El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
Saint-Denis Free Mumia Committee

[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
001 (717) 728-2573
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov ]

El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
Saint-Denis Free Mumia Committee

[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
001 (717) 728-2573
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov ]

El 31 de marzo de 2017, Mumia Abu-Jamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en su prisión. El doctor le enseño los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señales de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su Hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la Hepatitis C la semana que entra.

La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción, poco común, también fue captada en una entrevista en la tarde: “Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012 cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzada…Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante, y un gran día, pero les aseguro que no me siento así ahora mismo”.

La aparente decisión del DOC de darse por vencido y darle a Mumia el tratamiento que cura la Hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de dos años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas.

Si recibe el tratamiento inmediatamente, es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud. Pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer del hígado en el futuro y tienen que ser monitoreados durante toda la vida.

Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el DOC de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. Debido a que no trataron su Hepatitis C hace dos años, Mumia cayó en un shock diabético, padeció inflamación del cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada –“negra y túrbida”, según Mumia.

Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero de 2017, porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo. Pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden.

Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de Hepatitis C. El juez condenó al DOC porque su protocolo “intencionalmente retrasa” el tratamiento con la cura estándar para Hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos en la Enmienda Ocho de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe castigos crueles e inusuales.

Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio las noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo las lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de Hepatitis C ––el mismo protocolo que el juez ya había declarado anti-constitucional!

Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con Hep C y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra 90 mil dólares para la cura de Hep C.

Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando éste desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen: Exijan tratamiento inmediato para la Hepatitis C para Mumia y también para más de 700,000 presas y presos con Hep C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones, en nuestros propios barrios.

Este momento también ha creado una oportunidad para demostrar la inocencia de Mumia y luchar por su libertad. El lunes 24 de abril, 2017, el día que Mumia cumple 63 años, sus abogados estarán en el Tribunal de Causas Comunes para impugnar su condena. Les llamamos a estar con nosotros en la audiencia y en las calles. .

El 24 de abril, sus abogadas Judith Ritter y Christina Swarns (del Fondo de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, NAACP), se aprovecharán del reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs. Commonwealth para demostrar la manera en que la parcialidad jurídica y procesal en todas las apelaciones estatales de Mumia lo han mantenido tras las rejas. Este importante dictamen de la Suprema Corte determina que un juez no puede juzgar un caso con imparcialidad en el cual él o ella ha desempeñado un papel en una significativa decisión de la procuraduría.

En el caso de Mumia, el juez Ronald Castille, el mismo juez que estaba bajo escrutinio en el caso Williams vs. Commonwealth, también fue el Fiscal elegido en Filadelfia quien hizo argumentos a la Suprema Corte de Pensilvania en 1988 para avalar el veredicto de culpable y sentencia a muerte para Mumia dictados en su juicio de 1982. Castille también había sido un sub-fiscal de alto rango durante el juicio original. Después de que él fue elegido a la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, estuvo involucrado en deliberar y negar todas las apelaciones estatales de Mumia en contra del “juez de la horca” Albert Sabo y la juez Pamela Dembe, quienes avalaron la sentencia a muerte de Mumia y le negaron un nuevo juicio en múltiples apelaciones entre 1998 y 2007. Estos jueces le negaron un nuevo juicio a pesar de la inocencia de Mumia, aun cuando la evidencia de su culpabilidad fue fabricada por la policía y la fiscalía, y le negaron prácticamente todos los derechos a un debido proceso y protección bajo la Constitución de Estados Unidos.

Durante las apelaciones, los abogados de Mumia pidieron al juez Castille que se recusara debido a su parcialidad. También destacaron la cercana relación del juez con la Orden Fraternal de Policía (FOP), la cual hizo lobby por el veredicto contra Mumia. La FOP financió la campaña de Castille para la Suprema Corte y lo honraron como “Hombre del Año”. Al responder a los abogados de Mumia, el juez Castille declaró enérgicamente que él no iba a hacerse de un lado. Insistió en que él no era el único juez que había recibido dinero de la FOP. ¡Cinco de los siete jueces de la Suprema Corte de Pensilvania también habían recibido aportes de la organización policiaca! No sorprende que el juez Castille no encontró un solo error en el proceso original y que avaló la sentencia de muerte de Mumia y le negó el derecho a un nuevo juicio.

¡Exigimos la inmediata liberación de Mumia!

Pedimos que ustedes hagan dos cosas:

1. Llamen al DOC para exigir tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos en Pensilvania con Hepatitis C.
Secretario del DOC John Wetzel, 001 (717) 728-2573
(E-mail) ra-crpadocsecretary@pa.gov
(Twitter) @johnewetzel * @CorrectionsPA

2. Vengan a Filadelfia el lunes, 24 de abril a las 8:30 am donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación.
Center for Criminal Justice, Courtroom 1101, 1303 Filbert Street, Philadephia, PA

Firmas en solidaridad:
International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal
MOVE
Campaign to Bring Mumia Home
Abolitionist Law Center
Free Mumia Abu-Jamal Coalition (NYC)
Educators for Mumia Abu-Jamal
Committee to Save Mumia Abu-Jamal
Mundo Obrero/Workers World
Philly REAL Justice
Sankofa Community Empowerment
Millions for Mumia/International Action Center
Mobilization to Free Mumia Abu-Jamal/Northern California
Le Collectif Français “Libérons Mumia”
German Network Against the Death Penalty and to Free Mumia Abu-Jamal
Amig@s de Mumia de México
Saint-Denis Free Mumia Committee

[Hoy enviémos llamadas, tuits y correos al Secretario del DOC John Wetzel con un sencillo mensaje: “Give Mumia Abu-Jamal and other prisoners the cure for Hepatitis C.”
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TUXTLA GTZ, CHIAPAS, 1 DE ABRIL 2017 (PRENSA MACTU). Los alumnos de “la Gloriosa Escuela Normal Rural Mactumactzá”, celebrarán el 61 aniversario de esta institución, del 3 al 7 de abril de 2017 dentro sus instalaciones*, al poniente de la capital chiapaneca.

Las actividades contempladas para esas fechas serán deportivas, académicas, culturales y sociales. Todas estarán abiertas al público, de manera gratuita. Para el martes cuatro de abril se podrán escuchar las ponencias del Dr. Sergio Saldaña y el Dr. Julio Gómez Mendoza, las cuales analizarán el impacto de las reformas del gobierno federal en la sociedad.

“Es importante que los normalistas estén conscientes de estos temas sociales, porque son una parte muy importante de la conciencia de la juventud mexicana”, explicó el Dr. Saldaña en entrevista con Prensa Mactu. “Históricamente, las Normales han sido semilleros de pensamiento crítico”, agregó el académico.

Los alumnos y las alumnas, apoyad@s por los docentes, son l@s que están organizando la conmemoración de la fundación de la escuela normal. Las y los jóvenes se dividieron el trabajo en diferentes comisiones, como la cocina, los primeros auxilios y la limpieza.

“Me siento una persona muy orgullosa por pertenecer a una Escuela Normal Rural y trabajar para la misma”, compartió la alumna de cuarto semestre en Mactumactzá Himelda Nuñez Encino, de 23 años. “Esta es mi segunda casa”, concluyó.

Se espera que sea un evento masivo con la participación de más de 4000 personas, en un ambiento festivo. Habrá comida y música de todo tipo, desde mariachi y marimba, hasta banda y cumbia.

* Dirección de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá: Carretera a Chicoasen, Km 2, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutierréz, Chiapas.

Invitación a los festejos por el LXI aniversario de la Escuela Normal Rural Mactumactzá

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONVOCATORIA

Considerando que el V Congreso Nacional Indígena (CNI), en su segunda etapa realizada los días 29, 30, 31 de diciembre de 2016 y primero de enero de 2017, acordó:

PRIMERO.- “…Nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá como voz a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018…”.

SEGUNDO.- “…[Llamar] a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad  civil no organizada y a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya nos sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera…a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo…”.

TERCERO.- “[Convocar] a una asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México en el mes de Mayo de 201… para hacer retemblar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad…haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.”

Es que hemos acordado CONVOCAR a las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI a la celebración de la:

ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO PARA MÉXICO

Que se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, territorio zapatista, de acuerdo con el siguiente:

(Continuar leyendo…)

Esperamos  que las redes sociales nos permitan abrir un camino de acercamiento con las y los otros, un camino de información generado desde nosotr@s, y que será el espacio en el que se irán anunciando las diferentes actividades y acontecimientos concernientes al camino que recorreremos en los próximos meses como CNI.

Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras,  invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica  y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.

Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.

Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano,  ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002.  Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la  mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la  Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1],  es catalogada como  zona estratégica:

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Comunicado de Silvia Juárez, presa en el Amate #14 por defender el territorio zoque

Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Amate #14. Módulo 1, nivel 2, celda 8, cama 1.

17 de marzo de 2017

Al estado de Chiapas y muy en especial a la ciudadanía del pueblo zoque y comunidades hago de su conocimiento que yo hasta hoy llevo 25 días como presa política es por defender la tierra que son de nuestros campesinos, el agua, el aire es de dios nadie es dueño de nada en nuestra Santa Madre Tierra nos la heredó Tata Dios no dejemos que ese puñado de oportunistas que llegan con trampas al poder las entreguen al mejor postor para envenenarlas. No tengan miedo no se hagan esclavo de él. En nuestras manos está defenderlas.

Estorbo tanto en sus intereses que me tuvieron que inventar lo de motín, daños y secuestro es una vil calumnia, ustedes tienen la oportunidad de frenar todo esto, no firmen nada no entreguen copias de sus documentos porque están caminando por la zona diciendo que me sentenciaron a muchos años porque habrían de hacerlo si yo ni siquiera estuve en el pueblo. Soy inocente, en la zona están caminando el Presidente Municipal Armando Pastrana Jiménez y el Sub secretario de Gobierno.

No tengamos miedo primeramente dios no faltará un ángel para que ustedes los proteja pero no les entreguemos nada a esos bandidos porque ellos solo es temporal sus trabajos, y las tierras que ustedes trabajan les ha costado el sudor de la frente.

Defensa de la tierra…
No a la privatización del agua
No al hidrocarburo
Preferible morir de pie que vivir arrodillado

Encarcelarán mi cuerpo pero mi alma y espíritu de lucha jamás, ellos… están y estarán libres con cada uno de aquellas personas que lucha por los mismos ideales que yo.

Si no hay justicia para el pueblo. Que no haya paz para el gobierno

Su amiga

Silvia Juárez Juárez

Ciudad de México, 20/03/2017.- Ayer en la noche mientras se realizaba el cierre del tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias en el municipio de Asunción Nochixtlan, una suburban abrió fuego frente al domicilio del compañero Felipe Montesinos, integrante del Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio Nochixtlán (COVIC). En una entrevista realizada por el medio libre Surco Informativo Montesinos refirió que las intimidaciones son el resultado de que el comité continúe unido como grupo para denunciar los crimenes de lesa humanidad del 19 de Junio del 2016 .

EL día 5 de Marzo, Santigo Ambrosio, presidente del (COVIC)  y el profesor Felipe Montesinos Sánchez, sufrieron un fuerte atentado en el trayecto de Nochixtlán y la comunidad de La Cumbre. Aproximadamente a siete kilómetros de Nochixtlán, de la oscuridad salió una persona que comenzó a hacer disparos con un arma de alto calibre, del lado derecho entraron dos tiros por el parabrisas, otros dos del lado derechos a la altura de la puerta, hiriendo a profesor Santiago Ambrosio en la pierna derecha.

Ponencia del COMITÉ DE VICTIMAS POR JUSTICIA Y VERDAD 19 DE JUNIO (COVIC) de Nochixtlán Oaxaca sobre la Criminalización de la protesta social durante el XIII Congreso Ordinario estatal de la CNTE (vía NoticiasdeabajoML):

>>Para iniciar, agradezco la oportunidad que me han brindado los delegados efectivos y delegados fraternos asistentes a este XIII CONGRESO ORDINARIO ESTATAL DE LA CNTE.

Ante la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, por lo menos en los últimos años, estaríamos en presencia de la comisión de crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Al respecto, conforme al Estatuto de la corte internacional de julio de 1998, por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se clasifican diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”.

El referente más actual, son los numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de seguridad pública vigente que han sido denunciados por las ONGs como casos sistemáticos; la administración de justicia y derechos humanos tiene indicadores que generan muchísima preocupación; el reconocimiento de estos delitos cometidos en México, deben entenderse desde ahora como “crímenes de lesa humanidad” en una perspectiva del derecho penal internacional.

Ataques como los que vivió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el 2006, con las consecuencias fatales que sufrieron sus simpatizantes, como lo registra el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, 10 años después de los hechos del conflicto. Los casos más recientes de los presos políticos de la organizaciones sociales y magisteriales en Oaxaca, que suman un total de 67 , así como la Masacre por la policía de 11 pobladores en Nochixtlán, Oax., el 19 de junio del 2016, ilustran que hay violencia sistemática contra los pueblos y los trabajadores.

La actual política de seguridad interior es el mecanismo principal de contención social, cuyo objetivo es combatir y abatir “delincuentes”, partiendo de la criminalización de la protesta social, dándole una salida policiaco militar a la protestas de las organizaciones sociales y de planes contrainsurgentes, creando un andamiaje de planes criminales, represivos, con las consabidas atrocidades como en Tlatlaya y Ayotzinapa, de las cuales se desprenden según el discurso oficial problemas de seguridad nacional. Así con campañas de odio, filtraciones de contra información hacia los maestros democráticos de la CNTE y de las organizaciones sociales, han diseñado análisis de riesgos y supuestas vinculaciones de estas con la guerrilla en nuestro país.

Dicho esquema contrainsurgente bajo la operación del CISEN, puso en funcionamiento la Operación “Pinza de Oro” desde las oficinas del círculo más cercano de la Presidencia de la Republica, anunciado en forma reveladora por Raymundo Riva Palacio (Eje Central, 10 de julio de 2015). En su análisis la “CNTE: La larga noche” describe las debilidades de una de las reformas estructurales más importantes como lo es la educativa; señala “una incapacidad de gestión”, por una incorrecta y “despilfarrada” política de negocios con la CNTE y que debía cancelar esa mala política; de esta operación cuasi criminal del gobierno federal existen pruebas irrefutables que demostrarían su responsabilidad en los hechos que fueron escalando hasta las consecuencias asesinas de la masacre de Nochixtlan.

Las Victimas de Nochixtlan han manifestado su dolor por la sangre de los hermanos Mixtecos caídos, de centenares de heridos, golpeados, torturados y ejecutados cobardemente por las balas asesinas de las policías racistas, también el ataque indiscriminado a la colonia 20 de noviembre y a los niños y sus madres, como si se tratare de fuerzas beligerantes en conflicto como respuesta al “Operativo Oaxaca”, es publica la responsabilidad de dicho ataque, en este ataque el gobierno no vio población civil en resistencia y movilización pacífica que, pedía y exigía dialogo, dialogo con los maestros apoyados en los padres de familia de las escuelas. Porque no lo entendieron, era solo una exigencia de dialogo público, pero tomaron la decisión criminal no solo de desbloquear las vías carreteras sino de atacar a la población en su conjunto.

El Plan criminal empezó a las 6:40 am., ese día fatal y sangriento 19 de junio, para la historia de los de abajo, de los siempre derrotados, de los que hacen la historia, de nuestros pueblos. Lo que sucedió fue una extensión autoritaria de hace 10 años. Este plan criminal empezó desde antes de la ofensiva represiva, hay pruebas para derrotar las mentiras y falsificaciones de los hechos, las pruebas que se expondrán y estamos seguros que haremos morder el polvo a su verdad histórica oficial; los primeros embates con las fuerzas federales y las fuerza especiales de la Gendarmería, empezó el día 13 de junio, cuando pretendieron desalojar la barricada de Nochixtlán, fueron rechazadas por los pueblos y no por gente extraña ajena al movimiento o por infiltrados de organizaciones sociales, no es así, no es así, las pruebas son públicas y hay cientos de testimoniales que así lo atestiguan, porque insiste el gobierno federal y estatal, la PGR y sus “informes de inteligencia”, en construir su versión oficial, tratando con ello de librar la responsabilidad del gobierno local y federal.

Con un plan poco inteligente, comenzó una semana antes del 19 de junio, el plan de ataque orquestado en el “operativo Oaxaca” con la orden del Estado mexicano, de lanzar una ofensiva total sobre el movimiento popular en Oaxaca. El Gobierno Peñista, entra en acción, inicia el pase de revista a su policía criminal, “856 elementos entrenados y capacitados para matar” (hombres-arma), los informes oficiales, así lo han señalado en la Línea de tiempo de los hechos; los mandos contabilizaron a los uniformados y movilizaron a grupos paramilitares, procesaron sus informes de inteligencia con su muy tristes resultados; los armaron hasta los dientes, dispusieron de equipo logístico, camiones, camionetas y helicópteros, y calcularon la cuota de sangre y el número de vidas que tendrían que arrebatarle al magisterio y a los pueblos mixtecos que habitan en esa región, con la orden de “mátelos en caliente” y así dar un verdadero ejemplo autoritario, un escarmiento de terror fascista ante los pueblos de México y el mundo.

Esta batalla que empezó a temprana hora de la mañana y que duró más de 8 horas, con ofensivas y repliegues, ante según ellos una turba radical de mixtecos huarachudos, los cuerpos represivos, mediante maniobras militares criminales, con equipo terrestre y aéreo, se lanzaron sobre los maestros y pobladores que, desde distintos rincones de la mixteca oaxaqueña, Huajuapan de León, Tlaxiaco y municipios circunvecinos en el Distrito, llegaron a apoyar y en valiente batalla campal, se impidió el paso de las fuerzas federales, con un lamentable saldo de 8 ejecuciones extrajudiciales, 150 heridos de bala, torturados y 27 detenciones arbitrarias de personas que se encontraban en el panteón municipal, centenares de lastimados y golpeados, con un total abuso de autoridad, delitos del fuero común y federal, actos que constituyen violaciones graves a Derechos Humanos. Las agresiones de Nochixtlán, en pocas horas se convirtió en un polvorín nacional, para esa coyuntura, en el punto de quiebre de la correlación de fuerzas entre el Estado y el movimiento magisterial y popular, según la Comisión Permanente del Congreso en su informe sostienen que, “…es equívoco que el domingo 19 de junio ambos bandos participantes (policías y población civil) recurrieron al uso de la violencia”, (pág. 148, inf. Citado), con falsos testimonios, califican de manera temeraria y simple como violencia, nosotros decimos contundentemente, la población no ataco y tampoco agredió, solo se defendió tanto su dignidad como la vida, a pesar de la sangre derramada, se logró impedir el paso de las fuerzas del Estado.

Los diputados y senadores integrantes de Comisión Permanente del Congreso de la Unión, insisten que se investigue a seis organizaciones sociales y a los padres de familia de las escuelas, así como, a las comunidades indígenas que no son ajenos al magisterio; por ello es demasiado temerario e irresponsable solicitar“…que investigue la presencia de al menos 6 grupos ajenos al magisterio que se señala en diversos testimonios que ese día tuvieron presencia en Nochixtlán y que podrían haber participado activamente en hechos graves de violencia”, en el desalojo se encontraron y confrontaron fuerzas desiguales, por un lado el pueblo con mantas, carteles, con palos y piedras y, por el otro el gobierno y sus agentes, la policía federal y estatal, con armas de alto poder, franco tiradores, helicópteros desde donde policías dispararon balas y gases lacrimógenos contra población civil. La presencia de las fuerzas policiacas, es decir, quedo evidenciado que las autoridades no solo excedieron el uso de la fuerza de manera irracional con consecuencias fatales, por ende el gobierno actuó contrario a su responsabilidad de proteger a la comunidad.

Criminalizar al movimiento social de Oaxaca, no es una ocurrencia, la tendencia mediática han pretendido hacernos responsables de esta acción criminal y de imponer su verdad histórica oficial; criminalizando a las víctimas de la masacre, además a las organizaciones sociales, al señalar que “…Deben agotarse todas las líneas de investigación que permitan perseguir y someter ante la autoridad jurisdiccional a los responsables de los delitos relacionados con los hechos de Nochixtlán, entre ellos: Daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo, privación ilegal de la libertad, lesiones, resistencia de particulares, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y homicidio” (pág. 149, inf. De la Comisión permanente).

Es clara el método de la SEGOB y PGR de fraccionar en 29 carpetas de investigación, 11 por homicidio y más de 97 carpetas revictimizando a las verdaderas víctimas, en su teoría del caso oficial, de la masacre de Nochixtlan, individualizando la presunta responsabilidad y evadir con su verdad histórica la responsabilidad del Estado mexicano. Sin embargo, dicen las víctimas, somos los sobrevivientes del artero y fallido plan criminal ejecutado por el Estado Mexicano y daremos testimonio directo, porque nos asiste la verdad y como consecuencia los asesinos deben de ir a la cárcel, pues esas ejecuciones y delitos no son solo del orden federal o local, si no también son delitos del Orden Penal Internacional por ser de Lesa Humanidad.

Por estos posibles delitos de corte internacional, normados por el Estatuto de Roma, su observancia seria como dicen los juristas “una buena técnica contra la impunidad”, que no sería más que proteger, respetar y salvaguardar los derechos humanos, con ello se estaría evitando que haya impunidad de los crímenes internacionales que configuren en estos hechos.

Nuestra insistencia en el tema es contribuir, con la información y los testimonios de las víctimas. Ya que la lógica de los hechos impone la necesidad vital de esclarecer la Orden General de Operaciones; la División de Gendarmería de la Policía Federal según, recibió una llamada desde la Mesa de Coordinación que se conformaba por la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la que se les instruyó dar auxilio y rescatar a los integrantes de Policía Federal, Estatal y Ministerial que se encontraban realizando el “Operativo Oaxaca”, a las afueras de Asunción Nochixtlán. Asimismo, lo relativo al momento preciso en que se escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego y, quienes son los responsables en la cadena de mando, de dar la Orden de Matar.

Acudiremos como Victimas ante la jurisdicción internacional, ya que en estos hechos criminales, concurren los elementos que configuran un delito de trascendencia internacional, son aquellos que se comenten contra de la población civil de manera generalizado y sistemático; y quienes comentan el delito tengan conocimiento del ataque, es decir, que se haya planeado con anticipación la manera en que se cometería el ilícito penal, además, que ese ataque causa un grave perjuicio en contra de la población. La procedencia de nuestra apelación estará afianzada en los elementos fundamentales de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en la exigencia del derecho a la verdad, en las normas imperativas de ius cogens, en las garantías de no repetición y en la reparación a la víctimas.

Nos acogeríamos a un juicio internacional, tomando como base el principio de complementariedad que está regulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, dicho principio se refiere a que el Estado parte tiene el derecho y la obligación de juzgar a los nacionales que cometen delitos de lesa humanidad de acuerdo a su legislación, tal como lo explica el Lic. Edgar Eduardo Téllez Padrón, en su artículo, (…)“los crímenes que establece el (ESTATUTO DE ROMA) ya forman parte de la legislación nacional y los jueces tienen la facultad de aplicar directamente este tratado si se comenten algunos de los crímenes establecidos , (…) si en el país se cometiera un crimen de lesa humanidad, sin importar que lo realizara una persona civil o un integrante del Ejército, el caso debería ser juzgado por un tribunal penal federal del fuero civil autorizado para conocer de las controversias de orden criminal o de cumplimiento de los tratados internacionales, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución. (…) la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 50 que los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales”. (Revista Defensor, Núm. 07, julio 2011).

Con los elementos que contamos, iniciaremos nuestro juicio en ejercicio de la competencia del ESTATUTO DE ROMA, en una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una población civil. En caso de que el Estado Mexicano no lo haga, ya sea por falta de disposición o por falta de capacidad, tiene el derecho la CPI de juzgar a los responsables por la comisión de los mismos. La CPI se encuentra revestida de un carácter de complementariedad, el cual hace que su competencia pueda anteponerse a la jurisdicción de un tribunal nacional, en aquellos casos establecidos por la falta de voluntad del Estado para investigar o procesar a los agentes del estado o funcionarios gubernamentales responsables.

Los agentes del Estado implicados en la masacre de Nochixtlan, planificaron y calcularon todo su actuar, prepararon su masacre hasta en sus últimos detalles, hasta para impedir los servicios médicos para los heridos tanto maestros como población civil, ( como en un escenario de guerra civil o en un estado de conflicto interno con suspensión de garantías constitucionales), todo fue previsto; sin embargo, hay una cosa que no considero el Estado que, los pueblos acudirían a sumarse a esta gran batalla popular para impedir a toda costa el paso de los criminales y evitar que la masacre se extendiera más, por el territorio oaxaqueño, haciendo uso de la legítima defensa y de la violencia popular como un legítimo recurso humano de autodefensa de las masas populares; la legitima defensa es humana y es legal . Así ocurrió, y con el objetivo de esclarecer los hechos, castigar a los presuntos culpables, la reparación de daños a las víctimas y la no repetición. Ensimismo, las premisas de la verdad que tienen que ver con las investigaciones imparciales que se deben de realizar de manera profesional y, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Pero cómo el Estado Mexicano garantizara estos estándares Internacionales? Si no preservaron de manera debida las providencias esenciales del debido proceso que son resguardar la cadena de custodia del lugar de los hechos.

Al entrar en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio de corte adversarial, las autoridades de procuración y administración de Justicia deben estar preparadas para llevar a cabo una serie de acciones; tales como garantizar la autenticidad de los indicios o elementos probatorios, mediante registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, sin embargo, todos ellos fueron borrados de la escena de la represión y no se levantaron evidencias, como fue público por peritos de la Fiscalía Estatal del Estado de Oaxaca. ¿Cómo darían cumplimiento a lo dispuesto al artículo 277 del Código Nacional d Procedimientos Penales y al Acuerdo A/009/15, de la Procuraduría General de la República?, en los cuales se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, tal como lo hace notar la Comisión Permanente del Congreso “…que la preservación del lugar de los hechos, previo a la cadena de custodia, y que inicia con el arribo del primer respondiente, incluye la evaluación inicial, la protección del lugar y la administración del sitio, y finaliza con su liberación una vez agotados los trabajos de investigación”. (pag.118, inf. Citado). Si días después, limpiaron y manipularon el lugar de los hechos, sembrando, además, evidencias para construir el inicio de su verdad histórica oficial y desvirtuar totalmente el destino manifiesto de la investigación y el deslinde de responsabilidades.

Termino diciendo, la justicia tardía no es justicia… Hasta hoy no han avanzado las investigaciones ni en lo más mínimo, por parte de la PGR.

Asunción Nochixtlan, Oaxaca a 18 de Marzo del año 2017.

Por: Niñx Salvaje/Trabajo colectivo desde la batukada feminista de Oaxaca

Con el sonido de los tambores, al ritmo de las consignas, en bicicleta, moto, coche o de pie, las mujeres de Oaxaca nos organizamos este 8 de Marzo para salir a las calles y gritar ¡YA NO TENEMOS MIEDO!

Teniendo como ruta diferentes espacios en donde nuestra presencia es una amenaza tan grande que se hace necesaria una estrategia de producción de miedo para la sumisión y la obediencia; espacios que nos amenazan física y verbalmente, con la intención de mantenernos ausentes. Por ello hemos decidido ocuparlos, salir y retumbar Oaxaca, en donde no nos quieren, ahí estaremos.

El Tule, en donde hace apenas 6 meses, dos compañeras sobrevivientes fueron violadas por el conductor de un Taxi Foráneo y un cómplice más. Por ello, prendimos Fuego. “Taxi foráneo del Tule, quemado por Feministas exigiendo transporte seguro”; titular que pudo enmarcar el mensaje dado a todos aquellos que observaron el taxi, hecho de cartón, que ardía mientras gritábamos: Esto les pasará a todos los que continúen violentándonos, NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 20 de marzo de 2017

Chiapas: Imposición y violencia como modo de gobierno

Pronunciamiento conjunto

El proceso electoral de 2015 en Chiapas, generó una serie de conflictos en diversas comunidades y municipios, que hasta el momento se encuentran latentes. Las confrontaciones han sido encabezadas, sobre todo, por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocasionando violencia y vacíos de autoridad en diferentes alcaldías municipales.

A esto se suma el uso de los programas asistencialistas para coaccionar el voto de las mujeres, pero también la cuota de género requerida a los partidos políticos que fue vista no como una medida para promover la participación de las mujeres en cargos de representación sino como una imposición y requisito que debía ser cubierto de manera formal.

Los enfrentamientos han derivado en un elevado nivel de violencia e impunidad, como lo sucedido en San Juan Chamula, Chenalhó, Oxchuc, San Andrés Larrainzar, Chilón, Tilá, Chanal, entre otros municipios. Todo ello propiciado por el Estado que no asume su responsabilidad e intenta trasladar el problema a los pueblos que han sido utilizados como carne de cañón en medio de los juegos del poder.

Por ejemplo, en el municipio de Chenalhó, inconformes integrados en el grupo que se ha identificado como Movimiento Pedrano, protagonizaron una serie de protestas de creciente intensidad contra la presidenta electa Rosa Pérez Pérez del PVEM, el cual en el estado de Chiapas pertenece al gobernador Manuel Velasco Coello, quien por medio de este partido ha buscado ampliar el control político Las acciones del Movimiento Pedrano, opositor al PVEM, han incluido la toma de la alcaldía, bloqueos, toma de caseta de cobro, y de las instalaciones del Congreso del Estado, así como la retención de funcionarios.

En esta inconformidad uno de los elementos es ciertamente la cuestión de género, sin embargo en el fondo se trata de una lucha por el poder y por el control de los recursos económicos tanto locales como estatales.

Las acciones de protesta de los opositores de Rosa Pérez culminaron con la retención del Presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez, para obligarlo a acordar con dicho Congreso la destitución de la alcaldesa instalando como alcalde sustituto al hasta entonces síndico Miguel Santiz Álvarez.

Esta acción provocó una doble reacción de Rosa Pérez y sus seguidores; por un lado; la depuesta alcaldesa apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el 17 de agosto del 2016 falló a su favor. Por otro lado sus seguidores de la Colonia Puebla (lugar conocido por haber sido bastión de paramilitares) recibieron de manera violenta a quienes habían participado en la retención del presidente del Congreso, dejando está acción un saldo de dos muertos y el desplazamiento forzado de aproximadamente 80 familias.

Cabe señalar que el citado TEPJF en su fallo exhortó a las autoridades del estado a garantizar la seguridad de Rosa Pérez, la de su familia y colaboradores para el ejercicio de su cargo, así como a tomar medidas para asegurar la paz y tranquilidad en el municipio.

Las autoridades Chiapanecas no atendieron la sentencia ni la recomendación y permitieron de manera complaciente la muy previsible acción de los militantes del PVEM, quienes el 23 de febrero tomaron violentamente la alcaldía, una vez más con el saldo de un muerto, Jhony Orlando Vázquez Ruiz, numerosos heridos y alrededor de 250 personas de la Colonia Puebla que ya se encontraban desplazadas en la cabecera de Chenalhó y quienes ante los nuevos hechos violentos huyeron de la cabecera a San Cristóbal de Las Casas. La población refirió al uso de armas de uso exclusivo del ejército y chalecos anti-bala; también se cuenta con testimonios de que en la toma de la presidencia de Chenalhó, participaron grupos armados de Pantelho, Chalchihuitan y Chamula.

El cuerpo de Jhonny Orlando fue encontrado desmembrado el 26 de febrero de 2016, días después, el conflicto cobro otra vida y el 7 de marzo se encontró el cuerpo del joven Lorenzo Santiz hijo del Síndico Miguel Santiz Álvarez en Santa Martha. Desde esa fecha, la tensión, rumores y amenazas en las comunidades y cabecera continúan.

Cabe señalar que el estado de Chiapas estuvo administrando el conflicto, hasta permitir que fueran los grupos armados quienes ejecutaran por su cuenta la sentencia del tribunal, ello a pesar que su misma existencia los ubica fuera de la ley. Nos preguntamos: ¿este modo de actuar es una prolongación de la contrainsurgencia en la que los paramilitares son los ejecutores materiales del plan trazado por el Ejército? ¿Es connivencia y complicidad activa de las autoridades con los grupos delincuenciales? ¿O es simple y crasa incapacidad de gobernar? ¿O quizá se trata de crear una sensación de ingobernabilidad para justificar la Ley de Seguridad Interior que pretende institucionalizar la acción del Ejército mexicano en tareas que corresponden por su naturaleza a la autoridad civil?

En cualquiera de los casos, estos hechos son sumamente graves y apuntan a una responsabilidad del Estado por acción y por omisión, ante un contexto de violencia que podría seguir escalando y que ya ha costado vidas, desplazamientos forzados y un profundo malestar en la población.

Las organizaciones firmantes, hemos venido insistiendo en el desarme de los grupos paramilitares que perpetraron la Masacre de Acteal en 1997; no sólo no se nos ha escuchado en cuanto al desarme, sino que se han reactivado los grupos armados bajo la actual administración del gobernador Manuel Velasco Coello. Contamos con testimonios directos de que en medio de la última confrontación violenta estos grupos estaban adquiriendo nuevas armas.

Así pues son las semillas envenenadas de la contrainsurgencia las que han fructificado en los actuales grupos armados, enfrentados por el control político-territorial, cuyos efectos negativos hacia la población están a la vista: comunidades y familias desintegradas por el conflicto y una ingobernabilidad impulsada y fomentada desde los altos niveles del poder.

Las autoridades no pueden seguir evadiendo su responsabilidad ante lo evidente y obvio de la actuación impune de los grupos armados y el tráfico de armas en la región.

Por lo tanto las organizaciones aquí firmantes exigimos al estado lo siguiente:

1. Se desarme a los grupos armados que están operando en la región, los cuales actúan con total complacencia de las autoridades del estado de Chiapas. Así mismo, se investigue, se desarticulen a las redes de tráfico de armas.

2.-Sea investigada la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y propiciado la violencia generalizada en la región.

3.-Se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de los pobladores en el municipio de Chenalhó.

Integrantes de la Red por la Paz:
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ),Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO),Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI, Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ), Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

Comunidades de Oaxaca solicitan amparo ante la llegada de megaproyectos eólicos

Por Ricardo Ortíz

CDMX 21/03/2017. La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), anunció la intromisión de una nueva serie de megaproyectos que afectarán a diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec.

Así mismo, denunciaron que las transnacionales de empresas eólicas y mineras, han ocasionado una serie de despojos impulsados desde el Gobierno Federal, lo cual ha detonado conflictos comunitarios y territoriales en la zona, por lo que señalaron, se ha decidido crear “organización” bajo el principio por la defensa de la vida, la tierra y el territorio.

El pasado 16 de marzo, se presentó un amparo colectivo, donde estuvieron presentes pobladores de los pueblos indígenas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec; donde ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, se interpuso un amparo regional.

Dicho amparo constata, que tiene como objetivo el proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta previa y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado ante la nueva etapa de instalación de parques eólicos en las distintas regiones.

Pobladores han señalado que dicho megaproyecto desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura, “en consecuencia, el Estado pretende evitar la garantía de todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas”.

“Desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario, ahora el Gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW, lo cual implicaría triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos”.

Afirmaron que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta con promesas de desarrollo y crecimiento, sin embargo, denunciaron que “los resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son el acaparamiento de tierras de miles de hectáreas, los altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

“La migración de familias enteras de la población campesina de comunidades de Oaxaca ha ido en aumento, además, se han observado impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores”, puntualizaron.

Finalmente, denunciaron que la segunda fase de desarrollo eólico es “la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades, donde solo benefician las empresas privadas y la validación de una política económica de despojo”.