Previo a la llegada al poder del recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, le ha ofrecido más de 566 hectáreas (1,400 acres) de tierra estatal en la frontera sur de Texas para facilitar los planes de deportación de la administración Trump. De acuerdo con la funcionaria, este ofrecimiento se enmarca dentro de la estrategia para combatir el crimen organizado y para dar continuidad a los proyectos de construcción del muro fronterizo.
La Comisionada Buckingham, quien desde que asumió en 2022 su cargo ha endurecido sus políticas anti-migrantes, envió una carta al presidente electo Donald Trump ofreciendo 1,402 acres que, según la misiva, son tierras recién adquiridas por la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) en el condado de Starr, al sur del estado y frontera con México. Esta zona está cercana a Río Grande y se pretende que sean utilizadas para la construcción de instalaciones “para el procesamiento y deportación de inmigrantes”, según la mísiva.
Según la Comisionada, el ofrecimiento de las tierras a Trump es “para ayudar a su administración a llevar a cabo sus planes de deportación para poner la seguridad y el bienestar de todos los estadounidenses en primer lugar”.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de Gobierno A la Sexta Mundial A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida A las Redes de Resistencia y Rebeldía A los organismos de derechos humanos Al Pueblo de México Al movimiento social de Guerrero A los medios libres y autónomos
19 de noviembre.
Hermanos y hermanas de México y del mundo, queremos compartir nuestra palabra sobre la situación que estamos viendo y viviendo en el estado de Guerrero y en México: con todo el aparato del Estado, con 4 canales de televisión públicos en los que se transmiten las mañaneras, periódicos, noticieros de radio y televisión, por internet y prensa, el actual gobierno de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, repiten hasta el cansancio discursos de lo que su gobierno hace -o dice que hace-, para restablecer la paz en el país; mediante el discurso, crean una realidad inexistente y pretenden engañar a la población de que el mal es ajeno al aparato Estatal y que éste proviene de algunos individuos que generan toda la violencia en el país. Con una narrativa telenovelesca, hablan en las mañaneras de articulación entre los estados, de inteligencia de seguridad, de detenciones de personas trascendentales en distintas estructuras delincuenciales.
Pero lo que vemos y vivimos a diario en el estado de Guerrero, es totalmente contrario a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por “confrontaciones entre grupos locales”; derivado de esta aseveración nos preguntamos ¿a qué grupo delincuencia local pertenecía el presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán para que lo decapitaran? ¿y las mujeres y niños secuestrados en Mochitlán, a cuál?
También observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video vigilancia en el municipio de Chilapa por los ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de las policías municipales, estatales y autoridades estatales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero; comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia -como les llaman hoy en día en las mañaneras-, por ejemplo la comida de Norma Otilia Montaño (ex-presidenta municipal de Chilpancingo) con Celso Ortega, líder de los ardillos; observamos también encarcelamientos de chivos expiatorios e investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales, a los autores intelectuales; en estos casos, la complicidad y participación directa de autoridades municipales, estatales y federales, es evidente, junto a las corporaciones de “seguridad”, incluida la Guardia Nacional, SEDENA y Marina cuyo número llega ya a 12 mil 675 miembros de la SEDENA, Guardia Nacional y Marina entre Tecpan, Quechultenango, Acapulco y demás municipios del estado según Ricardo Trevilla Trejo, el mismo titular de la SEDENA cuyo análisis de la realidad le indica que el problema de Guerrero está en las “confrontaciones entre grupos locales”.
El simplismo de su aseveración debería ser evidencia suficiente para entender que: 1. Las capacidades cognitivas de quienes dirigen a las corporaciones de seguridad del Estado son inexistentes. 2. Que la delincuencia organizada en su rostro mas visible es la que dispara, asesina, secuestra, trafica, etc., pero que la otra cara de la delincuencia viste de traje y se encuentra en cada institución del Estado y en cada corporación de “seguridad”. A nosotras y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido de cerca la violencia de los grupos delincuenciales y el silencio del Estado nos queda claro que la delincuencia son todos ellos y ellas.
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN MICHOACÁN. AL INGENIERO JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN AQUILA, MICHOACÁN. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
En este día en que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, gesta heróica en la que los pueblos originarios derramamos nuestra sangre teniendo como bandera central la defensa y recuperación de nuestras tierras comunales, ANUNCIAMOS que el pasado quince de noviembre de este año nos fue notificada, por conducto del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, una histórica sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo en revisión número 357/2023, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DEJA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE DOTÓ DE TIERRAS EJIDALES AL POBLADO LA PLACITA, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN, EL 20 DE JUNIO DE 1967, porque “afectó terrenos comunales pertenecientes” a nuestra comunidad y por lo tanto se dictó en violación de nuestros derechos fundamentales.
Sin duda alguna, SE TRATA DE UNA SENTENCIA HISTÓRICA PARA NUESTRA COMUNIDAD Y TAMBIÉN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTE PAÍS, PORQUE A LO LARGO DEL SIGLO VEINTE UNA DE LAS POLÍTICAS COLONIALES MÁS USADAS POR LOS GOBIERNOS EN TURNO PARA DESPOJAR DE SUS TERRITORIOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FUE LA ILEGAL CREACIÓN E IMPOSICIÓN DE EJIDOS EN SUS ANTIGUOS TERRITORIOS COMUNALES, LO QUE PROVOCÓ SU PULVERIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En dicho sentido saludamos la trascendental determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito que pone en cuestión este largo proceso de despojo y marca un parteaguas en la inercia colonial y racista que ha mantenido hasta el día de hoy a nuestros pueblos con derechos de segunda y sumidos en la pobreza.
La sentencia dictada por el Poder Judicial es definitiva, razón por la que exigimos a la Presidenta de la República y a los gobiernos federal y del estado:
Mientras representantes de países de todo el mundo están reunidos en Baku, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre, en la cumbre sobre el clima de la ONU para discutir “soluciones” que saquen el planeta de la crisis climática, organizaciones ambientales globales denunciaron en una rueda de prensa que las “soluciones basadas en la naturaleza”, tema que está siendo por empresas y jefes de las naciones, son “falsas soluciones”.
Una de ellas es el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques). “Estas falsas soluciones permiten a los grandes contaminadores seguir lucrándose, haciendo recaer la carga sobre los países en desarrollo y las comunidades marginadas. Evitan reducciones reales y urgentes de las emisiones, que los países han incumplido reiteradamente”, sostienen la Red Indígena Ambiental, Acción Ecológica Ecuador, WALHI Indonesia y la Coalición Mundial por los Bosques, en un comunicado.
El uso de los programas REDD+ como mecanismo de compensación del carbono forestal ha exacerbado el problema, resalta los ambientalistas, provocando la sustitución de ecosistemas biodiversos por plantaciones de monocultivos y causando graves impactos sobre los pueblos indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo abusos documentados contra los derechos humanos.
“Los programas REDD+ se han transformado en compensaciones de carbono forestal. Se han talado bosques y las plantaciones de monocultivos han sustituido a los ecosistemas biodiversos bajo la apariencia de proyectos REDD+”, dijo Souparna Lahiri, de la Coalición Mundial por los Bosques. “Estos proyectos tienen enormes impactos negativos sobre las comunidades indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo casos de violencia sexual”.
Río de Janeiro se convirtió este fin de semana en el epicentro de un tumulto de manifestaciones que, bajo una lluvia torrencial, irrumpió en las calles antes de que comenzará la cumbre del G20, que se lleva a cabo del 17 al 18 de noviembre en este país sudamericano. En la emblemática playa de Copacabana, miles de personas se agruparon desde el sábado (16) como una muestra de solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo de manera tajante poner un fin al genocidio en Gaza perpetrado por Israel y pidiendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que rompa relaciones con este país.
Bajo la consigna “Palestina libre, desde el río hasta el mar”, los activistas remarcaron que estas exigencias han escalado a nivel global. Entre las pancartas que se ondeaban al tenor de la lluvia una decía “Lula rompe con Israel, contra el genocidio”. En las protestas figuran personas de diversos países de América Latina, bajo la misma consigna.
Hasta el momento el bombardeo masivo sobre Gaza ha dejado un saldo de más de 48 mil muertos y una crisis alimentaria sin precedentes, según las autoridades palestinas. Por ello, este mismo 15 de noviembre se llevó a cabo, antes de las protestas, un Tribunal Popular de los Pueblos que condenó enérgicamente al Estado de Israel por los crímenes que ha cometido sobre el pueblo palestino.
Diversas organizaciones coincidieron en sus denuncias, puntualizando que diversos líderes que se están reuniendo en Río de Janeiro para la cumbre del G20 son “los mayores financiadores del genocidio en Palestina – financieros, económicos, pero también políticos”, señaló Cássia Bechara, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), quien participó en este Tribunal y en las protestas.
La manifestante Bechara agrega que “Palestina hoy simboliza la lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo, que han sido colonizados a lo largo de la historia del sistema colonial capitalista”.
Es así que el veredicto de este Tribunal, que reunió a juristas, abogados y activistas en un espacio llamado Fundição Progresso, para juzgar los crímenes del capitalismo, sentenció que las pruebas presentadas en este evento “revelan que el pueblo de Palestina, en particular Gaza, está sometido al colonialismo desde hace 76 años y sufre un genocidio desde hace 409 días, practicado abiertamente por el Estado de Israel con la complicidad de Estados Unidos, Alemania y otros países europeos y occidentales”, sostuvo la jueza Simone Dalila Nacif, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), que presidió la sesión.
“La inhumanidad que estamos viendo en Gaza ha superado nuestra imaginación. Convertir hospitales en cámaras de tortura, bombardear e incendiar refugios donde la gente debería buscar seguridad, instalaciones de la ONU, escuelas, es algo increíble”, dijo Rula Shadeed, abogada palestina, quien participó en este Tribunal.
El G20 y los contrastes
La cumbre del G20 se lleva a cabo entre el 17 y 18 de noviembre y reúne a los líderes de las 20 principales economías del mundo para dirimir diversos temas, resaltando los efectos y soluciones al llamado cambio climático, la lucha contra la pobreza y las reformas a las instituciones internacionales. No obstante, para las manifestantes en las calles de Río, esta cumbre evade los problemas reales que afectan a los pueblos más vulnerables, “estamos aquí para hacer notar ese contraste a la cumbre del G20, ya que los verdaderos afectados están en el olvido”, expresó Tania Arantes para el medio local Brasil de Fato.
Los países del G20 representan el 85% de la economía mundial y esto los hace responsables “del 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo”, según el propio sitio oficial del evento.
Los diálogos no van más allá de poner solo cifras financieras para atender esta crisis y carecen de falta de propuestas. “Es urgente enfrentar con determinación la crisis climática. Este enfrentamiento no tendrá éxito sin la compensación financiera de los países ricos que, a lo largo de la historia, han devastado el medio ambiente en nombre del progreso a cualquier costo”, defiende el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Solo Brasil, en agosto de 2024, registró un alarmante aumento de incendios, especialmente en Mato Grosso, Pará, Amazonas y São Paulo, agravado por una prolongada sequía. Esta región es característica por un alto índice de deforestación para dar paso a la agricultura industrial y a la ganadería. “La falta de lluvias y las temperaturas por encima de lo normal crearon condiciones ideales para la propagación del fuego, lo que impactó gravemente los ecosistemas”, denuncia el país sudamericano en la plataforma del G20.En medio de estos diálogos, los manifestantes en Río no solo exigieron justicia para Palestina, sino también un abordaje serio frente a la crisis climática y sobre las verdaderas causas que las originan. Es así que las voces en las calles resonaron por un alto al genocidio del pueblo de Palestina hasta las exigencias de las periferias de Río de Janeiro y los problemas de la crisis climática en América Latina.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanza nueva alerta roja ante el vertiginoso ritmo que el cambio climático ha adquirido en una sola generación. El año de 2024 va en camino de convertirse en el más cálido del que se tiene constancia hasta la fecha, superando al 2023 considerado el más caluroso.
Entre enero y septiembre de 2024, la temperatura media del planeta superó en 1,54°C el valor de referencia de la era preindustrial. El Acuerdo de París establece que se debe limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, para, con eso, buscar reducir los impactos sobre los sistemas humanos y los ecosistemas terrestres, de agua dulce y costeros.
De acuerdo con el boletín de la OMM sobre el estado del clima en 2024, lanzado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bakú (Azerbaiyán), que se realiza entre 11 y 22 de noviembre, el decenio 2015-2024 será el más cálido jamás registrado; la pérdida de hielo de los glaciares, la subida del nivel del mar y el calentamiento de los océanos se aceleran; y los fenómenos meteorológicos extremos causan estragos en comunidades y economías de todo el mundo.
“Las lluvias y crecidas sin precedentes, la rápida intensificación de los ciclones tropicales, los mortíferos episodios de calor, la sequía implacable y los devastadores incendios forestales que hemos visto este año en distintas partes del mundo son, lamentablemente, nuestra nueva realidad y un anticipo del futuro”, declaró la Secretaria General de la OMM Celeste Saulo.
“Tenemos que reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar nuestro monitoreo y nuestra comprensión del clima cambiante en el que vivimos. Debemos contribuir en mayor medida a las actividades de adaptación al cambio climático a través de servicios de información climática y de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos”, señaló.
Gas
Las concentraciones de los Gases de Efecto Invernadero, observadas en 2023, batieron todos los récords, según el informe. Y los datos en tiempo real indican que en 2024 han seguido aumentando. La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha pasado de unas 278 partes por millón (ppm) en 1750 a 420 ppm en 2023, lo que supone un incremento del 51%. El CO2 captura el calor en la atmósfera y provoca un aumento de las temperaturas.
Océanos
En 2023, el contenido calorífico de los océanos fue el más elevado del que se tiene constancia y, según datos preliminares, en 2024 se ha mantenido en niveles comparables. Las tasas de calentamiento de los océanos muestran un aumento especialmente marcado en los dos últimos decenios. Entre 2005 y 2023, el océano ha absorbido, de media, cerca de 3,1 millones de teravatios por hora (TWh) de calor cada año. Esto supone más de 18 veces el consumo mundial de energía en 2023.
El océano absorbe alrededor del 90% de la energía acumulada en el sistema Tierra, y se prevé que el calentamiento de sus aguas continúe, porque se trata de un cambio irreversible durante cientos o miles de años.
El calentamiento de los océanos conlleva la expansión térmica de sus aguas, y ello, sumado al deshielo de los glaciares y la fusión de los mantos de hielo, acelera la subida del nivel del mar. Entre 2014 y 2023, el nivel medio del mar a escala mundial aumentó a un ritmo de 4,77 mm al año, más del doble que entre 1993 y 2002.
Glaciares
La desaparición de los glaciares se agrava. En 2023, la pérdida de hielo de los glaciares fue de 1,2 metros de equivalente en agua, aproximadamente cinco veces la cantidad de agua del mar Muerto. Fue el mayor retroceso desde que comenzaron las mediciones en 1953, y se debió a los episodios de deshielo extremo vividos en América del Norte y Europa. En Suiza, los glaciares han perdido alrededor del 10% de su volumen residual en los períodos 2021/2022 y 2022/2023.
En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos
Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.
Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.
Foto: ADES Santa Marta.
Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.
Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.
“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.
¿Libertad?
A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.
Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.
Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización.
Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.
Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.
Los defensores de Santa Marta aguardan la resolución de la apelación presentada por la FGR.
Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.
“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.
En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.
Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.
En portada: En el campamento de migrantes en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años, sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos. Foto: Jeny Pascacio.
Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.
Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo mediático, incluso por seguridad.
Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al norte de México.
Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos, puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.
“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo, están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos.
Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo con los países que aportan más a la migración, entre ellos México, Venezuela, Haití y países de Centroamérica.
En las calles venden chicha, empanadas o arepas para ganar dinero.
México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera norte del país.
Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para alojar a los miles de migrantes”, dijo.
Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) también realiza labores de “control migratorio”.
Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos derechos.
“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del terror ya está impuesta”, precisó el defensor.
Las personas migrantes acampan en al menos cinco puntos de la capital de Chiapas.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos, pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno.
Chiapas, la cárcel migratoria
Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro.
Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de delitos por grupos delincuenciales.
“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre, pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”, sostuvo para Avispa Mídia.
Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer avanzar más.
“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo.
Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo estable.
“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero para el norte con Trump también se pone difícil”.
En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del INM, espacio que también funciona como centro de detención.
En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos. Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que la travesía hasta México está llena de terror y violencia.
“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran.
Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla.
Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata, también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive con la venta de empanadas al estilo Venezuela.
Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al norte del país) y las dos veces me devolvieron.
Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un registro” y así poder avanzar.
Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad entre ellos para poder proteger a las infancias.
Contención al servicio de EEUU
Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque, con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima discrimanación”.
Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en materia migratoria”.
Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública en términos geopolíticos”.
Las demandas de inversores extranjeros contra Estados de América Latina y Caribe se han multiplicado en las últimas dos décadas. Eso es lo que revela la séptima edición del informe Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe, realizado por TNI (Transnational Institute).
En 1996 fueron registrados seis casos de demandas bajo tratados comerciales en todo el mundo. A finales de 2023 llegó a 1,332 casos. De ese total, los países de América Latina y Caribe fueron demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial.
De los 42 países de América Latina y Caribe, 23 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje. México, Argentina, Venezuela, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Conjuntamente acumulan lo que representa casi dos tercios del total de las demandas.
El 2023 fue el año con más demandas en la historia del arbitraje en América Latina y Caribe, con 28 demandas registradas, de las cuales 11 corresponden a México.
La organización alerta que los Estados han sido los grandes perdedores en los sistemas de arbitraje de inversiones a nivel mundial. De las 380 demandas conocidas contra países de América Latina y Caribe, en 239 ocasiones existió una resolución del caso. De las 239 demandas resueltas, el inversor salió beneficiado en casi el 60% de los casos. Las demandas relacionadas con minería, gas y petróleo suman el 22,4% del total de los casos.
Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores extranjeros la suma de 33.629 millones de dólares. Esa cifra es superior a toda la inversión extranjera directa que recibieron juntos los seis países de Centroamérica, los 15 del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador en 2022.
Los países de América Latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales, a partir de la década de 1990. Estos tratados protegen a la inversión extranjera y “otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos”, contextualiza el informe, ya sean por leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado.
Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones fuera decisiva en la atracción de inversión extranjera, sostiene. Sin embargo, 30 años después, “la evidencia muestra que los tratados han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región”, señala.
La organización subraya que los impactos negativos de estos tratados son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos y parlamentarios como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.
Argentina
El monto más alto ya pagado por un país a raíz de una única demanda fueron los 5,000 millones de dólares que pagó Argentina a la empresa Repsol en un acuerdo de partes.
Argentina es un caso emblemático. Solamente seis de las 30 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 23 se decidieron a favor del inversor, y solo una a favor de ninguno de los dos. Si se suma a estos 23, los 18 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, “concluimos que el 85% de las demandas contra Argentina tuvieron un resultado favorable para el inversor”, dice el informe.
Los tratados más utilizados
Empresas europeas (principalmente de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia) y de América del Norte (sin considerar a México) son responsables por 47% y 38% respectivamente de las demandas. Inversores de Estados Unidos son quienes han iniciado la mayor cantidad de ellas. Los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones de este país junto con los tratados comerciales TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), incluso en su versión actualizada el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) y CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana) son los más usados por los inversores.
Centros de arbitraje
Existen diversos centros de arbitraje donde se pueden resolver diferencias relativas a inversiones. El centro de arbitraje más concurrido es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. El CIADI fue utilizado 294 veces por los inversores para sus demandas contra países de la región. Esto significa que el 77,4% de todas las demandas fueron llevadas a este centro de arbitraje.
II Encuentro Mesoamericano de movimientos sociales. Reencuentro de las Resistencias y Alternativas
8 de Noviembre 2024, Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
En el territorio Sagrado de los Mártires de Acteal, sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, nos autoconvocamos y nos dimos cita más de 40 organizaciones provenientes de México hasta Panamá, defensoras de las tierras y los territorios, de la salud, de la comunicación, de la cultura, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, entre otros muchos movimientos. Las más de 160 personas delegadas en el marco del II Reencuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, de 6 países de la región, nos dimos a la tarea de reencontrar nuestros corazones, nuestros rostros para fortalecer la esperanza, las resistencias y las alternativas, la unidad y la organización que el capitalismo salvaje y patriarcal nos pretende despojar.
Del 6 al 8 de noviembre del presente año compartimos nuestra amistad, nuestros análisis y reflexiones, nuestras luchas y estrategias de resistencia en defensa de los territorios. Y este fue el principal logro, habernos reencontrado, habernos abrazado y reconocido.
Vivimos un momento de extrema inseguridad por la violencia desbordada e incontrolable, Crisis Climática y grandes retos para los movimientos. El sistema capitalista, racista y patriarcal, ahora aliados o interconectados con el crimen organizado, están llevando a cabo sobre nuestros territorios un Modelo Extractivo feroz sobre los bienes comunes naturales y culturales. Los Mega Proyectos acechan nuestra región, así como las políticas neoliberales con el afán de privatizar la vida y todo lo que se encuentra a su paso para incorporarla al mercado; dichas políticas para nosotros los pueblos son nuestra destrucción y exterminio. La energía, la salud, la educación, los bosques, el agua, nuestra cultura no son mercancías, sino las condiciones necesarias para la vida digna de los pueblos.
Sin embargo, este proyecto de muerte se topa con los pueblos vivos, que se movilizan y resisten, que buscan nuevos caminos de vida digna. Hemos resistido con el corazón en alto, y aunque nos han arrebatado a mucha gente querida, seguimos adelante, caminando colectivamente porque sólo así se logra resistir, y sólo así se logra construir nuevas formas de vida. Hemos desplegado un sinfín de acciones, movilizaciones y alternativas. Cartografiamos y mapeamos nuestros territorios para fortalecer la defensa del territorio que es sostén de vida.
La presencia de la mujer curandera, partera, indígena, urbana, luchadora, defensora, cuidadora, se hizo fundamental en nuestro reencuentro. Hacemos patente que construimos bajo la solidaridad, el respeto, la unidad, la organización, el cuidado colectivo, la búsqueda de alternativas y la autonomía; algunos de los principios que el capitalismo nos quiere arrebatar, ahora se convierten en elementos estratégicos de resistencia.
Ante todo ello, nos comprometemos a:
Impulsar los marcos normativos comunitarios en la línea de la libre determinación de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, recuperando nuestra cosmovisión, principios, el derecho histórico y ancestral como guardianes y custodios de la Madre Tierra sobre los bienes comunes naturales como los ríos, los bosques, plantas medicinales y los territorios.
Tejer mecanismos y alternativas que fortalezcan la autonomía energética, en la salud, partería y medicina tradicional, en la alimentación, en la educación, en el acceso al agua y en la comunicación.
Impulsar la protección de nuestros ríos y bosques de la depredación del capital.
Impulsar el derecho a la salud desde los pueblos.
Buscar nuevas formas de movilidad alternativas, contra megaproyectos aeroportuarios militarizados, buscando las veredas, la bici, nuevas formas de encontrarnos.
Fortalecer la identidad maya que nos une a los pueblos de la región para ser más fuertes, más vivos, más nosotros y nosotras mismas. Un pueblo no sabe a dónde va si no sabe de dónde viene.
Impulsar Escuelas de Formación Política y otras herramientas para la descolonización de nuestro pensamiento.
Exigimos
Verdad, Justicia y Presentación con vida de nuestros desaparecidos por la inseguridad causada por el crimen organizado y en el contexto de las migraciones.
Alto al desplazamiento forzado de nuestros pueblos.
Justicia para Simón Pedro, Berta Cáceres, Padre Marcelo Pérez, Sergio Rojas, Bety Cariño, Noé Vázquez, Mariano Abarca, Walter Méndez, David Salguero, Samir Flores, Tomás Rojo, Jehry Rivera, los Mártires de Acteal, la aparición de nuestros hermanos desaparecidos en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y tantas compañeras y compañeros que les han arrebatado la vida por defender a los pueblos y los territorios.
Alto a la criminalización y persecución al pueblo garífuna por recuperar sus territorios.
Exigimos la liberación de los presos políticos defensores de los territorios como el caso de José Iván Arévalo Gómez en El Salvador, de Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Manuel Sántiz Cruz de Chiapas, entre otros tantos luchadores sociales y defensores de los derechos humanos a quienes se les ha arrebatado su libertad.
La desmilitarización de los territorios y un alto al Modelo Extractivo ejercido con megaproyectos como las represas, minería, monocultivos como la palma de aceite, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, pozos petroleros, canales secos, mega fábricas y parques industriales, mega granjas porcícolas, entre otras formas de extracción de los bienes comunes naturales y culturales.
Que se declare a nivel internacional al Río Usumacinta como sujeto de derecho; y los pueblos lo declaramos libre de represas y Megaproyectos.
Exigimos la cancelación de la concesión ilegal sobre el sagrado río Gualcarque.
Alto a los Tratados de Libre Comercio que expolian a los pueblos, y abogamos por la construcción de nuevas formas de interrelación y apoyo regional entre los pueblos.
Que se garantice el libre tránsito seguro y protección al migrante.
Alto al Modelo Extractivo que empobrece a la Madre Tierra y a los pueblos. Así como las falsas soluciones al cambio climático (mercados de carbono, Geoingeniería) entre otros remedios pintados de verdes. Nos convocamos a seguir uniendo nuestros corazones, a seguir reencontrándonos, a escucharnos y compartir nuestros caminos. En noviembre de 2025 nos encontraremos en el IV Encuentro Internacional de Afectados por Represas y por la Crisis Climática, en la amazonia brasileña. También nos encontraremos en el III Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia y Alternativas en en el territorio Lenka en Honduras.
¡Alto al Genocidio del Pueblo Palestino! ¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!
Desde el Territorio Sagrado de los Mártires de Acteal,
De El Salvador: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) / Amigos de la Tierra El Salvador – El Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Las Corporaciones (MOVIAC).
De Honduras: Barrancón Digital, Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
De Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica – Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente FECON, Coecoceiba/ Amigos de la tierra Costa Rica.
De Panamá: Colectivo Voces Ecológicas (COVEC).
De Guatemala: Consejo del Pueblo Maya (CPO), Asociación de Comunidades por la Defensa del Territorio (ACODET), Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Frente Petenero contra Represas
De Estados Unidos: International Rivers.
De América Latina: Movimiento de Afectados por las Represas (MAR)
De México: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, El Puente, Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Kataz/Nodos de Información, Comunidad Casa de Medicina Tradicional Teo Tepahkalle, Casa Medicina/Pueblo de Santa Ursula Xitla, Casa Monarca-Doulejae-Medicina Tradicional y Cuidados Profesionales, Comunitaria Cultura, Rueda Libre Chiapas, Alianza Ríos Mayas, Sur Resiste, Tsomanotik, Yax-Hun Arqueología Social, Defensa del Territorio y la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón (DETUVIDA), Permanecer en la Tierra, Colectivo de Cartografía Histórica Colaborativa de los Territorios Hidrosociales Binacionales de México y Guatemala, Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA), Voces Mesoamericanas/Acción con Pueblos Migrantes, Comunicadores Populares por la Autonomía
(COMPPA), CECROPIA, Movimiento por la Defensa de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, Colectiva Cartográfica de los Sures Globales, Parlamento Nacional Indígena, Medios Libres, Organización de la Defensa de los Derechos Humanos, Tierra y Territorio (ODDET), Casa Fuego, Alianza Pediátrica Global, El Consejo de la Crónica, Lumaltik Herriak, Promedios, Frente Popular Ricardo Flores Magón, Nodo Solidario, Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FIDEO), Kinal Antsetik, Memoria Viva de los Pueblos, Jtatic Samuel Ruiz García, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba.
