^{Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg}

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.

El embajador de los EEUU en México, Ken Salazar, realizó una gira de trabajo en el sureste del país para dar seguimiento a los compromisos migratorios acordados entre los presidentes Joe Biden y López Obrador durante su reunión de julio pasado.

Durante los primeros días de agosto, Salazar se reunió con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así como con el secretario de desarrollo económico de Veracruz y funcionarios del gobierno federal. Según comunicado de la embajada, el trabajo del funcionario estaba destinado a “conocer más sobre la situación en el terreno en dichos estados, las oportunidades de desarrollo económico y nuestros esfuerzos conjuntos para proteger a los migrantes de la tragedia que representa el tráfico de personas”.

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Control

El embajador realizó esta visita tras cinco encuentros previos con funcionarios del gabinete del gobierno federal, los siete gobernadores del sureste de México y representantes del sector privado, “en las que hemos dialogado sobre el potencial de crecimiento económico y desarrollo en el sur de México y Centroamérica. Estos esfuerzos son parte integral del renovado compromiso bilateral con la prosperidad compartida en la región”, declaró el funcionario mediante comunicado.

En Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el embajador Ken Salazar supervisaron los puestos de control de migración que opera la Guardia Nacional (GN) en la región del Puente Tonalá, municipio de Huimanguillo. Durante el recorrido, Campos declaró que no descarta que el gobierno de EEUU pueda invertir en tecnología en los puestos de revisión migratoria en dicha entidad.

Salazar también visitó un punto de control que instaló el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con elementos de la GN en el kilómetro 188 de la autopista Cosoleacaque – La Tinaja en Veracruz. Según medios locales, el embajador cuestionó al personal de migración y de la GN para conocer la eficacia en el uso del equipo de rayos gamma con los cuales cuenta el retén.

En Chiapas, el embajador también visitó el municipio de Arriaga donde fue recibido en la antigua estación del ferrocarril por la presidenta municipal Yolanda Alonso de los Santos. En el municipio de la costa pacífico, la alcaldesa expresó que la visita del embajador “genera muchas posibilidades de inversión en nuestra localidad”, esto como parte del proyecto del Tren Transístmico, el cual busca frenar la migración hacia la frontera norte.

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Salazar también se encontró con el gobernador Rutilio Escandón con el propósito de “de promover estrategias dedesarrollo y seguridad” para el estado. Por su parte, el funcionario chiapaneco reafirmó el apoyo del embajador “parafomentar acciones y proyectos que potencialicen el desarrollo de esta región.

Según el comunicado de la embajada, el objetivo del funcionario era “conocer más a fondo el reto compartido de la migración irregular” en el marco de los compromisos de ambos países para contar con fronteras seguras.

Cabe recordar que, durante la declaración conjunta de Biden y Obrador emitida el 12 de julio pasado, el control migratorio fue uno de los puntos principales, por lo que México se comprometió a invertir 1,500 millones de dólares en infraestructura en la frontera entre los años 2022 y 2024.

“Tenemos la determinación, como nunca antes, de completar una iniciativa conjunta de modernización de la infraestructura en la frontera entre EE. UU. y México para proyectos a lo largo de las 2,000 millas de frontera. El esfuerzo conjunto procura armonizar las prioridades, unir a comunidades fronterizas y hacer que el flujo de comercio y de personas sea más seguro y eficiente”, enfatizó la declaración tras el encuentro de los presidentes.

Entre los objetivos del acuerdo conjunto derivado de la reunión de julio entre los presidentes de México y EEUU resalta la intención de potenciar “el libre flujo de bienes sin obstáculos, lo cual promueve la innovación que favorece la productividad y aumenta la resiliencia, y ayuda a ambos países a combatir la inflación y sostener a las familias”.

Ocho años han transcurrido desde uno de los mayores desastres ambientales registrados en México. Fue el 6 de agosto de 2014 cuando la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados en el cauce del río Sonora.

A pesar del tiempo, habitantes de los pueblos de dicha cuenca, al norte del país, aún reclaman justicia, reparación y condenas contra Grupo México, empresa responsable por la contaminación que ha impactado en su salud, afectado las tierras y envenenado el río.

“Me duele lo que nos está pasando (…) Nos truncaron la vida, nos quitaron nuestra costumbre, vivimos en una vida triste”, compartió Norberto Bustamante, de la comunidad de Huépac y miembro de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante conferencia de prensa realizada este miércoles (3).

Durante el evento, acompañados de científicos y organizaciones de derechos humanos, lxs afectadxs compartieron los hallazgos que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) entregaron el 8 de abril de este año, los cuales confirman el daño a los habitantes de la región.

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Tras analizar a 650 afectadxs de ocho municipios de la cuenca del río Sonora, se encontró que en sus cuerpos mantienen la presencia “homogenizada” de metales. Más del 95% de la población registra plomo en la sangre y orina, 79% registra presencia de cadmio y 50% de las pruebas también evidenciaron el arsénico en lxs pobladores.

Acorde a Bustamante, en el Río Sonora existen personas con tumores, cáncer, alergias y leucemias, lo que implica la necesidad de tratamientos que son costosos y que la mayoría de la población no puede cubrir pues la economía de la región también se vio afectada por el derrame.

“Tengo tiempo padeciendo enfermedades y no sabía que era causa de la contaminación”, relató María Filomena Bonilla, habitante del municipio de San José de Gracia. Bonilla explicó también que la evidencia señala que el deterioro a su salud está causado por la presencia de los metales pesados en el río Sonora. “Mi esposo falleció el año pasado; se fue y nunca supo que los malestares eran por los metales”, reclamó.

Afectaciones, impunes

Durante la conferencia destacó la presentación de hallazgos sobre los daños a la salud, medio ambiente, al ecosistema y la economía, lo cual confirma los señalamientos de las comunidades sobre las graves afectaciones por el derrame de millones de litros de sulfato de cobre.

No obstante, desde el año de 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había informado a siete comunidades de la cuenca sobre la alta concentración de arsénico y plomo en los pozos de agua utilizados por las poblaciones para consumo humano y actividades agropecuarias.

“A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó alto riesgo y muy alto riesgo van del 1 al 10% en cada municipio y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía”, señala el informe El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el río Sonora, presentado por los CCRS y la organización PODER.

El documento también indica que, pese a los discursos de las instituciones, aún no se avanza en la reparación del daño. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha retrasado avances para la operación de plantas potabilizadoras y tampoco se ha conseguido la coordinación entre autoridades para la construcción de un hospital que había sido prometido para la atención de lxs afectadxs.

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Al contario, la administración federal permitió la expansión de Grupo México para la explotación minera con la construcción, a 23 kilómetros de Bacanuchi, uno de los poblados más afectados por la contaminación, de una nueva presa para sus residuos tóxicos.

“Grupo México lleva operando 11 años sin un plan de manejo de residuos, o sea, lleva 11 años haciendo lo que quiere”, denunció José ManuelLópez, también integrante de los CCRS quien añadió que los trabajadores de Conagua insisten en que el agua del Río Sonora está limpia, “van y le comentan a la gente que el agua está limpia y la pueden beber cuando los resultados nos arrojan que el agua está contaminada”.

Reparaciones que no llegan

Entre las afectaciones también se mencionó el valor económico en pérdidas cuantificadas por 10 mil 200 millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente y una cifra cinco veces mayor al monto del Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos).

En el año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dicho fideicomiso, creado por Grupo México para compensar económicamente a las víctimas, no cumplió con el proceso de reparación de los daños y violó el derecho de participación de lxs afectadxs. De acuerdo a PODER, sólo 351 personas recibieron pequeñas cantidades de dinero, lo cual representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver las consecuencias del derrame.

Para noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un “Plan de Justicia para Cananea” encaminado a resolver el problema ambiental en una de las regiones mineras más importantes de México.

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El informe de PODER hace énfasis en que en la presentación del Plan se incluyó en la mesa a Grupo México, pero no a representantes de las comunidades afectadas, por lo cual desde su inicio las comunidades rechazaron el hecho de que no se menciona al Río Sonora de forma explícita.

Martha Patricia Velarde, miembro de los CCRS, argumentó que existe una captura corporativa del Estado y por ello no puede haber justicia. Esto lo ejemplificó al mencionar que “en Sonora el gobierno está aplaudiendo todas las acciones que tiene Grupo México, cuando ellos (la minera) están promoviendo inversiones en su propio beneficio” y en cambio, pese a que la empresa ha ido citada en dos ocasiones por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Grupo México se ha negado a reunirse con las autoridades ambientales.

^{En portada: Recicladores del relleno sanitario de San Lorenzo Cacaotepec trabajan separando los desechos de materiales que aún se pueden aprovechar. Foto: Santiago Navarro F.}

Un adolecente camina tranquilo mientras patea un bote vacío que, por su aspecto y color, pertenece a una marca reconocida de refrescos en México. Este bote de plástico se desbordó de uno de los contenedores de basura instalados en las principales calles de Oaxaca, ciudad al sur de este país que se ha convertido en un referente de los principales atractivos turísticos y que a diario generan decenas de toneladas de desechos que nadie se pregunta a dónde van a parar.

Según la Secretaría de Servicios Municipales de Oaxaca de Juárez, tan solo en el mes de julio, fecha en que se realizó la Guelaguetza 2022, una de las fiestas más emblemáticas de esta entidad que atrajo a miles de turistas, dejó como saldo más de 800 toneladas de basura. El titular de esta instancia, Ferdinando Rosado Duarte, ha alertado que derivado de esta situación la capacidad para el transporte de los desechos fue rebasada en un 25%.

Esta basura tiene como destino el llamado “relleno sanitario” ubicado en el municipio de la Villa de Zaachila, establecido a menos de 40 minutos de la capital de Oaxaca, el cual ha llegado al límite de su capacidad desde hace más de una década. “Conocemos detalladamente que el relleno, desde la administración de Ulises Ruiz Ortiz en 2006 (exgobernador de Oaxaca) el basurero había llegado a su vida límite”, puntualizó Artemio Martínez, quien fue representante de la colonia El Manantial, ubicada en la zona baja de donde se concentra la basura.

Cuando el señor Martínez se refiere a la vida útil de este tiradero, está hablando principalmente de la geomembrana o celda de confinamiento que retiene los lixiviados de los desechos urbanos. “No solo sabemos que ha llegado a su límite, sino que lo vivimos. Nosotros, al no tener agua potable, hacemos pozos para obtener agua y así atendemos nuestras necesidades. Pero los lixiviados han llegado hasta el agua que extraemos de estas fuentes”, agrega el vecino del basurero quién hizo las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Incluso, la organización sin fines de lucro llamada Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda), quién intentó impulsar un sistema de reciclaje inclusivo en esta zona, evalúa que el nombre del llamado “relleno sanitario es solo en teoría”, que en realidad “es un basurero a cielo abierto. Simplemente porque no cuenta con la infraestructura ni el personal adecuado para tratar estos desechos”.

Martínez agrega que los lixiviados, “en temporadas de lluvia pasan como un río en nuestras colonias. A esto se suman las enfermedades y las represalias hacia quienes hemos denunciado la contaminación y actos de corrupción. Nadie quiere hacerse responsable de su basura”.

Un trato especial

Son aproximadamente 26 los municipios conurbados que depositan sus desechos en el tiradero de Zaachila. Tres de ellos son los que apuntalan la cantidad diaria que se genera de residuos urbanos: Los municipios de la ciudad de Oaxaca, Santa Lucia del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán.

Edgar Sereno Cruz, integrante de Sikanda, asevera que “lo ideal es que cada municipio debiera hacerse cargo de su basura. La ley lo dice, en relación a los solidos urbanos son los municipios; los residuos de manejo especial es una responsabilidad compartida entre municipios y el Estado; los residuos peligrosos son responsabilidad de la federación”.

Sereno Cruz es coordinador del proyecto de Reciclaje Inclusivo en Oaxaca y alerta que en los tres tipos de residuos no existe infraestructura ni lugares adecuados para el trato de la basura que generan estos municipios y, por tanto, terminan en basureros a cielo abierto, como el de Zaachila.

A esto se suma una red privada de recolectores que, a través de camionetas, recorren diversas colonias para colectar la basura mediante un pago y que al final termina en el mismo tiradero de Zaachila.

Este miércoles (3), los recolectores se manifestaron en la ciudad de Oaxaca obstaculizando el flujo vial en diversas avenidas y arrojando basura en la plaza de la Danza y el palacio municipal a manera de protesta. Sus exigencias son que se les permita depositar la basura que recolectan en este tiradero.

De acuerdo con el alcalde Francisco Martínez Nery, la prohibición del acceso de vehículos particulares al basurero “no es una decisión de la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez”, sino que es una determinación de los pobladores de la Villa de Zaachila, quienes se supone cerraron el basurero por las afectaciones ambientales y a la salud.

El señor Artemio Martínez lamenta que a pesar de que ha habido reuniones entre el municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, de quien depende el basurero de Zaachila, y los municipios que depositan su basura en este lugar, no se ha encontrado una solución radical, “por el contrario, se esta creando una mafia que está cobrado a quienes llegan a tirar su basura. Quienes pagan tienen acceso. Esto sin considerar que este lugar ya no es idóneo para soportar más basura”.

Martínez arremete y sostiene que “hay un trato especial para algunas personas o municipios. Durante las fiestas de la Guelaguetza se acordó que no se recibiría basura de los 26 municipio que comúnmente vienen a dejar sus desechos. Pero si recibiría la basura del municipio de Oaxaca y fueron cientos de toneladas que se generaron en las fiestas”.

En el caso de basurero de Zaachila la celda de confinamiento ha sobrepasado su límite. “Lo único que hacen es que una maquinaria va arrinconando la basura en forma de montañas generando contaminación aérea y lixiviados sin control”, agrega el integrante de Sikanda.

El modelo que prevalece

Es sencillo, casi todos en Oaxaca sabe como funciona el modelo. Pasa un camión y cada quien tira la basura revuelta, la cual al final termina en las montañas a cielo abierto. “Rellenos sanitarios como tal, son aproximadamente 23. Pero no todos cumplen con su funcionamiento, son solo algunos”, detalla Sereno.

El capacitador de la Organización Sikanda lamenta que de los 570 municipios que comprenden al estado de Oaxaca, los rellenos sanitarios existentes no cubren ni el 1% del trato de la basura de esta entidad. “Medianamente hay una experiencia en Huajuapan; San Lorenzo Cacaotepec; San Sebastian Tutla; El Tule; Mitla, el resto son basureros a cielo abierto. Existe como tal una crisis de la basura porque sistemáticamente no tienen un plan de manejo ni personal capacitado”, sostiene Sereno.

Mientras tanto, el alcalde del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca ha anunciado que ya hay planes para la adecuación de un nuevo espacio de 10 hectáreas, donde se establecerá una compactadora de residuos sólidos, a través del cual utilizarán materiales para los hornos de las cementeras Cruz Azul y Cemex. Por ahora, se esta buscando desesperadamente donde colocar cientos de toneladas de basura generadas diariamente. Algunas de las propuestas son la Central de Abastos y un viejo cuartel de policía que se mantiene en obra negra.

Pepenadores en el olvido

El mal manejo de la basura en Oaxaca se recarga sistemáticamente en los tres niveles de gobierno y de la propia ciudadanía que genera la basura. La lógica es que todo es desechable y la responsabilidad de tratarlo es de un tercero, lo cual no existe. Aunque en los tiraderos a cielo abierto hay gente que intenta clasificar y recuperar lo que sirve para reciclar y son llamados despectivamente como pepenadores.

Sereno advierte que hay gente que piensa que los tiraderos existen porque hay pepenadores, “la realidad es que estás personas trabajan en condiciones infrahumanas, sin ningún derecho ni seguridad laboral, están en el olvido. Lo que debe quedar claro es que ellos no son los responsables de la generación de basura, pero sí ayudan al intentar rescatar algo mínimo de estos desechos, como el aluminio, vidrio, cartón, entre otros”.

^{Recicladores del relleno sanitario de San Lorenzo Cacaotepec trabajan separando los desechos de materiales que aún se pueden aprovechar. Fotos: Santiago Navarro F.}

Las malas condiciones de vida no solo se recargan hacia los llamados pepenadores, “sino a las colonias vecinas, quienes sufren de enfermedades como de tipo gastrointestinales, en la piel, en los ojos. En estos lugares es muy fácil la propagación de enfermedades”, agrega el capacitador de Sikanda.

Una experiencia inspiradora

En un contexto de crisis de la basura que vive Oaxaca pareciera que no hay opción a corto plazo, aunque a menos de 30 minutos de la capital existe una experiencia distinta. De entrada, no es un tiradero, pues los trabajadores aquí hacen énfasis en que es “un relleno sanitario” y que ellos no son pepenadores, sino “recicladores”.

Estas personas, incluyendo mujeres y no binarias, quienes integran la plantilla de recicladorxs, cuentan con equipo como guantes, botas, overoles y reciben capacitación continua. Además, tienen un sueldo seguro, vacaciones y atención de salud. Se les ve felices.

Esta experiencia ocurre en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec. “Esto solo es posible gracias a los usos y costumbres de esta comunidad. Esta responsabilidad lo atrajo la asamblea comunitaria y no solo recayó en las autoridades. Aquí hay una visión comunitaria”, comparte Sikanda.

En este relleno se aprovecha y se clasifica todo lo que es reciclable y se trabaja con la mayoría de los desechos orgánicos para la producción de abonos y para un criadero de gallinas, un proyecto más que se desprende de este trabajo. “Este relleno inició con un proyecto de 11 rellenos más y solo sobrevive este. Tenía proyectado una vida de 5 a 6 años y lleva casi el doble. Si sigue ese modelo la celda de confinamiento puede durar hasta otros 3 años más”, agrega Sereno, quien es coordinador del proyecto de Reciclaje Inclusivo en Oaxaca donde trabaja asesorando al equipo de este relleno.

En este municipio se genera entre 3 y 3.5 toneladas de basura diariamente de una población de 8 mil personas y “se está recuperando entre un 5% y 7% de materiales reciclables, que para México es alto. Se tratan los residuos orgánicos, no un 100%, aproximadamente un 30%, porque la basura orgánica no se puede recuperar si viene contaminada o podrida. Ahí la importancia de separar desde los hogares”, complementa el integrante de Sikanda.

Pedro Cándido Díaz, encargado y trabajador del relleno, asegura que las condiciones laborales y que sea un proyecto comunitario “permite asumir el trato de la basura no solo como un compromiso con la comunidad, sino también con el planeta y la humanidad”.

Marisol Mendosa, trabajadora también del relleno comunitario, como mujer ha experimentado lo pesado que es trabajar con la basura, pero “me siento cómoda y me gusta”, y complementa que “la ciudadanía tiene que hacer conciencia para clasificar su basura. Ya que los materiales no se pueden reciclar si vienen contaminados con otras sustancias”.

De este proyecto ha derivado la producción de hortalizas, plantas medicinales, lombricomposta. En si mismo, no parece un tiradero de basura, ya que hay más vida que materia inerte. “Se puede hacer maravillas con la basura orgánica. Para reciclarla la recogemos directamente en las fruterías en el mercado y así las gallinas consumen comida limpia y así se producen huevos orgánicos”, dice Lorenzo Galván Juárez, trabajador del Relleno Sanitario, encargado de cuidar a las gallinas.

“Realmente podemos vivir de una mejor manera, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que todo es desechable. Tenemos que hacer conciencia que nuestro planeta no es desechable, porque no hay otro más”, concluye Lorenzo.

Pueblos zoques de Chiapas denunciaron que desde el pasado 26 de julio se presentó un derrame de petróleo, el cual está contaminando gravemente a los ríos Mezcalapa y Carrizal y afecta el suministro de agua para más de 600 mil personas de la región.

“La mancha de aceite crudo se dispersó por arroyos, ríos y pastizales principalmente en la ranchería El Platanar, municipio de Pichucalco, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco, sobre la Cuenca Grijalva”, señalan organizaciones defensoras de la vida y del territorio zoque.

A su vez, identificaron como responsables de la contaminación a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a la negligencia de los gobiernos de Chiapas y Tabasco por no realizar una revisión exhaustiva de los ductos de transportación de hidrocarburos.

Territorios de sacrificio

Mediante comunicado, el colectivo Defensoras de Nasakobajk, Concejo Zoque en Defensa de la vida y el territorio, así como el Centro de Lengua y Cultura Zoque y comunidades zoques residentes en Jalisco y Boston, reclamaron el hecho de que, pese a que desde hace meses se realizó el reporte de fuga en el municipio de Reforma, Chiapas, la petrolera mexicana no actuó para evitar el derrame.

“Ésta negligencia es una evidencia de las formas de operación del Estado Mexicano, en particular desde su empresa Petróleos Mexicanos, quien desde hace 5 décadas ha convertido a nuestras tierras en verdaderos territorios de sacrificios como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, municipio de Juárez, pozo Catedral en Ostuacán y la laguna El Limón de Reforma, Chiapas, que son pasivos ambientales generados por el gobierno”, detallaron las organizaciones.

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En el documento difundido este lunes (1), también exigen revisar los derechos de vía de los ductos, “pues muchas de ellas, se encuentran sobre viviendas, escuelas y torres de alta tensión de comunidades campesinas que además padecen los efectos de la lluvia ácida”.

Desastre

Según la versión de las autoridades municipales de Pichucalco, el desastre ambiental sucedió tras la perforación clandestina de los ductos que transportan los hidrocarburos, por lo que se decidió parar el bombeo de agua hacia los pueblos y comunidades de la zona, afectando con ello el suministro para 600 mil personas. En contraste, Octavio Romero Oropeza, director de PEMEX afirmó que aún están investigando las causas del derrame.

Por su parte, autoridades del municipio de Huimanguillo, Tabasco, informaron que pese a que desde el mismo 26 de julio se reportó el derrame, los especialistas de PEMEX arribaron al lugar un día después. A pesar de que, en un comunicado, el gobierno de Pichucalco informó que la fuga ya está controlada, los restos del hidrocarburo siguen filtrándose por la corriente del agua.

De acuerdo a un reporte de Pie de Página publicado este martes (2), aún se puede observar el líquido negro por varios kilómetros en las aguas de la subcuenca del río Mezcalapa, entre los municipios de Pichucalco, Chiapas y Huimanguillo, Tabasco.

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Cabe destacar que según la ASEA, desde 2016 y hasta mayo del 2022 registró 5,777 accidentes en el sector de hidrocarburos. El reportaje Pemex: el infierno que la petrolera ha provocado afirma que, del total de estos incidentes, en 3,836 está involucrada PEMEX y sus filiales PEMEX Exploración y Producción (PEP), Perforación, Logística, Refinación y Transformación Industrial (TI). Además, testimonios de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tabasco demuestran graves afectaciones al medioambiente derivado de la extracción y distribución de hidrocarburos.

Para las organizaciones zoques, “ésta catástrofe es provocada por el sistema capitalista que, domina el mundo hoy en día. En este sistema, los dueños de las grandes corporaciones mundiales, en alianza con los gobiernos y todos sus aparatos de control y de represión, quieren obtener ganancias multimillonarias y acumular poder. Por eso, saquean nuestros territorios, destruyen la naturaleza, la vida del ecosistema y explotan nuestra fuerza de trabajo. Convocamos a los pueblos a fortalecer la organización comunitaria porque solamente como colectivos podremos defender a la madre tierra”.

^{Con información de Pozol colectivo}

La mañana del pasado sábado (30), habitantes del ejido Tila, norte de Chiapas, marcharon por las principales calles de la comunidad para conmemorar el 88 aniversario del reconocimiento de sus tierras ejidales, lo cual sucedió a través de la resolución presidencial emitida el año 1934.

Las y los indígenas Choles, aprovecharon para denunciar “la corrupción de los tres niveles de gobierno y del sistema agrario”. Por ser indígenas “no somos tomados en cuenta, sólo en las contiendas políticas”, puntualizaron durante un mitin en la plaza central de Tila.

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Los también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), evidenciaron que Eduardo Gutiérrez Martínez fue reconocido como comisariado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en el periodo 2015-2018, falsificando firmas para obtener personalidad jurídica. Otro de los comisariados que posteriormente no han sido reconocido por el ejido es Miguel Vázquez Gutiérrez, denuncian los indígenas Choles. Ambos comisariados desconocidos por el ejido son respaldados por los tres niveles de gobierno y dependencias agrarias, recalcan los descendientes del pueblo Maya.

Los indígenas del norte de Chiapas, exigen se respete la resolución presidencial que ampara y protege las 5,405 hectáreas. Por defender la herencia de sus antepasados “hemos recibido amenazas, represión, hostigamiento, calumnias y difamaciones”, expresan los ejidatarios en resistencia.

Lucha histórica

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en el año de 1994.

En 1982, el Congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde diciembre del año 2015, los indígenas choles por acuerdo de la asamblea, retiraron a la presidencia municipal del ejido y a los partidos políticos, tomando en sus manos las gestiones de limpieza, seguridad, justicia entre otros rubros.

De acuerdo al posicionamiento de las y los ejidatarios, el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena, aunque fue emitida desde el 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Activistas, comunidades indígenas e integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) se movilizaron el viernes (30) para exigir un alto a la represión contra quienes rechazan la aprobación de la Ley de Aguas en Querétaro.

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A dos meses de su entrada en vigor, la REDAVI ha exigido la abrogación de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro pues busca privatizar el agua mediante concesiones que podrán ser otorgadas por el estado de Querétaro a empresas privadas.

También señalaron que, pese a las manifestaciones pacíficas que demandan un parlamento abierto, han sido ignorados por las autoridades para compartir sus argumentos científicos, sociales y por los derechos humanos mediante los cuales rechazan la aplicación de la norma.

A su vez, exigieron detener la criminalización de la protesta pues existe ya una investigación, por parte de la Fiscalía General del Estado, contra tres activistas ambientales, quienes fueron detenidos durante una movilización pacífica, y son acusados por distintos delitos de desobediencia y contra las vías de comunicación.

La Red denunció también otros casos de intimidación y hostigamiento contra organizaciones e individuos que han declarado su desaprobación contra la también conocida como Ley de Concesiones.

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Es el caso de las amenazas contra un integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito y la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de Bernardo Romero Vázquez, consejero ciudadano quien reclamó la postura del organismo de derechos humanos al respaldar el despojo de la ley.

Abrogación

Mediante documento dirigido a distintas autoridades de Querétaro, la REDAVI solicitó la abrogación de la Ley de Aguas, pues acorde a la organización busca privatizar el agua sin contemplar el bienestar social ni la salud ambiental. Además, la legislación tampoco considera los impactos negativos a los derechos humanos de la población.

Durante casi dos meses, distintas organizaciones han realizado movilizaciones para evidenciar el rechazo a la norma desde su aprobación por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. “Nos hemos movilizado durante 11 semanas para exigir su abrogación. La respuesta que hemos recibido por parte del gobierno (…) ha sido la represión y la violencia del estado”, compartieron en comunicado.

Violencia de Estado

Tras la represión y detención arbitraria de quienes se manifiestan contra la Ley de Aguas por la legítima lucha en defensa del agua, la REDAVI señaló como responsables al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, así como a la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía, quienes criminalizan el movimiento social.

Cabe recordar que el pasado 10 de junio, las autoridades estatales ordenaron la represión de una protesta pacífica donde la policía estatal hizo uso excesivo de la fuerza contra quienes se movilizaron en rechazo a la Ley de Aguas.

Desde entonces, la REDAVI ha señalado que el movimiento en defensa del agua ha sido estigmatizado mediante las declaraciones de funcionarios de gobierno en medios masivos de comunicación.

Según la red, lo que sucede en Querétaro mediante dicha normativa pone en riesgo derechos, ecosistemas y la justicia hídrica, además “se da en un contexto de racismo y agresión hacia personas y comunidades defensoras de la tierra”.

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Entre las agresiones de parte del Estado, destacan las amenazas, detenciones arbitrarias y prisión política contra la comunidad hñähñu de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco. Ya desde el año de 2020, la Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras alertó sobre una campaña de descalificaciones, calumnias, desprestigio, amenazas y criminalización de la defensa territorial en dicha comunidad.

En 2020 Front Line Defenders emitió una alerta global por las distintas agresiones a mujeres ambientalistas, periodistas y ejidatarias en la zona Metropolitana de Querétaro.

“La criminalización y violencia institucional no solo vulneran derechos, estigmatizan la organización y fragmentan el tejido social, también son particularmente graves en un contexto de represión sistemática de defensores ambientales”, señaló la REDAVI al contextualizar que las agresiones a defensores se duplicaron en 2021 con respecto a datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental registrados en 2020.