Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

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PALESTINA: 29 de noviembre, Dia internacional de solidaridad con Palestina.  Una fecha marcada por la memoria, la resistencia y la solidaridad internacional. 

Noticias del 24 al 30 de noviembre de 2024

EUA y MEX:  9 de diciembre Jornada de movilizaciones en el aniversario de la prisión politica de Mumia Abu Jamal y Actividades en memoria de Carolina Saldaña. Amigos de Mumia.

Acto político-cultural por la libertad de Mumia Abu Jamal y por la organización del homenaje de Carolina Saldaña

MÉXICO OAXACA-CDMX: Informe de la Comisión Civil de Observación a Eloxochitlan y Faena Internacionalista frente a la Corte para demandar el fin de la represión y hostigamiento contra el pueblo mazateco por parte del cacicazgo local de la región. https://www.facebook.com/asambleacomunelox.floresmagon

PUEBLA AUTONOMÍA: Concluye primer ciclo el Centro de formación para la Autonomía Teocentli. Organizaciones, comunidades se reunierón este 29 de noviembre en las instalaciones del colectivo MAIZ para finalizar el proceso de auto formación que tuvo la escuelita de la autonomia Teocentli.  Fuente: Laboratorio Popular de Medios Libres

PUEBLA, XOSTLA: Extractivismo del agua en Puebla pone en alerta nuevamente a los pueblos Cholutecas. Entrevista con Alejandro Chocolatl del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre el conflicto hídrico en la región. Noticias de abajo.

CHIAPAS: Convocatoria Zapatista a Semillero en CIDECI y a celebrar el aniversario de su rebelión. Enlace Zapatista 

CONVOCATORIA AL SEMILLERO “DE PIRÁMIDES, DE HISTORIAS, DE AMORES Y, CLARO, DESAMORES”

JALISCO: PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Fuente: Congreso Nacional Indígena, Radio Zapatista

Asesinan al defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y hieren a su compañero Gabriel Aguilar en ataque armado en San Lorenzo Azqueltán

La comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque armado en el predio comunal El Caracol. Marcos Aguilar Rojas fue asesinado y Gabriel Aguilar resultó herido mientras realizaban labores comunitarias. Organizaciones exigen protección urgente y justicia para la comunidad tepehuana–wixárika.

Por Mario Marlo | Somos el Medio

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025.— La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) informó que el 26 de noviembre se registró un ataque armado en el predio comunal El Caracol, en la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. El hecho dejó como saldo el asesinato de Marcos Aguilar Rojas y heridas de gravedad en su familiar y compañero de comunidad, Gabriel Aguilar Rojas.

De acuerdo con testimonios, ambos comuneros se encontraban retirando ganado que había invadido territorio comunal cuando fueron atacados a balazos. Las personas responsables fueron identificadas como parte de un grupo que ha mantenido conflictos con la comunidad por la posesión del predio. Marcos murió en el lugar y Gabriel fue trasladado para recibir atención médica urgente.

El ataque se registró en El Caracol, un predio comunal que la comunidad ha defendido colectivamente durante décadas ante múltiples intentos de despojo. Azqueltán sostiene un proceso de autonomía y un sistema propio de justicia y seguridad que, pese a su reconocimiento oficial, ha sido reiteradamente vulnerado por agresiones armadas, amenazas y la invasión ganadera realizada por actores externos.

La Red TDT y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) señalaron que estos hechos forman parte de un patrón prolongado de violencia contra la comunidad tepehuana–wixárika. Enfatizaron que el Estado mexicano debe garantizar la vida de las personas defensoras del territorio y asumir su responsabilidad en la protección del pueblo de Azqueltán, que enfrenta un riesgo permanente.

Las organizaciones demandaron que las autoridades del estado de Jalisco investiguen los hechos de manera inmediata y sancionen penalmente a los perpetradores. También insistieron en que se brinde atención médica especializada a Gabriel Aguilar y que el cuerpo de Marcos Aguilar sea entregado dignamente a su familia. Asimismo, exigieron medidas colectivas de protección y acciones concretas que avancen hacia el reconocimiento y titulación definitiva de los bienes comunales.

San Lorenzo Azqueltán es una comunidad indígena conformada por pueblos tepehuanos y wixáritari que habitan el territorio desde tiempos ancestrales. Con base en un título virreinal de 1733, la comunidad reclama la restitución de 45 mil hectáreas que les pertenecen. Durante más de dos siglos han enfrentado procesos de invasión de tierras, presencia de ganaderos mestizos, amenazas, violencia y desapariciones.

Te recomendamos leer este reportaje relacionado: Tepehuanes y wixárikas de San Lorenzo Azqueltán en lucha por su autonomía

El problema se agravó con la creación de ejidos que fragmentaron el territorio comunal y permitieron el avance de actores que buscaron apropiarse de las tierras. Sin embargo, la comunidad ha sostenido su proceso organizativo y en 2013 declaró su autonomía, reconocimiento que fue validado por el Estado de Jalisco en 2015. Desde entonces, tepehuanos y wixáritari han reforzado la defensa de su territorio y sus prácticas culturales.

El asesinato de Marcos Aguilar Rojas y la agresión contra Gabriel Aguilar representan un nuevo episodio de violencia en una larga historia de despojo. Las organizaciones alertan que la situación exige una intervención urgente y eficaz para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad de la comunidad.

Texto y fotos: Rocío Heredia | Avispa Midia

En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, defensoras, periodistas, profesoras, estudiantes, activistas y mujeres diversas se dieron cita la tarde del miércoles (25) en la Antimonumenta -ubicada a un costado de la Fuente de las 8 Regiones- para exigir justicia frente a la violencia de género en Oaxaca.

Minutos antes de las 5pm, un contingente integrado por mujeres de todas las edades avanzó sobre la Calzada Porfirio Díaz con dirección al parque El Llano. Con megáfonos, bocinas, micrófonos y sobre todo sus potentes voces coreando consignas y cantos anti-patriarcales, explayaron una particular algarabía que al unísono exigía una cosa: alto a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

En el mítin, protagonizado por diversas voces a lo largo de la manifestación, prevaleció un señalamiento: “van tres años de terror y violencia del gobierno jarista”, haciendo referencia a la gestión del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Algunas organizaciones feministas en Oaxaca se han dado a la tarea de llevar un conteo de feminicidios en el estado. En el sexenio de Alejandro Murat contabilizaron 715 feminicidios, mientras que del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, periodo correspondiente a lo que va de la gestión de Salomón Jara, se han registrado 285 muertes violentas de mujeres: 81 oaxaqueñas asesinadas en lo que va de este año 2025.

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Rompiendo fronteras:  

Bolivia: El presidente Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Ambiente y agua, poniendolo bajo control de intereses capitalistas y extractivistas. Colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana manifiestan su preocupación. Fuente: Mongabay

Israel: No cesa de usar la violencia, bombardeos en Syria, Libano y Gaza contra poblaciones civiles por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, medio oriente bajo la violencia colonial. Fuente: Resumen latinoamericano

Chile: Brutalidad policial en contra de miembros de comunidades Mapuche de Ercilla, sostenido el clima represivo por el Estado Chileno. Fuente: Radio Kurruf

PRESXS POLÍTCOS: Evento por la libertad de Mumia Abu Jamal y en homenaje a Carolina Saldaña, ambos periodistas que luchan por los derechos de todas y todos. Fuente: Amigos de Mumia México

Desde el ombligo del monstruo 

OAXACA: Gobierno Estatal de Oaxaca clasifica comunidad perseguida como “Foco Rojo” lo cual pone en riesgo a activistas, comuneras y comuneros organizados por la libertad de sus perseguidos. Fuente: Observatorio Memoria y Libertad

Chiapas: Libres, los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos desde 2022. Cientos de indígenas han pasado por las cárceles de Chiapas por cargos fabricados. Fuente: Desinformemonos

Michoacán: Muere comunera por heridas de bala e indebida atención de hospitales de Michoacán. Roxana Valentín Cárdenas, comunera de San Andrés Tziróndaro, perdió la vida por heridas de bala y una indebida atención en hospitales de Michoacán, luego de que un grupo armado agrediera una movilización de comunidades purépechas por el 46 aniversario de la defensa de la tierra en Santa Fe de la Laguna. Fuente: La Cooperacha, Consejo Supremo Indígena

CDMX, XOCHIMILCO: Amenazas de muerte ponen en alerta a activistas en el sur de la Ciudad, el acoso contra  el periodista Max Negrete ha aumentado. Desde el martes 18 de noviembre, el periodista comunitario, Max Emiliano Negrete González, recibió tres mensajes con amenazas de muerte, a través de la red social Instagram, por parte de cuentas recién creadas, sin fotografías de perfil y con nombres que hacen alusión a un daño a la integridad y vida del periodista. Fuente: Articulo 19

FORO INFORMATIVO: LOS PELIGROS DE LA MINERÍA EN LOS PUEBLOS ÑUU SAVI, NAHUA E INGIWA 

Los Peligros de la Minería en los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Inwiga, busca abrir un espacio de análisis, diálogo y acción colectiva, por lo que nos reuniremos con el objetivo de: Analizar de manera colectiva los impactos sociales, ambientales y culturales de la minería en los territorios de los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa y construir estrategias conjuntas que fortalezcan su defensa y la continuidad de la vida comunitaria.

ZONA TECNOACRATA

Modelos de lenguaje de Iinteligencia Artificial rechazan nuevos paradigmas y favorecen est status quo, validando discursos que se basan en el consenso y no en la realidad, dicha razón es la causa de respuestas falsas, justificar con argumentos falsos su sostenimiento de la realidad.

Por Aldo Santiago | Avispa Midia

_{En portada: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén Del Pozo Mendoza, inauguraron oficialmente la XXXVI Convención Internacional de Minería “La Minería Unida por México”, Acapulco 2025.}

Organizaciones sociales, comunidades y académicos integrantes del colectivo ¡Cambiémosla Ya!, quienes se articulan para exigir reformas profundas a la Ley Minera en México, acusan que funcionarios de la Secretaría de Economía, además de incumplir por más de dos años en su obligación legal para expedir un nuevo reglamento, derivado de las modificaciones efectuadas en mayo del 2023, actualmente están contemplando “reanudar la exploración a mayor escala” de la actividad extractiva.

Mediante comunicado, la colectiva denunció que, durante la inauguración de la XXXVI Convención Internacional de Minería, efectuada el pasado 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, prometió que, para el año 2026 se reanudará la exploración minera a mayor escala. En el mismo evento, el secretario prometió agilizar permisos para la industria con el objetivo de reducir tiempos administrativos y facilitar la inversión en nuevos proyectos mineros en el país.

En su discurso, Ebrard enunció que dichas decisiones derivan de las actuales tensiones geopolíticas entre las cuales se encuentran el difícil acceso a minerales y su procesamiento, situación que “evidentemente es una prioridad del más alto rango”. Aunado a ello, el titular de Economía destacó que el impulso al que se compromete el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” responde a la necesidad de “garantizar los minerales que México necesita para ser competitivo y que necesita el Plan México”, en referencia al portafolio de inversiones, nacionales e internacionales, por 277 mil millones de dólares anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero del 2025.

El secretario Ebrard señaló que, dentro de la inversión extranjera directa contemplada en México ya se cuenta con proyectos que alcanzan un monto de casi 41 mil millones de dólares. Incluso, para subrayar el compromiso del gobierno federal con la industria, refirió que el jefe de Coordinación de Actividades Extractivas de la secretaría de Economía, Fernando Aboitis, actúa como si fuese miembro de la Cámara Minera de México (Camimex).

Ante ello, el colectivo ¡Cambiémosla Ya! denunció lo que califica como “gran irresponsabilidad” en el actuar de los funcionarios de Economía, ya que acusan que la dependencia cedió a los chantajes de la industria minera y omiten “su responsabilidad en la tarea de fortalecer la regulación de este sector, caracterizado por vulnerar derechos, dañar el medio ambiente, evadir el pago de impuestos, propiciar la violencia y la corrupción”.

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(Bagnolet: November 24, 2025) In the face of UN Security Council Resolution 2803 (2025), it becomes unmistakably clear that what is being offered to the world as a “framework for stability” is, in fact, one of the gravest international interventions imposed on Palestine in decades. Rather than ending the genocide, the resolution reorganizes it into an administrative project; rather than halting ethnic cleansing, it embeds it within the structures of multilateral legitimacy. At its core, the resolution places Gaza under an international trusteeship that converts the Israeli occupation into a formalized internationalized occupation, designed to fracture Gaza from the West Bank and to erase the Palestinian people’s inalienable right to self-determination.

Since the so-called ceasefire came into effect on 10 October 2025, Israel occupation has continued its campaign of killing with impunity. More than 312 Palestinians have been killed in Gaza during this period, according to the Palestinian Ministry of Health, while the West Bank has been subjected to an unprecedented wave of settler terrorism. UN monitoring has recorded over 260 settler assaults in October alone, the highest monthly figure since documentation began in 2006,turning villages, farms, and entire communities into daily targets of coordinated violence. This reality exposes the ceasefire as nothing more than a tactical pause that enables the reconfiguration of the assault rather than its end.

Behind its humanitarian language, Resolution 2803 is, in essence, an Israeli-designed project endorsed through the Security Council to formalize a new regime of control over Gaza. It replaces tanks with “stabilization forces,” replaces military checkpoints with “international mechanisms,” and replaces direct colonial domination with an “administrative peace” that entrenches the system of control rather than dismantling it.

First, by placing Gaza under an “International Stabilization Force” with broad coercive powers, the resolution imposes a new form of international trusteeship that strips Palestinians of the ability to govern their land, borders, reconstruction, and security. This is substitution of one occupying authority with a consortium of powerful states. It is occupation with a diplomatic face.

Second, the resolution reframes the core of the Palestinian struggle from resistance against a settler-colonial regime to a “security problem” requiring technical management. In doing so, it removes the political heart of the Palestinian question and converts Gaza into an administratively governed territory rather than an integral part of an occupied homeland. This logic absolves the Israeli occupation of its responsibilities, recasts the colonized as a source of instability, and reproduces the very violence it claims to resolve.

Third, Resolution 2803 advances a strategic project to separate Gaza from the West Bank by creating distinct governance, security, and administrative systems. This fragmentation entrenches the geographic and political division imposed by the occupation and aims to liquidate the unified territory and unified people that international law clearly recognizes. It revives the long-standing colonial formula: divide the land, divide the people, weaken the struggle.

Fourth, the resolution’s reference to a “pathway to a Palestinian state” is politically hollow and deliberately misleading. A state without sovereignty over borders, water, land, airspace, and reconstruction is not a state, it is a managed enclosure. It turns the dream of liberation into a bureaucratic arrangement that leaves Palestinians with the form of statehood but none of its substance.

Fifth, by replacing active bombardment with an internationalized apparatus of control, the resolution shifts genocide from its military phase to an administrative phase. Under the guise of stabilization, reconstruction, and oversight, the same power dynamics persist: domination over land, control over movement, and suppression of political agency. This is not peace, it is the re-engineering of violence.

La Via Campesina asserts that this resolution does not open a horizon for justice. It inaugurates a new chapter of imposed governance designed to subdue a people who have resisted expulsion, starvation, and systematic destruction. Gaza is being turned into a laboratory for global “security solutions” that serve geopolitical interests rather than the rights of the people who live on that land.

We also call upon all countries, especially those whose peoples have endured colonization, occupation, or imposed trusteeship, to reject this resolution at the UN General Assembly and to stand firmly with the Palestinian right to self-determination. Their historical experience makes their voice essential in confronting this new colonial framework.

We therefore call on social movements, workers’ unions, peasant organizations, feminist movements, and allies worldwide to:

1. Reject all forms of international trusteeship over Gaza, and oppose converting the Israeli occupation into any multilateral or “stabilization” regime.
2. Demand an immediate, unconditional end to the siege, the occupation, and all mechanisms of ethnic cleansing in Gaza and the West Bank.
3. Ensure unrestricted entry of humanitarian aid and immediate access for international and local journalists to document the situation without censorship or political control.
4. Intensify global Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) against the Israeli apartheid system and the corporations profiting from land theft, displacement, and destruction of agriculture.
5. Hold the Israeli occupation fully accountable for war crimes, crimes against humanity, and genocide, and call for effective international sanctions on political, military, and economic actors responsible.
6. Support Palestinian peasants, women, fishers, and workers, who remain at the frontline of defending land, life, and food sovereignty.

Gaza is not a “security file.” Palestine is not a territory to be administered. It is a homeland fighting for liberation.

La Via Campesina International

For land, for life, for food sovereignty and with the people of Palestine until full liberation.

This post is also available in Español and Français.

Mientras la COP30 promete soluciones climáticas, mujeres indígenas de Brasil denuncian la cumbre como una farsa que excluye sus voces y encubre la violencia y el despojo en sus territorios. Su lucha por la demarcación “ahora” se revela como la verdadera clave para la justicia climática.

La cooperativa Nuevo Horizonte fue creada en 1998 por mujeres y hombres ex combatientes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en el Petén, Guatemala.

En este programa escucharemos las voces de algunxs de ellxs, así como de las y los jóvenes que nos comparten cómo ha sido para ellxs nacer y crecer en esta comunidad creada gracias al trabajo y la lucha de sus madres, padres, abuelas y abuelos: “un puñado de hombres y mujeres guerrilleras y luchadoras por una sociedad distinta”.

Más información aquí.

[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2025/11/mi-nuevo-horizonte-1.mp3[/podcast]

Este podcast nos acerca a la crisis de desapariciones forzadas en Chiapas y en específico a la lucha de familiares de 7 habitantes de San Cristóbal que este 23 de noviembre cumplen un año de haber sido desaparecidos.

[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2025/11/podcast-7-desaparecidos-de-San-Cristobal-de-Las-Casas.mp3[/podcast]