En el estado de Chiapas, las y los habitantes de los pueblos originarios que comprenden los territorios desde San Cristóbal de las Casas hasta Palenque, preocupadas y preocupados por las recientes acciones emprendidas por el Gobierno Estatal, con las que se pretende simular un proceso de consulta para la destrucción de nuestros hogares ancestrales con la construcción de una Autopista, en el ejercicio de nuestra autonomía y del derecho colectivo a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, nos unimos para manifestar nuestro rotundo rechazo a cualquier megaproyecto que pueda afectar y despojarnos de nuestro territorio, cultura medio ambiente. Suscribimos la presente declaratoria
CONSIDERANDO:
Que la Madre tierra y el territorio que habitamos construyen nuestro modo de ser pueblos originarios con una cultura, cosmovisión, una manera única de sentir-pensar la vida toda.
Que Nuestro territorio es parte del cosmos en el que todas sus partes (cerros, ojos de agua, animales diversos, manantiales, viento) están vivas, tienen espíritu-ajaw, se encuentran unidas y se relacionan entre sí, viven y conviven en armonía, una armonía que nuestros antepasados cuidaron y respetaron; es nuestra herencia ancestral.
Que la gente de los pueblos originarios mayas somos parte de esta gran casa común y nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a cuidar y respetar la vida que ahí se habita, manteniendo la armonía con la creación, la humanidad y con Dios, siendo nuestro territorio el núcleo fundamental de nuestra existencia, identidad y bienestar.
Llevamos en el corazón que la madre tierra es sagrada, ella nos da de comer, de beber, nos da alegría al corazón, es nuestro deber preservar su equilibrio en nuestro corazón y en el universo para que la vida que dejaron nuestros abuelos y abuelas la sigan disfrutando nuestros hijos e hijas.
Ante el proyecto de la construcción de la Autopista Palenque-San Cristóbal significa una amenaza para nuestro territorio que lo afecta, destruye y que nos despoja no solo de un pedazo de tierra, sino de la vida que ahí se habita: manantiales, animales, árboles diversos y de nuestra identidad que nos hace ser pueblo.
Es por ello, que habitantes mayas de comunidades de los municipios afectados nos adherimos a esta declaratoria. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, después de dialogar y analizar
ACORDAMOS:
Primero. Declaramos que nuestro territorio indígena, pueblos originarios mayas, son parte de la madre tierra sagrada. Que nuestra existencia depende de la armonía que mantengamos con la vida que habita en ella.
Segundo. Declaramos que nuestro territorio indígena maya rechaza el proyecto de la Autopista Palenque a San Cristóbal y cualquier proyecto que no sea compatible con nuestra forma de vida, cosmovisión y con el cuidado de la madre tierra.
Tercero. Nuestro territorio es declarado cultura viva y territorio libre de megaproyectos. Esta protección de la tierra se ampara en el derecho internacional y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el derecho a la libre determinación, autogobierno y autonomía, a decidir nuestra propia forma de desarrollo o existencia y a la preservación de nuestros entornos territoriales.
Cuarto. Que toda acción del gobierno de la Federación, del Estado y de los municipios tiene que ser dialogada y acordada con los pueblos y comunidades originarias, de acuerdo con nuestra palabra y sistema normativo indígena. Por ello, rechazamos cualquier acción que no se tome con las costumbres y autoridades tradicionales de la comunidad: asamblea comunitaria y principales. Cuestiones que se garantizan como consulta previa, libre e informada, para obtener el consentimiento bajo las formas representativas y de organización de los pueblos indígenas y mediante procedimientos culturalmente adecuados, conforme a la Constitución Mexicana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Quinto. Como pueblos indígenas haremos las gestiones y acciones jurídicas, políticas y de organización necesarias para el cuidado y respeto de la madre tierra, para la preservación de nuestros territorio, la defensa de nuestros derechos colectivos, así como de nuestra forma de vida como integrantes de los pueblos indígenas chiapanecos.
“El territorio es agua, viento, animales, árboles, cultura, cosmovisión, fe, Es nuestra identidad maya” “Porque el Territorio es nuestro”
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 31 de marzo del 2025 Firman pueblos, comunidades y personas organizadas y unidas por la vida de nuestro territorio
En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.
Por la violación reiterada a los derechos humanos, trece municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal de Las Casas.
El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación.
Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo.
Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas.
En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea.
El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), el Gobierno Comunitario de Chilón y comunidades organizadas por el territorio publicaron un boletín en el que manifiestan su repudio al proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas–Palenque y a la construcción del primer tramo de Palenque a Ocosingo. Dicho proyecto se ha promovido desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón (2006–2012), pero no se ha podido concretar debido a la resistencia de las comunidades organizadas, que se verían afectadas social, cultural, ecológica y económicamente.
El presente gobierno de Eduardo Ramírez pretende ahora llevarlo a cabo, supuestamente con la aprobación de los pueblos indígenas e individuos afectados. Para tal, se realizó el pasado 23 de marzo una “consulta pública” que, según denunciaron las organizaciones y pueblos citados, fue claramente amañada, sin información previa de los impactos ambientales, sociales y culturales, sin invitación previa a las comunidades afectadas, con votación de personas fuera del municipio que no se verían afectadas. Ante dichas violaciones, se presentaron dos amparos el pasado 31 de marzo.
Ese día, el MODEVITE realizó una rueda de prensa en San Cristóbal de Las Casas, que reproducimos aquí:
Boletín de prensa 31 de marzo de 2025, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los Pueblos Indígenas en resistencia por la vida y por la Madre Tierra A las organizaciones y centros de Derechos Humanos A las autoridades municipales, estatales y federales
Nosotros, pueblos y comunidades indígenas tseltales, tsotsiles y pueblo mestizo nos pronunciamos en contra del proyecto de la Autopista Palenque–San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como de la construcción del primer tramo de Palenque a Ocosingo, toda vez que viola nuestro derecho a la libre determinación, al territorio y a vivir en armonía con la naturaleza y a un medio ambiente sano, seguro y sustentable. Queremos dejar claro que, desde sus orígenes, dicha autopista ha sido un proyecto discriminatorio, racista y excluyente de quienes trabajamos la tierra y habitamos el territorio.
El proyecto de la autopista Palenque–San Cristóbal de las Casas no es un proyecto nuevo, se viene anunciando desde el sexenio del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero (2006–2012), en colaboración con el Gobierno Federal. Aunque se ha justificado bajo el argumento de “desarrollo”, la carretera no se ha podido construir gracias a la resistencia de las comunidades organizadas que han surgido ante la falta de información oficial y transparencia sobre el proyecto.
En este sexenio, el actual gobernador Eduardo Ramírez retomó este proyecto de construcción y, en alianza con el gobierno federal, ahora es uno de los proyectos más importantes en el país.
Eduardo Ramírez manifestó ante los medios de comunicación que no llevaría a cabo la construcción de la carretera sin antes consultar a las personas y los pueblos indígenas, por lo que el 17 de febrero de 2025 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los “Lineamientos para llevar a cabo Consultas Públicas relacionadas a Proyectos Estratégicos de Desarrollo en el Estado de Chiapas”, donde se inventan un mecanismo de participación denominado “Consulta Pública”.
La “Consulta Pública”, según los citados Lineamientos del gobierno, es un mecanismo donde las personas podrán decidir si están o no de acuerdo con que se lleven a cabo proyectos que el gobierno clasifique como “de desarrollo estratégico”. Dichas Consultas están a cargo del mismo gobernador y de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, sin tomar en cuenta a las autoridades especializadas como al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Así, el pasado 23 de marzo de este año realizaron la Consulta Pública del primer tramo de construcción Palenque a Ocosingo en los municipios de Chilón, Salto de Agua, Palenque y Ocosingo; en esta consulta las autoridades no respetaron nuestro derecho de acceso a la información ambiental, social, cultural y de ejecución del proyecto; para esta consulta no se informó previamente a las comunidades, quedando la invitación solo por redes sociales, no llegando a las comunidades en donde no hay señal de celular ni teléfono, además de que las casillas fueron colocadas en las cabeceras municipales, de dos a 6 espacios para esto, fuimos testigos de las anomalías, en donde gente que no era del municipio pudo hacer su votación, decidiendo por un territorio que no es suyo, los verdaderos dueños y directamente afectados no fueron tomados en cuenta. Una vez más el mal gobierno hace una discriminación directa hacia los pueblos indígenas que habitamos la región; el racismo y el desprecio a los indígenas se sigue repitiendo a pesar de la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce nuestro derecho a la consulta y a la libre determinación.
Ante la violación reiterada a nuestros derechos humanos, el día de hoy, 31 de marzo de 2025, hemos presentado dos amparos: uno contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas, porque son inconstitucionales, y otro por no respetar nuestro derecho a una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, que es parte de nuestro derecho a la libre determinación. También hemos decidido ejercer nuestro derecho de petición metiendo solicitudes de información al Gobernador del Estado, a la Titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, y a la Secretaría de Infraestructura, todos del estado de Chiapas, demandando que haga pública la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque–San Cristóbal y del tramo Palenque a Ocosingo, para que podamos decidir libre e informadamente sobre el destino de nuestro territorio, de manera que se garantice el cuidado y respeto de nuestra Madre Tierra.
Finalmente, hacemos del conocimiento a la sociedad en general que, derivado de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio desarrollo, a la permanencia de nuestro patrimonio cultural y ancestral, al territorio, a la salud, a la igualdad y a la libre determinación y autonomía, los pueblos originarios, firmamos la Declaratoria de Pueblos Libres de Megaproyectos, documento que representa nuestra decisión colectiva de resistencia ante la imposición gubernamental de un proyecto que viola nuestros derecho y atenta a la vida de nuestras comunidades.
La tierra no se vende, se cuida y se defiende Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) Gobierno Comunitario de Chilón Comunidades organizadas por el territorio.
Próximo a iniciarse el encuentro (Rebel y Revel) Arte, en el caracol zapatista Jacinto Canek, el próximo 13 de abril de este 2025, les presentamos el corte de registros de artistas participantes:
Se han registrado más de 366 artistas de hasta 23 geografías distintas. A estos hay que sumar los más de 500 artistas zapatistas que se presentarán.
A continuación, les presentamos sus nombres y el arte en el que se auto ubican según su registro:
PARTICIPACIONES COLECTIVAS REGISTRADAS
Antipoesía Errante Piratería Roja, México
Artes plásticas Grupo Anarquista en Sudán, Sudán
Artes visuales, poesía Colectivo Colibrí, Estados Unidos
Barro, cerámica Colectivo la derrota, México
Bordado Artemisas Colectiva
Cine (No) Escuela Itinerante de Cine Comunal y Popular Primer Plano, Argentina; Asamblea Maya Múuch´Xinbal, México; Escuela Autónoma Otomi de la Casa de los pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, México; Grupo Ukamau / Radiozapatista, México; Sal Producoes, Brasil. Deuda x Clima, México
Circo Colectiva Circotik, México
Collage, música Colectividad de jaraneras, México
Danza Foramen Danza, México; Guarecer, México; Otra danza es posible, México: Sentires Colectivos en Movimiento, México: Zarah, México: Mafia Somática, México
Escultura Utopía, México
Fotografía Brooklyn Eviction Defense, Estados Unidos; Colectivo Bats’i Lab, Mexico; Juventud Comunista de México, México; Oleaje Negro, Colombia
Fotografía, escritura Lawen, colectivo documental, Argentina
Fotografía, poesía Universidad Popular de los Pueblos UPP / Radio Chakaruna, Colombia
Grabado/Linograbado Asociación Artística y Popular Palabra Revuelta, Bogotá; EDELO, Estados Unidos; Taller de gráfica la Chayotera, México
Gráfica ANTÍPODA, México; Proyecto Bitácora de aguas, Red trasandina diaguita de mujeres y disidencias Ancestrías del Futuro, Chile
Gráfica, rótulo, mural Wons-BembaKlan, México
Literatura Andrea Sabina, México; Ediciones del Espejo Somos, México; Radio Zapatista, México: Recherche AG / colectivo InvestigAcción, Alemania; Ta spol be, México
Magia, música Arturo y María, México
Música Amparanoia, Estado Español; Artemisas colectiva, México; Bariño y la jauria, México; Centro Cultural Makarenko, México; Colectividad de jaraneras, México-Estados Unidos; Colectivo Nodo Solidale, Italia; Conshas Duras SkaPunk, México; Cvo. Tajtolmej taltipak, México; Dionisio Clan, México; El Mastuerzo/Kloakascomunicantes, México; Escuadrón Creyente, México; Goldy Head, Chile-México-Perú-Estados Unidos; Hunaac-cel (del colectivo DeBatl), México; Juventud Comunista de México, México; KARMHA (Kolectivo Artístico por la Recuperación de la Memoria Histórica y Activismo, México; La mosca con Smoking, México; La otra Rima, México; Lakitas; Matriasaya, Chile; Lengualerta, México; Maldita Rabia, México; Mexican Sound System, México; PalabrAndo, México; Psicolexia; Proyecto musical sentakwikat; Rude Boys Ska, México; Sazón de María, México; Son de Maíz (MSPS. Movimiento por la Soberanía Popular y el Socialismo), México; Zopilote, Japón-México
Narrativa/video Komün Cinema, México
Parkour Parkour de San Cristóbal Defying Gravity, México
Performance Compañía Transnacional de Performance, México; Grupo de arte acción Chanti olli (Gacho), México
Pintura Antonio Ramírez, México Ciudades Invisibles de Universidad del Egeo, Grecia; Clínica de Heridas, México; Colectivo Callejero, México; Diablitxs De Fuego, México; Escuela Política Feminista travesías por la Paz Cali, Colombia; Salvajes Viajeras y Tlalmino, México; Lucio Neftalí Espinosa García, México
Poesía Pueblo KituKara Kara, Ecuador; Poesía de Servilleta, México; Vivxs nos queremos arte y acción feminista, Argentina, Italia, México, Polonia; Xochitlanezi, México
Spoken Word Regeneración Radio/ Frente Xonacatlán en Resistencia, México
Teatro Luis de Tavira; La Casa del Teatro, México; Colectivo Teatral Mexicano Los Alichanes, México; Alas Comunidad de Aprendizaje en Libertad, México; Los Zurdos, México; Colectivo Base Lunar, México; Colectivo Teatro en Terrazas, México; Los Huitlacoches teatro, México; Laboratorio creativo escénico de San Cristóbal de las Casas, México (integrantes de España, Alemania, Italia, Argentina y México); Vosque Azul/ Crisalium, México; Zapamichis
Teatro, danza Hierba Maga en colaboración con y Elisa Beltramini y Fobos y Deimos, Argentina-Italia-México.
Teatro, literatura, música Tlalmino Teatro, México.
Poesía Dulce Guadalupe Reyes López, México; Elsa Canali, Italia; Gabriel Cruz, México; Luis Eduardo Sánchez, México; Malva Marina Carrera, México
Tatuaje Silvana Torres Septien, México
Teatro Arturo Beristain Bravo, México; Diane Studer, Suiza; Felix Metzger, Alemania; Guadalupe Errázuriz, Colombia; Eduardo Sandoval, México; Evan Guttell, Estados Unidos; Joyce Islas, México
Teatro, clown Maribel Aguilar Medina
Danza Cande Martínez, Argentina
Escultura David Arias Dijard, México
Literatura Édgar Núñez Jiménez, México
Música Chucho Rèves; Javier Otorongo; Yael Antonio Espinosa García, México
Performance María Laura Buccianti, Argentina
Pintura Juan Erasto Molina Urbina, México; Walpaq, Argentina
Poesía Rodrigo Espinosa
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El caracol Jacinto Canek cuenta con un auditorio cerrado con un aforo de 600 personas; un auditorio abierto, al aire libre, con un aforo de 2000 personas. Es nuevo porque apenas se está terminando.
Es todo por ahora.
Subcomandante Insurgente Moisés. México, Abril del 2025.
Imágenes de Tercios Compas Música Mexikan Sound System «Somos la Fuerza»
En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.
Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado.
A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana.
De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.
“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.
La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.
En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York.
Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.
No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando.
Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel.
Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.
Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.
De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.
José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos.
A esto se le suma la situación de las familias que no denuncian por temor o que buscan denunciar, pero pierden la confianza por la revictimización que ejercen en las fiscalías locales o por la falta de atención, traductor e intérprete. De manera general, el aumento de las desapariciones en Chiapas se puede observar en los datos del RNPDNO, de los últimos cuatro años. En 2021, se reportan 61 personas desaparecidas; en 2022, 88 personas; en 2023, 218; y durante el 2024, 488. De un total de 1,168 reportes de personas desaparecidas, 242 estaban en un rango de edad de 8 a 20 años en el momento de la desaparición.
“Toque de queda”
La tarde del 27 de febrero de 2024, un mensaje titulado “toque de queda en Galecio” se difundió rápidamente, incluso entre los habitantes de áreas colindantes a la colonia Galecio Narcía, ubicada a 6 kilómetros de distancia de Salvador Urbina, ambas pertenecientes al municipio de Chiapa de Corzo.
“Cuando vi ese mensaje les dije a mis hijos que ya no podían salir en la noche ni a dar la vuelta. Pero nunca imaginé que, horas más tarde, en la madrugada, se los llevarían”, narró Liliana Pérez, madre de Luis y Marvin Nanga Pérez, en entrevista con Avispa Mídia.
A las 4 de la mañana del siguiente día (28), un comando armado, precedido por tres hombres que portaban uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entró a la casa de Liliana ubicada en Salvador Urbina y se llevó a sus dos hijos, Luis y Marvin, de 20 y 17 años de edad.
“Desperté a mi esposo al oír el ruido en la puerta. Nosotros estábamos dormidos en la planta alta de la casa. Cuando me asomé por la puerta de mi cuarto vi a personas armadas subiendo las escaleras. Nos gritaron: ¡Tírense al piso, somos del Ejército Mexicano! Aventaron a mi esposo al suelo, lo encañonaron con las armas y a mí me pusieron de rodillas”, relató Liliana.
Un grupo de encapuchados iba vestido de color negro y con cascos antibalas, otros con uniformes de la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ahora Secretaría de Seguridad del Pueblo. Todos con armas de alto poder, “pero solo uno dirigía”, describió.
“Mis hijos seguían dormidos, pero los hombres entraron a la habitación del mayor (Luis), lo agarraron y tiraron al suelo. Después fueron al siguiente cuarto, sacaron a mi hijo menor (Marvin) y en ese momento a él le preguntaron de un arsenal y una bolsa de ‘cristal decomisado’, pero ni mi hijo ni nosotros entendimos de qué estaban hablando”.
Los encapuchados patearon a Marvin en la cara, mientras lo cuestionaban a gritos, una y otra vez, sobre “el arsenal”. “Esposaron a mi esposo y a mis dos hijos, les grité que no nos hicieran daño y mi hijo mayor agregó que nos estaban confundiendo y pidió que no le pegaran a su hermanito”, pero la respuesta fue golpear también a Luis.
“Amenazaron con darles el tiro de gracia si no hablaban. Les dije que nosotros no teníamos nada y les pedí que buscaran. Registraron por toda la casa y encontraron el uniforme de Luis [pues dos años antes ingresó a la Sedena como policía militar] y le dijeron: ¡ah!, eres guachito, entonces también te vienes con nosotros”.
Se llevaron los uniformes militares de Luis, bajaron a Marvin y al padre de ambos. Los hombres robaron también el dinero de la beca Benito Juárez que Marvin recibió días antes, videojuegos y las ganancias de la venta de pan de Liliana.
En la entrada de la vivienda estaban varadas dos camionetas, “una blanca y una negra tipo CVR, sin placas, y a bordo iba un hombre viejo, obeso y barbón a quien los encapuchados llamaban ‘jefe’ y él dijo que sólo mis hijos le iban a servir”.
Subieron a Luis y a Marvin en una de las camionetas, “mi esposo suplicó que no lo separaran de sus hijos. Desde arriba vi que intentó ponerse de pie para subirse a la camioneta, pero amenazaron con dispararle”.
Antes de partir, “nos amenazaron, nos dijeron que no denunciáramos, porque la Fiscalía estaba con ellos”. Cuando arrancaron las camionetas, el esposo de Liliana se puso en dos pies. “Me dijo: pide ayuda, yo voy por mis hijos. Se subió a su vehículo particular y siguió las camionetas”.
Liliana llamó al 911 y después de una hora llegó la policía municipal de Chiapa de Corzo que se declaró incompetente frente al escenario. Luego se hizo presente la SSyPC, pero los uniformados sólo recabaron datos y se negaron a localizar el vehículo de su esposo.
“Mi esposo regresó varias horas más tarde y me contó que también solicitó ayuda en el retén del Vergel (instalado a 3 kilómetros de distancia de la casa de Liliana, sobre la Carretera Internacional y desvío al aeropuerto), pero dijeron que no tenían patrullas y no hicieron nada”.
En ese momento, el esposo de Liliana siguió por su cuenta las camionetas en las que llevaban a Luis y a Marvin pero no pudo alcanzarlas. Huyeron por un camino de terracería dentro de una propiedad privada, entre las localidades de Salvador Urbina y Galecio Narcía.
Rodeó el predio por una vía que conduce al Aeropuerto Ángel Albino Corzo (carretera a Suchiapa), “y ahí mi esposo volvió a topar con las mismas camionetas, pero a bordo los hombres ya iban vestidos de civiles y mis hijos ya no estaban ahí”.
En una ocasión, Liliana logró rastrear el teléfono celular de Marvin y la ubicación se mostró a unos 16 kilómetros de Salvador Urbina, precisamente en el municipio de Suchiapa. Pero no pudo seguir la investigación.
Liliana y su esposo acudieron en muchas ocasiones a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tuxtla Gutiérrez, pero siempre desistieron antes de entrar al edificio a realizar la denuncia, “recordábamos las amenazas que nos hicieron”.
Durante diez meses buscaron por cuenta propia a Luis y a Marvin, sin tener éxito. Indagaron con amigos, familiares, vecinos, fueron a ranchos, predios, fincas o donde se enteraban de hallazgos de personas sin vida, en localidades cercanas, sobre todo de la región Frailesca.
Durante ese tiempo también fueron víctimas de extorsión. Liliana recibió amenazas y le exigieron que se fuera de Salvador Urbina. “Dejé mi casa con la esperanza de que me los regresaran, como me dijeron, pero no fue así”.
A finales de 2024, Liliana se puso en contacto con la colectiva de las Madres en Resistencia, hizo la denuncia ante la FGE y presentó todas las evidencias, pero notó que varias quedaron fuera de la carpeta de investigación.
“¿Por qué mis hijos?”, se cuestiona Liliana. De nuevo, todos los días, desde hace un año. “¿Por qué mis hijos? que son conocidos por ser cercanos a la comunidad, saludables, deportistas, sociables, bondadosos y trabajadores”. Liliana no encuentra respuestas. En sus propias palabras, la historia de sus hijos es un rompecabezas infinito.
Su hijo mayor, Luis, ingresó a la Sedena en 2022, como policía militar del Batallón de Operaciones Especiales. “Yo siempre escucho noticias y con todo lo que pasa en México le pedía que se retirara del ejército y me dijo que lo haría, con la condición de que lo apoyara con sus estudios, quería entrar a la Licenciatura en Protección Civil”. A pesar de la promesa hecha a su madre de dejar el servicio militar, todavía continuaba en Sedena.
En la búsqueda de ayuda para encontrar a sus hijos, Liliana acudió al Campo Militar número 1 de la Sedena, en la Ciudad de México, a donde pertenecía Luis. Dijeron que su hijo era un “desertor”, porque ya no se presentaba a trabajar. “Les expliqué que fue desaparición forzada”, a pesar de eso “me cerraron las puertas”.
Marvin, su hijo menor, estaba indeciso sobre su futuro, quería terminar la prepa y meterse a la Marina, pero a su vez deseaba tener su propia empresa, “soñaba con una cafetería, me lo dijo porque platicábamos todos los días después de comer, recostados en la hamaca, y también cuando les enseñaba repostería, porque a eso me dedico”, dijo Liliana.
Marvin estudiaba el segundo semestre en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 20, ubicado a 18 kilómetros de su casa, en la colonia 20 de Noviembre del municipio Emiliano Zapata.
Sólo unos días después del 28 de febrero de 2024, los directivos del Cobach 20 decidieron darle de baja de manera automática a Marvin y se negaron a recibir a Liliana cuando acudió a buscar respaldo y a dar cuenta sobre la condición de desaparecido de su hijo.
El Registro de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), reporta en Chiapa de Corzo cuatro casos de personas desaparecidas entre 8 a 20 años de edad: dos en Salvador Urbina, una en América Libre y una mujer en Benito Juárez.
Nodos
Como en otras entidades de México, en Chiapas son familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos las que documentaron el hallazgo de fosas, restos humanos, arsenales y otras actividades que pueden estar ligadas a los cárteles mexicanos o dar indicios para localizar más personas desaparecidas.
Por las búsquedas de campo y presión ejercida por la colectiva Madres en Resistencia, a principios de este año, en operaciones de las fuerzas de seguridad se ubicaron 28 fosas y osamentas de 40 cuerpos en municipios de la Sierra Mariscal y Los Llanos, en específico, el predio San Isidro de Emiliano Zapata.
Dos meses más tarde, el pasado 18 de marzo, Luna, la canina buscadora, integrante del Sistema Estatal de Protección Civil, dio con la entrada de un espacio subterráneo oculto entre tablas de madera y bolsas negras en un predio de la localidad Aurora Buenavista, muy cercana al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, municipio de Chiapa de Corzo.
En el escondite encontraron cargadores de armas, cartuchos útiles, cascos antibalas, eslabones metálicos para cartuchos, chalecos tácticos, equipo de radiocomunicación, además de prendas de vestir y polvo blanco.
“Pero esa no es nuestra lucha, no es lo que buscamos. Nosotras no buscamos ni armas ni drogas, tampoco culpables. Solo queremos a nuestros hijos de regreso y nada más”, aclaró Isabel Torres de Madres en Resistencia.
Las familias buscadoras que acudieron a la búsqueda consideran que lo más impactante que observaron en el terreno fue una soga que pendía de un árbol de Ceiba, dado que podría ser utilizada para cometer actos de tortura.
Ese día, Isabel Torres también lamentó las declaraciones del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, que vinculó los indicios de Aurora Buenavista al caso de su hija, Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida dos meses después de cumplir 18 años.
“No hubo ningún indició, los cascos que encontramos, no son los mismos. En la desaparición de Cassandra los cascos que portaban (los delincuentes) tenían el escudo de la FGE, y los que encontramos no”, precisó Isabel Torres.
El lugar tampoco concuerda con la descripción de las personas que fueron desaparecidas junto a Cassandra. “Es cierto, en Salvador Urbina dio la última geolocalización de mi hija, pero en otro predio”, explicó Isabel Torres.
De manera reciente, por las irregularidades en las investigaciones de los casos de la colectiva Madres en Resistencia, Jesús Jubilian Sarmiento Santos fue retirado del cargo como titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y transferido a la Fiscalía Distrito Frailesca en Villaflores.
La colectiva se reunió con la nueva Fiscal de Desaparecidos, Josefa de la Cruz Núñez, quien, en este primer acercamiento, reiteró que trabajará con empatía, profesionalismo y respeto.
“Pero vemos lo contrario, porque ellos (la fiscalía) buscan otra cosa, armas, drogas, pero no buscan a nuestros desaparecidos”, lamentó Adriana Gómez, fundadora de Madres en Resistencia.
Enganche y reclutamiento
En 2023, Melel Xojobal amplió el panorama con la publicación del informe “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas”, que insta a garantizar la seguridad y la paz para infancias y adolescencias, como lo marcan las declaraciones básicas de derechos humanos.
En el estudio explican otras manifestaciones de la violencia criminal como el enganchamiento y reclutamiento. En el enganchamiento primero “seducen” o, en otras palabras, inducen a niñeces al consumo de drogas, en la venta de las mismas, “y a otras acciones que parecieran más pequeñas”, explicó Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en la AC.
En la región Altos, en específico San Cristóbal de Las Casas, el enganchamiento funciona a través de obsequios de prendas de ropa, celulares o motocicletas. Avanza en la medida de las necesidades que tiene el crimen organizado y, después, viene el reclutamiento.
En este proceso las infancias se inician en el consumo de drogas desde los 8 o 9 años, “es muy relevante”, puntualizó González Balleza, que en general ninguna niña, niño o adolescente se salva de la situación.
El paso posterior al enganchamiento es el reclutamiento, que constituye una forma de explotación infantil y tiene mayor impacto en los pueblos originarios por las desigualdades económicas, en específico de la región de Los Altos sede de Melel Xojobal.
Algunos de los roles que deben cumplir los NNA reclutados, mencionados en el informe de Melel Xojobal, son: continuar con la cadena de reclutamiento, esclavos sexuales, escudos humanos, entre otras funciones que los sitúan en un riesgo mayor.
De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), los NNA en situación de reclutamiento deben ser considerados víctimas de delitos contra el derecho internacional, no solamente como perpetradores.
A decir de Melel Xojobal, el Gobierno de Chiapas debe trabajar en acciones de prevención para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes no recurran o caigan en las redes del crimen organizado.
“¿Dónde está la cultura?, ¿dónde están las artes?, ¿dónde están las propuestas de acción a ese nivel?”, cuestionó González Balleza, puesto que, “las acciones de prevención deben incluir acudir a las escuelas públicas para hablar de estos temas. Porque está sucediendo”. Sin embargo, México carece de una tipificación legislativa y política pública que condene, prevenga y atienda de manera integral el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
En portada: Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.
Durante el pasado fin de semana, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) visitaron la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, donde pudieron constatar los daños al ambiente y a la salud de sus habitantes debido al uso reiterado del fracking, también conocido como fractura hidráulica, técnica que consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y químicos mediante alta presión para liberar hidrocarburos de entre las rocas del subuselo.
La delegación, compuesta por abogados e ingenieros ambientales, investigadores y observadores procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como de miembros de organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), realizaron un recorrido durante el sábado (22) para atestiguar las condiciones de la infraestructura petrolera en la región.
Con ello, los observadores pudieron constatar el mal estado y abandono de pozos, deterioro de gasoductos y centrales de almacenamiento y distribución, cuyos efectos perceptibles son la contaminación de tierras, agua y suelo, así como los daños a la salud de las comunidades que viven en territorios convertidos en zonas de sacrificio al norte de Veracruz.
De acuerdo a lo observado por la ALFF, las evidencias en el terreno no dejan duda acerca de que en la región se ha implementado reiteradamente la fractura hidráulica. Datos de la asociación civil CartoCrítica lo confirman, al referir que han detectado, por lo menos, 7,879 pozos fracturados en México.
Incluso, acorde a Manuel Llano, de dicha asociación, existen ambigüedades para el reconocimiento entre pozos convencionales y aquellos que no son categorizados como tal, cuya extracción es realizada por medio de fracking.
En proyectos como el denominado Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Proyecto Integral Veracruz, ambos en dicho estado, se realizan perforaciones horizontales y se utilizan métodos que en la práctica constituyen fracturación hidráulica, utilizando millones de litros de agua que, pese a ello, son considerados convencionales.
El gobierno federal ha destinado para esta técnica – cuyo origen se remonta a la década de 1990 en el estado sureño de Tabasco – un presupuesto continuado durante las últimas décadas. Incluso, pese a la promesa presidencial del sexenio pasado de prohibir el fracking en México – cuya propuesta estaba incluida en la llamada reforma ambiental que fue desechada por la actual legislatura-, el más reciente Presupuesto de Egresos de la Federación destinó más de 12 mil millones de pesos a cuatro proyectos que implican el uso de fracking para la extracción de hidrocarburos.
El mantenimiento del presupuesto va acorde a lo mencionado desde principios del año 2023 por Héctor Moreira Rodríguez, ex comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismo que ya vislumbraba que México posee una mayor cantidad de gas y petróleo en yacimientos no convencionales que en pozos tradicionales. En ese momento el ex funcionario indicó que, acorde a las estadísticas del órgano regulador, del total de los mas de 68 mil millones de barriles contabilizados como recursos prospectivos, el 36 mil millones, es decir, el 52.9%, se localizan en yacimientos no convencionales.
En ese contexto, mediante conferencia de prensa realizada la mañana del lunes (24) en la ciudad de México, la AMCF alertó que, de continuar con la promoción del fracking, se prevé por lo menos 15,000 nuevos pozos no convencionales para ser explotados con esta técnica, lo que representa un peligro para regiones como la Huasteca, en San Luis Potosí, la llamada cuenca de Burgos, en Tamaulipas, así como Puebla y el Totonacapan, Veracruz.
Totonacapan, promesas de progreso y contaminación
Las zonas aledañas a las ciudades de Poza Rica y Papantla, en la región del Totonacapan, viven desde hace décadas el legado de la contaminación de agua y suelos derivada de la actividad de la industria petrolera. Habitantes de pueblos originarios se han visto afectados por los continuos derrames de hidrocarburos, que han dañado fuentes de agua, cultivos y han afectado la cultura y formas de vida de las comunidades.
En la ciudad de Poza Rica existen decenas de pozos activos a metros de distancia de la población, lo que conlleva su exposición a gases como el metano y otros compuestos orgánicos que afectan su salud a largo plazo. Foto: Santiago Navarro F.
Fue ahí que durante el domingo la delegación de la ALFF realizó una visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde en septiembre del 2024 un derrame de hidrocarburos, desbordado por las intensas lluvias, anegó totalmente el arroyo del cual la comunidad se abastece de agua provocando enfermedades, muerte de fauna y afectación a las tierras y cultivos de poblaciones que se encuentran en su percurso hasta el río Cazones.
Para la reunión de este fin de semana se hicieron presentes organizaciones y miembros de comunidades aledañas, resaltando la presencia de jóvenes interesados en escuchar las experiencias sobre las resistencias al fracking desde otras latitudes en latinoamérica para, con ello, espejear experiencias y estrategias para la resistencia frente a la problemática de la contaminación y los daños a la naturaleza y salud que permanecen en la región.
Ya durante conferencia de prensa en la CDMX, Romualdo García de Luna, de la comunidad totonaca de Ojital Viejo, detalló que Pemex trabaja en la región desde hace casi un siglo. La empresa introdujo su infraestructura prometiendo progreso y beneficio a las comunidades pero, con el paso del tiempo, ahora resienten los daños a la naturaleza y seres humanos tras la actividad de más de 2,300 pozos petroleros que se explotan en el Totonacapan, aunado a los cientos que se perforan en las regiones aledañas.
“La ineficiencia de parte del gobierno estatal y federal para atender el problema de la contaminación en las diferentes comunidades del Totonacapan, afectadas por derrames de hidrocarburos, es una constante, un atentado continuo a nuestra dignidad como pueblos originarios. Para nosotros, la naturaleza tiene su espíritu, su energía, al igual que los animales, la extracción petrolera está dañando continuamente nuestra vida y la de nuestros animales, cultivos y de nuestro pueblo”, sostuvo García.
Por su parte, jóvenes presentes en la reunión con ALFF enfatizaron que, pese a que la contaminación persiste, las autoridades, lejos de comprometerse a detener el avance del fracking, se acercaron a la comunidad de Ojital Viejo para ofrecerles dinero para resarcir los daños. También ofrecieron servicios para la construcción de caminos y carreteras, a lo cual se negaron pues la exigencia de la comunidad es que se detenga la contaminación.
Ante ello, el indígena totonaca relató que la urgencia por la contaminación les ha llevado a organizarse para la creación de un núcleo de defensa, cuyo objetivo es asegurar la vida de las futuras generaciones. “Ya estamos formando líderes en cada comunidad para tener una conexión con ellos, de lo que está pasando en cada comunidad. Cada vez que haya un derrame tenemos que reunirnos para defender y alzar la voz y no tener miedo”, enfatizó.
Los integrantes de la ALFF que visitaron el Totonacapan señalaron la urgencia de evitar la promoción de mayor extracción de gas y petróleo en la región. “Vemos que la situación de los territorios en donde se implementa la técnica del fracking es la misma, los Estados priorizan el desarrollo económico por encima de la vida y los derechos humanos de la población local y del ambiente. El consumo y contaminación del agua son inmensos”, sostuvo Santiago Cané, secretario técnico de la alianza latinoamericana.
Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.
Por su parte, Ramón García, del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, localizado en Veracruz, se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la rueda de prensa para que, ante la intencionalidad de reproducir estos sistemas de extracción y, pese al incumplimiento del sexenio pasado, recordarle que ahora ella “tiene en sus manos la oportunidad de prohibir esta técnica y cumplir su compromiso de campaña, que se ha venido diluyendo a lo largo de los meses”.
Fracking, los estragos en América
La ALFF fue fundada en el año 2014 como una respuesta coordinada a la expansión del fracking en Latinoamérica y está conformada por personas, instituciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de diversos países de la región. Sus integrantes mantienen el objetivo de defender los bienes comunes y resistir a la extracción de hidrocarburos mediante la implementación de la fractura hidráulica.
Otro de sus objetivos es el de intercambiar experiencias y testimonios desde los distintos territorios para realizar un análisis de la manera en que avanzan los proyectos y cuáles han sido las estrategias para resistirlos desde las organizaciones sociales y ambientales. Así, destacaron los casos de Vaca Muerta en Argentina y la Cuenca Pérmica, en Texas, EEUU cuyos relatos coincidieron en resaltar la grave amenaza que representa la implementación de esta técnica en otros lugares del mundo.
En Argentina, desde el año 2012 se presentó el proyecto de Vaca Muerta bajo la promesa de desarrollo social y económico. “Hasta el momento nada de esto se ha cumplido. Por el contrario, el avance del fracking en Vaca Muerta ha generado centenares de sismos en lugares en donde jamás se habían registrado, afectando negativamente la vida de las comunidades, consumiendo millones de litros de agua y generando toneladas de residuos contaminantes que aún no encuentran solución para ser tratados”, compartió Matías Cena Trebucq, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) del país sudamericano.
Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking constataron, durante visita infraestructura para la extracción de hidrocarburos, las malas condiciones en que se encuentran pozos abandonados. Foto: Santiago Navarro F.
Según el testimonio de Cena, la fractura hidráulica en Argentina se impuso mediante la represión violenta contra las comunidades mapuches que resisten a su implementación. Desde entonces, se realiza intensivamente por lo que la población vive ya los impactos negativos de esta industria que se despliega a traves de yacimientos no convencionales e infraestructura como ductos a través de 30,000 kilómetros cuadrados.
“Lo que sucede en Vaca Muerta es un claro ejemplo de lo que no debería replicarse en ningún lugar del mundo”, sentenció Cena quien subrayó que la implementación del proyecto ha llevado a la Argentina a depender principalmente de la extracción de pozos no convencionales, lo que conlleva una dificultad para repensar las alternativas para sustituir los hidrocarburos.
Por su parte, Miguel Escoto, de la organización Oilfield Witness, indicó que Estados Unidos es el lugar más perforado de la Tierra y ha demostrado algunos de los peores efectos del fracking, desatando una crisis ambiental y de salud pública. En el país norteamericano un pozo promedio ocupa 60,000 metros cuadrados, pero incluso existen perforaciones denominadas “Monster fracking” (Fractura hidráulica monstruosa) que llegan a atingir hasta 150,000 metros cúbicos.
“En Texas estamos viviendo los impactos de esta técnica, el fracking nos daña la salud, nos está dando cáncer, está contaminando nuestras fuentes de agua y dejando residuos radiactivos en nuestras comunidades. México debe aprender de esta amarga experiencia y no cometer el error de realizar fracking en su territorio”, sostuvo Escoto.
Existe una fecha que en México las autoridades ignoran. El 24 de marzo la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se antoja como un recordatorio incómodo para gobiernos que prefieren el olvido a la justicia. En México, ese día pasa entre discursos vacíos y cifras maquilladas, mientras fosas clandestinas como el rancho Izaquirre en Teuchitlán, Jalisco, siguen brotando y se convierten en símbolos de un Estado que sistemáticamente desaparece, extermina y emplea similar de cantidad de recursos y de poder para borrar las evidencias. Las madres buscadoras que recorren esos terrenos con picos y palas saben que, a diferencia de los gobiernos que usan la palabra para mentir, la verdad no es algo abstracto: se materializa diariamente en los huesos calcinados, en los zapatos abandonados, en las mochilas vacías con logotipos y leyendas partidistas, en las prendas rotas, en los dientes humanos que algún fiscal “perdió” en el expediente. Pero, si no bastara, hoy, incluso, el dolor de los casi 200 colectivos de madres buscadoras es criminalizado por el movimiento partidista que prometió dar verdad y justicia a la crisis de desapariciones.
El rancho Izaquirre, descubierto en 2021 gracias a la insistencia de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, funciona como un espejo de la impunidad de los gobiernos mexicanos. Según lo reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las fiscalías estatales llegaron antes que los peritos independientes, alterando el terreno donde después se encontrarían restos humanos calcinados y mezclados con cal. “Llegamos a ver huellas de maquinaria pesada y áreas que parecían recién removidas”, declaró Ana Karen López, integrante del colectivo Hasta Encontrarles.
La respuesta institucional ha seguido un guión conocido: primero la negación, luego la minimización. El 23 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un pronunciamiento en el que denunciaba cómo la Fiscalía de Jalisco ha retrasado por meses la entrega de resultados periciales. Paralelamente, las madres buscadoras enfrentan campañas de desprestigio desde instancias federales: desde acusaciones de “profanación” hasta señalamientos de que “obstaculizan” las investigaciones oficiales o que, llanamente, ellas mismas realizaron un montaje y una campaña para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.
El rancho Izaguirre como campo de exterminio, sin embargo, no es una excepción: es el modelo. Entre 2006 y 2024, de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, más de 140 mil desaparecidos evidencian que el horror es sistémico. Nos hemos cansado de llamarlos “los desaparecidos de Calderón” , “los desaparecidos de Peña” y “los desaparecidos de AMLO” (7 mil más si contamos los casos de desapariciones que van en el sexenio de Sheinbaum), pero son los desaparecidos de un necro-Estado mexicano podrido hasta la médula. Hoy, como hace diez años, ha vuelto el viejo reclamo en todo el país: Fue el Estado. Es el Estado. Las fosas son eso: el síntoma más aterrador de una necro-política de Estado.
Las fiscalías cómplices son una pieza capital de este entramado. Las autoridades limpiaron el rancho Izaguirre en dias pasados antes de permitir de vuelta el acceso a familias, “Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”, denunciaron las madres buscadoras al atestiguar la profunda manipulación del lugar. “lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”. La mentira institucional perdura. El gobierno de Sheinbaum, como el de Peña NIeto, como el de AMLO, como el de Calderón, primero negó, luego minimizó. Como con Ayotzinapa, como con los 72 de San Fernando. El guión es el mismo hasta la ignominia: “no pasó. Bueno, pasó, pero no fue tanto. Es decir, sí fue, pero ya estamos investigando”.
No “llegaron todas”, como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum: las madres buscadoras se siguen enfrentando por propia mano al monstruo institucional que ahora ella encabeza. Este patrón no es exclusivo de Jalisco. Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, ha señalado que “el Estado mexicano gasta más recursos en limpiar su imagen que en limpiar las fosas”. La afirmación cobra fuerza al revisar casos como Ayotzinapa, donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha sido acusado por organizaciones como Centro Prodh y Serapaz de boicotear las pesquisas internacionales. Esa misma estrategia se replica en Teuchitlán por el mismo fiscal: dilación, opacidad y criminalización de quienes buscan.
Aunque esa actitud de indolencia y estrategia de gobierno no es para sorprenderse. El silencio sobre la crisis de desapariciones de parte de Sheinbaum siempre ha sido ensordecedor. Un análisis de las 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (disponibles en la plataforma digital de Sheinbaum) revela que el tema de desaparecidos no apareció nunca, ni como subtema en seguridad ni en su horizonte de derechos humanos, Esta omisión resulta particularmente grave. Y ya ante el estallido del tema, trata de parchar con propuestas viejas, insuficientes, y sin escuchar, de nuevo, a las víctimas.
Sin verdad no puede existir democracia. Y los casi 200 colectivos de víctimas -cifra de la ONU en 2023- son humillados e ignorados una y otra vez por la 4T en su búsqueda por verdad. Las madres buscadoras en su dignidad lo saben: la justicia no vendrá de arriba. Por eso cavan sin descanso aún a riesgo de sus propias vidas. Por eso, en pleno 2025, el rancho Izaguirre se ha convertido en el primer gran monumento de los gobiernos de las Cuarta Transformación: un monumento olímpico a su total impunidad, aquiescencia y complicidad
Acción en ciudad de México por el luto nacional por los campos de exterminio hallados en Teuchitlan, Jalisco. Foto por Regina López
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, México, denunció el domingo (23), por medio de un comunicado, que están siendo víctima de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes tras dar a conocer crematorios clandestinos. “Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información”, sostienen.
Un operativo de búsqueda encabezado por este colectivo, el pasado 5 de marzo de 2025, encontró cientos de restos humanos calcinados, además de prendas de ropas, zapatos y pertenencias de personas, en el estado de Jalisco.
De acuerdo con los activistas buscadores, se han creado audios, videos, imágenes, capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial para editar voces e imágenes de algunos miembros del colectivo. “Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación”.
Un día antes de la denuncia pública de los Guerreros Buscadores de Jalisco, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), junto a organizaciones e individuos de México y otras partes del mundo, lanzaron una carta pública repudiando la campaña de desprestigio y criminalización contra las madres, padres y familias buscadoras en México.
“La campaña [de desprestigio y criminalización] está dirigida a generar condiciones para la represión por parte de los gobiernos o sus narco-paramilitares, capaces de engendrar crímenes de lesa humanidad como el horror del crematorio clandestino de Teuchitlán”, señalan las organizaciones en el documento.
Los firmantes de la carta manifiestan su indignación al constatar una estrategia de criminalización de las víctimas en el caso del crematorio clandestino, que nombran como “centro de exterminio al servicio del capital”, similar a la que los “militares y el gobierno federal han ensayado en los años anteriores en contra de las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa y sus asesores, otra herida viva, otro infierno desatado por este narcoestado”.
Hacen referencia a cómo los cárteles criminales y sus grupos armados, “de manera notable el Cartel Jalisco Nueva Generación, son protegidos por los gobiernos; como les otorgan impunidad y apoyo a través de las fiscalías, los jueces y los cuerpos de seguridad pública, incluidos los militares”.
Sostienen que “estos cárteles son también los invasores agrarios, son los guardias de la mina, del parque eólico, los que venden el agua de los pueblos, los que ejecutan la obra pública y administran municipios, regiones y estados enteros, los que apuestan a la privatización de la tierra y le ponen precio, los que dividen y confrontan a nuestras comunidades, los que inundan de droga los territorios indígenas, los que roban maderas preciosas, los que administran y operan la trata de seres humanos, los capataces del trabajo esclavo en maquiladoras y agroindustrias, los que hacen de la muerte de niños y jóvenes su estrategia de expansión”.
Argumentan que toda la violencia que viven los pueblos hoy es para hacer posible lo “que el gobierno disque de izquierda llama desarrollo, cuatro te o cuatro letras, no la habíamos vivido más que en las sangrientas guerras a las que hemos sobrevivido; los mercenarios al servicio del capitalismo avanzan imponiendo un mundo gobernado por el dinero y la muerte. Los campos de exterminio, los paramilitares, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas son parte de la misma maquinaria que despoja, asesina y desaparece”.
Levantan la voz y la memoria “frente a este infierno y en nombre de los que nos faltan, en nombre de la dignidad y valentía que nos enseñan las y los colectivos de madres, padres y familias buscadoras”.
Responsabilizan al “Estado mexicano, a sus instituciones y a los intereses capitalistas que lo sostienen, de cualquier daño a las madres, padres y familias buscadoras; su lucha es nuestra lucha, porque en ella está la defensa de la vida, la tierra y la autonomía que son raíz de la esperanza colectiva”.
Llaman a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria, emitiendo comunicados, haciendo acciones, murales, ceremonias y palabras que exijan justicia.
Por su parte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco exige que se respete su labor e integridad. “Los colectivos de búsqueda hemos trabajado incansablemente para descubrir la verdad y buscar justicia para las víctimas”.
Advierten que la difamación, creación y difusión de contenido falso son delitos y que tomarán acciones legales contra aquellos que estén involucrados en la campaña de difamación. “No nos intimidarán con estas tácticas sucias”.
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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó, en marzo de 2025, que existen 125,303 personas desaparecidas en México.
