Desde principios del mes de mayo, “La Montaña”, un navío en el cual viajan cuatro mujeres, dos hombres y una otroa, el Escuadrón 421, está surcando el Océano Atlántico, rumbo a las costas europeas dónde está previsto que llegue a mediados del mes de junio. Su objetivo: recorrer este continente que llamamos Europa, un primer paso al que seguirán otros en otras geografías, “buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”.
Desde nuestras geografías, territorios y espacios, les reiteramos la invitación a llegar a Europa, a visitarnos, a encontrarnos en estas tierras que no son solo las del capital salvaje y transnacional, sino que es el lugar desde donde luchamos, desde abajo y a la izquierda, para conseguir que la vida, y por lo tanto, el mundo, sea un lugar digno donde vivir.
En este año en el que se cumplen 20 de la Marcha del Color de la Tierra, que los zapatistas realizaron junto al Congreso Nacional Indígena, reclamando un lugar en esa Nación que los ignora, van a volver a navegar y caminar para encontrarse con otros, con otras, con otroas, para encontrarnos y decir bien alto que frente a la destrucción del planeta, una montaña navega la madrugada y en esa montaña viaja también nuestro corazón colectivo.
Desde nuestros territorios y pequeños espacios de lucha, esperamos con impaciencia la llegada de los y las zapatistas, portador@s del virus de la resistencia y la rebeldía, como ellos mismos dicen, su llegada a cualquier puerto del Atlántico, en este viaje por la vida en el que confiamos se rompan las fronteras, visibles y simbólicas.
Pensando en sus pasajeros, como debe de ser, el capitán Ludwig recomendó salir el día 2 en la tarde. El oleaje previsto para el día 3 iba a hacer sufrir a l@s noveles mariner@s más de la cuenta. Por eso el capitán propuso adelantar la salida para las 1600 horas del segundo día del quinto mes.
El Subcomandante Insurgente Moisés le escuchó con atención y estuvo de acuerdo. Así que, ahora que se acostumbra usar la palabra “histórico” para cualquier cosa, es la primera vez que el zapatismo realiza algo programado antes de lo anunciado (por lo regular nos colgamos y empezamos tarde). Ergo: es algo histórico en el zapatismo.
Salió entonces el Escuadrón 421 a las 16:11:30 del día 2 de mayo del año 2021. Aquí les presentamos dos informes distintos sobre el mismo tramo de navegación.
Informe del Escuadrón 421 al Alto Mando Zapatista: Itinerario del navío La Montaña. Las horas están dadas en la hora oficial de la Ciudad de México, México (UTC -5).
Día 2 de mayo del 2021. A las 16:11:30, La Montaña inició su travesía a una velocidad aproximada de 4 nudos (1 nudo = 1.852 km/h). A las 16:21:30 tomó rumbo sur sureste y, a las 17:23:04, La Montaña inició una suave curva hacia el oriente. A las 17:24:13 comenzó las maniobras para desplegar todo su velamen. La tripulación, con el apoyo del Escuadrón 421, fue izando las velas. A las 17:34 continuó el viraje y enfiló hacia el Este. Completó la curva a las 17:41, teniendo al norte la punta sur de Isla Mujeres. A esa hora tomó rumbo Noreste, en dirección al Primer territorio libre de América: Cuba. Con el viento a su favor, La Montaña mantuvo velocidades entre los 8 y 9 nudos. A las 23:01, al entrar al llamado “Canal de Yucatán”, su velocidad era de 6 nudos.
3 de mayo. Madrugada.
A las 01:42 con velocidad de 8 nudos, La Montaña se acerca a las costas de Cuba. Referencia: el Cabo de San Antonio. A las 08:18:00, a unas millas al sur del Faro Roncali, pone rumbo al sureste. Velocidad: 5 nudos. A las 10:35:30 da un giro al Nor-norEste. La velocidad sube a 7 y 8 nudos y ráfagas de viento maltratan el velamen. A unas millas al suroeste de Cabo Corrientes, el Capitán decide entrar a la bahía del mismo nombre. A las 13:55 bordea, por la izquierda, Punta Caimán. El 3 de mayo, a las 14:25:15, el Capitán decide fondear frente al poblado cubano llamado “María la Gorda”; latitud 21.8225; longitud: 84.4987; para reparar el velamen afectado y esperar a que el viento amaine.
El día 4 de mayo del 2021, a las 16:55:30, La Montaña reinicia su navegar, ahora con rumbo Oeste-SurOeste, con velocidad de 6 nudos. A las 17:45:30, a la altura del Cabo Corrientes, toma rumbo Sur-Sureste. A las 19:05:30 gira para enrumbar al Este-Noreste.
A las 00:16:15 del 5 de mayo, La Montaña navega a 7-8 nudos. A las 04:56:30, teniendo al norte Cayo Real y Cayo del Perro, el motovelero enrumba a Sur-Sureste. Frente a la costa occidental de la Isla de la Juventud, dibuja dos “Z” sucesivas y a las 12:07:00 navega en paralelo a la costa sur de la mencionada isla, con 5 nudos y en dirección Este. El último reporte recibido es de las 23:16:45 del 5 de mayo: 6-7 nudos con dirección al Este. Se dirige hacia la ciudad y puerto cubano de Cienfuegos, para llegar ahí en el transcurso del día 6 de mayo.
En Cienfuegos, La Montaña habrá de repostar y estacionarse algunos días, para luego seguir su viaje. Se reporta que el Escuadrón 421, en su totalidad, se encuentra bien y adaptándose. Sin “gómitos” y sólo mareos leves.
*305* personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. *23* sufrieron lesiones oculares. *47* personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
*11* personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
*18* personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía _(está cifra es provisional)_.
*988* personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles.
*8* allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
Se han presentado *398* denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
“[…] íbamos marchando por la Avenida de Los Cerros, cuando empezaron a dispararnos bala, gases … desde un helicóptero también caían gases y todos comenzamos a correr hacia el barrio…”. Así narra un joven del popular Siloé de Cali la situación vivida en la noche del 3 de mayo, cuando se sumaron al alzamiento juvenil que conmociona a Colombia.
Según narra, en procura de proteger la vida se resguardan en sus viviendas o en cualquiera donde encontraban una puerta abierta; Kevin Agudelo, de escasos 19 años de edad, estudiante del Sena y quien hacía parte de la protesta, quien estaba acompañado de su novia, se resguarda en una panadería del barrio donde fue alcanzado por las balas disparadas por sus perseguidores, perdiendo de inmediato la vida.
Las voces de denuncia de los habitantes de este popular barrio caleño indican que otros dos jóvenes también fueron asesinados, pero no tienen sus nombres y la denuncia queda en manos de los organismos de derechos humanos para que la verifiquen, denuncia que indica que los heridos suman más de una decena.
La acción represiva de la policía, acompañada de unidades del ejército, sobre el grupo de jóvenes, permite visualizar que la potencia de fuego era enorme y la decisión tomada de acallar la protesta a como de lugar es evidente, disparando a diestra y siniestra, “en todo el barrio están dando bala”, como si fuera una zona de guerra, comenta uno de sus jóvenes pobladores.
En esta misma ciudad, queda registrada otra evidencia más que relevante sobre la mentalidad militarista que domina a los cuerpos armados del Estado, sin miramiento alguno con los derechos humanos (palabra que les debe sonar extraña), en la manera como “atendieron” una comisión verificadora de la situación que viven algunos de los jóvenes presos y que fueron recluidos en la estación de Fray Damián (ubicada en el centro de la ciudad). Al llegar la misma a este lugar es recibida inicialmente por un policía y luego por otros varios de sus compañeros que con insultos, amenazas, disparos e incluso una bomba aturdidora lanzada por el Esmad, les obligan a retirarse del lugar. Según los atacados lograron salir ilesos por la protección que les prestaron varios “habitantes de calle”. La comisión estaba integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Alta Comisionada de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil (como la alianza “Defender la libertad Asunto de todas), la Cut, la Arquidiócesis de Cali, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es atendida inicialmente
Ya son demasiadas las personas asesinadas y heridas en Cali por parte de las fuerzas militares y policiales.
En el 21N de 2019, Duván Villegas, joven caleño, fue atacado por la policía con arma de fuego por la espalda, lo que lo dejó en silla de ruedas. A pesar de este duro golpe, Duván vuelve a las calles, nos inspira para seguir la lucha y nos deja un mensaje de unión, fuerza, resistencia y cuidado individual y colectivo, para poder seguir luchando.
A ustedes hermanas y hermanos que sin vacilar luchan por un país mejor, a ustedes guardianes de la libertad y la vida, a ustedes que cayeron resistiendo, todo nuestro amor y reconocimiento, siempre les llevaremos en el corazón, nunca les olvidaremos.
¡Seguiremos luchando por el país que queremos! ¡Seguiremos luchando por la vida! Cuidémonos entre todxs… paremos la economía en el día y protejamos la vida en las noches, para poder seguir luchando y lograr la transformación.
Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.
“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3).
“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.
Linda Criollo
Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.”
Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”
Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”.
Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.
Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.
El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.
En medio del tercer pico de contagios, que agudizó el número de víctimas en Colombia por la pandemia del covid-19, miles de personas están acudiendo a las calles en diversas ciudades del país, desde el 28 de abril. Las protestas siguen, así como la brutal represión del gobierno de Iván Duque.
¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
Sumado a esto se presenta la negativa del gobierno de Ivan Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan, esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como “Ingreso Solidario” recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. “Ingreso Solidario” que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.
Esto no es nuevo, desde hace décadas que la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia.
Sin embargo, el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.
Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y el gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida, en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.
Si la reforma tributaria nos arruina, la reforma a la salud nos mata
Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país y, por tanto, el futuro de millones de personas, son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos, legislan a favor de intereses Norte Americanos, Europeos y Asiáticos, legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos, legislan para repetirse en el poder nacional y local.
Una conducta que ilustra esto es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo, cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que, por estos días, aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimen y asesinan manifestantes que se alzan en paro nacional contra la reforma tributaria.
Una reforma a la salud que, a todas luces es peor que el mismo covid-19, básicamente es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.
Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, maestros, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente.
Histórico de conflicto empeora con la pandemia
A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016, el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del Expresidente Álvaro Uribe y del actual Presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país.
A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de la firma de los acuerdos, el avance de su implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto como, por ejemplo, el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.
Esta desigualdad, que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas. Las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas.
La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.
Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos Presentados por la fuerza pública como muertes en combate, ascienden a la cifra de 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Véles. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo, porque Colombia perdió el miedo.
Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque, se propuso por todos los medios, humanos e inhumanos, destruir la paz y lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.
El Informe de Riesgos Globales 2021 publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a la sociedad contemporánea en el marco de un «futuro fracturado». Este escenario, en lo más inmediato, conjuga cinco grandes rupturas que se agudizan con la llegada del Covid-19: las barreras a la inclusión digital, el descontento de la juventud en medio de una era de pérdida de oportunidades, las tensiones internacionales de las potencias medias, las problemáticas económicas que generan los mercados y la deficiente acción contra el cambio climático. En síntesis, el Informe ve a la sociedad contemporánea como una hiperfractura, como un hueso roto en varios pedazos que requiere una intervención sinérgica.
Colombia no se escapa de esa contexto y prueba de ello han sido las movilizaciones iniciadas el pasado 28 de abril por los diferentes sectores sociales, con especial participación de los jóvenes, que respondieron a una reforma fiscal que buscaba sanear las finanzas del Estado golpeadas por la pandemia y presentar viabilidad económica para solicitar crédito externo a costas de la clase media y los más pobres. Aún no sabemos que tipo de reforma se elaborará en las próximas semanas después de haber sido retirada del congreso por la presión social. Lo que si es cierto es que los jóvenes han sido los protagonistas y no precisamente por una rebeldía injustificada, sino por una desilusión que refleja la erosión de la cohesión social.
Esta «generación cicatrizada» enfrentó la crisis del 2008 recibiendo estímulos insuficientes para recuperar lo perdido y ha visto los límites de la educación como canal de movilidad social debido a las medidas de austeridad desplazándolos a trabajos precarios. El Covid ha golpeado a más del 30% de la población estudiantil que carece de tecnologías para participar en el aprendizaje digital y ha sacado al 80% de los jóvenes en el mundo de sus centros de estudio, lo cual ha traído un incremento del estrés, la violencia de género y los embarazos en adolescentes.
El camino turbulento que le espera a los «pandemials» se agudiza para aquellos que se encuentran en la etapa de estudios secundarios o técnicos y corren el riesgo de convertirse en la primera generación doblemente perdida del siglo XXI. Estos jóvenes deben decidir entre terminar sus estudios o buscar el sustento exponiéndose a perder por completo la educación, y también enfrentan el rápido cambio de los mercados de trabajo que obligan a adquirir nuevas habilidades a través del endeudamiento educativo, lo cual complica consolidar un capital económico y ascender socialmente.
Por otro lado, el aumento del desempleo ha crecido globalmente desde 2008 y en Colombia hoy la cifra se ubica en el 23.9% para los jóvenes, lo que se explica en las débiles transformaciones estructurales que han fallado ampliamente en reducir el desempleo y los ejemplos pasan por los contratos de prestación de servicios, las malas condiciones de las pasantías, el déficit de oportunidades y el elevado número de jóvenes en el mercado informal que saltan entre trabajos a corto plazo y mal pagados. A lo anterior se agrega, la pérdida de empleos por la automatización y la cuarta revolución industrial.
Propio para el caso colombiano, es que la desilusión juvenil hunde sus raíces en una esperanza de paz que le ha sido arrebatada por la extrema derecha haciendo trizas los acuerdos, exponiéndolos a ser reclutados por grupos armados irregulares y fomentando un nuevo ciclo de violencia.
Inspirada en todos estos elementos, la juventud ha incrementado su participación política y expresado su rabia, decepción y pesimismo en las calles y en el ciberespacio. En este sentido las protestas multitudinarias de los jóvenes, como la del 21 de noviembre de 2019 o la del pasado 28 de abril, encarnan un sentimiento de creciente traición por la generación en el poder, que no ha hecho lo suficiente frente a la justicia social y climática, el cambio político y la corrupción. En Colombia se desaparecen por esto último, 50 BILLONES DE PESOS AL AÑO, un monto que significa dos veces los recursos que pretendía recaudar la mencionada reforma.
La recuperación de los «pandemials» debe tener en su centro la adaptación del sistema político y económico global para satisfacer las necesidades de la juventud y minimizar el riesgo de perder una generación, lo que en el corto plazo corresponde a invertir en educación, asegurar esquemas de protección social, cerrar la brecha de género y sanear los problemas de salud mental. En el largo plazo corresponde establecer una sociedad igualitaria, equitativa y sostenible, y hacer que existan canales donde las voces de la juventud puedan ser escuchadas en todos los niveles de gobierno, en la dirección de las empresas y en las organizaciones multilaterales.
Una renta básica para los menos favorecidos no es querer convertir a Colombia en Venezuela, manifestarse y oponerse a las reformas perjudiciales para la mayoría de los trabajadores no es terrorismo y no justifica barrer a la juventud inconforme a tiros y muchos menos cuando las fuerzas alternativas ejercen oposición no son culpables del mal gobierno ni fomentan la lucha de clases. Lo que pasa es que la sociedad esta fracturada y la juventud ni ve futuro, ni aguanta más.
Este medio día en la Glorieta de Siloé, Cali, colectivxs y organizaciones en Defensa de Derechos Humanos denunciaron y le pidieron al mundo entero que difunda lo que está pasando: que al pueblo de Cali le están tirando a matar. El Estado Colombiano ha reaccionado con un trato militar al estallido y la movilización popular pacífica, y ahora mismo mantiene cercado al pueblo Caleño, pues estas organizaciones resaltan que no se permite a las ambulancias apoyar a lxs heridxs, además de que periodistas y observadores y defensorxs de derechos humanos también han comenzado a ser atacadxs. Por todo ello, estas organizaciones llaman al desmantelamiento del ESMAD; y al mundo entero le piden estar atento, difundir las masacres perpretadas en estos días por el Estado Colombiano y exigir su cese inmediato.
Comunicado Público ante la Comunidad Nacional e Internacional
Bogotá-Colombia, 2 de mayo de 2021
NO A LA “ASISTENCIA MILITAR” DECRETADA POR EL PRESIDENTE, IVÁN DUQUE, EN LAS CIUDADES QUE ESTÁN EJERCIENDO SU LEGÍTIMO DERECHO
A LA PROTESTA
En el marco de las movilizaciones que se adelantan en diferentes ciudades del país desde el
28 de abril en contra de la reforma tributaria presentada por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nombrada por el gobierno como “Ley de Solidaridad Sostenible” el pueblo colombiano decidió manifestarse en plena pandemia porque no tiene más, porque sus bolsillos están desocupados, porque el Gobierno colombiano no ha sido “solidario” con los y las colombianas, porque nos han quitado todo, hasta la vida.
Respaldamos y acompañamos el ejercicio de los derechos de la ciudadanía que ante un nuevo intento de represión se manifiesta en las calles con gritos de indignación, cacerolazos, arte, música y resistencia esperando ser escuchada. Sin embargo, lo que se ha recibido en respuesta del gobierno indolente y mezquino ha sido la arremetida de sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ESMAD; que no basta con la histórica inhumanidad de sus prácticas, sino que en medio de una crisis sanitaria, el Presidente Ivan Duque realizó una inversión desmesurada de 14 billones de pesos en armamento militar; y mantiene en ALERTA ROJA a manifestantes de todo el país, con la reciente orden presidencial de activar el mecanismo de “Asistencia Militar” para contener a quienes salen a las calles, y que se traduce en la militarización de las ciudades y territorios donde la gente está ejerciendo su legítimo derecho fundamental a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la protesta pacífica. Desde el pasado 28 de abril y con la dignidad como bandera:
No ha cesado la horrible noche, ¡El Estado colombiano le ha declarado la guerra a un pueblo desarmado!
Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del presidente Iván Duque como máxima autoridad de las fuerzas militares, de todos los asesinatos, violaciones, desapariciones, detenciones irregulares, y demás vulneraciones a los derechos de los y las manifestantes en los distintos territorios donde entre en rigor la figura de asistencia militar.
¡Nos declaramos en Estado de Alerta! por abuso de autoridad y represión policial. Entre el 28 de abril y el 1 de mayo, según la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, se han reportado 21 asesinatos, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en Género, 208 personas heridas,
18 de ellas con lesiones oculares, 503 detenciones, y 42 abusos y agresiones a defensoras y defensores de DDHH. Por su parte, la Organización Temblores, registró, a través de la plataforma GRITA, al menos 940 casos de violencia policial, que incluyen 92 víctimas de violencia física, 672 detenciones arbitrarias, 136 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 30 casos de disparos con armas de fuego contra las y los manifestantes, así como el asesinato de al menos 8 personas, casos que se encuentran en proceso de verificación y esclarecimiento.
Sumando a lo anterior, la Fundación Lazos de Dignidad mediante el registro nacional de agresión al derecho a la protesta social: Cuidemonos mientras luchamos, denunció las lesiones ocasionadas a una defensora de derechos humanos de la Red Popular de Derechos Humanos Redhus el 28 de abril, así como las agresiones directas de las que fueron objeto defensores y defensoras de derechos humanos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios quienes le dispararon directamente al cuerpo impidiéndoles de esta manera desarrollar su labor.
Finalmente, rechazamos las amenazas directas de las que han sido objeto defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país, entre ellas una de las integrantes de las organizaciones firmantes.
Ante la preocupante situación que vive el país hacemos un llamado urgente a la Comunidad Internacional, no sólo para visibilizar las numerosas vulneraciones a los Derechos Humanos en Colombia; sino para que se presione al gobierno colombiano a actuar en derecho y prevenir una dictadura como la que se avecina; exigir las garantías para la vida de los y las manifestantes, los y las defensoras de derechos humanos, la prensa y la ciudadanía en pleno; y demandar el desmonte de la figura de asistencia militar en todo el territorio nacional.
¡Si nos violan, asesinan o desaparecen, fue el Estado!
Sigue los siguientes links para firmar este comunicado en Inglés, Francés y Portugués:
El presidente de Colombia, Iván Duque, en un mensaje en vivo el domingo, 2 de mayo, pidió que el Congreso retire el proyecto de reforma tributaria, que pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos tienen, y que desató protestas en todo el país, desde el 28 de abril.
Sin embargo, las protestas continúan, especialmente en Cali, el epicentro de las movilizaciones, porque el hundido proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’, que incluye la privatización de la salud.
Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Un año después de las primeras cuarentenas, el gobierno propuso una reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración.
No hubo líderes que convocaran, sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, los amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se autoconvocaran por redes sociales, hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad, forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale.
Así fue el primer día, 28 de abril, jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.
El gobierno también tiene experiencia, una experiencia criminal y paramilitar, comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes, que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles, ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado.
En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano, y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am esta medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.
Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos (asesinato, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros).
Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial “GRITA”, se han reportado hasta las 11:00 pm del 1 de mayo: 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.
Cali: La Capital de la Resistencia
La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia. Se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.
Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día, haciendo eco a la frase de “siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla”, se han vivido días intensos de resistencia en, por lo menos, 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.
Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:
#28A 28 de abril, 2021
8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.
#29A 29 de abril, 2021
Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado “Puerto Resistencia”.
106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
#30A 30 de abril, 2021
En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.
#1M 1 de mayo, 2021
Sobre la jornada del día de ayer no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de “Asistencia Militar”. Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.
Política de guerra para la protesta social
Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, ya que parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares).
Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto público en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto público en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.
Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país. Era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). A lo largo de su accionar ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.
Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo, y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares), para fortalecer esta fuerza de represión, así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares), en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.
Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional, por eso el presidente de la república Iván Duque, en diversos medios el día 1 de mayo de 2021, tomó la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran “Asistencia Militar”, una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la practica la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones, ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente tienen un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.
