Por Ñaní Pinto

Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.

Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.

El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.

La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque.
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Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.

La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.

El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.

La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.

La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.

Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.

Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.

No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.

Foto: Darwin Franco

En el quinto conversatorio de la serie Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organización Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geográfica de Jalisco.

Ellas y ellos están sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos

Samantha Anaya / Zona Docs

«Para Mezcala la tierra es todo»

La historia de Mezcala «se explica con la lucha de su territorio», pues desde hace 500 años sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirmó Rocío Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.

Moreno narró que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) «fue de los más violentados, porque se esclavizó a gran parte de su población». Por esta misma razón, ahora sólo «se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes». 

La comunera expuso, además, que el exterminio de los pueblos originarios generó la pérdida de su lengua, por lo que lo único que les quedó fue refugiarse en su tierra:

“Por eso decíamos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonización. Esto nos da orgullo e identidad». 

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Por Aldo Santiago

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

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Por Milagros Panta TeleSISA

Hoy se cumplen 29 años del autogolpe de Estado ejecutado por Alberto Fujimori, genocida y ex presidente del Perú que el 5 de abril de 1992 por medio de un mensaje presidencial disolvió el Congreso de la Nación para dar inicio a una dictadura que trajo consigo una de las épocas más nefastas de la historia peruana. A pocos días de las elecciones el pueblo peruano pide memoria, verdad y justicia.

Con apoyo militar del Ejército, de la Marina y de la fuerza Aérea intervinieron el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones como los medios de comunicación para tener total control sobre ellas. Ordenó detenciones y persecución a sus opositores, allanamiento a locales partidarios y principales sindicatos. Teniendo el control del Congreso, decretó una nueva constitución la del ’93 que le permitió postular a la re elección e introdujo consigo el modelo neoliberal y la aplicación de políticas que flexibilizaron los derechos laborales que legalizó la explotación, se dio pase libre al extractivismo trayendo consigo una profunda pobreza y desigualdad.

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Autonomías en medio de la guerra. Autonomías en medio de la guerra. El caso de la experiencia zapatista.

Conversatorio con Gustavo Esteva y Raúl Zibechi. Participan: Frayba, Red Ajmaq, ELCOR, No estamos todxs y CDMCH.

Míralo en: https://redajmaq.espora.org/envivo

Convoca: Red de Resistencias y Rebeldías Ajmaq.

#Autonomia #LaGiraZapatistaVa #EZLN

«Mis dibujos, son palabras que me salen del corazón, es solidaridad para las y los demás compañeros que están luchando desde algún lugar del mundo».

El 1 de abril de 2021, el compañero Marcelino Ruíz Gómez indígena del pueblo maya tsotsil, lanzó una exposición grafica virtual llamada “Por la vida y la Libertad”. Marcelino fue detenido arbitrariamente el 5 de febrero del 2002 y actualmente se encuentra preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 10 de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

En entrevista con Radio Pozol, Marcelino menciona que a través de los dibujos da a conocer la palabra que no se puede expresar o lo que no se puede escribir. Comparte que cada dibujo expresa la falta de acceso a la justicia, la discriminación y la violencia que a enfrentado por un delito que no cometió pero por el cual fue sentenciado a más de 30 años de prisión. Hoy día lleva más de 19 años preso y los dibujos «son una manera de liberarme», externa el indígena chiapaneco.

Marcelino expresa su dolor porque «la Madre Tierra esta sufriendo, los poderosos, quienes con el afán de poseer sus riquezas cada día más incrementan el despojo y la destrucción». «Todos somos territorios y los invito a defendernos», dice con voz firme el originario de la zona altos.

Ruíz Gómez, recuerda que cuando lo detuvieron fue esposado y vendado de sus ojos con el objetivo que no viera a donde lo trasladaban. En el lugar donde permaneció detenido fue torturado física y psicológicamente durante tres días, tras sufrir varios golpes entre otras formas de tortura como el permanecer atado a una silla durante esos días, también le rociaron la nariz con tehuacán con chile fue obligado a firmar para autoinculparse, todo ello ha sido documentado y denunciado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

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La labor que ha realizado la organización Artículo 19 en los últimos 15 años en México permite observar los desafios que enfrentan las trabajadoras y trabajadores de medios alternativos, públicos y privados, para ejercer el derecho a comunicar.

En esta ocasión es la propia organización Art 19 quien recibe ataques por el grupo en el poder. Lxs invitamos a conocer su historia y trabajos que realizan.

Entrevista con Mayra López Pineda -Artículo 19:

(Descarga aquí)  

Ver en línea : Artículo 19

Por Vanessa García Navarro

Durante el primer trimestre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos Americanos ha reportado un aumento en el flujo de migrantes indocumentados provenientes de México y países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Entre los viajeros destacan, por su extrema vulnerabilidad, los niños y adolescentes que se arriesgan sin algún guardián cuidando de ellos a lo largo de su travesía.

Hace una semana, el representante del congreso de Texas, Enrique Roberto “Henry” Cuellar, reveló fotografías de los menores de edad en el centro de detención de migrantes en la ciudad de Donna, Texas. Las imágenes registran menores aglomerados en “habitaciones” divididas con delgado polímero transparente; aparentemente cobijas isotérmicas y colchonetas forradas en plástico son los exiguos recursos conferidos para su confort.

En los meses de campaña, el mandatario norteamericano Joe Biden, que asumió el cargo de presidente de los EE.UU. en enero de 2021, prometió que, de ser electo, a los inmigrantes que exponen sus vidas en busca del asilo estadounidense su gobierno los tratará “con dignidad y se asegurará de que reciban la justa audiencia legal a la que tienen derecho”. Promesa que contrasta con el escenario que se advierte actualmente.

Las trincheras se vuelven abismos

A diferencia de los adultos solteros y las familias, que al ser detenidos por la patrulla fronteriza estadounidenses son expulsados a México en el menor intervalo posible (salvo algunas excepciones), los adolescente y niños que viajan sin acompañantes mayores de edad son asilados en instalaciones ubicadas dentro del territorio de EE. UU. mientras se estudian sus casos.

Idealmente, el proceso comienza desde el momento en que los agentes de la patrulla fronteriza los aprehenden, en seguida los trasladan a sus instalaciones. Después de resguardarlos por 72 horas (máximo), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) habría de entregar a estos niños y adolescentes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés HHS) para valorarlos medicamente, someterlos a cuarentena. Simultáneamente se investiga a cada una de las familias a las que se les otorgara la custodia de los menores (80% de los niños y adolescentes cuentan con un patrocinador esperándolos en USA y en el 40% de los casos se trata los padres o algún tutor legal).

Sin embargo, los niños permanecen hacinados en las instalaciones a cargo de patrullas de protección fronteriza – cuya función es impedir que migrantes sin papeles entre en los Estados Unidos – por mucho más de 3 días, porque los albergues carecen de vacantes.

¿Crisis?

El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, asevera que los niños dentro de las instalaciones de DHS cuentan con cuidados, comida y la posibilidad de bañarse casa 48 horas. Pero Leecia Welch y Neha Desai (abogadas autorizadas a inspeccionar cuan satisfactorias son las condiciones en las que se resguarda a los menores sin acompañantes) han declarado que no se les admitió la entrada a las instalaciones DHS de Donna, únicamente se les consintió entrevistar a 20 menores dentro de una unidad portátil. Algunos de los adolescentes y niños reportaron que varios de sus compañeros carecen de alguna colcha o tapete para dormir, por lo cual descansan en el suelo y superficies desnudas; así mismo, a veces los menores pasan tres o incluso seis días sin poder higienizarse adecuadamente.

Se habla de una elevadísima cantidad de niños (14 mil según el Diario.es, 15 mil según Forbes), muchos de ellos menores de 10 años, que sufren la merma de su bienestar mientras pasan hasta una semana varados antes de ser transferidos a un albergue. Las autoridades se niegan a ser transparentes y siguen ocultando cifras, en cambio, en medio de la contradicción, el gobierno de Biden prefiere denominar “reto” a lo que resulta una crisis.

¿Qué dice el gobierno de los EE.UU.?

El Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Alejando N. Mayorkas, ha realizado algunas declaraciones respecto a la crisis humanitaria en la página web oficial de U.S. Department of Homeland Security. Explica que el incremento de inmigrantes menores no acompañados se debe a diversos factores, tales como la devastación producida por los huracanes que azotaron Centroamérica en 2020, el acrecentamiento de los niveles de delincuencia, impunidad y violencia en los países del Triángulo Norte y México, los estragos colaterales de la pandemia por COVID 19.

En su discurso Mayorkas manifiesta que la administración anterior les transfirió un sistema desarticulado e ineficiente, que continuamente violó los derechos de los inmigrantes, cerrando asilos, expulsando a su suerte a niños sin acompañantes e incluso convirtiéndolos en presa fácil de traficantes. Por otro lado, opositores del nuevo gobierno estadounidense, argumentan que la decisión de eliminar restricciones migratorias, del presidente Biden, imprudentemente alientan a los inmigrantes a intentar cruzar ilegalmente las fronteras.

El secretario de la DHS admite que se exceden las 72 horas de detención estipuladas por la ley federal, y que los espacios para albergar a los inmigrantes detenidos son de hecho limitados (no permiten guardar el distanciamiento social demandado por la pandemia vigente).

Siguiente paso

El pasado 24 de marzo, el presidente Joe Biden asignó a la vicepresidente Kamala Harris la tarea de solucionar la crisis migratoria.

Tan sólo queda esperar el primer movimiento de Harris, sin omitir la posibilidad de que el abismo humanitario simplemente se ensanche. Los miembros del partido republicano y algunos personajes de la facción democrática manifiestan su disconformidad con la crisis humanitaria y las potenciales repercusiones de la agenda migratoria propuesta en la presente administración (detener la construcción del muro fronterizo, brindar estatus migratorio a casi 11 millón de migrantes, reunificar familias) y advierten no facilitarán su apoyo.

Por Sandra Suaste

La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.

La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.

 Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN,  pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.

La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.

La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.

Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”

Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.

La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.