de 2 mil Km² , de algunos de los peores casos de deforestación y tala en el país.

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.