Armados de palas y azadones, mujeres y hombres se dirigen a la tierra donde se plantará el nuevo cafetal con técnicas agroecológicas. Otro grupo se reúne en el vivero, donde se preparan los almácigos y se siembran las semillas en colectivo. Un tercer grupo camina por la vereda hacia el ojo de agua que alimenta las tierras con el líquido vital, para aprender sobre el manejo responsable del agua en este territorio del semiárido bahiano. En todos estos espacios, las pláticas combinan explicaciones técnicas con análisis sistémicos que van revelando el sentido profundo de crear alternativas reales ante la destrucción provocada por el sistema-mundo actual.

Estamos en la Hacienda Flor de Café, que a partir de este momento se transforma en Territorio de los Pueblos: un nuevo núcleo de la Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos), una gran articulación de pueblos indígenas, negros y urbanos en constante crecimiento y que hasta el momento actúa en diez estados de Brasil. Y este evento, originalmente concebido como un tequio, se convierte en el primer curso vivencial de la incipiente Escuela de las Aguas Nacientes.

La Teia dos Povos nació en 2012. En la época, el enfoque era la transición agroecológica que se llevaba a cabo en el asentamiento Terra Vista: más de 900 hectáreas de una antigua hacienda ocupada en 1992 por 360 familias del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra (MST). Desde entonces, Terra Vista se ha convertido en un importante experimento agroforestal en constante expansión y ejemplo de que es posible producir y vivir de la tierra con consciencia ecológica y política.

Pero en 2012, quienes participaban del proceso entendieron que para lograr un cambio substancial, sistémico —o sea, para enfrentar el sistema de muerte que vivimos—, sería necesario crear una gran articulación entre los pueblos indígenas, negros y de abajo tanto del campo como de la ciudad, con una perspectiva de autonomía y recuperación de los territorios.

Durante el evento en la Escuela de las Aguas Nacientes, hablamos con Joelson Ferreira, uno de los idealizadores de la Teia dos Povos. Mestre Joelson, como se le conoce cariñosamente, participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT) y fue dirigente estatal y nacional del MST.

Joelson cuenta que en 2012 organizaron la 1ª Jornada de Agroecología de Bahía, junto con pueblos indígenas Tupinambá y Pataxó Hã Hã Hãe, grupos quilombolas (cimarrones) y movimientos campesinos. Fue en esa Jornada que decidieron crear la Teia dos Povos.

“Entendimos que quien debería organizar esa gran articulación era el MST, un movimiento nacional e internacional de gran alcance y muy respetado. Pero hasta ahora me parece que el MST no entendió la importancia de esa gran alianza.” Ante esa ausencia, la Teia dos Povos decidió asumir la tarea.

“Entendemos que vivimos un momento histórico muy difícil, que el mundo pasa por una enorme transición a una gran velocidad, y que tenemos la responsabilidad de asumir esa alianza. Porque tenemos muy claro que ni los pueblos originarios, ni los pueblos sin tierra, ni los pequeños propietarios, ni los pueblos quilombolas, ya sea en el campo o en la ciudad, pueden enfrentar esa lucha solos.”

La Teia dos Povos concibe la lucha como “jornada”, “caminatas” y “pasos”. La jornada es la visión de largo alcance: la lucha contra el racismo, el capitalismo y el patriarcado. Las caminatas son las diversas etapas, más tangibles, en esa gran jornada: soberanía hídrica, alimentar, educativa, energética, económica, de autodefensa, por ejemplo. Y los pasos son las tareas específicas necesarias en cada caminata.

Al mismo tiempo, la construcción de esa gran jornada se concibe de una forma que encuentra fuertes resonancias con las propuestas de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Por un lado, la construcción, manutención y crecimiento de núcleos de base: territorios organizados donde se practica la autonomía, como el asentamiento Terra Vista y tantos otros a lo largo y ancho del país. Por otro lado, los eslabones del tejido (Elos da Teia): organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, pero que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos de base, siempre respetando la autonomía y los modos de cada núcleo. En muchos sentidos, podríamos decir que la Teia dos Povos es zapatismo práctico en tierras brasileñas.

“Sabemos que la lucha es larga y hay que tener paciencia histórica. Debemos avanzar poco a poco a partir de la lucha por la tierra y el territorio, por la soberanía alimentaria, por la transición agroecológica. Y debemos preparar militantes, sobre todo jóvenes y mujeres. Al mismo tiempo, no debemos querer asumir la lucha total, sino preparar y sumar alianzas, para unir a los pueblos no en las cosas pequeñas, sino en las grandes: la lucha contra la minería, las eólicas, en defensa del agua, por la democratización de los créditos, que ahora se entregan a la agroindustria. Y creo que sólo la movilización popular podrá vencer en esa guerra tan profunda. Pero para eso los pueblos deben asumir esa responsabilidad.”

En todo esto, la lucha urbana es fundamental. “Creo que los cambios dependerán de nuestra capacidad de convencer a los pueblos urbanos a reaccionar. Si no lo logramos, seguiremos resistiendo en el campo, pero sabemos que la resistencia en el campo no es suficiente.”

Hasta el momento, la Teia dos Povos tiene núcleos de base, alianzas y articulaciones en los estados de Bahía, Maranhão, Río Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Ceará y Rondônia.

Soberanía pedagógica

Uno de los principales obstáculos para la construcción de otros mundos posibles es el desencanto de la juventud con los territorios y la ambición de inclusión individualista en el mundo del capital. De ahí que una educación autónoma otra sea fundamental para la Teia dos Povos. La propuesta de soberanía pedagógica pasa por la construcción de escuelas donde el sentido de la formación es la construcción y fortalecimiento de los territorios autónomos, el pensamiento crítico, una visión política amplia y compleja, la preservación de los saberes y prácticas del pueblo, sin dejar de lado el conocimiento científico.

La Escuela de las Aguas Nacientes es parte de esa visión. Brígida Salgado, dueña de la Hacienda Flor de Café, ahora Territorio de los Pueblos, y residente en el territorio de Malhada de Areia desde hace 25 años, cuenta que el sueño de una escuela en ese territorio nació hace más de 20 años, cuando conoció a João Pedro Stédile y a Joelson Ferreira, entonces coordinador del MST en Bahía. Durante la última Jornada de Agroecología en febrero de este año, la asamblea decidió crear la Escuela, a la que se le bautizó como “de las Aguas Nacientes” en honor a la diosa africana de las aguas Iemanjá, cuyo día es el 2 de febrero.

La escuela es parte de un proyecto más amplio de educación autónoma de la Teia dos Povos. Uno de sus fundamentos es que los maestros son gente del pueblo con conocimientos ancestrales, en conjunto con otras personas que aportan conocimientos científicos y académicos. Pero la formación no es sólo técnica, sino también política. Así, el proceso involucra un despertar en el sentido de una comprensión sistémica de nuestro mundo y de la urgencia de crear nuevos sistemas basados en la harmonía con la naturaleza y relaciones sociales otras. Finalmente, la autonomía pedagógica se fundamenta en la práctica, no sólo ni sobre todo en la reflexión teórica.

Combatir el individualismo destructivo de la lógica capitalista con la construcción de otra vida posible: esa es la meta de esa otra educación, fincada en la práctica. “Debemos volver a ser colibrís” para construir el paraíso en la tierra que queremos, dijo el maestro Rosalvo, un anciano de 86 años, en la inauguración del evento. No por nada los colibrís, para los pueblos mayas, son lo que nos conecta con los ancestros.

Una alianza internacional

Para el maestro Joelson, es urgentísimo construir una alianza internacional basada en los principios de la solidaridad y la pluralidad, respetando los modos y formas de cada territorio. Una alianza que vincule pueblos originarios, pueblos africanos y afrodescendientes, pueblos trabajadores del campo y la ciudad. Una alianza de los pueblos, no de los Estados; una alianza desde abajo y no desde arriba.

Para que dicha alianza no sea vacía, debe trabajar también por una autonomía económica por medio de redes de producción y consumo solidarios. Se trata, por lo tanto, de un intercambio de saberes, experiencias, construcciones y resistencias, pero también de un intercambio de bienes materiales que permitan avanzar hacia una autonomía cada vez más plena.

Al mismo tiempo, Joelson advierte sobre la importancia de proteger los secretos de los pueblos de la ambición del capital. “No me refiero sólo a los minerales, sino a la biodiversidad, a los alimentos, a una serie de riquezas y saberes que debemos proteger guardando el secreto. Esa alianza de los pueblos depende de un secreto muy fuerte,” concluye Joelson.

Ese día, Radio Zapatista y el colectivo Urucum Artes Colaborativas ofrecen una plática sobre la construcción de la educación autónoma zapatista y las muchas iniciativas rumbo al despertar de la conciencia crítica, tanto al interior como hacia afuera de las comunidades zapatistas. Animadas y animados por las coincidencias de las miradas, por el compartir de experiencias y los largos caminos aún por andar, las y los participantes se dirigen esa tarde al territorio indígena Tapuya, para continuar construyendo el despertar colectivo en esta naciente Escuela de las Aguas Nacientes.

El Paso, Texas – La Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR) expresa su más sentido pésame a las familias de los 39 migrantes que perdieron la vida, y a los 29 migrantes que resultaron heridos en el incendio dentro de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez el lunes por la noche.

En este momento trágico, alzamos la voz para condenar la naturaleza dual y desigual del régimen migratorio que facilita la movilidad de aquellas personas privilegiadas de poseer pasaportes y visas mientras, que controla y criminaliza la movilidad de las personas que escapan de la pobreza, los desastres sociales, climáticos y militares.

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó que había un total de 68 hombres de Centro y Sud América en el centro de detención, lo que indica que todas las personas detenidas resultaron heridas o perecieron en el incendio.

Esta tragedia, como muchas otras que se han convertido en una característica normal del sistema norteamericano de inmigración, continuará ocurriendo si los gobiernos no están dispuestos a hacer la transición real hacia políticas centradas en los derechos para abordar la migración internacional. A pesar de las miles de muertes, de las desapariciones y de los abusos sistemáticos contra las personas documentadas, la administración Biden continúa promulgando políticas que restringen el acceso y la protección y externalizan las responsabilidades de protección a otros países. El desplazamiento internacional y la migración como supervivencia no debe criminalizar a las personas en situaciones migratorias de vulnerabilidad y nunca deben ser detenidas.

NNIRR se solidariza con las familias de las personas migrantes que fallecieron, las que resultaron heridas y las miles de personas que han desaparecido o que perdieron la vida a lo largo de la jornada migratoria. Las políticas de control, la militarización de las fronteras  y la criminalización de las comunidades migrantes no pueden seguir siendo la respuesta a la migración. Instamos a la administración de Biden y a los gobiernos regionales a abordar la doble crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera.

NNIRR se une a las organizaciones aliadas para urgir a la administración y al congreso que salven vidas y generen las vías para una migración segura y regular y que tomen medidas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, su dignidad, su integridad y bienestar. ser, independientemente de su estatus migratorio.

Foto de portada: Reuters

Son por lo menos 40 migrantes muertos y 28 heridos tras un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas son centroamericanos (28 de ellos guatemaltecos), además de un ecuatoriano, un colombiano y 12 venezolanos.

El incendio empezó el lunes en la noche. Alrededor de las 9 pm, según algunos medios de comunicación, los migrantes empezaron a inconformarse pues en todo el día no les habían dado de beber. Ya el presidente López Obrador afirmó que la inconformidad se dio al enterarse que serían deportados. Como quiera que sea, a las 9:30 pm empezaron a quemar las colchonetas para forzar a los guardias a abrir la puerta, lo que resultó en la tragedia.

Muchas de las víctimas habían sido detenidas ese mismo día en un operativo del INM para retirarlos de las calles, donde vendían dulces o artesanías. Otras habían sido deportadas de Estados Unidos bajo el polémico Título 42, una antigua legislación que permite deportar a migrantes extranjeros, inclusive a los solicitantes de asilo, por motivos sanitarios, la cual fue utilizada por Donald Trump para expulsar a migrantes centroamericanos, alegando el peligro del coronavirus. En su campaña presidencial, Joe Biden prometió anular la legislación, pero, al contrario, se continúa aplicando.

Las deportaciones de Estados Unidos y la crisis económica y social centroamericana han transformado a Ciudad Juárez en una olla de presión. Sólo en 2022, 2.76 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. El número de personas detenidas en la frontera saltó de 40 mil en diciembre de 2019 a más de 250 mil en diciembre de 2022.

Al mismo tiempo, las denuncias de las condiciones inhumanas en los centros de detención se han multiplicado, así como las protestas. A principios de este mes, más de 30 organizaciones y albergues publicaron un comunicado denunciando la creciente criminalización de extranjeros en Ciudad Juárez así como detenciones arbitrarias y extorsiones por parte de agentes municipales.

En los próximos días, se tienen planeadas manifestaciones y protestos en varias ciudades, en repudio a la criminalización y abusos cometidos contra migrantes en el país.

En un comunicado publicado ayer, 27 de marzo, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) relató la intensificación de la resistencia contra las afectaciones por la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte de las obras del Corredor Transístmico.

El día de hoy se cumple un mes desde que campesinos de Mogoñe Viejo, Guachicovi, instalaron un plantón para impedir la continuación de las obras en el tramo Mogoñe Viejo–Vixidu.

Pequeños propietarios de Vixidu expulsaron este 27 de marzo a una cuadrilla de trabajadores, a pesar de las amenazas de un pistolero de nombre Alan Méndez y de la intimidación por elementos de la Marina.

En Hierba Santa Guichicovi, pobladores mixes expulsaron a otra cuadrilla de trabajadores.

La asamblea de ejidatarios de Estación Mogoñe demandó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la denuncia penal de cinco representantes del ejido por parte de la empresa que trabaja en el tramo de Estación Mogoñe.

Se presentó queja formal ante la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca por la agresión cometida contra ejidatarios por parte de policías estatales y marinos.

Finalmente, en otro comunicado los ejidatarios de Mogoñe Viejo solicitan la intervención de la presidencia para que se abra un espacio de diálogo.

Todo esto sucede al tiempo que, por tercera vez, el pasado 24 de marzo, civiles armados y policías estatales atacaron el plantón de los campesinos de Mogoñe Viejo, hiriendo a dos de ellos.

Un margen desde el que pensar el Estado

Violeta Velasco Sánchez

El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]

El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.

El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.

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