Este lunes (28), el secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, se reunió con funcionarios mexicanos para conversar sobre la intención de este país para poner fin a las exportaciones estadounidenses de maíz transgénico para consumo humano.

En declaración para medios, Vilsack compartió que su país no descarta la posibilidad de acudir al Tratado México, EEUU y Canadá (TMEC) para resolver el desacuerdo. La controversia data de finales del 2020, cuando un decreto ejecutivo colocó la eliminación gradual del maíz transgénico y el uso del glifosato para el año 2024.

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En la reunión también estuvieron presentes el embajador de EEUU, Ken Salazar, así como los titulares de las dependencias mexicanas encargadas de Relaciones Exteriores, Agricultura, Economía y Medio Ambiente.

Marcelo Ebrard, titular de la política exterior mexicana, anunció que se abordaron temas relativos a la seguridad alimentaria de ambos países. Por su parte, Víctor Villalobos, responsable de Agricultura, indicó que en próximas semanas se realizará otra reunión bilateral para abordar el tema del comercio de productos transgénicos entre las dos naciones.

Presiones

El pasado 15 de noviembre, los senadores norteamericanos Joni K. Ernst y Charles E. Grassley hicieron un llamado a Katherine Tai, representante comercial de EEUU, para activar un proceso de consultas contra México en el marco del T-MEC respecto a la política del gobierno mexicano para prohibir las importaciones de maíz transgénico y el uso del glifosato.

Mediante una carta, los congresistas estadounidenses argumentaron pérdidas multimillonarias para los agricultores de EEUU si se concreta la prohibición de México. En respuesta, la representante comercial norteamericana difundió un comunicado en el cual se posiciona sobre “la importancia de evitar una interrupción de las exportaciones de maíz de EEUU y de volver a un proceso regulatorio basado en ciencia para todos los productos biotecnológicos agrícolas en México”.

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Según datos de la Secretaría de Economía mexicana, para el año 2021 este país importó más de 16 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico. Además, para el año en curso, de acuerdo a cifras del Departamento de Agricultura de EEUU, México es el principal comprador de maíz amarillo pues ha importado más de 5 millones de toneladas métricas.

Acorde a datos de la Oficina del Censo de EEUU, las exportaciones a México equivalen a más de cinco millones de dólares, cifra que se vería afectada por la prohibición del comercio de transgénicos.

Otros actores también se han pronunciado contra la medida de México. En octubre pasado, la Asociación Nacional de Agricultores de Maíz de EEEUU difundió un comunicado para exigir al representante comercial norteamericano que inicie una disputa en el marco del T-MEC para permitir la exportación de maíz transgénico a México, así como permitir el uso del glifosato.

En su argumentación, los agricultores estadounidenses afirman que, de acuerdo a la firma del T-MEC en 2018 , no se contempla estas prohibiciones que afectarán gravemente a la economía de EEUU.

A su vez, la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés), donde confluyen empresas como Bayer, también se han sumado a la presión hacia los funcionarios norteamericanos para que, en caso de que fallen las negociaciones en el marco del T-MEC, se trabaje en crear un tratado de biotecnología agrícola el cual permita la continuación del comercio con transgénicos con México.

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Hasta ahora México acepta la introducción de maíz amarillo transgénico para alimentar ganado, pero de cumplirse el decreto emitido en 2020, la prohibición sería para cualquier tipo de transgénico. Por otra parte, durante la semana pasada el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que por el momento su gobierno ha frenado la prohibición del uso del glifosato. El mandatario detalló que no se puede eliminar de manera tajante el uso de este herbicida debido a que no se cuenta con otra alternativa para la limpieza de plantas y árboles.

La infodemia y lawfare en internet y redes sociales no son palabras nuevas. Surgieron hace más de 10 años por la digitalización y algunos medios de comunicación. En el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el partido Morena propuso combatir estos delitos argumentando una amenaza de Seguridad Nacional.

Hace unos días, la multinacional de ciberseguridad Kaspersky Lab informó que Brasil se destaca como el mercado con más ataques de malware, con 1,554 intentos por minuto o el 65% de todos los bloqueos de la región. Le siguen México con 298 intentos por minuto, Perú con 123 ataques bloqueados por minuto, Colombia y Ecuador con 84, respectivamente, Argentina con 30 y Chile con 28 intentos/minuto.

Mientras, FortiGuard Labs, el laboratorio de inteligencia de amenazas de Fortinet, tiene registro de 85,000 millones de intentos de ataques cibernéticos en México, entre enero y junio del 2022. En 2021, fue el país que encabezó la lista con 156,000 millones; seguido de Brasil con 88,000 mil millones, Perú con 11,000 millones y Colombia 11,000 millones.

En México, el senador José Narro Céspedes, planteó establecer una ruta para construir marcos jurídicos para evitar la difamación que se da en Internet y redes sociales. Por su parte, desde agosto pasado, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, también del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Crímenes sofisticados

La iniciativa presentada expone que los ataques cibernéticos se consideren amenaza a la seguridad nacional y se busque la cooperación internacional para la ciberseguridad, en torno a los artículos 5, 6 y 13 de la Ley de Seguridad Nacional.

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De adicionar una fracción XIV al artículo 5, “todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado Mexicano (sic)” será considerado una amenaza para la seguridad nacional.

Manuel de Jesús Robles González, CEO de una empresa de desarrollo de software en Chiapas, consideró que es una tarea compleja, pues el gobierno es parte del control de la información y puede reconocer directamente de dónde vienen los ataques, pero en lo que realizan una investigación se podría caer en la detención de chivos expiatorios.

“Vendrán arrestos siniestros de personas que quizá no tengan que ver, pero que desde sus computadoras se lanza el ataque. No habrá un control”, preveé el experto.

Comparó las acciones actuales de la Guardia Nacional que, en algunas entidades, entra a las viviendas sin orden de cateo, en busca de armas y drogas, “ocurrirá lo mismo en lo digital, cualquiera tendrá acceso a los equipos y el gobierno dirá que está combatiendo”.

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La mejor recomendación para no ser parte de estas problemáticas, dijo el experto en tecnologías, es siempre poner la máxima seguridad y ser cuidadosos en la información que se publica. Recordó que los grandes creadores de antivirus, evitan dispositivos móviles y no tienen identidad digital porque conocen lo que hay detrás.

Pero ¿qué es la infodemia y lawfare? y ¿se puede combatir? González ejemplificó como infodemia el exceso de información que se compartió de manera masiva durante la pandemia del Covid-19, sin la certeza de su veracidad. Mientras lawfare es una guerra jurídica: se toman documentos, incluso falsos, para atacar u ofender a cualquier individuo.

Todo es parte de la llamada guerra blanda, porque no se utilizan armas de fuego; y que México –también– padecerá mucho porque no tiene cultura tecnológica ni de seguridad, dijo el tecnólogo. “Se está gestando una guerra cibernética, como dijeron que sería la tercera guerra mundial”.

Somos un número

El experto partió de la explicación de que para el sistema cada usuario representa un número. Facebook ubica el perfil de una persona con un algoritmo que se crea por las preferencias; y no es otra cosa que un número.

“Quienes controlan la información son Google, Amazon, etcétera; en el caso de México es el INE (Instituto Nacional Electoral) o el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Con las nuevas reformas, el SAT puede saber todo de ti. En general, todas las personas que disponemos de un dispositivo móvil, ya estamos dando nuestros datos al sistema, a la big data”.

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Estos registros vuelven a los usuarios vulnerables a cualquier tipo de ataque, ya sea por una guerra jurídica o un complot. Los Estados Unidos y la Unión Europea manipulan los datos de algunas redes sociales como Whatsapp que recientemente sufrió un hackeo. Si es Telegram o Tik tok, son los rusos y los chinos en un capa de primer nivel, “pero hay más cosas turbias”, sostiene González.

En primer plano están las conocidas redes sociales y abajo la venta de drogas, armas, órganos, personas, sicarios, entre otros ilícitos, lo que se conoce como Deep Web.

¿En quién creer?

En la actualidad, incluso los sistemas de gobierno han sido corrompidos, “en estos momentos no tenemos ninguna seguridad digital; si el presidente no puede tener una certeza jurídica legal digital, un simple mortal como nosotros, menos”.

Como Guacamaya Leaks que hizo públicos miles de documentos y la filtración hecha contra la máxima autoridad digital del país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunado a esto, México es el primer lugar en ataques de puerta trasera (backdoor) a nivel mundial, pues además de la nula cultura de seguridad, es donde más existe la piratería.

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“Los que saben de ese negocio no lo van hacer desde su computadora”, dijo el CEO. Según FortiGuard Labs, Argentina, Chile, México, Perú y Panamá han sido objeto de distribuciones de malware y troyanos centradas en aplicaciones de Microsoft Office, usualmente utilizadas para trabajo y educación a distancia.

“El Office es crackeado”, es decir, el individuo crea una licencia simulada del producto y otros la instalan en los equipos a bajo costo, pero “deja una puerta abierta” y a eso se le conoce como backdoor.

De esta manera, la persona que creó el ‘crack’ puede acceder y trabajar desde uno o más equipos para procesos ilícitos, “hasta para minar bitcoins o crear ataques cibernéticos; y quienes están atrás son los turcos, los chinos, los rusos, los brasileños, que son buenísimos en esto de la guerra digital”.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez más los funcionarios de la Justicia que llevan el caso de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, pospusieron la audiencia de lectura de sentencia que se realizaría el jueves, 1º de diciembre. El proceso penal inició hace más de un año.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno de la ex presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por el partido Morena.

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Ahora la audiencia para el fallo final del caso fue postergada para el próximo miércoles, 7 de diciembre a las 11am.

El martes, 29 de noviembre, el juez ya había aplazado la audiencia para el 1º de diciembre, día en que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca. La hermana de Claudia, Elizabeth Uruchurtu, ha declarado que espera que no exista ningún tipo de injerencia en el proceso judicial por parte de las nuevas autoridades gubernamentales que encabezan el gobierno de Morena en Oaxaca.

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El argumento para posponer las audiencias fue que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no contaba con elementos ni patrullas suficientes para realizar el traslado de dos imputados en el caso a los juzgados de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, entre ellos, la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y varios de sus colaboradores cercanos.

Además, se argumentó que la audiencia no pudo llevarse a cabo de manera remota por problemas de conectividad en el juzgado.

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El juicio se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según reveló Avispa Midia, a partir de un oficio obtenido por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

De resultar favorable para la familia de Claudia Uruchurtu, sería el primer caso en Oaxaca y en el país en que funcionarios públicos serían juzgados por el delito de desaparición forzada.