«Mis dibujos, son palabras que me salen del corazón, es solidaridad para las y los demás compañeros que están luchando desde algún lugar del mundo».

El 1 de abril de 2021, el compañero Marcelino Ruíz Gómez indígena del pueblo maya tsotsil, lanzó una exposición grafica virtual llamada “Por la vida y la Libertad”. Marcelino fue detenido arbitrariamente el 5 de febrero del 2002 y actualmente se encuentra preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 10 de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

En entrevista con Radio Pozol, Marcelino menciona que a través de los dibujos da a conocer la palabra que no se puede expresar o lo que no se puede escribir. Comparte que cada dibujo expresa la falta de acceso a la justicia, la discriminación y la violencia que a enfrentado por un delito que no cometió pero por el cual fue sentenciado a más de 30 años de prisión. Hoy día lleva más de 19 años preso y los dibujos «son una manera de liberarme», externa el indígena chiapaneco.

Marcelino expresa su dolor porque «la Madre Tierra esta sufriendo, los poderosos, quienes con el afán de poseer sus riquezas cada día más incrementan el despojo y la destrucción». «Todos somos territorios y los invito a defendernos», dice con voz firme el originario de la zona altos.

Ruíz Gómez, recuerda que cuando lo detuvieron fue esposado y vendado de sus ojos con el objetivo que no viera a donde lo trasladaban. En el lugar donde permaneció detenido fue torturado física y psicológicamente durante tres días, tras sufrir varios golpes entre otras formas de tortura como el permanecer atado a una silla durante esos días, también le rociaron la nariz con tehuacán con chile fue obligado a firmar para autoinculparse, todo ello ha sido documentado y denunciado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

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La labor que ha realizado la organización Artículo 19 en los últimos 15 años en México permite observar los desafios que enfrentan las trabajadoras y trabajadores de medios alternativos, públicos y privados, para ejercer el derecho a comunicar.

En esta ocasión es la propia organización Art 19 quien recibe ataques por el grupo en el poder. Lxs invitamos a conocer su historia y trabajos que realizan.

Entrevista con Mayra López Pineda -Artículo 19:

(Descarga aquí)  

Ver en línea : Artículo 19

Por Vanessa García Navarro

Durante el primer trimestre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos Americanos ha reportado un aumento en el flujo de migrantes indocumentados provenientes de México y países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Entre los viajeros destacan, por su extrema vulnerabilidad, los niños y adolescentes que se arriesgan sin algún guardián cuidando de ellos a lo largo de su travesía.

Hace una semana, el representante del congreso de Texas, Enrique Roberto “Henry” Cuellar, reveló fotografías de los menores de edad en el centro de detención de migrantes en la ciudad de Donna, Texas. Las imágenes registran menores aglomerados en “habitaciones” divididas con delgado polímero transparente; aparentemente cobijas isotérmicas y colchonetas forradas en plástico son los exiguos recursos conferidos para su confort.

En los meses de campaña, el mandatario norteamericano Joe Biden, que asumió el cargo de presidente de los EE.UU. en enero de 2021, prometió que, de ser electo, a los inmigrantes que exponen sus vidas en busca del asilo estadounidense su gobierno los tratará “con dignidad y se asegurará de que reciban la justa audiencia legal a la que tienen derecho”. Promesa que contrasta con el escenario que se advierte actualmente.

Las trincheras se vuelven abismos

A diferencia de los adultos solteros y las familias, que al ser detenidos por la patrulla fronteriza estadounidenses son expulsados a México en el menor intervalo posible (salvo algunas excepciones), los adolescente y niños que viajan sin acompañantes mayores de edad son asilados en instalaciones ubicadas dentro del territorio de EE. UU. mientras se estudian sus casos.

Idealmente, el proceso comienza desde el momento en que los agentes de la patrulla fronteriza los aprehenden, en seguida los trasladan a sus instalaciones. Después de resguardarlos por 72 horas (máximo), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) habría de entregar a estos niños y adolescentes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés HHS) para valorarlos medicamente, someterlos a cuarentena. Simultáneamente se investiga a cada una de las familias a las que se les otorgara la custodia de los menores (80% de los niños y adolescentes cuentan con un patrocinador esperándolos en USA y en el 40% de los casos se trata los padres o algún tutor legal).

Sin embargo, los niños permanecen hacinados en las instalaciones a cargo de patrullas de protección fronteriza – cuya función es impedir que migrantes sin papeles entre en los Estados Unidos – por mucho más de 3 días, porque los albergues carecen de vacantes.

¿Crisis?

El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, asevera que los niños dentro de las instalaciones de DHS cuentan con cuidados, comida y la posibilidad de bañarse casa 48 horas. Pero Leecia Welch y Neha Desai (abogadas autorizadas a inspeccionar cuan satisfactorias son las condiciones en las que se resguarda a los menores sin acompañantes) han declarado que no se les admitió la entrada a las instalaciones DHS de Donna, únicamente se les consintió entrevistar a 20 menores dentro de una unidad portátil. Algunos de los adolescentes y niños reportaron que varios de sus compañeros carecen de alguna colcha o tapete para dormir, por lo cual descansan en el suelo y superficies desnudas; así mismo, a veces los menores pasan tres o incluso seis días sin poder higienizarse adecuadamente.

Se habla de una elevadísima cantidad de niños (14 mil según el Diario.es, 15 mil según Forbes), muchos de ellos menores de 10 años, que sufren la merma de su bienestar mientras pasan hasta una semana varados antes de ser transferidos a un albergue. Las autoridades se niegan a ser transparentes y siguen ocultando cifras, en cambio, en medio de la contradicción, el gobierno de Biden prefiere denominar “reto” a lo que resulta una crisis.

¿Qué dice el gobierno de los EE.UU.?

El Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Alejando N. Mayorkas, ha realizado algunas declaraciones respecto a la crisis humanitaria en la página web oficial de U.S. Department of Homeland Security. Explica que el incremento de inmigrantes menores no acompañados se debe a diversos factores, tales como la devastación producida por los huracanes que azotaron Centroamérica en 2020, el acrecentamiento de los niveles de delincuencia, impunidad y violencia en los países del Triángulo Norte y México, los estragos colaterales de la pandemia por COVID 19.

En su discurso Mayorkas manifiesta que la administración anterior les transfirió un sistema desarticulado e ineficiente, que continuamente violó los derechos de los inmigrantes, cerrando asilos, expulsando a su suerte a niños sin acompañantes e incluso convirtiéndolos en presa fácil de traficantes. Por otro lado, opositores del nuevo gobierno estadounidense, argumentan que la decisión de eliminar restricciones migratorias, del presidente Biden, imprudentemente alientan a los inmigrantes a intentar cruzar ilegalmente las fronteras.

El secretario de la DHS admite que se exceden las 72 horas de detención estipuladas por la ley federal, y que los espacios para albergar a los inmigrantes detenidos son de hecho limitados (no permiten guardar el distanciamiento social demandado por la pandemia vigente).

Siguiente paso

El pasado 24 de marzo, el presidente Joe Biden asignó a la vicepresidente Kamala Harris la tarea de solucionar la crisis migratoria.

Tan sólo queda esperar el primer movimiento de Harris, sin omitir la posibilidad de que el abismo humanitario simplemente se ensanche. Los miembros del partido republicano y algunos personajes de la facción democrática manifiestan su disconformidad con la crisis humanitaria y las potenciales repercusiones de la agenda migratoria propuesta en la presente administración (detener la construcción del muro fronterizo, brindar estatus migratorio a casi 11 millón de migrantes, reunificar familias) y advierten no facilitarán su apoyo.

Por Sandra Suaste

La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.

La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.

 Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN,  pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.

La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.

La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.

Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”

Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.

La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.

Ejido tila, Chiapas México; a 30 de marzo de 2021

Denuncia pública

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Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco: el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal

Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.

Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.

Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.

Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.

(Por Dalia Souza y Ximena Torres; Ilustraciones: Fernanda Kovacs)‍

Para leer la investigación completa el enlace al sitio de ZonaDocs: http://zonadocs.mx/especiales/Mujeres-y-tortura-en-Jalisco

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EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!

Carlos Joaquín La omisión es cómplice de los feminicidios.
Exigimos justicia!!
Este fin de semana, la impunidad se ha llevado dos hermanas más en el Estado de Quintana Roo.
El caso de Tulum a manos de la policía y su abuso de poder.
Y en el caso de Holbox a manos de la impunidad y hermetismo machista que viven en la isla.
En el Estado las autoridades se preocupan más por el turismo que por la seguridad del pueblo.

EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!
Y QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO!!!

En Tulum, Holbox y en el Estado completo constantemente vivimos violentadas por los cuerpos policiales y no es la primera vez q una mujer es víctima de su violencia.

Esta vez se llevaron la vida de una mujer a plena luz del día.
La mujer pidió ayuda en reiteradas oportunidades por no poder respirar y la policía siguió ejerciendo fuerza sobre el cuerpo hasta quitarle la vida.

Victor Mas Tah y Nivardo Mena Villanueva , los hacemos responsable de lo sucedido y exigimos respuestas.

Que los responsables sean nombrados públicamente y eliminados de sus cargos con la pena por los delitos correspondientes y exigimos toda la atención y debida diligencia en la investigación para encontrar a los responsables del asesinato de nuestra hermana.

BASTA DE IMPUNIDAD

(Foto de portada vía Defensoras Digitales Quintana Roo/Comunicado vía https://www.facebook.com/MareaVerdeQuintanaRoo/)

Texto y fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- “Toda la noche y Palacio Nacional no alcanzan para nombrar a las mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas”. Así lo dijo una madre que se unió a la convocatoria que realizó el colectivo AntiMonumenta para realizar una velada frente a Palacio Nacional.

Aproximadamente 60 madres de Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Ciudad de México compartieron sus historias y recordaron a sus hijas víctimas de violencia en la fría velada que duró 12 horas, de seis de la tarde a las seis de la mañana de este lunes.

Andrea Soto, madre de Verónica Soto Hernandez, se acercó a la valla para amarrar una cruz junto a la lona con la foto de su hija. La chica tenía 22 años cuando la asesinaron el 1 de noviembre del 2019 en Naucalpan, Estado de México. Fue a una fiesta de disfraces con una amiga y nunca regresó. Al día siguiente, alguien avisó a la señora Andrea que su hija estaba en el Semefo de Naucalpan.

Una a una comenzaron a compartir sus testimonios frente a otras madres. Al finalizar, se gritaban: “no estás sola”.

La señora Soto cuenta que no le dan ganas de salir de su cama. Pero en esta ocasión decidió acudir al llamado para sentir que está haciendo algo para exigir justicia para su hija. Ella cree que las autoridades se justifican en la pandemia para no continuar trabajando en las investigaciones que den alguna pista más sobre el asesinato de su hija.

Acompañada por su hijo, Andrea Soto reunió fuerzas para pasar frente a las demás madres y narrar con voz entrecortada y haciendo constantes pausas los hechos que conoce y sobre los que exige se investigue más. También recordó amorosamente lo buena mujer que era su hija y el trabajo que le ha costado seguir viviendo desde que la perdió.

Muchas de las madres acudieron para seguir visibilizando los casos de sus hijas y exigir verdad y justicia, “Yo no tengo dinero, no tengo influencias, no puedo ofrecer recompensa”, expresa la señora Soto con los ojos cristalizados. A 17 meses del asesinato de su hija siente que tiene que hacer algo para ser escuchada y la ayuden a conocer la verdad.

“Yo no le tengo fe al presidente”, expresa con ahínco y dolor la madre de la joven enfermera, dice no saber quién paga ese evento pero a ella no le pidieron ni un peso; agradece que se realicen porque si no quién las escucharía.

“Espero ver llegar la justicia para mi hija pero si muero en el intento pienso que seguirá mi hijo por mí”. Lo dice porque ha conocido algunas historias de lucha que llevan 7, 10 o más años y ella no cree aguantar tanto.

Las madres fueron acompañadas por algunos otros familiares que aguantaron junto a ellas el frío de la larga noche y que en breves momentos se calentaban el alma cuando recibían un fuerte abrazo de otra madre que comparte y entiende su dolor, por esa noche se acompañaron y retomaron un poco de fuerza para continuar su caminar de exigencia solas.

BOLETIN DE PRENSA

Ciudad de México 30 de marzo de 2021.

REPUDIAMOS LA VICTIMIZACIÓN DE LA VÍCTIMA

DENUNCIAMOS LA DISCRIMINACIÓN Y DESPRECIO CON LA QUE FUERON ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES

NUESTRA COMPAÑERITA MARICELA, EN SU DESAPARICIÓN NO LE FUERON APLICADOS LOS “PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA¨ COMO INFORMA LA FGJCDMX

CONDENAMOS LAS FILTRACIONES QUER HACE LA FGJ CDMX

EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA PARA MARICELA ESCORZA SALINAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE NOS ACOMPAÑAN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI-CIG
PRESENTE.

Por este medio frente a la victimización de la víctima, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Durante la noche del 21 de marzo de 2021, Maricela Escorza Salinas integrante de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, no regresó al campamento que mantiene instalado la comunidad en la calle de Roma 18, Colonia Juárez, CDMX, por lo que su familia acudió a la Agencia del Ministerio Público identificada como CUH-2 a denunciar su desaparición.
Dentro del esquema de “búsqueda” de escritorio que generalmente utilizan las autoridades frente a la desaparición de una persona, el día 26 de marzo de 2021, el MP investigador requirió la implementación de la correspondiente Alerta Amber, dado la minoría de edad de Maricela, siendo el caso que los encargados de dicha Alerta, pusieron en conocimiento del Ministerio Público -y este a su vez de la familia que en el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México se encontraba un cadáver con las características de la víctima, por lo que sugerían la identificación del mismo.

Es el caso que al acudir la familia al INCIFO con el fin de identificar los restos que ahí se encontraban, el personal de dicha instancia, solo les permitió verlos a través de una vitrina, lo que impidió un reconocimiento optimo sobre si efectivamente se trataba de Maricela. Cabe hacer mención que en el momento de dicha diligencia, el personal de dicho Instituto fue insistente en que la familia diera la identificación como positiva, a lo que la familia requirió que se practicaran pruebas científicas, ante lo que hubo una pertinaz negativa por parte del referido personal. Posteriormente la familia requirió que les pusiera a la vista la ropa de la persona que yacía en dicho lugar y que presuntamente se trataba de Maricela, sin embargo se les informó que esos objetos se encontraban en el hospital, y que lamentablemente “los Drs. Siempre tiran la ropa”, “incluso les pidieron no se ofendieran, ya que siempre hacen eso”, finalmente y a manera de burla les informaron que, esos objetos se encontraban en la en la Agencia del Ministerio Público que llevaba la investigación por homicidio, misma que se identifica como CUH-6.

Al acudir la familia a la señalada Agencia del Ministerio Publico (CUH-6), personal de la misma confirmó que en dicha instancia se llevaba la Carpeta de Investigación relativa a un homicidio cometido en tránsito de vehículos, por atropellamiento (hoy sabemos que dicha Carpeta se identifica con el número CI-FICUH/CUH-6/UI1S/D/294/03-2021), en agravio de una persona del sexo femenino y sobre hechos ocurridos en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma. Resulta que la familia al requerir al personal de dicha Agencia del MP sobre la ropa de la persona atropellada, recibió como respuesta que esta no se encontraba en dicho lugar, sino que se “había quedado en el hospital” donde presuntamente se le atendió y que fue en el Hospital General de Iztapalapa del Gobierno de la CDMX.

Ahora bien, ante la desesperación de la familia y también ante la firme sospecha de que las autoridades encargadas de la investigación sobre la desaparición de Maricela, dejaran de llevarla a cabo a consecuencia del hallazgo de los restos ya referidos, organizaciones, colectivos y personas solidarias con la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, llevaron a cabo desde la noche del 26 de marzo de 2021, una difusión en redes sociales para su búsqueda y localización. También organizaciones de Derechos Humanos, realizaron gestiones ante las autoridades de la FGJCDMX, con el fin de que se le brindara a la familia mayores elementos de identificación de los restos y en tanto ello ocurría, se mantuvieran las investigaciones relativas a su desaparición.

De lo anterior el día domingo 28 de marzo de 2021, la familia pudo tener acceso a los videos del C5 a partir de lo cual vieron los hechos ocurridos en Bucareli y Paseo de la Reforma, en los cuales lograron apreciar el atropellamiento de una persona y de manera indiciaria la madre de Maricela, logró identificarla. Además de lo anterior y a consecuencia de las mismas gestiones referidas en el párrafo anterior, nuevamente tuvieron acceso a los restos en el INCIFO, sin embargo otra vez la familia no pudo identificarlos como los correspondientes a Maricela, ello debido al estado en que se encuentran. Ante esto, la familia solicitó la práctica de pruebas científicas de confronta (perfil genético), para lograr la identificación plena, siendo que les fueron tomadas muestras, al mismo tiempo que con sorna se les indico por parte de las autoridades que los resultados podrían tardar hasta un año en entregarlos. Argumentaron las autoridades, que obtener los resultados rápidamente, sería una cuestión de suerte”

En este punto cabe hacer la aclaración de que la familia no solicitó la entrega de los restos, hasta en tanto se lograra la plena identificación, en consecuencia tenemos conocimiento que no se ha llevado, ni iniciado ninguna diligencia al respecto, pues, reiteramos, se dejó claro que se estaría a la espera de los resultados de las pruebas científicas de confronta.

Resulta que el día de ayer 29 de marzo de 2021, corrieron varias notas en medios de comunicación relativas al caso de nuestra compañera Maricela Escorza Salinas, en las cuales coinciden tres elementos que nos generaron muchas sospechas y que consideramos graves, los cuales son:

a) Refieren las notas, que la información en que se sustentan, provienen de “fuentes de la Fiscalía”, refiriéndose a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

b) Se señala en dichas notas que Maricela fue localizada sin vida y con “graves signos de violencia” y que debido a ello se habían instaurado los protocolos de investigación para el delito de Feminicidio.

c) También se indica que el día 29 de marzo de 2021, fueron entregados los restos a sus familiares.

d) Comparan los hechos en los que Maricela perdió la vida, con los ocurridos con comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México, particularmente en lo ocurrido en noviembre pasado, en los que fueron localizados sin vida y destazados los menores de origen mazahua Alan Yair (12) y Héctor Efraín (14), en calles del Centro Histórico.

e) Toda esta información se filtró a Excélsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso del día de ayer.

Ante estas versiones que han circulado en medios de comunicación, consideramos pertinente tomar las calles y acudir a esta Fiscalía, para obtener respuestas directas de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no sin antes CONDENAR ENÉRGICAMENTE el esquema de filtraciones que sistemáticamente se presenta en casos de alto impacto proveniente de esta Fiscalía, pues ello afecta los casos y las investigaciones, a la vez de que revictimiza a las víctimas y sus familias y además genera dudas y suspicacias en la opinión pública, sobre todo si consideramos que en este caso en particular afecta a la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, que constantemente es presa del desprecio y la discriminación por parte de las autoridades tanto federales, como del Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, hoy venimos a preguntarle a Ernestina Godoy lo siguiente:

1.- ¿Cuál es realmente la investigación que la Fiscalía está siguiendo para el caso de Maricela Escorza Salinas?

2.- ¿Cuál es el resultado de la pruebas científicas de confronta (perfil genético) para lograr una identificación plena de los restos que se encuentran en el INCIFO?

3.- ¿Por qué “fuentes” de la Fiscalía aluden a la investigación con protocolos para feminicidio en el caso de Maricela Escorza Salinas?

4.- ¿Hay algún responsable detenido relacionado al atropellamiento ocurrido en la noche del 21 de marzo de 2021 en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli?

5. ¿A nombre de quien responde la propiedad del Vehículo?, ¿pueden informarnos algo al respecto?

6.- ¿Se mantiene abierta la investigación de búsqueda y localización de Maricela y que líneas se siguen al respecto?

Para la Comunidad Indígena Otomí es crucial obtener respuestas, sobre todo porque tenemos conocimiento que de los hechos relativos al atropellamiento ya referido, existe un vehículo bajo resguardo de la Fiscalía y que es precisamente un auto de la marca Chevrolet, Tipo Aveo, Color Blanco, con número de placas P71BEP (Ciudad de México) y que el esquema de filtraciones respecto al feminicidio, así como las posibles omisiones en la búsqueda y localización de Maricela, correspondan a un probable encubrimiento para quien conducía ese vehículo o a actos tendientes a desviar la atención sobre un acto grave de violencia de género.

Atentamente.
DESDE LA TOMA DEL INPI
FAMILIARES DE MARICELA ESCORZA SALINAS
COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO

De acuerdo con el Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB), este jueves 25 de marzo se registraron varias denuncias por medio de videos sobre la ruptura de la principal presa de relaves mineros de oro en Maranhão, Brasil. Esta presa pertenece a la minera Aurizona del grupo privado canadiense Equinox Gold, que explota la mayor reserva de de oro de Brasil y una de las principales del mundo.

Los residentes registraron el momento en que una de las presas de Aurizona se rompió, se desbordó e invadió el depósito de agua de donde se recolectaba el sistema de suministro de agua de la ciudad.

De acuerdo con datos oficiales de 2019, esta zona tiene reservas de 750.000 toneladas de oro almacenadas en minas.

La minera se posicionó en una nota minimizando el problema y afirmando que no hubo una ruptura de la presa, sino que el sistema de drenaje de MASA S / A (Mineração Aurizona), estaba averiada.

Las familias dicen que, debido a la contaminación de minerales en el río, ya se encuentran sin acceso a agua potable.

“La contaminación de minerales de este tipo en los cuerpos de agua puede ocasionar una serie de impactos sociales y ambientales en la vida de la población afectada, como la ocurrencia de varias enfermedades, además del aumento de la pobreza y la desigualdad social, como ocurrió en Brumadinho , Minas Gerais”, denuncia en un boletín el MAB.

El MAB también denunció que, “en 2018 hubo un deslave de desechos estériles, provocado por la explosión de dinamita y unas cuatro mil personas resultaron afectadas, quedando aisladas”.

El MAB ha catalogado este evento como “un delito socioambiental más” que han provocado las transnacionales mineras en Brasil.

Además han alertado que esta situación no puede continuar así para la población. “Las represas mineras, hidroeléctricas y de agua en Brasil no pueden seguir representando inseguridad, miedo y violencia para la población que vive cerca”