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El día de hoy, 1 de julio del 2024, inició la “cuenta regresiva” para que Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, termine oficialmente su gobierno al frente de esta administración.

A través de medios de comunicación y redes sociales, pudimos escuchar a Martí Batres Guadarrama anunciar 50 acciones, como parte de un plan de trabajo que llevará a cabo en sus últimos 100 días al frente de esta administració. Escuchamos muchas promesas, compromisos y buenas intenciones…, vaya discurso. Para muchos les resultará alentador en la recta final de esta administración. Sobre todo, cuando esta administración intenta convencernos de que vivimos en una “Ciudad Innovadora y de Derechos con acento social”; sin embargo, ese discurso, contrasta con la realidad que actualmente esta viviendo la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, la misma que ocupa actualmente, lo que fueron las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, y que ante la soberbia del traidor de los Pueblos, Adelfo Regino Montes, este edificio fue renombrado, como la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

En sus 100 compromisos para cerrar esta administración, a Martí Batres Guadarrama, se le olvidó mencionar un compromiso pendiente que tiene con la Comunidad Indígena Otomí, que durante más de 25 años ha demandado en las distintas administraciones, el derecho a una vivienda digna y decorosa, tal y como lo establece el Art. 4º Constitucional .

Sr. Jefe de Gobierno, acá le recordamos que existimos, porque resistimos…

La Comunidad Otomí lleva 12 días de que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, le cortara la luz en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. El corte de energía eléctrica ha dejado a más de 40 familias sin luz, sin agua, sin drenaje, pues el cárcamo de aguas negras esta colapsado, el riesgo de contaminación de aguas negras con las cisternas de agua potable es inminente.

Estos 12 días de incertidumbre, de represión y hostigamiento, no se comparan en nada con los casi 4 años que llevamos en la Toma del INPI, pues hemos tenido que resistir la discriminación, el desprecio, el olvido, la criminalización y la persecusión política como una estrategia de gobierno por doblegar nuestra digna lucha. A todo esto se suma la nula voluntad política para resolver nuestras demandas y el fallido intento de desalojo que llevaron a cabo el pasado 12 de octubre.

Desde la Toma del INPI y hasta el día hoy, hemos reiterado nuestra voluntad y vocación por alcanzar acuerdos a través de las mesas de diálogo muy a pesar, que por el poco tiempo que le queda a esta administración, la salida pudiera ser violenta, es decir, un desalojo.

En 30 años hemos exigido el derecho a la vivienda, salud, trabajo, educación, alimentación, justicia, tranquilidad y felicidad para nuestros niños y niñas ; sin importar el color del partido en turno, a cambio hemos recibido racismo y discriminación en lo que va de seis administraciones de gobierno en la CDMX, seis administraciones del orden federal; incluida la que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es decir, 6 gobiernos que no han querido dar solución a nuestras demandas.

Con los recientes procesos electorales, no solo se ofrece continuidad de la mal llamada “Cuarta Transformación”, el Plan “C” el que ya esta echado a andar, está pensado para imponer al pueblos de México lo que se decida en Palacio Nacional, está pensado para acabar con todas las resistencias y rebeldías que se oponen al sistema capitalista y patriarcal, es decir, si no estás con la Cuarta Transformación eres su enemigo. Claudia Sheinbaum, como Jefa de Gobierno, nunca se dignó a recibir y escuchar a la Comunidad Otomí, siendo presidenta de la República, no solamente seguirá en su lógica de indiferencia gubernamental, pues con Harfuch al frente de la seguridad de este país, muy seguramente se ofertará una salida violenta.

Mientras, los escuchamos decir que “este gobierno es distinto”, “que ya no existe el neoliberalismo”, “que no son iguales”. Pues nosotros les decimos que, si no son iguales, entonces, comienza la cuenta regresiva de 100 días para que: Andrés Manuel López Obrador; Adelfo Regino Montes -el traidor de los Pueblos- y titular del INPI; Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Tania Libertad Argumedo Chávez, del Instituto de Vivienda de la CDMX e Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, CUMPLAN A CABALIDAD Y DE UNA VEZ POR TODAS, LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX.

LES OTORGAMOS EL BENEFICIO DE LA DUDA, PARA QUE EN 100 DÍAS CUMPLAN CON LO QUE SUS ANTECESORES NO PUDIERON HACER

No hay más compañeros…

En 100 días veremos si este gobierno es igual de racista y mentiroso que los demás. En 100 días veremos si simplemente nos dejan en el olvido; si en 100 días o menos, vuelven a venir con granaderos a golpearnos y desalojarnos como lo hicieron en 2018 en Roma 18, o cuando lo intentaron el 16 de octubre del 2023 en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, “Samir Flores Soberanes.”

Compañerxs, hacemos un llamado para que en todos lo rincones y territorios de México y el mundo, según sus calendarios y geografías, puedan, sumarse a esta cuenta regresiva. Convocamos también, para que en estos 100 días de “cuenta regresiva” del gobierno de la CDMX, a la Comunidad Otomí, se conviertan también, en “100 días de solidaridad, resistencia y rebeldía contra el mal gobierno.

Convocamos para que toda acción en redes sociales, virtuales o presenciales, haga suya esta iniciativa, al mismo tiempo que agradecemos puedan sumarse con actividades muy diversas a esta “cuenta regresiva”. Diario estaremos llevando el conteo de los días que van transcurriendo hasta que el gobierno cumpla su palabra. Si quieres participar con alguna actividad, puedes enviarla al correo: comunicacionotomi@gmail.com

Compañerxs, dejamos esta pregunta al Gobierno de la Ciudad de México:

¿Acaso en 100 días no puede un gobierno con acento social, dar vivienda a una comunidad de indígenas Otomís?

Nosotrxs seguiremos resistiendo pese a sus mentiras y traiciones, como lo hemos hecho en este sexenio, como lo hemos hecho por 36 años, y como nuestros padres, abuelos y abuelas, han resistido por más de 532 años.

Atentamente

No nos Vendemos, No Claudicamos y No traicionamos

Tener Techo, es un Derecho

Por el Derecho a la Ciudad

Nunca más una Ciudad sin sus Pueblos y Comunidades Indígenas

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos

Alto a la guerra contra las Pueblos Zapatista

Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, integrante del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG y de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE LUCHAN Y RESISTEN

 A LOS PUEBLOS NAHUAS DE MORELOS

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA CNI

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTES

AL PÚBLICO EN GENERAL

Enviamos este comunicado para dar a conocer la situación en la que está viviendo actualmente nuestra comunidad indígena nahua de Cuentepec, donde se nos está violentando nuestros derechos como pueblos indígenas autónomos, nosotros nos regimos por nuestros sistemas normativos, conocidos mayormente como usos y costumbres, donde la máxima autoridad de la comunidad y quien legitima las decisiones del pueblo es la asamblea comunitaria.

El municipio de Temixco, en un acto racista y discriminatoria está violentando nuestro derecho a la libre determinación y nuestra autonomía, reconocidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2, 3, 4, 5 de la Declaración sobre los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 1, 2, 5, y 21 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Debido a que el día miércoles 26 de junio del presente año, aproximadamente a las 9:30 pm., se tocó la campana para llevarse a cabo una asamblea de manera extraordinaria, debido al incumplimiento de las normas tradicionales comunitarias, de que no se presentaron las personas que habían sido electas el pasado domingo 23 de junio, para ocupar en el cargo de las nuevas autoridades de la Ayudantía Municipal, por lo que la asamblea decidió que no se le realice la entrega de la Ayudantía Municipal a las personas electas y que se solicite una nueva asamblea para volver a elegir a otra persona como Ayudante Municipal de nuestra comunidad, debido a la inconformidad por la incompetencia del cumplimiento de las normas tradicionales ancestrales.

Ante esta decisión en asamblea, solicitamos a todas las autoridades comunitarias y tradicionales que comuniquen dicho incumplimiento y la decisión de realizar una nueva asamblea para nombrar a otros integrantes a formar la nueva Ayudantía municipal

Por lo que el día jueves 27 de junio del presente año, se ingresó un escrito al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, IMPEPAC, y al Ayuntamiento de Temixco para informarles la situación y nuestra decisión como pueblo indígena nahua. En esta última institución al dar a conocer la decisión del pueblo, el personal de la jefatura de Colonias y Poblados del Ayuntamiento hizo caso omiso a nuestra petición, la cual empezó a agredirnos verbalmente diciendo que no entendemos, que no conocemos las leyes y que ellos son las únicas autoridades competentes en legitimar y entregar los cargos a las ayudantías en todas las colonias del municipio, sin embargo, ellos están cometiendo un acto violatorio al no reconocer que nuestra comunidad es una de las últimas comunidades autónomas que se ha venido rigiendo bajo sus propios sistemas normativos, por lo que están violentando y discriminando las normas tradicionales ancestrales de nuestra comunidad.

En un acto transgresor, el día viernes 28 de junio, como una muestra del desprecio, discriminación e ignorancia en contra de nuestra autonomía de gobierno de nuestra comunidad indígena nahua de Cuentepec, el Ayuntamiento de Temixco le tomó la protesta del cargo a los señores Andrés N. Lázaro N. y Benito N. como nuevas autoridades de la Ayudantía municipal, ignorando y discriminando nuestra libre determinación comunitaria.

Ante este acto de provocación responsabilizamos al ayuntamiento por las consecuencias que pudiera generar en el tejido social y en la vida diaria de nuestro pueblo indígena nahua, que ha resistido en mantener su propio sistema normativo y que no está dispuesto a que ningún gobierno local, estatal o federal les imponga nuevas formas de organizarnos.

¡LOS PUEBLOS INDÍGENAS EXISTIMOS Y RESISTIMOS!!

¡EXIGIMOS RESPETO A NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA COMO PUEBLO INDIGENA NAHUA DE CUENTEPEC!!

¡CUENTEPEC RESISTE!

¡JAMÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!!

¡JAMÁS CALLARÁN NUESTRAS VOCES!

ATENTAMENTE

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE CUENTEPEC

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Comunidades indígenas han realizado protestas por la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz.}

Defensoras y defensores de la naturaleza y del territorio del Istmo de Tehuantepec han sufrido al menos 226 agresiones en los últimos tres años en el marco del megaproyecto Corredor Interoceánico, llevado a cabo por la administración de Andrés Manuel López Obrador, en los estados de Oaxaca y Veracruz. La documentación fue realizada por 23 organizaciones sociales de Derechos Humanos reunidas en una misión civil de observación.

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Dentro del periodo de documentación, entre mayo del 2021 a mayo de 2024, se registraron 72 ataques en los que se cometieron las 226 agresiones, entre ellas intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, criminalización, daños a propiedad, difamación, detención arbitraria, estigmatización, desplazamiento forzado, homicidio, desalojo forzoso, uso indebido de la fuerza, allanamiento, despojo, robo y desaparición.

“Está la criminalización, la amenaza de ser encarcelado, de quizá llegar a desaparecernos o asesinarnos. Eso siempre ha estado presente en nosotros. […] el estar esperando qué va a pasar, qué nos van a hacer”, relata un defensor indígena binnizá con identidad resguardada, de San Blas Atempa, Oaxaca.

Las víctimas son mayoritariamente integrantes de algún pueblo o comunidad indígena. Las organizaciones registraron que 66 de los 72 ataques documentados fueron perpetrados contra los pueblos indígenas Mixe (Ayuuk) y Zapoteco (Binnizá).

Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), organización que hace parte de la misión, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en la mañana del jueves (27) que hubo un incremento de las agresiones en el último año y medio. 

Para él hay dos elementos que coinciden con este aumento. “Por un lado, está la transferencia del mando sobre el Corredor Interoceánico de elementos civiles [hasta septiembre de 2023 estuvo a cargo Rafael Marín Mollinedo] para la [Secretaría de] Marina”, sostiene. 

Según Beas, el cambio de mando ha dado lugar a una serie de problemas. Un ejemplo, cita, es que “muchas comunidades que permitieron los trabajos relacionados al corredor a cambio de algunos programas de desarrollo o de vivienda, el gobierno, y en particular la Secretaría de Marina [Semar], no ha querido reconocer estos acuerdos”. 

Por otro lado, junto con el ingreso de la Marina como la responsable del desarrollo de las obras del corredor, en diciembre de 2022 tomó posesión Salomón Jara (del partido Morena) como gobernador del estado de Oaxaca. “El número de agresiones más fuertes se da a partir de enero de 2023 y adquiere mucha fuerza principalmente a partir de enero 2024”, sostiene.

Luz Coral Hernández, integrante de Territorios Diversos para la Vida, otra de las organizaciones que hacen parte de la misión, advirtió durante la conferencia de prensa que los datos presentados por las organizaciones son en realidad una referencia en el marco de la magnitud de violencia a la que se enfrenta las personas y comunidades defensoras en la región. “Es solamente un piso mínimo de las verdaderas cifras de las agresiones que se perpetran contra las personas y comunidades”, dice.

Los agentes

Los responsables por ejecutar las violaciones de derechos humanos son en su mayoría agentes pertenecientes al Estado, quienes participan en el 66% de las agresiones. Siguen agentes privados, 30%. No se identificó 4% de ellos. “En 26 de los 72 ataques hubo participación de uno o varios elementos de las fuerzas de seguridad pública de tinte militar”, señala Coral Hernández.

Las organizaciones destacan agresiones por parte de órganos de gobierno responsables por la protección de los núcleos agrarios, como son el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. 

Además, agresiones por parte de autoridades encargadas de la investigación de las agresiones y procuración de justicia tanto del orden federal como local -Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Poder Judicial Federal y Poder Judicial del Estado de Oaxaca-.

La justicia

Hoy existen 12 carpetas de investigación abiertas, tanto en orden federal como estatal, relacionadas con 55 personas defensoras del territorio. Se han registrado, además, 20 detenciones de defensores; mientras, 19 fueron liberados.

“Nos preocupa mucho el uso del sistema de justicia para obstaculizar la labor de defensores de los derechos humanos. Esta es una tendencia que se mantiene de manera recurrente y sistemática”, alerta Nataniel Hernández, de la Red TDT. 

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Mujeres e infancias

En al menos 28 ataques documentados, los impactos de la violencia trascendieron a infancias, esposas, madres y padres de las personas defensoras víctimas en el momento específico del evento.

Se identificó violencia de género en contra de mujeres defensoras mixes. “Mediante agresiones físicas y de intimidación, al ser atacadas por presuntos elementos de la Semar, cuestionando también sobre su labor de defensa en el marco de estereotipos de género respecto de labores de cuidado y hogar”, dice el informa de las organizaciones. 

Lo que se está viviendo en el Istmo de Tehuantepec, aseguran las organizaciones, es un proceso acelerado e impuesto, con un clima de intimidación y securitización militar generalizado, con despojos de tierras y territorios, con la imposición de formas de vida, así como el saqueo de elementos naturales; “todo eso ha significado para comunidades y organizaciones istmeñas una realidad inaceptable”. 

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: El pasado sábado (22), con festival político cultural, reivindican solidaridad con el zapatismo y denuncian acoso a la comunidad otomí en la CdMx por el Gobierno de Batres. Foto: Noticias de Abajo ML}

Después de que el pasado jueves (20) la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpió el suministro eléctrico de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, “Samir Flores Soberanes”, al sur de la Ciudad de México, la comunidad Otomí alertó que ésta es una maniobra de autoridades locales, quienes preparan un desalojo violento del inmueble, ocupado desde octubre del 2020.

La emergencia sucede al mismo tiempo que colapsan otros servicios como el agua potable en el inmueble, que albergó por dos años al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y cuyo director, Adelfo Regino Montes, señalan por ser el responsable de responder con la criminalización ante las exigencias por vivienda digna de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, originarios de Santiago Mexquititlan, Querétaro.

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Durante rueda de prensa la mañana de este martes (25), mujeres Otomís sostuvieron que, tras la interrupción de mesas de diálogo, y tras más de tres años de la ocupación del inmueble, no hay avance en acuerdos para solucionar sus demandas, por lo que auguran una posible salida violenta al conflicto por parte de la administración de la capital.

“Están haciendo una limpieza de los conflictos para la siguiente administración”, acusaron ante la propuesta de la alcaldía de la ciudad de México para que entreguen el edifico el próximo 15 de agosto. Acorde a la denuncia, funcionarios de la ciudad preparan la entrega del inmueble a la siguiente administración federal y para ello emplean la persecución judicial para criminalizar la lucha Otomí, integrando carpetas de investigación y órdenes de aprehensión por “despojo agravado”.

Cabe resaltar que, tras la reciente acción de la CFE al cortar la luz en la Casa de los Pueblos, al mismo tiempo aumentó el número de elementos policiacos en las inmediaciones, lo que la comunidad indígena avizora como el anuncio de una posible represión.  

“Desde estas entrañas, donde hemos sido criminalizadas y criminalizados, le reiteramos al Gobierno de la Ciudad de México y Adelfo Regino Montes, que no nos cansamos”, anunciaron tras el bloqueo de la avenida México Coyoacán, el cual mantiene la comunidad Otomí desde el pasado jueves (20), para exigir el reestablecimiento de la energía y el respeto a sus derechos por parte de las autoridades, federales y locales.

¿Dónde están nuestros derechos?

Tras la interrupción del suministro eléctrico, las mujeres Otomís denunciaron el colapso del drenaje debido a la falta de energía para mantener infraestructura en funcionamiento. “Ya se está saliendo las aguas negras. El drenaje ya está hasta el tope y tampoco les importa, nos puede causar enfermedades”, sostuvieron.

En la rueda de prensa, señalaron que las personas que habitan la Casa de los Pueblos, entre los que hay recién nacidos, infancias y personas mayores y con discapacidad, han visto vulnerados otros de sus derechos como consecuencia del daño a las condiciones básicas de vivienda en el inmueble.

“Nuestros hijos no pueden tener el derecho de educación, a la salud, a la justicia, a la alimentación, al trabajo”, argumentaron sobre los problemas críticos, como la falta de agua potable. 

Esto ocurre, pese a que la comunidad Otomí entregó una propuesta a la administración de la ciudad, encabezada por Martí Batres Guadarrama desde el pasado febrero. Entre las demandas destacan la expropiación de inmuebles para destinarlos a vivienda social, así como para albergar un centro cultural comunitario que sea la nueva sede de la Casa de los Pueblos. 

Además, enfatizaron el desestimiento de los procesos penales contra la comunidad Otomí, así como contra Diego García Bautista, integrante de la organización social Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez. 

Este llamado de alerta fue replicado por los participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), quienes el sábado (22) se posicionaron contra la ola de violencia y represión contra organizaciones y comunidades que defienden sus territorios en México. 

“El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida”, sostuvieron desde la ANAVI.

En el contexto post electoral, las mujeres Otomís recalcaron el llamado a estar pendientes de la violencia contra el bloqueo y la Casa de los Pueblos. “Todo porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su deslumbrante transformación, decidió no quedarse callado, sino desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir se cumplan sus derechos sociales”, señalaron.

Ciudad de México a 27 de junio de 2024.- Ante la difusión de información relacionada con el caso, las y los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, junto con las organizaciones que les acompañan, en Conferencia de Prensa precisaron las siguientes cuestiones:

1. Las familias refirieron que los 15 folios de inteligencia militar entregados por el Gobierno Federal el pasado 3 de junio de 2024, no satisfacen la exigencia de que se entreguen los más de 800 folios que, con base en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres y las madres han demandado con insistencia desde julio de 2023. Por el contrario, los folios entregados incluso confirman que los archivos militares aún hay más información que debe entregarse. En efecto, en algunos de estos documentos se transcriben intervenciones telefónicas realizadas respecto de comunicaciones de personas posiblemente relacionadas con los hechos, lo que confirma la necesidad de que se ponga a disposición toda la información relacionada con estas: es decir, de quiénes se trata, dónde se encuentra el seguimiento completo, el consecutivo de llamadas. Por ejemplo, en dónde los intervinientes claramente dialogan sobre el paradero de los muchachos, sin que hasta ahora se haya brindado la información de dicha conversación. Asimismo, en la reunión con el presidente se habló de que habría poco más de 600 folios que el ejército, unilateralmente, determinó que no eran relevantes.

2. ⁠Las familias externaron que han sido informadas de que la Fiscalía General de la República (FGR), mediante su área de servicios periciales y por solicitud de los funcionarios que han quedado a cargo de la investigación, está intentando aplicar un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial a diversos restos óseos que aseguran pueden estar relacionados con la investigación, sin darle intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, incumpliendo el acuerdo con los padres y madres sobre la presencia de estos equipos que cuentan con su confianza. Esto aun cuando en el pasado dicho método ya condujo a resultados equívocos. Por ello, ante la posibilidad de que el inminente cierre del sexenio lleve al anuncio precipitado de resultados no verificados, desde ahora se señala que resultados de presuntas identificaciones que no sean validados por el EAAF e Innsbruck sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión, siendo indispensable abrir este proceso a la asistencia internacional, como se solicitará en la próxima reunión.

3. Frente a la afirmación de que no hay pruebas de la participación del Ejército, las familias y sus representantes estiman que es indispensable recordar los hallazgos del GIEI en el caso. Así, no puede olvidarse que es claro que antes, durante y después de los hechos hubo irregularidades atribuibles a esta Fuerza Armada. Antes, porque es un hecho objetivo probado que hubo una infiltración ilegal a la Normal mediante un elemento militar en activo que hoy es parte de los desaparecidos, lo que siempre ocultó el Ejército. Durante, porque los elementos militares, incluyendo a los de inteligencia conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), estuvieron presentes en los lugares donde fueron desaparecidos los jóvenes, sin intervenir, y después falsearon sus declaraciones ministeriales iniciales. Y después, porque sistemáticamente, en el sexenio pasado y el anterior, el Ejército ha administrado la información que detenta. A esto se añaden dos cuestiones adicionales: la obtención de mensajes de texto de telefonía celular que acreditan que los criminales actuaban impunemente en Iguala en connivencia con elementos del 27 Batallón antes del 26 de septiembre de 2014 y los señalamientos de al menos un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación por activa de algunos militares en la propia desaparición. Sobre esto último, que surge de la propia investigación oficial y no de nuestros señalamientos, lo que corresponde es una investigación a fondo y no una exoneración sin investigación. Por todas estas consideraciones, las familias insistieron en que no puede afirmarse que se haya ya clarificado la actuación del Ejército en el caso e instaron a que no se difunda información que pase por alto esas realidades.

4. Finalmente, las familias reiteran su respaldo a las organizaciones y abogados que les acompañan, rechazando los señalamientos de que han actuado contra sus intereses, de que se hayan reunido con el ex presidente, Enrique Peña Nieto sin su conocimiento, o de que hayan incitado a la violencia. Los familiares reiteraron que a lo largo del proceso Serapaz, Fundar, Tlachinollan y el Centro Prodh les han acompañado como asesores, respetando su dignidad como víctimas, defendiendo sus intereses y consultando con ellos las diversas acciones que se han impulsado.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Beatriz Millón}

La Corte de Apelaciones de París admitió la demanda civil interpuesta por la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, localizada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contra la empresa francesa Électricité de France (EDF). Además, aclaró los pasos necesario a seguir para futuros casos bajo la ley francesa del Deber de Vigilancia de las Empresas, que otorga a los tribunales nacionales la capacidad de controlar las acciones de las empresas francesas cuando causan daño en el extranjero.

La demanda fue presentada por la comunidad, en conjunto con las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC) y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), en octubre de 2020, por violaciones a sus derechos territoriales colectivos. La comunidad de Unión Hidalgo es la primera comunidad indígena que invocó sus derechos bajo la ley francesa.

Las organizaciones afirman que EDF no respetó el derecho de la comunidad indígena al consentimiento libre, previo e informado en la planificación del parque eólico Gunaa Sicarú en Oaxaca, México. La empresa tampoco tomó medidas adecuadas para prevenir la intimidación, el acoso y la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos que criticaban el proyecto.

“Nos alienta la decisión del tribunal de reconocer la admisibilidad de nuestra demanda contra EDF, lo cual reafirma nuestro derecho a impugnar acciones corporativas que violan nuestros derechos sobre tierras comunales y derechos humanos”, sostiene Guadalupe Ramírez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.

Para el coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, Guillermo Torres, esta decisión envía un mensaje claro a las empresas transnacionales. “Sus actividades pueden estar sujetas a revisión judicial siempre que no cumplan con la ley. También abre el camino para que otras comunidades afectadas exijan acceso a la justicia en los países de origen de las corporaciones”, asegura.

Riesgo de regreso

En 2022, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo logró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara el contrato de suministro eléctrico firmado con EDF, con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado. 

De acuerdo con Torres, la inviabilidad del proyecto fue declarada por las autoridades mexicanas, tras una serie de litigios emprendidos en México desde 2017. “Esos litigios versaron sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas con motivo del proyecto, pero la responsabilidad de la empresa por violaciones a los derechos humanos no fue analizada en esos casos”, explica a Avispa Mídia. 

EDF tiene una responsabilidad que “es distinta e independiente a la responsabilidad estatal, de acuerdo con los estándares internacionales sobre debida diligencia; es por ello que el juicio [en París] sigue adelante”.

Además, aunque el proyecto fue considerado “inviable material y legalmente por las autoridades mexicanas, la empresa sigue buscando vías legales por las cuales reactivarlo”. Un ejemplo, cita Torres, es que EDF inició un procedimiento arbitral relacionado con la cancelación del contrato de compraventa de energía.

Demex

En 2022, once comuneros de Unión Hidalgo lograron la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras firmados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que posee un parque eólico en la comunidad.

El fallo contra la empresa estableció que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energíafueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

Fuente: Caitlin Johnstone

Julián Assange está libre. En el momento de escribir este artículo, se encuentra de camino a las Islas Marianas del Norte, un remoto territorio estadounidense en el Pacífico occidental, para finalizar un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos que lo sentenciará a cumplir tiempo en la prisión de Belmarsh. Salvo que el imperio haga travesuras turbias en el proceso, regresará a su país de origen, Australia, como un hombre libre.

Es importante destacar que, según los expertos que he visto comentar sobre este sorprendente nuevo acontecimiento, no parece que su acuerdo de declaración de culpabilidad establezca nuevos precedentes legales que sean perjudiciales para los periodistas en el futuro. Joe Lauria informa lo siguiente para Consortium News:

“Bruce Afran, un abogado constitucional estadounidense, dijo a Consortium News que un acuerdo de culpabilidad no crea un precedente legal. Por lo tanto, el acuerdo de Assange no pondría en peligro a los periodistas en el futuro de ser procesados ​​por aceptar y publicar información clasificada de una fuente porque Assange aceptó tal cargo”.

Obviamente tengo muchos sentimientos importantes sobre todo esto, después de haber seguido tan de cerca este importante caso durante tanto tiempo y haber trabajado tanto para escribir sobre él. Hay muchísimo trabajo por hacer en nuestra lucha colectiva para liberar al mundo de las garras de la máquina asesina imperial, pero estoy muy feliz por Assange y su familia, y me siento bien al lograr una victoria sólida en esta lucha.

Sin embargo, nada de esto deshace los males imperdonables que el imperio infligió en su persecución a Julian Assange, ni revierte el daño mundial que se ha causado al convertirlo en un ejemplo público para mostrar lo que le sucede a un periodista que cuenta verdades incómodas sobre los más poderosos del mundo. gobierno.

Entonces, si bien Assange puede ser libre, no podemos decir correctamente que se ha hecho justicia.

La justicia sería que Assange recibiera un perdón total e incondicional y recibiera millones de dólares en compensación por parte del gobierno estadounidense por el tormento que le hizo pasar con su encarcelamiento en Belmarsh a partir de 2019, su encarcelamiento de facto en la embajada de Ecuador a partir de 2012. , y su encarcelamiento y arresto domiciliario a partir de 2010.

La justicia sería como si Estados Unidos hiciera cambios legales y políticos concretos que garanticen que Washington nunca más pueda usar su poder e influencia a nivel mundial para destruir la vida de un periodista extranjero por informar hechos inconvenientes al respecto, y emitiera una disculpa formal a Julian Assange y Su familia.

La justicia sería el arresto y el enjuiciamiento de las personas cuyos crímenes de guerra expuso Assange, y el arresto y el enjuiciamiento de todos los que ayudaron a arruinar su vida por exponer esos crímenes. Esto incluiría una gran cantidad de agentes y funcionarios gubernamentales de numerosos países y varios presidentes de Estados Unidos.

La justicia parecería una bienvenida de héroe y honores de héroe desde Australia a su llegada, y una revisión seria de la servil relación de Canberra con Washington.

La justicia sería como disculpas formales para Assange y su familia por parte de los consejos editoriales de todos los principales medios de prensa que fabricaron el consentimiento para su cruel persecución — incluido y especialmente The Guardian — y la destrucción completa de la reputación de cada prestituto sin escrúpulos que ayudó a difamarlo. A través de los años.

Si estas cosas sucedieran, entonces tal vez podríamos argumentar que se ha hecho justicia hasta cierto punto. Tal como están las cosas, todo lo que tenemos es el cese de un solo acto de depravación por parte de un imperio que sólo está retrocediendo para dejar espacio a depravaciones más nuevas e importantes. Todos todavía vivimos bajo una estructura de poder que se extiende por todo el mundo y que le ha demostrado al mundo entero que destruirá tu vida si expones su criminalidad y luego retrocedes y con orgullo llamas a esto justicia.

Así que personalmente creo que voy a tomarme esta pequeña victoria con calma, con un rápido “gracias” al cielo y volveré al trabajo. Todavía queda mucho por hacer y muy poco tiempo para hacerlo.

La lucha continúa.

Alertamos que las Mesas de Diálogo entre el Gobierno de la CDMX, la Comunidad Indígena Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez, se estancaron, sin previamernte haber alcanzado algún acuerdo. No miramos, indicios de poder avanzar en la solución de lo que ellos llaman “el conflicto”. Por lo que alertamos, se pudiera estar fraguando una posible salida violenta, es decir,  un desalojo a la Casa de los Pueblos.

Sras. y Sres. de los Medios de Comunicación

Sean Ustedes Bienvenid@s

Depués de más 25 años de exigir  el derecho a una vivienda digna y decorosa como lo establece el Art. 4º Constitucional y después de 3 años y 8 meses que la Comunidad Indígena Otomí tomó el Instituto Nacional de Pueblos Indígrenas, INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, muy seguramente, lo que digamos, ya no resultará ser noticia para un titular en las primeras planas de sus medios de comunicación; excepto, claro, que un día de estos, la mala noticia sea que la Casa de los Pueblos fue desalojada violentamente; y todo, porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su “deslumbrante  tranformación” decidió no solo no quedarse callada, sino  desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir, se cumplan sus derechos sociales tal y como lo estable la Constitución política de 1917, que depaso valga la pena mencionarlo, a 107 años de su promulgación, nuestros derechos a la salud, alimentación, trabajo, educación y vivienda, son letra muerta.

Señor@s de los medios de comunicación, no sabemos si en otro día habrá la oportunidad de decirlo, por lo que hoy queremos reiterar lo siguiente: el Art, 2. Constitucional, párrafo 4º, señala que: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esto, no sucede en la CDMX.

Sr.  Andres Manuel López Obrador y Sr. Martí Batres Guadarrama, porqué no cumplen con este precepto constitucional?, qué les ha impedido resolver la demanda de vivienda de esta comunidad Otomí?, porqué nos ignoran?, porqué nos desprecian?, porqué nos discrimina?, porqué nos criminalizan?, porqué no hay congruencia en sus discursos y los hechos?, nuestra demanda vine de más de 25 años atrás; porqué ésta adminitración de la Cuarta Tranformación resultó igual que las anteriores?, será que solo se ha cambiado al Capatáz pero el Finquero sigue siendo el mismo?. 

Ante tantos años de oídos sordos y ante tanta discriminación, hoy hecha, política pública de gobierno, apelamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las normas internacionales relativas a los Pueblos Indígenas como lo es, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes No. 169; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo realativo a vivienda, alimentación, educación, salud, agua y propiedad  intelectual; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niñ@. 

Hacemos un llamado URGENTE, porque miramos que en medio del cambio de gobierno, más allá de resolver nuestras demandas y en espacial la de vivienda; más allá de continuar con las Mesa de Diálogo que por cierto no se avanzó en nada; más allá de habernos cortado la luz desde el pasado 20 de junio, sin importales las condiciones de vida de nuestros niños recién nacid@s y nuestr@s adult@s mayores, como un acto de represión; más allá de quedarnos sin agua y con un problema serio del bombeo de las aguas negras, porque nos dicen: “que la Comisión Federal de Electricidad” no quiere reconectar la luz. Nosotros anticipamos que muy seguramente se esta preparando una salida violenta “al conflicto” como ellos le llaman. Es decir, el Traidor de los Pueblos Adelfo Regino Montes está en la antesala para hacer entrega de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues como han de recordar, a dos años de la creación del INPI en 2018, sus instalaciones centrales le fueron tomadas, es decir; de 6 años como titular del INPI, sólo tuvo la gloria de despachar dos años, el resto lo hizo en el exilio. 

Resulta sorpredente que en casi 4 años de la Toma del INPI, no hayan tenido la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí, mejor dicho, no quisieron resolverlas.

La pregunta es, ¿En qué condiciones Adelfo Regino, hará entrega de las Instalaciones del INPI a la nueva adminitración?. Aquí señalamos el fondo de nuestra denuncia…

Muy seguramente se prepara la entrega del inmueble a la siguiente administración con Carpetas de Investigación, con órdenes de aprehención, no solo criminalizando la lucha de la Comunidad Otomí, sino incluso judicializando la denuncia por despojo agravado y muy seguramente, con una acción de desalojo violento, como la única vía para acabar con “el conflicto”. Pues mietras en esto se prepara la clase política, en contraste, y con premeditada simulación,  las mesas de diálogo están establecidas y el gobierno definió un calendario, el 17 de junio nos recibieron en las oficinas del gobierno central sin avances significativos; la siguientre cita está programada para el día 1 de julio y su propuesta es, que el día 15 de agosto sea la fecha en la que la Comunidad deberá entregar el edificio que hoy ocupa la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Obviamente, no les importa si se resolvieron o no, las demanda de la comunidad. Es suma, estan haciendo una limpieza, de los conflictos, para la siguiente administración. 

A pesar de la tormenta en la que nos organizamos y resistimos, anunciamos públicamente, que ya no tenemos nada que perder, asi que seguiremos en el bloqueo de la Av. México-Coyoacán hasta a la reconexión de la luz y hasta el cabal del cumplimiento a nuestras legítimas demandas, como unica garantía para acabar con “el conflicto” que tando dolor de cabeza les ha ocasionado”.

Y para que quede contancia públiaca de nuestra propuesta que entregmos a Martí Batres Guadarrama el pasado 12 de febrero del presente año, como la única ruta de solución a las demandas de la Comunidad, la hacemos de su conocimiento:

1. Ante la justificación del gobierno respecto a la imposibilidad de expropiar Londres 7/ Roma 18, ofrecieron comprar a través el INVI, un terreno de 3000 m2 a cambio del predio de referencia. Por lo que exigimos el cumplimeinto de ese acuerdo.
2. Exigimos la inmediata desocupación e inicio de las obras para 40 departamentos en el predio de Zacatecas 74, que de paso recordamos, este inmueble fue expropoiado el 17 de junio de 2021.
3. Exigimos retomar la construcción de las obras suspendidas en Vícvtor Hugo  126, Juan Escutia 10, Certificados 6, e iniciar la obra en Antropólogos 56. De igual forma acelerar los procesos de expropiacion de Independencia 12 y Cuauhtemoc 73.
4. Exigimos el reconocimiento institucional a los 19 titulares que asignó la Comunidad Otomí como beneficiarios en el inmueble ubicado en la calle de Zacatecas 74, Col. Roma.
5. Solicitamos el otorgamiento de la ayuda de renta social a los beneficiaro titulares de Zacatecas 74, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del INVI, para inmuebles en alto riesgo estructural.
6. Exigimos una Mesa de trabajo con Adelfo Regino Montes y/o quien asigen para solicitar el desistimiento de las denuncias penales en contra de la Comunidad Indígena Otomí y en contra de nuestro compañero Diego García, que por más de treinta años ha caminado con nuestra comunidad. De igual forma demandamos una reunión urgente con la Fiscalía la CDMX y  la Fiscalía General de la República para exigir un alto total a la judicialización de la Toma INPI.

• Respecto al predio de Londres 7/Roma 18, hace unos años le propusimos a Martí Batres, que no sólo queriamos hacer vivienda en el predio, sino que pretendiamos rescatar la Memoria Hitórca de lo que fue la sede de la resistencia española en México durante la epoca del del Franquismo. Celebró nuestra visión y mencionó que el mayor reconocimiento a la Comunidad Otomí, por resgurdar durante más de dos décadas  dicho inmueble, sería que ahí tambien se quedara la comunidad Otomí. Sin embargo, el anuncio que hizo Martí Batres, hace unos días respecto al mismo predio, demuestra que no solamente nos negaron el derecho a vivir en Roma 18, sino que hicieron suya nuetra  prouesta. Acambio, ofrecieron, que en el proyecto que desarrolle en dicho lugar, se asignará un espacio cultural para la Comunidad Otomí, en donde pueda desarrollar sus actividades. Por lo que exigimo el cumplimiento a su palabra.
• Exigimos que los inmuebles ubicados en Independencia 68 y Cafetal 369, deberán de adquirirse y fideicomitirse a través del INVI, dichos inmuebles, tienen contrato de compraventa desde 2016 y 2017. Todo un sexenio sin la voluntad de compra, al menos para la organización social UPREZ Benito Juáez.
• Que la salida, desocupación o entrega de la Casa de los Pueblos, será posible, SI Y SOLO SÍ, se adquiere y fideicomite a traves del INVI, el inmueble ubicado en la calle de Independencia 12, Col. Zacahuizco, con una superficie de 3000 m2. Dicho inmuebel debará pasar al patrimonio de la Comunidad Otomí y de la Organización Social UPREZ Benito Juárez, no sólo para construir vivienda digna de interés  social, sino para construir halgo más simple y algo más sensillo, es decir, un “Centro Cultural Comunitario”, donde se levante la nueva sede de la “Casa de los Pueblos y Comuniades Indígenas, ´Samir Flores Soberanes´”. Este proyecto integral deberá contar con vivienda digna, con estacionamiento, con una sala amplia de usos multiples, con un comedor, con una cocina comunitaria, con dormitorios, baños y regaderas, con una escuelita autónoma, con una radio comunitarias, con un centro de medicina alternativa, con un temazcal, con el adecuado aprobechamiento y reciclamiento de aguas pluviales, servicios complementarios o accesorias para la elaboración y venta de artesanías, una azotea adecuada para la composta y el desarrollo de huertos urbanos, un espacio para producción de pan y elaboración de torillas, un un taller amplio para la producción de “Ar Lele”, la muñeva rebelde y un espacio asignado al aire libre para es esparcimiento de la comunidad y el desarrollo de muy diversas actividades. 

Señores de los medios de comunicación, esta es la propuesta que presentamos a Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX; a Erasto Ensástiga, Subsecretario de Gobierno CDMX; a Tania Libertad Argumedo Chávez, Coordinadora Ejevcutiva de Seguimienro Institucioanl del INVI; a Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, comisionado para encabezar las Mesas de Diálogo con la Comunidad Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez y, su tarea, encontrar una solución integral a lo que ell@s llaman “el conflicto”. ENTONCES PREGUNTAMOS ¿DE QUÉ LADO ESTÁ LA SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD?

Dejamos entonces ante Ustedes, la ruta que hemos planteado para encontrar una solución justa y digna a nuestras demandas, y por ende, a nuestra digna lucha de Resistencia y Rebeldía.

No nos vendemos, No claudicamos y No traicionamos

Atentamente

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Tener Techo, es un Derecho!

¡Vivienda pagada, no regalada!

¡Por el Derecho a la Ciudad!

¡Nunca más una Ciudad sin su pueblos y comunidades indígenas! 

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas!

¡Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN!

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

UPREZ Benito Juárez 

EXIGIMOS JUSTICIA Y ALTO A LA REPRESIÓN PARA L@S COMPAÑER@S DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL AGUA DE LA CUENCA LIBRES-ORIENTAL

COMUNICADO
22 de junio 2024

La Red Nacional de Resistencia Civil, hace un llamado a la sociedad civil en México y el mundo entero para solidarizarse con el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental y condenar enérgicamente la represión que el gobierno de Veracruz (México), realizó contra nuestras compañeras y compañeros del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental el día jueves 20 de
junio de 2024, con el resultado de dos jóvenes asesinados, múltiples personas desaparecidas, otras tantas heridas de bala y muchas más golpeadas.

Los graves ataques y asesinatos encabezados por el titular del mal gobierno Morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, nos recuerdan que el gobierno privilegia a las grandes corporaciones y los jugosos negocios con los que se enriquecen. Nuestr@s herman@s del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental se organizan por la defensa de la vida y se enfrentan actualmente a grandes proyectos de contaminación, extracción del agua, despojo, entre otros como el que realiza Granjas Carroll, que ha convertido uno de los ecosistema más importantes del centro del país en un gran riesgo a la salud y la vida de los pueblos de la región. Granjas Carroll, tiene lazos por todo el mundo, pues está conformada por Agroindustrias Unidas de México (AMSA) y la estadounidense Smithfield.

Reprimir a los pueblos en su ejercicio legítimo a manifestar sus demandas, para detener el ecocidio y genocidio, evidencia la nula capacidad de diálogo que existe en este gobierno estatal y federal. Sin embargo, la ofensiva no sólo consistió en amedrentar a nuestr@s herman@s sino en asesinarles. Estos graves ataques son un mensaje claro hacia quienes defendemos la vida y el territorio. Las personas que
conformamos esta red y que somos pertenecientes a diferentes comunidades de lucha y resistencia en el país no estamos dispuestas a esperar a que la represión escale y se normalice. El gobierno mexicano ha firmado acuerdos en los que se reconoce el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y a considerar protocolos para no imponer proyectos con esta gravedad. Así como resarcir los daños que han ocasionado empresas como Granjas Carroll.

Convocamos al pueblo en general, a la sociedad civil organizada, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a manifestar el repudio a estas acciones del Estado Mexicano y exigir se retire la estadounidense Granjas Carroll del territorio mexicano.

La Red Nacional de Resistencia Civil , se hermana con el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, les decimos que estaremos pendientes y damos nuestro apoyo en lo que sea para buscar la justicia y el alto a la represión, nos sumamos a la exigencia de aclaración de hechos y castigo a los responsables.

Cómo pueblos originarios y organizaciones de resistencia en todo el país, sabemos que el avance capitalista y extractivista tiene sus raíces en el miedo, la represión, y la muerte histórica de nuestros mundos, de nuestros ecosistemas, pero en la lucha por la vida, en nuestros territorios no se detendrá, seguiremos resistiendo, no nos rendiremos y no claudicaremos en esta búsqueda de justicia, y respeto a nuestras formas de vida.

¡SI TOCAN A UN@ RESPONDEMOS TODOS!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL
Consejo autónomo regional de la Costa de Chiapas, Resistencia civil de la
región de COMITAN (Chiapas), DETUVIDA (Chiapas), OPAM (Chiapas)
POMOCA(Chiapas), PAKALNA (Chiapas), Resistencia civil de Candelaria
(Campeche), Resistencia civil indígena y popular del Sur de Veracruz
contra las altas tarifas de luz, Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de
Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio (Oaxaca), Frente de
pueblos en defensa de la tierra y del territorio de Puebla-Tlaxcala-Morelos,
CPUEDDE (Estado de México), proceso de resistencia civil de Motozintla
(Chiapas). Comunidad nahua de Ostula (Michoacán), Comité por la
defensa de los derechos indígenas (Oaxaca), Frente de Consumidores de
Chihuahua (FEDECO).