Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã
Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.
Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.
“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.
Fuego
Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.
Durante la presente jornada se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, resultando maquinarias e instalaciones destruídas avaluadas en doscientos millones de pesos según la organización mapuche. A continuación compartimos comunicado enviado a la radio.
Wallmapu, 01 de diciembre.
«Con pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos ,se vieron afectadas empresas contratistas forestales ,en ataques simultáneos durante la madrugada de este miércoles, perpetrados por la Organización mapuche armada WEICHAN AUKA MAPU.
El primer ataque tuvo lugar en la comuna de Toltén, específicamente en el fundo Lumahue, propiedad de forestal ARAUCO, donde un grupo de weichafes procedió a encender una torre de madereo, un procesador, un rodillo de tramas y un comedor para los trabajadores forestales.
Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.
Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.
En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.
El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.
Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha German y Abraham Lopez Montejo de la organización La Verdadera Voz Del Amate, tras recibir humillaciones y falta de atención a sus peticiones por parte de la autoridades. Parte de esas peticiones es por miedo a ser agredidos por otros presos que se encuentran en la misma área que ellos.
CERSS 5 San Cristóbal de las Casas Chiapas
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
A la Sociedad Civil nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Consejo Indígena de Gobierno.
A los medios de comunicación.
Al pueblo de México y del mundo.
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.
A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.
Al Frayba
Sacamos un comunicado contra este centro de reclusión por parte de la organización La Verdadera voz del Amate, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
Presos en lucha en el CERSS 5 San Cristobal de las Casas, Chiapas.
Antes de todo pues aquí donde nos encontramos privados de la libertad, un lugar donde estamos pasando de las peores amenazas, hostigamiento e ignorancia de las autoridades. Aquí donde nos encontramos en el Area Verde conocido como Área de Encamados los otros directores que han pasado saben que nosotros no somos pleiteros, siempre hemos respetado al señor director y su alcaide y sus elementos. Como nos miran así, aprovechan nuestra humildad, cuando pedimos un dialogo con ellos cuando hay un detalle o un mal entendido nos dicen que si pasan los días no hacen nada. Los oficios que giramos con él como si fuera hoja en blanco y se les olvida.
La vez pasada le dijimos al director nosotros queremos estar tranquilos con otros compañeros indígenas, nos entendemos por ser indígenas que nos humillan mucho por ser humildes. El 19 de noviembre hubo un mal entendido con el contador encargado de este centro de nombre Giovani Ramos Morales en la mañana del día 19 tuvimos llamando al encargado del agua purificada donde nos dan el agua, nunca se acerco, lo llamamos al contador nos dijo porqué no comparamos el agua. Subió molesto como lo dijimos que el centro tiene la obligación de darnos agua o cualquier apoyo. Nosotros valemos igual como la gente mestiza, así como las autoridades, también tenemos derecho de recibir apoyo del Centro Penitenciario.
Es mismo día 19 de noviembre ingreso un interno recién trasladado y puesto en nuestra misma área, ese interno ya quiere mandar de nombre Gerardo miembro de una pandilla, como fue vocero encargado en el interior por eso se siente carbón y muy alzado, es uno de los que comenzó el pleito en el pasado donde hubo dos muertos. En esa vez y aquí no respeta, por lo mismo cuando fue vocero también le quitaron todas sus pertenencias al compañero Arbelino Sanchez. Ya fuimos hablar con el alcaide no nos hizo caso ese día 19 de noviembre, subió el alcaide de nombre Pablo Mendoza Morales le explicamos como esta el problema con esto, nos dijo que ya no tiene lugar donde hubicarlo, pero también nos dijo que hagan lo que quieran pues a el no le perjudica en nada. No dijo que si quieren rompan la madre, nos dijo que no le importa si nos pasa algo. Como marca la ley de los códigos penales las autoridades tienen la obligación, para proteger y promover el respeto y garantizar los derechos humanos como le dijimos si nos pasa algo el es el responsable pues es quien puede resolver ese problema hasta yo se el director de este Centro tiene su obligación este problema. No es la primera vez, la vez pasada el director también nos ignoro, nos humillo por ser gente indígena. No cumplio el director con lo que dijo la persona que nos estaba molestando la vez pasada aquí sigue ahora aquí andan dos hombres Romeo Isabel Oropeza Urbina y Gerardo esas dos personas que ya quieren mandar y se van adueñar de todo si no los cambian de lugar, esos dos pues nosotros vamos a salir en ese lugar porque ya estamos cansados de tanta humillación de estas personas, nosotros respetamos el acta de acuerdo si el director quiere romper el acuerdo esta bien tenemos que aceptar que dejaremos el lugar y regresaremos a nuestro plantón.
Nosotros solo queremos la tranquilidad y la paz, esa es mi palabra no solo a nosotros nos humilla las autoridades hay muchos internos que han pisoteado sus derechos. Ojalá que halla una solución a esos problemas y las amenazas, hostigamientos paren en el estado de Chiapas.
Gracias compañeras y compañeros.
Palabras de los presos en lucha, la organización La Verdadera Voz del Amate.
German Lopez Montejo
Abraham Lopez Montejo
Y el preso solidario
Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.
En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.
La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.
Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.
La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.
Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.
El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.
“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.
La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.
¿Contradicción?
En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.
Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.
A las y los que luchan por la vida, el Territorio y la Madre Tierra
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.
Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.
Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha-peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que, al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.
Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que se juntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano.
Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.
Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.
Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.
¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.
Atentamente
La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
GLOBAL: El planeta esta más enfermo de misoginia que de covid, mas de la mitad de las mujeres de distintos países reportó violencias machistas dentro y afuera de sus hogares. Desinformemonos.
WALLMAPU: Represión policíaca en tierras recuperadas de Lof Quemquemtreu, asesinan a un joven mapuche y hieren a otro.
CHILE: Restauración conservadora en tiempos constituyentes. Avispa Midia
CANADA: Arrestos y desalojo por parte de la policía montada contra defensores de la tierra de la Nacion Wet’suwet’en. Its Going DOwn y SubMedia.
DESDE EL OMBLIGO
LUCHA POR LA VIDA: AMLO implementa régimen de excepción para ejecutar megaproyectos y conferencia de prensa del grupo de Observación de la Caravana Migrante.
CHIAPAS: Continúan los ataques paramilitares contra comunidades autónomas zapatistas. RedTDT
JALISCO: Jalisco pasa del sexto al tercer lugar en feminicidios. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz. Zona Docs
MÉXICO: 25 de noviembre Cero Tolerancia a la violencia machista.
Exigimos alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
Alertamos sobre la agudización de las agresiones paramilitares, la criminalización de la lucha a las comunidades que resisten y se organizan desde abajo y a la emisión de decretos orientados a la imposición de los proyectos capitalistas neoliberales, implementados por el mal gobierno federal mexicano, pasando por alto los derechos humanos y sus propias leyes.
Repudiamos las agresiones perpetradas el pasado 21 de noviembre a las 10:00 horas por paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), de la comunidad San Antonio Las Flores, en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de Moisés Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y La Humanidad”.
Ese día, a las 16:30 horas aproximadamente un grupo de paramilitares llegaron a la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”, donde prendieron fuego a tres aulas. Esta escuela ya había sufrido un ataque armado el pasado 14 de octubre.
También el pasado 8 de noviembre de 2020, el mismo grupo paramilitar ORCAO secuestró y torturó a un compañero base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi.
El 14 de octubre hicieron un ataque armado en contra de la misma comunidad provocando el desplazamiento forzado de compañeros y compañeras
El 11 de septiembre de 2020 el grupo ORCAO secuestró a autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el 19 de septiembre.
El 22 de agosto de 2020 la tienda comunitaria el Arcoiris en el crucero denominado Cuxuljá fue saqueada y quemada.
Las agresiones paramilitares en contra de nuestros hermanos y hermanas, bases de apoyo del EZLN, orquestadas desde el mal gobierno de Rutilio Escandón y desde el gobierno federal, buscan debilitar la resistencia y defensa de la madre tierra que los pueblos zapatistas han mantenido, y debilitar la lucha por la vida que, desde la organización de abajo en todos los rincones de este país, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno soñamos y tejemos cada día.
Mientras en los pueblos zapatistas, con su lucha de cada día y con la construcción autónoma, dan avisos de esperanza al mundo, en los pueblos originarios vamos caminando despacio, defendiendo y sembrando autonomía, defendiendo la tierra colectiva, tejiendo la resistencia a la mercantilización de todo lo que integra nuestro territorio y a la imposición de los proyectos capitalistas, que en el mundo entero ponen en entredicho la prevalencia de la vida.
Por eso reconocemos a los pueblos zapatistas y su lucha histórica, como la esperanza de que no dejen de brotar resistencias y rebeldías en México y el mundo, que hacen nacer una luz en medio de la oscuridad capitalista y que apuestan a defender la vida colectiva.
Por eso somos uno y las comunidades zapatistas no están solas ni solos, por lo que llamamos al mundo a alzar la voz para exigir que cese la guerra en su contra, denunciando al mal gobierno y su corrupción neoliberal, que se vale de la guerra contrainsurgente, para tratar de callar el corazón colectivo que, latiendo, llama a defender la vida.
Atentamente
Noviembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
Integrantes del Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN Llegó la Hora de los Pueblos, manifestamos nuestro rechazo al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre de este año, ya que es un atropello al Estado de Derecho instaurado sobre la base de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Al hacer esto, el mencionado Acuerdo legaliza el autoritarismo al remover las regulaciones ambientales que existen para la protección de la naturaleza promoviendo la construcción de proyectos de infraestructura federal. Lo mismo hace con las regulaciones en materia de protección hídrica de cuencas y en materia de monumentos y zonas arqueológicas del patrimonio histórico de México. Por tanto, ese Acuerdo también es violatorio de los derechos de los pueblos indígenas, consignados en el artículo segundo Constitucional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al crear las condiciones para continuar con las políticas de despojo contra sus territorios.
Se trata de una des-regulación efectiva de la actividad económica público-privada en detrimento del interés social, un rasgo distintivo de los regímenes neoliberales que comenzó criticando la administración actual. Por lo tanto, desde los movimientos sociales no podemos más que observar con consternación la coronación y a la vez profundización del paradigma emprendido por las reformas de la administración de Peña Nieto, las cuales introdujeron la noción de utilidad pública prioritaria para proyectos federales que facilitó toda clase de abusos en la ejecución de grandes obras. En ese mismo tenor, sopesamos con recelo la puerta que este acuerdo abre para los atropellos de grandes contratistas federales en el presente y en administraciones federales futuras.
Por lo anterior, presentamos el 26 de noviembre ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una solicitud para que active los mecanismos legales que resulten procedentes con relación a dicho Acuerdo y las implicaciones que conlleva.
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.
Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.
El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.
El desplazamiento forzado
Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min): (Descarga aquí)
Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.
La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.
Un adolescente cuenta:
Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.
Y otro adolescente:
Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.
“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.
Una mujer cuenta:
Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.
Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?
Contexto
Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.
A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.
El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.
Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.
Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.
Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.
En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.
En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.
Intereses de fondo
Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.
Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.
En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.
Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.
Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.
Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.
A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.
Autores materiales e intelectuales
Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.
Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.
Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.
Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.
Inacción/complicidad gubernamental
Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.
De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.
El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.
Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.
El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.
El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:
A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:
El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.
El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.
