La Cafetería Comandanta Ramona y el Rincón Zapatista
Presentan:
El recorrido de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno
en diferentes entidades de la República
Sábado 23 de diciembre
17:00 horas
HABRÁ MESA DE FIRMAS
10:00 HRS “LAK’IN: ENCUENTRO CON LOS PUEBLOS MAYAS DEL ORIENTE DE YUCATÁN”. SEDE “MA’ALOB CUXTAL” DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN (EX ALBERGUE DE SAN VICENTE). CALLE 52, A 200 M. DEL RIEL DEL TREN, BARRIO DE SISAL
19:00 HRS “XAMÁN: ENCUENTRO CON LOS PUEBLOS MAYAS DEL NORTE Y CON LA RED DE APOYO AL CIG EN YUCATÁN”. CHABLEKAL, UAY JA’ SEDE DEL EQUIPO DE DERECHOS HUMANOS INDIGNACIÓN, CALLE 17-A S/N ENTRE 20 Y 22
An update on the health status of Mumia Abu-Jamal, who is still in critical condition.
El pasado 6 de diciembre del año que está por terminar, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le dictó una nueva sentencia al compañero Luis Fernando Sotelo, en cumplimiento al amparo que le fue otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado de la CDMX.
En esta nueva resolución la Cuarta Sala Penal resolvió modificar la pena de 13 años y 15 días de prisión que originalmente había impuesto a Luis, para reducirla a 4 años, 8 meses y 7 días de prisión. Lo anterior, hace posible que Luis Fernando tenga derecho a la libertad, previo pago de la reparación del daño. Es decir, Luis podría salir en libertad, si paga los poco más de ocho millones y medio de pesos en que fueron valuados los daños de las cuatro empresas “ofendidas”.
Sin lugar a dudas, se hace evidente la consigna del Gobierno de la Ciudad de México (a través del Poder Judicial), para mantener en prisión un año y siete meses más a nuestro compañero, como pago para los empresarios, que administran el jugoso negocio en que se convirtió el sistema de transporte denominado metrobus, ante la imposibilidad de secuestrarlo 33 años y 5 meses.
El panorama inicial ha cambiado un poco. Estamos a una distancia de aproximadamente 29 años de prisión menos, sin embargo, ahora pretenden que paguemos ocho millones y medio de pesos como rescate, para dejar en libertad a Luis Fernando. Nuevamente la moneda está en el aire. Tenemos dos opciones: esperar un año y siete meses sentados hasta que se abran las rejas de la prisión, o seguir dando la batalla jurídica durante ese tiempo, hasta conseguir un mejor beneficio para nuestro compañero.
Nosotros nos inclinamos por la segunda opción. Por ello, en los próximos días estaremos presentando la estrategia jurídica que emprenderemos para no rendirnos ante la voluntad de la clase político empresarial.
“La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla”
— SCIM
LOS OTROS ABOGADOZ, DICIEMBRE DE 2017.
Hace dos años, el 16 de diciembre de 2016, los ejidatarios de Tila, cansados de un siglo de atropellos, decidieron tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y expulsaron al Ayuntamiento, impuesto ilegalmente en su territorio desde mediados del siglo XX, recuperando las 130 hectáreas que durante décadas el gobierno municipal les trató de arrebatar.
Desde entonces, el ejido de Tila se ha vuelto ejemplo de lo que es posible hacer cuando el pueblo se organiza. Desde hace dos años, el pueblo organiza su guardia comunitaria y la delincuenca, antes solapada por el ayuntamiento, disminuyó visiblemente; se organiza la recolección de basura con contribuciones de la propia población; se instauró un sistema de justicia propia; se administran todos los servicios; se organizan festividades. Y en todo esto, la máxima autoridad es la Asamblea. Así, Tila ha demostrado que sí es posible crear un gobierno donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”.
(Para un recuento de la larga lucha del ejido Tila y la construcción de su autonomía, ve nuestro reportaje: ¿Cómo es un pueblo libre? Primer aniversario de la autonomía de Tila.)
Es por eso que la visita del Concejo Indígena de Gobierno a Tila es tan significativa. “Queremos decirles que los admiramos, que los respetamos”, dijo el concejal Hernán. “Éste es el sueño que desde nuestras comunidades hemos venido soñando. Que un día como éste el pueblo de México se despierte (…) Que los pueblos tengan su libre autodeterminación, que sean los pueblos quienes nos mandemos.”
“Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno”, dijo Marichuy, “hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.”
En Tila la memoria está muy viva, es lo que da fundamento al caminar, lo que orienta la dirección de los pasos por venir. Es por eso que hay un tal respeto por los abuelos, quienes lucharon durante décadas contra el despojo. Fue en la década de 1920 que los abuelos iniciaron una lucha épica que no se olvida. Durante 37 años viajaron una y otra vez a Tuxtla Gutiérrez, a cuatro o cinco días a pie, cargando su pozol y tostadas, para solicitar la regularización de sus tierras como ejido. Una odisea difícil de imaginar pero que está grabada en la memoria del pueblo de Tila, y que resultó finalmente en una Resolución Presidencial que reconoció la propiedad ejidal de las 5,405 hectáreas, de las que habían sido despojados por finqueros extranjeros desde los tiempos de Porfirio Díaz.
“Nosotros estamos caminando con la compañera María de Jesús”, dijo la concejala Antonia, “para llevar la voz de los abuelos, porque los grandes, los de arriba, nos querían acabar. Pero no nos acabaron. Quedó nuestras raíces (…) Nos quisieron acabar pero nunca nos van a acabar. Vamos a florecer, van a salir las hojas que cortaron; las ramas que mataron, van a volver a retoñar.”
“Saludamos a los abuelos porque nosotros sí sabemos respetarlos”, dijo el concejal Hernán.
A mediados del siglo XX los mestizos se apoderaron del Ayuntamiento. El gobierno, que antes se regía por usos y costumbres, pasó al régimen de partidos políticos. Empezó a cobrar impuestos por la tierra y a apropiarse de los bienes y servicios, antes administrados por la asamblea ejidal. Pero no sólo eso: durante los años más duros de la política contrainsurgente después del levantamiento zapatista, el Ayuntamiento sirvió como base de coordinación de los grupos paramilitares, en particular “Paz y Justicia”, uno de los más violentos de la década de 1990 en Chiapas.
Es por todo eso que el pueblo se levantó hace dos años y expulsó por su propia cuenta al Ayuntamiento de su territorio, a pesar de las grandes presiones y amenazas en su contra.
En su visita a Tila, Marichuy hizo un análisis de la relación entre violencia paramilitar y narcoparamilitar (la misma violencia que sufren ahora los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó en Los Altos de Chiapas) y la violencia militar, y criticó duramente la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (lee sus palabras completas aquí).
Para violentarnos, la ocupación militar se apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos seguridad y ayuda nos mandan más militares y el número de presos por defender sus derechos, muertos y desaparecidos aumenta de inmediato.
A esa agresión política, económica, militar, paramilitar y narcoparamilitar en nuestra contra que cada día genera despojo, miedo, terror y luto, le llamamos guerra, la misma que ahora con su ley de “seguridad interior” pretenden extender a todo el país.
Para los gobiernos capitalistas que mandan en el mundo de arriba, los seres humanos pensando, actuando y organizándonos somos problemas de seguridad interior, ya no sólo los pueblos indígenas, sino todas las sociedades urbanas y campesinas. De ese tamaño es el descontento que los de arriba prevén porque de ese tamaño es la embestida que engendran.
Ante esto, el Concejo Indígena de Gobierno ha repetido una y otra vez que la única respuesta viable es la organización. Y con ella, la seguridad y la justicia autónomas. “Sólo de esa manera, haciendo que el pueblo mande y nuestras fuerzas de seguridad obedezcan, es que hemos podido acabar con el terrorismo de Estado y de las bandas de la delincuencia organizada.”
La montaña y costa de Guerrero, Cherán y Santa María Ostula en Michoacán, el ejido de Tila en Chiapas y desde luego las comunidades zapatistas… ejemplos de que otra justicia, otra seguridad y otro gobierno son posibles.
Muy significativamente, el Concejo Indígena de Gobierno, acompañado por las autoridades de Tila, hablaron desde un templete instalado en el llamado “Casino del Pueblo”, el antiguo edificio que servía de gobierno comunitario, a espaldas del ahora destruído Ayuntamiento, situado al lado opuesto de la plaza. Es el gobierno indígena, colectivo, horizontal, de abajo, que ejerce el “mandar obedeciendo”, renaciendo con la fuerza de la memoria y la organización.
El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años
La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.
Sábado 16 de diciembre 2017
En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.
Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.
Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.
Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco
El pasado 16 de diciembre la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán denunciaba una agresión armada en contra de los comuneros Gabriel Aguilar Rojas y Noé Aguilar dos días atrás.
Nuevamente, pobladores de esta comunidad fueron objeto de acciones violentas por parte de aquellos a los que refieren como “ajenos a la comunidad” y que pretenden acabar con sus vidas para poder despojarles de su territorio.
En la denuncia señalan al responsable de los disparos que, por fortuna, no llegaron a herir a ninguno de los pobladores. También señalan la responsabilidad de las autoridades municipales por la falta de atención en la denuncia de los hechos y la promoción de proyectos ganaderos en la zona que estarían incitando a la invasión de los territorios comunales.
San Lorenzo de Azqueltán se encuentra junto al río del mismo nombre. Está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Como parte de la Región Occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), esta comunidad fue sede en 2013 de una de sus asambleas. Poco antes declaraba su autonomía y nombraba a sus autoridades. Ello los ha fortalecido al vincularse con pueblos hermanos y recibir el apoyo de comunidades vecinas.
Su lucha agraria, al igual que la de muchos otros pueblos indígenas de México, es por el reconocimiento legal de un territorio que de por sí les es propio, por ser originario y comunal.Reconocidas 94 mil hectáreas por la Corona española (en base a título virreinal datado en 1777) y por autoridades agrarias (autentificaron el documento virreinal en 1954), su titulación quedó en suspenso, negando con ello la posesión como bien comunal a su pueblo. Años después se determinaría la restitución de 8 mil 336 hectáreas, pero tampoco este trámite concluiría.
Pero la cosa no quedó ahí. A la par, y en el contexto de una situación de no resolución, se conformaba un ejido con pequeños propietarios foráneos y algunas personas de adentro, tomando el nombre de la comunidad y apoderándose de unas tierras que, afirmaban los “supuestos” ejidatarios, el gobierno les había entregado.
Lo anterior lo relataba la comunidad en su intervención en la Cátedra Tata Juan Chávez en 2013:
“(…) el trámite es sobre la restitución de las tierras de las 94 mil hectáreas. En el año de 2007 se niega la restitución a la comunidad de San Lorenzo y pues se concede por la vía de dotación de ejido una superficie de 1,090 hectáreas a un pequeño grupo de supuestos ejidatarios. De ahí en adelante se viene promoviendo muy fuertemente eso de predios rústicos, la regularización de predios rústicos. Con estos se sufre todavía más el despojo de la comunidad donde pues ya en realidad de tener una vasta extensión de tierra pues ya la gente no tiene ni para sembrar y pide prestado para sembrar” (Intervención de comunero de San Lorenzo Azqueltán; 17/08/2013).
Los comuneros denuncian esta usurpación y señalan que “ricos líderes”, “terratenientes”,“mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra. Con ello, y a pesar de tratarse el ejido de una manera de asegurar la propiedad social de la tierra, ésta se está privatizando con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales:
“En todos estos años, en lugar de reconocer nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad” (Extracto de la última denuncia; 16/12/2017).
Se han interpuesto varias demandas (tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras) y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal. Aunque la comunidad decidiese en asamblea no pelear por las hectáreas “otorgadas” en régimen de ejido, sí lo hacen por 38 mil como bienes comunales.
En su última denuncia exigen que se investigue y sancione el ataque armado, que se frene la venta/renta de tierras afuera de los límites del deslinde ejidal y que la autoridad municipal deje de promocionar proyectos que favorezcan la invasión y agresión a comuneros.
A continuación audios en donde se hace denuncia y síntesis de la problemática agraria:
Fuentes:
Agresión armada en contra de la comunidad Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán
http://www.proceso.com.mx/358696/san-lorenzo-azqueltan-historias-de-desprecio-y-despojo
Comunicado de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán
Fotografía portada: fuente CNI ( Mapa Espejos de la Resistencia)
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