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Se multiplica llegada de venezolanos a México
Por Jeny Pascacio
Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.
La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.
En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.
Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.
Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.
La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.
Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.
La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.
A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.
Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.
Comunidades de Veracruz se niegan a la perforación de pozos
Por Jeny Pascacio
Comunidades de la Sierra de Santa Marta, del sur de Veracruz, no permitieron la entrada de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A.de.C.V (Comesa), que buscan realizar estudios sísmicos para la perforación de pozos de Petróleos Mexicanos.
La semana pasada, los habitantes de Amamaloya, San Pedrito y Mirador Saltillo del municipio de Soteapan, sacaron a los trabajadores de Comesa, ante la insistencia de ingresar a las parcelas y de comenzar perforaciones a la orilla de la carretera.
El Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, que integran los pueblos popolucas, nahuas y equiparables de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, denunciaron la violación de sus derechos, principalmente a la libre determinación.
En un comunicado de prensa denunciaron que la compañía está comenzando los trabajos bajo engaños y sin respetar las asambleas como la máxima autoridad de sus comunidades. Los pobladores analizaron las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, salud, agua y seguridad, y prevén que serán devastadoras.
“Denunciamos estas violaciones de derechos por parte de la empresa Comesa. Estemos al pendiente de cualquier situación de hostigamiento o represión que pueda suceder en los próximos días”.
Los pueblos originarios cuentan con actas de asamblea comunitaria y actas de cabildo desde 2016 en las que expresan la decisión de no aceptar la realización “de estudios y actividades de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento y servidumbre de paso que tengan por objeto extraer minerales, hidrocarburos, agua y/o otros bienes naturales del subsuelo”.
El pasado domingo 13 de febrero, ejidatarios Popolucas de San Pedro Soteapan, reunidos en asamblea, reiteraron la negativa a la entrada de Pemex a 12 parcelas de las comunidades.
Este proyecto de exploración, mayor autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, compromete 353 ejidos de Veracruz y Oaxaca, llegando hasta la Sierra de Santa Marta, donde 26 ejidos de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan están contemplados para la exploración que implica la perforación a 25 metros de profundidad a cada 100 metros.
Con equipos de perforación portátil, mecanizados, equipos vibradores y el uso de explosivos, pretenden dejar unos “nodos” que de forma satelital enviarán datos interpretados por Comesa y posteriormente entregados a Pemex; si se encuentran petróleo, gas o aceite, procederán con la explotación, explicó la organización Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta.
En la asamblea del domingo, los ejidatarios expusieron que no creen en las promesas de que pagarán los daños que ocasionen, que en temas de medio ambiente pueden ser impagables.
“Comesa y Pemex están violando nuestro derecho a la libre determinación como pueblos indígenas, al no respetar las decisiones de las asambleas, que son la autoridad máxima de los ejidos”, sostuvieron las comunidades en el comunicado.
Hicieron un llamado a las autoridades ejidales y civiles y a los gobiernos municipales, que ratifiquen las actas anteriores y no otorguen los permisos por los riesgos para la salud, por la contaminación, la escasez de agua, por el aumento de la inseguridad y otros daños que provocan este tipo de actividades.
