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Extranjeras construyen complejo portuario en Amazonía para exportar a EEUU, Europa y China
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Manifestación contra la participación de Deutsche Bahn en el proyecto ferroviario y portuario GPM, frente a su sede, en Berlín. 31 de mayo de 2024. Foto: Stefanie Hess.
La empresa Grão-Pará Maranhão (GPM), de capital portugués, está llevando a cabo la construcción de un complejo industrial y portuario privado – el Terminal Portuario de Alcântara (TPA) -, en la Ilha do Cajual, estado de Maranhão, nordeste de Brasil, donde viven comunidades tradicionales quilombolas – descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados-. El proyecto prevé la ocupación de casi 15 millones de metros cuadrados, equivalente a 87% de los territorios quilombolas de la región.
El objetivo es exportar productos producidos desde la selva amazónica y la sabana del cerrado, como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno, a China, Europa y EEUU.
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Desde hace ocho años, GPM avanza con el proyecto. Las comunidades impactadas sostienen que no han sido consultadas. Además, el proyecto sigue sin una evaluación de impacto ambiental.
“La construcción del puerto provocará impactos socioambientales significativos en la región, en bosques y en áreas de conservación, en ríos y en el mar [costa atlántica, que preserva el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo.], además de la expulsión de comunidades de sus territorios”, sostiene un comunicado del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), una de las 18 organizaciones que hacen parte de la Articulación Anti Proyecto Grão Pará-Maranhão (Anti GPM). La Ilha do Cajual es una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.
El proyecto prevé también la construcción de un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, que se adentraría en la región amazónica. La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
El ferrocarril, que cruzará 22 municipios de Maranhão, impactará seis comunidades indígenas (territorios oficialmente demarcados de Alto Turiacu, Akroá Gamela, Arariboia, Awa, Caru y Pindaré), dos comunidades quilombolas (Alcântara y Tanque de Valenca), así como 16 comunidades resultado de programas de reforma agraria y 22 comunidades (Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, São Bento, São Vicente Ferrer, Olinda Nova do Maranhão, Matinha, Viana, Pedro do Rosário, Penalva, Monção, Zé Doca, Governador Newton Bello, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bom Jardim, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Amarante do Maranhão, São Francisco do Brejão, Açailândia).
“Los riesgos de contaminación del aire y de las aguas, de ríos e igarapés, daños a viviendas y el aumento de riesgo de accidentes, como atropellamientos y mutilaciones, que pueden resultar en muerte, también son preocupaciones de las comunidades de la región”, informa el Cimi.
Presión Social
La organización Salva la Selva, que hace parte de la Articulación Anti-GPM, está llevando a cabo en Alemania una campaña para que la alemana Deutsche Bahn se retire del proyecto.
El 31 de mayo de 2024, organizó una manifestación frente a la sede de la empresa, en la Potsdamer Platz de Berlín, junto con la organización brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentó una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Salva la Selva, en un comunicado, sostiene que el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. “El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que ‘deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto’”.
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto.
Salva la Selva también mantiene una campaña de recaudación de firmas “para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica”. La petición está abierta desde 1 de agosto de 2024 y ya lleva más de 25 mil firmas de personas y organizaciones de todo el mundo.
Inversiones
El GPM busca actualmente inversores y préstamos para llevar a cabo el proyecto ferroviario y portuario. La embajadora de la Unión Europea (UE) en Brasil, la diplomática alemana Marian Schuegraf, confirmó, en respuesta a una consulta escrita por Salva la Selva, que su delegación se había reunido con los promotores del proyecto Grão-Pará Maranhão (GPM).
En abril de 2024, la embajadora de la UE encabezó una delegación de 19 embajadores de países de la UE al estado de Maranhão. El programa incluyó una visita al actual puerto de exportación de Itaqui, situado cerca de la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, justo enfrente de la Ilha de Cajual. La delegación de la UE también visitó el distrito de Alcântara, al que pertenece la isla donde se construirá el puerto.
En este contexto, artículos aparecidos en la prensa en Brasilsugieren que el GPM podría llegar a financiarse a través de la iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea. Dicho fondo pretende financiar hasta 2027 con 300.000 millones de euros, proyectos que resultan estratégicos para la UE en todo el mundo.
De acuerdo con un levantamiento de Salva la Selva, la página de Global Gateway dedicada a Brasil y la hoja informativa sobre el país de Global Gateway de abril de 2024 identifican cuatro “iniciativas emblemáticas”, entre ellas “Transporte multimodal y movilidad: construcción de infraestructuras portuarias y ferroviarias para reducir las carencias de infraestructuras existentes y conectar Brasil con Europa”.
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Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
Desaparición del INAI, un paso más hacia la opacidad en México
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la 119 Acción Global para exigir verdad y justicia en el caso de los normalistas desaparecidos. A un mes de cumplir una década del crimen, Fuerzas Armadas niegan compartirles información que podría llevar a conocer su paradero.
En días recientes, congresistas mexicanos están dando pasos para concretar un paquete de 18 reformas constitucionales presentado desde febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado jueves (22), mediante sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor (del partido Morena y aliados), 17 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la extinción de 7organismos autónomos.
Con ello avanza la propuesta de eliminación de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras. Destaca entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),órganismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad e institución del Estado mexicano.
El partido en el poder, Morena, argumenta que, con la eliminación de los organismos autónomos, se obtendrán recursos económicos para ser redireccionados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mientras tanto, son diversas las voces que han levantado críticas contra esta medida.
Una de ellas es del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el cual destaca que, desde su creación en el año 2014, el INAI ha sido esencial para garantizar el derecho a la información pública pues recibe hasta 300 mil solicitudes anualmente, a nivel federal. Hasta dos tercios de la información de estas solicitudes no se encontraban en fuentes públicas y, además, éstas pasan a formar parte de un repositorio en línea que cualquier persona puede consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Más importante aún, remarca el Programa, es el papel del INAI para atender quejas de inconformidad con las respuestas de las instituciones e impugnar la falta de acceso a la información de los sujetos obligados, por lo que “su desaparición sería un retroceso grave, de al menos 20 años en la garantía de la información pública”, asevera en su análisis. Esto se debe a que, si una institución niega contar con la información, o alega que está reservada, el INAI cumple con la función de impugnar la respuesta y, en su caso, ordenar la publicación de la información a favor del solicitante.
La preocupación del Programa es que, con la desaparición del INAI, cada dependencia del gobierno sería responsable de recibir y gestionar las solicitudes de información. En este punto coincide con el análisis de la organización Data Cívica, quien alega que “desaparecer el INAI implica que las mismas instituciones opacas que niegan la información decidan sus procesos de transparencia”, enfatiza en pronunciamiento difundido en redes sociales.
La propuesta de Morena pretende incorporar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, órgano con funciones de contraloría dependiente del poder ejecutivo como parte del gabinete presidencial.
Con la reciente aprobación de la Comisión, ahora se espera que el pleno del Congreso mexicano discuta la iniciativa a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones legislativas que comienza el próximo 1 de septiembre.
Temas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la institución más consultada. Le siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Acorde al Programa, los temas más consultados ante el sistema de transparencia son las actividades de las instituciones y la información que generan; salud, compras públicas y contratos; así como peticiones de información sobre funcionarios públicos.
El análisis del Programa de la Universidad Iberoamericana, especializado en seguridad pública y militarización, indica que, para el año 2023, las resoluciones del INAI han dado como resultado la publicación de información relevante sobre temas como infancias y adolescentes en condición de orfandad por feminicio; detención migratoria e indemnizaciones otorgadas en casos de migrantes fallecidos durante su tránsito por México; el uso de dinero público para comprar insumos a sobreprecio; el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la citotoxicidad de las copas mentruales, entre muchos otros casos.
En tanto, Data Cívica, organización feminista que utiliza datos y tecnología para la defensa de derechos humanos, destaca que mediante la intervención del INAI han podido contar con información para desarrollar la Plataforma Ciudadana de FosasClandestinas lo que ayudó a identificar que la Fiscalía General de la República reporta menos fosas que las fiscalías de los Estados.
En ese mismo rubro, aseguran que el acceso a la información les permitió identificar evidencia de que el Banco Nacional de Datos Forenses no estaba operando, así como para conocer las coordenadas exactas de las fosas. Ante esta situación, para Data Cívica es un hecho que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante a la sociedad.
“Gracias al INAI pudimos saber que algunas instituciones de seguridad en México, como la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), han negado que cuentan con el registro de una base de datos sobre ‘homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada’, a pesar de que dicho registro sí existe y se sigue realizando, como hemos explicado en el proyecto Con Copia Oculta”, un repositorio con información de la guerra en el país que las Fuerzas Armadas han mantenido en secreto durante 15 años.
Opacidad, en tiempos de militarización
Por su parte, Data Cívica considera particularmente grave la extinción del INAI dentro de un contexto de profunda opacidad sobre las violaciones a derechos humanos en México.
La organización asevera que, de acuerdo a datos del INAI, la opacidad en el sexenio actual ha aumentado el doble en comparación con los últimos tres años del sexenio pasado. “Es decir, pasamos de 9,758 mil recursos de revisión por año de 2015 a 2018, a casi 20 mil anuales entre 2019 y 2022”, comparte sobre el aumento en las impugnaciones de las respuestas ante las solicitudes. Cabe destacar que, durante el primer año de este sexenio, también se observó un incremento en las respuestas que, bajo el argumento de “inexistencia” de los datos, no entregaron la información.
Además, resalta la polémica generada por López Obrador cuando, en noviembre del 2021, y mediante decreto presidencial, pretendió reservar la información respecto a megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec por considerarlos como “seguridad nacional”. Ante ello, el INAI presentó una controversia de constitucionalidad ante la SCJN, quien en mayo del 2023 invalidó la orden presidencial, solo para que Obrador volviera a blindar las obras con la publicación de otro decreto, emitido el mismo día de la resolución de la Corte. Resalta el involucramiento en las obras de los megaproyectos tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar).
Para el Programa de la Universidad Iberoamericana, es particularmente preocupante que esta reforma se proponga en un contexto de militarización y militarismo “sin precedentes en la historia contemporánea del país”, pues argumenta que las exigencias por transparencia y acceso a la información pública surgieron, precisamente, como una demanda para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.
El análisis de la institución educativa sostiene que las Fuerzas Armadas “engañan respecto a la existencia de la información que debe ser disponible públicamente” y lo ejemplifica con el hecho de que la Sedena negaba tener registros sobre el uso de la fuerza letal contra civiles después del 5 de abril de 2014. “Sin embargo, una resolución del INAI, impulsada por un grupo de activistas y académicos, determinó que la Sedena estaba obligada a llevar estos registros y que existían pruebas de que aún lo realizaba. Si la responsabilidad de ejercer la transparencia hubiera recaído en la contraloría interna de la Sedena, esta información vital no habría sido divulgada”, detalla sobre la evidencia queconfirmó análisis independientes sobre participación de militares en ejecuciones.
Para Data Cívica, sin el INAI no habrá garante para el acceso a la información.