Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado | Avispa Midia

En asambleas organizadas en calles y locales de Lima, los pueblos indígenas y campesinos sostienen la oposición a la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte. Son las voces de quienes viven la precariedad del cuarto país con más desigualdad de ingresos en el mundo. La lucha, por unanimidad, será hasta lograr que renuncie la presidenta de facto.

El 83% de peruanas y peruanos está a favor del adelanto de elecciones, cifra que en la conservadora capital llega al 70%. Ni las encuestadoras al servicio de la oligarquía pueden maquillar el rechazo al régimen.

“¿Por qué nos tratan así, por qué tanto odio? Lima vive de lo que nosotros trabajamos en el campo, de nuestros recursos, de la minería. Solo estamos reclamando nuestros derechos, que respeten nuestro voto, peor que criminales, que animales nos tratan. Los aimaras nunca abandonamos una pelea, no nos importa morir porque es por nuestros hijos, por los que nos siguen”, expresa María, proveniente de Puno, la región más violentada por la represión.

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Por Renata Bessi | Avispa Midia

_{En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalización contra el defensor del río Metlapanapa.}

La Comisión Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedió, en audiencia realizada ayer miércoles (29) en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra el indígena náhuatl Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.

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Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos.

Los dos cargos “perdonados” fueron: oposición a ejecución de una obra pública y ataques a la seguridad en los medios de transporte. “Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (…). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios (…), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales”, declaró López Vega, que es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).

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Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

En portada: Integrantes del Movimiento de la Vida y el territorio, se movilizaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de los Altos para exigir alto a las violaciones de los derechos humanos y la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas

El lunes (28), la Fiscalía de Distrito Altos suspendió la audiencia para abordar el caso de cinco tseltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, quienes permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) no.5, acusados sin pruebas ni investigación, del homicidio calificado del policía municipal, Antonio Aguilar.

Se trata de Martín y Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
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Un margen desde el que pensar el Estado

Violeta Velasco Sánchez

El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]

El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.

El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.

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Internacionales:

• FRANCIA: Fuertes protestas contra las reformas a las pensiones. Se desata huelga general en las grandes ciudades, en una revuelta con enormes contingentes que están sublevando la ciudad. El movimiento contra la reforma de las pensiones¿En el umbral de un levantamiento? Fuente: Crimethic
• GLOBAL: Día mundial del agua para los pueblos, «Las rutas del Saqueo del Agua en Nuestra América: Un sistema cuya finalidad es el lucro que concibe el agua como “recurso” a ser transportado para los centros de extracción y producción de otras riquezas. Fuente: Edición Radial Continental
• GLOBAL GUERRA: Más de medio millón de soldados muertos en la guerra de la OTAN y Rusia en el territorio de Ucrania a un año su inicio. Grupos antimilitaristas denuncian la imposición de una economía de guerra en un capitalismo belicista y criminal y que exige más dinero para la guerra. Fuente: Grupo Tortuga.

Locales:

• OAXACA: AMLO se pasea con sus patrones gringos en el Istmo para revisar la imposición del Corredor Interoceánico, proyecto saqueador y depredador de los pueblos originarios del Istmo. Aumenta la criminaliza a los defensores. Fuente: APPIDT.
• PUEBLA: En el día mundial del agua, la comisión estatal de agua y saneamiento de Puebla pretende encarcelar al defensor comunitario del territorio, Miguel López Vega. Fuente: FPDTA
• YUCATÁN: Detienen a 4 manifestantes durante la movilización en solidaridad a la lucha de Sitilpech contra una mega granja de cerdos. Fuente: Desinformemonos.
• CDMX: Tras dos días de jornada en movilización, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac logra retirar una legislación que entregaría el agua en manos de los proyectos inmobiliarios. Fuente: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

El bosque en la ciudad

Dos años de defensa forestal en Atlanta, Georgia

La campaña para defender el bosque en Atlanta, Georgia, se ha convertido en uno de los movimientos más vibrantes de la era posterior a Trump, entrelazando el ambientalismo, el abolicionismo y la lucha contra la gentrificación. Sin embargo, a medida que la policía pasa a emplear violencia letal y cargos de terrorismo indiscriminado, ha llegado a un punto crítico. Los participantes exploran cómo se ha desarrollado esta lucha durante el último año, reflexionando sobre las prácticas que le han dado fuerza y ​​analizando los desafíos que enfrenta.

Lo que está en juego en la lucha

Nuestra sociedad está en un punto de crisis. Décadas de creciente presión económica han creado una desigualdad y una desesperación desenfrenadas. En lugar de abordar las causas profundas de estos, los políticos de todo el espectro político continúan canalizando más y más dinero a la policía, confiando en ellos para reprimir los disturbios solo por la fuerza. Esta dependencia ha permitido que los departamentos de policía y sus aliados consuman una gran cantidad de recursos públicos. Mientras tanto, impulsado por las mismas presiones económicas, el cambio climático catastrófico está generando huracanes, incendios forestales, sequías y un colapso ecológico generalizado.

En este contexto, a partir de abril de 2021, un movimiento audaz se dispuso a defender un bosque en Atlanta, Georgia, donde los políticos locales y los especuladores corporativos quieren construir un complejo de entrenamiento policial y un escenario sonoro para la industria del cine. El complejo de entrenamiento, conocido como Cop City, sería el centro de entrenamiento policial más grande de los Estados Unidos. Devastaría el South River Forest, también conocido como Weelaunee Forest en honor al pueblo de Muscogee Creek que vivió allí hasta que fueron deportados en el Trail of Tears (Sendero de Lágrimas).

El movimiento para defender el Bosque de Weelaunee ha reunido a una amplia gama de grupos y estrategias. Organizaciones de defensa legal como South River Forest Coalition, que está entablando una demanda contra el gobierno del condado de Dekalb, trabajan en paralelo con grupos como SRY Campaign, un colectivo anónimo de investigadores que publican las direcciones de las casas y oficinas de quienes buscan destruir el bosque. . . Mientras que los abolicionistas y los ambientalistas radicales han establecido campamentos y casas en los árboles en el bosque, una red de preescolares y padres han construido jardines comunitarios y organizado eventos de divulgación pública. Otros han organizado raves y eventos culturales en el bosque, conectando a los artistas más ambiciosos con el espíritu incontenible del movimiento. (* Raves: fiestas libres, autogestionadas)

Entre los que desean que se construya Cop City se encuentran la Fundación de la Policía de Atlanta (APF), el alcalde Andre Dickens y las diversas corporaciones que se beneficiarán del desarrollo. Al mismo tiempo, gracias a un acuerdo clandestino con el gobierno de la ciudad, el magnate inmobiliario y ejecutivo de la industria cinematográfica Ryan Millsap se prepara para destruir un parque público en una parcela de tierra adyacente dentro del mismo bosque.

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Desde el año de 2013, el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (#CEAS) pretenden construir dos drenajes que desemboquen todos sus desechos tóxicos directamente al río #Metlapanapa, afluente del río Atoyac.

Este corredor industrial desecha metales pesados como plomo, cadmio, cobre, mercurio, plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales al estar en contacto con la flora, fauna y personas. Los estudios realizados en poblaciones cercanas al río #Atoyac señala que estos metales pesados han provocado enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales.

Durante varios años las guardianas y guardianes del río Metlapanapa conformados por los pueblos de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla, Coronango, Colonia Santa Cruz Guadalupe y la colonia Romero Vargas, colindantes al río Metlapanapa se han organizado para frenar este proyecto de muerte que dañaría la salud y la vida de todo el territorio.

En el año de 2019, los empresarios de Ciudad Texti, la #Ceas-Puebla, el gobierno Estatal de Miguel Barbosa Huerta en coordinación con la presidenta de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, Angélica Alvarado Juárez y Joel Lozano Alameda respectivamente, pretendieron impulsar este proyecto de muerte. La organización de los pueblos detuvo las obras, sin embargo, la represión del capital y el estado no se hizo esperar. El 30 de octubre 2019 la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el ejército reprimieron a los pueblos que protestaban contra este proyecto de muerte.

Estos actos llevaron a los pueblos a tomar la determinación de la destitución del presidente auxiliar de Santa María Zacatepec, Maurilio Teutle Huelitl y la toma de la presidencia municipal en San Mateo Cuanalá, además de iniciar el proceso de revocación de mandato del presidente municipal. Se nombró un alcalde mayor con base en los usos y costumbres de la comunidad y se frenó el proyecto.

El 24 de enero de 2020 el Estado y el Capital detuvieron y encarcelaron al defensor del territorio Miguel López Vega convirtiéndolo en el primer #PresoPolitico de la #4T. Inculpándolo de tres delitos: 1. obstrucción de obra pública, 2. Daño a las vías de comunicación y 3. Uso de explosivos. Delitos que nunca cometió y de los cuales fue absuelto y liberado 5 días después.

Tres años después, en el marco del día mundial del agua, por presión de la Comisión Estatal del Agua, el corredor industrial #CiudadTextilHuejotzingo, la CEAS PUE , el presidente municipal de Juan C. Bonilla; José Cinto Bernal, la presidenta de Huejotzingo; Angélica Alvarado y el gobierno Morenista de Puebla representado por Sergio Salomón Céspedes, el Tribunal Superior de Justicia en Puebla dictaminó volver a juzgarlo por los mismos delitos por los que ya fue absuelto. El próximo miércoles 29 de marzo a la 1.30 de la tarde se celebrará en la Casa de Justicia de Cholula, Puebla, la audiencia que puede volver a llevar injustamente a la cárcel a un defensor del territorio cuya única responsabilidad es la de persistir en la lucha en defensa del agua y del territorio.

EL CRIMEN ORGANIZADO ESTA EN LAS EMPRESAS Y EL MAL GOBIERNO

Mientras los verdaderos criminales contaminan al río Atoyac y sus afluentes convirtiéndolo en el segundo río más contaminado de México y el mundo y generando miles de enfermedades incurables y muertes a su paso; el estado y el capital reprimen a defensores del territorio.

Mientras Alfredo Ávila Salazar, representante de la CEAS – Puebla en el tiempo del Morenovallismo y director del proyecto de desechos tóxicos Ciudad Textil Huejotzingo denunciado por el desvío de más de mil millones de pesos destinados al Saneamiento del río Atoyac y sus afluentes que terminó en la campaña electoral de Martha Erika Alonso, sigue prófugo; el estado y el capital encarcelan a los defensores de la vida.

Mientras Elsa Bracamonte González, abogada ambientalista que permitió y gestionó la entrada del Corredor Industrial Ciudad Textil y con ello la enfermedad y muerte de miles de personas, flora y fauna y ex titular de la Secretaría de Movilidad en Puebla destituida por la corrupción, denuncias y deficiencias en el transporte público es cobijada para seguir con su proyecto político morenista; el capital y el estado; desprecian y explotan a los pueblos y su territorio.

¡Miguel López es un defensor del territorio y la vida; los verdaderos criminales están en el Gobierno y el capital!

¡Justicia para Miguel López y el río Metlapanapa!

Mogoñe, San Juan Guichicovi, Oaxaca; 24 de marzo 2023; Civiles armados y policías estatales atacaron al plantón de los campesinos de MogoñeViejo e hirieron a dos de ellos. Se llevaron tres máquinas. A pesar de ello, se mantiene el plantón y bloqueo a los trabajos de modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu.

El plantón lleva más de 25 días instalado y ha sido acosado por grupos de choque, militares de la marina y han sido amenazados activistas como Carlos Beas, miembro de la UCIZONI y del CNI, esto tras la visita de Obrador y sus patrones-cómplices gringos que se pasearon sobre la imposición del megaproyecto.

El Secretario de estado, el Embajador y congresistas de Estados fueron a “supervisar” los avances del megaproyecto del corredor interoceánico. Este megaproyeto ha sido denunciado por despojar a comunidades de sus tierras y derechos para beneficio del capital trasnacional, principalmente estadounidense. En el istmo se pretende agudizar la instalación de corredores industriales de capital extranjero, se creará una frontera militarizada a lo largo del un nuevo tren pensado principalmente para la circulación de las mercancías y que pone el riesgo que corre la soberanía con este megaproyecto.