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Estallido en Bolivia: reforma agraria, hidrocarburos, crisis económica e injerencias de EEUU
Por JAvier Bedía Prado
En portada: Policías enfrentándose a manifestantes en la ciudad de La Paz, el lunes 18 de mayo. Foto: Juan Karit.
La movilización masiva de organizaciones campesinas, indígenas, mineras y de trabajadores en Bolivia demanda la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, a medio año de que asuma el cargo.
En la crisis convergen una serie de factores: defensa de las tierras agrícolas comunitarias, alza de precios de combustibles, opacidad en torno a la explotación de litio, la injerencia de intereses privados vinculados a Estados Unidos y la ultraderecha regional. Lo anterior, en un contexto de inflación y devaluación salarial, en el que los gremios piden 20% de aumento de sueldos, mientras que el mandatario eliminó el impuesto a la riqueza.
La población se opone, también, a otras políticas neoliberales como la negociación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), institución a la que Paz aseguró que no recurriría. Asimismo, generan desconfianza el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al país tras 17 años de ausencia, el contrato con Starlink, compañía de internet satelital de Elon Musk, y las relaciones reestablecidas con Israel.
Todo esto en medio de una situación económica crítica heredada de la administración anterior, con las reservas nacionales en números de emergencia.
En abril empezaron las protestas que desencadenaron la inestabilidad política que llevó a Paz, quien alcanzó la presidencia mediante una alianza centroderechista, a abandonar el país durante unos días en esta última semana. Al cierre de esta edición, debido a los bloqueos de vías, se reportan cinco personas fallecidas por falta de asistencia médica, más de cien detenidos y denuncias de violenta represión estatal.
En principio, poblaciones de los departamentos amazónicos Beni y Pando marcharon hacia la ciudad capital, La Paz, en rechazo de la Reforma Agraria aprobada sin consulta previa por el gobierno. La Ley 1720 planteaba autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de pequeños predios rurales titulados en medianas propiedades, para integrarlas a la Función Económica Social (FES). Según el Ejecutivo, se facilitaba el acceso a préstamos bancarios para los pequeños productores, con sus terrenos como garantía.
Los movimientos campesinos cuestionaron la posibilidad de reconcentración de tierras por parte de sectores privados, así como riesgos de hipotecas o acumulación de territorios en beneficio de la agroindustria. De fondo, advertían un ataque a la tradición de proteger la pequeña propiedad rural en Bolivia. Finalmente, la Asamblea Legislativa derogó la norma ante la presión en las calles.
La manifestación indígena coincidió con un paro nacional de transportistas contra la escasez y el aumento del costo de los hidrocarburos, que llegaron a duplicarse. Hacia 2025, Bolivia, entre los principales productores de gas natural de Latinoamérica, pasó a importar el 80% de diésel de consumo interno. A estas protestas se sumaron la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones históricamente cercanas al Movimiento al Socialismo (MAS).
“No ha habido respuestas claras a la población, nos han criminalizado, no hay voluntad de solucionar los problemas del país. Hay un espíritu revolucionario de luchar por nuestra población, no solo de la COB, también de los autoconvocados, porque sufren día a día el encarecimiento de la canasta familiar, el combustible de mala calidad. Los bloqueos están creciendo, es una lucha por las reivindicaciones de la población, no es un conflicto político”, declaró desde la clandestinidad el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.
La COB declaró “emergencia permanente” por la posible réplica de reformas laborales de Argentina y la soberanía económica nacional comprometida a causa de los préstamos. Mientras, el gobierno excluyó al sindicato del diálogo al que convocó a las organizaciones campesinas.
Nepotismo y soberanía digital
El crecimiento económico de Bolivia entre 2006 y 2018 se sostuvo por el gas natural. Al reducirse a la mitad la producción, los precios internacionales cayeron y este modelo colapsó. La deuda externa en diciembre de 2025 equivalía al 25% del PIB. El Estado boliviano tiene condenas de pagos por 480 millones de dólares en 26 arbitrajes internacionales perdidos -de 28 procesos abiertos-.
En una débil posición financiera y política, en minoría dentro de la Asamblea Legislativa, el gobierno de Paz emitió decretos ejecutivos que pasaron sobre el debate parlamentario y público.
El nepotismo apunta, principalmente, a la presencia del asesor personal de Paz, Fernando Cerimedo, consultor argentino cercano al entorno de Donald Trump y las cúpulas de la ultraderecha regional. Las críticas indican que este y otros personajes influyen en decisiones de la administración pública, sin cargos oficiales ni rendición de cuentas.
Cerimedo asesoró la estrategia digital de Javier Milei en 2023 y fue el segundo aportante individual de la campaña de La Libertad Avanza en Argentina. En Chile, su empresa Numen SpA fue señalada de desplegar campañas de desinformación sobre el plebiscito constitucional. Los vínculos de Cerimedo también alcanzan a empresas de tecnología cuya presencia en el país es cuestionada.
En diciembre de 2025, en el segundo mes de gestión, el gobierno promulgó un decreto supremo que autorizó las operaciones de la compañía de internet satelital de órbita baja, entre ellas Starlink, prohibida durante años por razones de soberanía digital. La firma de Elon Musk, operadora del polo digital de El Alto, conforma un ecosistema de poder tecnológico-gubernamental junto a plataformas de análisis de datos como Palantir.
El riesgo de establecer la infraestructura de conexión de Starlink radica, de acuerdo a la experiencia en Estados Unidos y Ucrania, en la consiguiente aplicación de sistemas de inteligencia artificial para implementar políticas de seguridad, migración o fiscalización. Así como en la disposición de datos del Estado por parte de privados extranjeros, relacionados a Trump y agencias de inteligencias de Estados Unidos.
A pesar de las implicancias, el gobierno decidió el ingreso de Starlink sin mayor debate parlamentario. Entre tanto, la Asamblea Legislativa posterga el debate de tres proyectos que regulan las operaciones de sistemas de inteligencia artificial, su uso en vigilancia masiva y decisiones sobre empleo de fuerza letal.
En América Latina, Ecuador es el primer país que firmó un contrato con Palantir para emplear sistemas de análisis de seguridad.
EEUU en disputa por litio
El 28 de abril de 2026, Estados Unidos y Bolivia firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluyendo el litio, con el objetivo de asegurar sus cadenas de suministro. El contenido del acuerdo no fue publicado íntegro.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene 23 millones de toneladas de recursos de litio, el mayor depósito del mundo. No obstante, en 2025 produjo 2,400 toneladas, frente a las 56,000 de Chile.
Un problema es la falta de inversión en exploración, por lo que el país no tiene ni una tonelada de litio en reservas certificadas. Otro, la forma de extracción de acuerdo a la composición del litio boliviano. El gobierno de Paz no ha informado si realizó estudios de viabilidad ni quién los financió.
La parálisis del litio de Bolivia encuentra otro obstáculo en la exigencia jurídica del 100% de participación estatal, bajo principios de soberanía energética. La empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) fue declarada al borde de la quiebra en el último febrero.
Al respecto, el Comité Cívico Potosinista advirtió que no se extraerá litio del departamento sin un contrato que beneficie a la población.
China controla el 80% del refinamiento de litio global y el 70% de la manufactura de baterías. En la administración del MAS, Bolivia firmó contratos con dos empresas chinas, los cuales nunca fueron ratificados por la Asamblea Legislativa. Ahora, con Estados Unidos a la caza del mineral y el Estado necesitado de dólares, el litio boliviano ingresa a otra fase de disputa entre las potencias mundiales.
La tercera semana de bloqueos y paralizaciones en Bolivia determinará la gobernabilidad de la nación. Los movimientos sociales se encuentran en alerta ante las injerencias extranjeras en la criminalización de las protestas.
Destaca que, el último domingo (24), el Senado aprobó un proyecto para derogar la Ley del Estado de Excepción, que regula la aplicación de medidas de seguridad y control por parte de las fuerzas estatales en situaciones de emergencia. La propuesta pasará a debate y votación en la Cámara de Diputados.
Diez voluntarios del convoy terrestre Global Sumud detenidos por las Fuerzas Armadas Árabes Libias y las autoridades del este de Libia
Sirte, Libia — Diez civiles que participaban en el Convoy Terrestre Global Sumud fueron detenidos por las Fuerzas Armadas Árabes Libias (FAAL) y las autoridades del este de Libia (Gobierno de Salvación Nacional) tras cruzar la línea 5+5 cerca de Sirte de buena fe para llevar a cabo negociaciones pacíficas en nombre del convoy y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. La Flotilla Global Sumud insta a los gobiernos de todo el mundo a exigir su liberación inmediata.
Los participantes detenidos, entre ellos dos médicos, son: Alicia Armesto Núñez (España), Laura Kwoczała (Polonia), Jenelle Jones (EE. UU.), la Dra. María Paula Giménez (Argentina), el Dr. Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Ashraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone (Italia) y Leonarda Alberizia (Italia).
Los diez delegados se ofrecieron como voluntarios para cruzar a la zona de seguridad 5+5 y negociar el paso de la misión humanitaria. La última comunicación del grupo se recibió a las 15:22 hora local del 24 de mayo, cuando un delegado informó que estaban siendo trasladados a tres furgonetas blancas. Desde entonces no se ha establecido contacto directo. Comunicaciones extraoficiales indican que las autoridades del este de Libia han alegado que los participantes entraron en la zona sin autorización y están siendo procesados para su deportación.
La detención se enmarca en un patrón de coordinación fallida por parte de las autoridades del este de Libia. Antes de la entrada de la delegación, el convoy intentó en dos ocasiones negociaciones formales: el primer intento fue recibido con calidez y promesas de una reunión posterior que nunca se concretó; el segundo terminó con un oficial militar ordenando a los delegados del convoy que se marcharan de inmediato. Ante la ineficacia de los canales oficiales y los procesos reconocidos internacionalmente, el convoy se dirigió hacia el cruce fronterizo para intentar negociaciones directas de buena fe.
Los delegados son civiles desarmados en una misión humanitaria. Su detención carece de fundamento legal.
El Convoy Terrestre Global Sumud zarpó el 15 de mayo de 2026 (Día de la Nakba) con 7 ambulancias, 20 casas móviles, 10 camiones de ayuda humanitaria y más de 200 participantes de más de 25 países, entre ellos profesionales médicos, ingenieros, educadores y observadores jurídicos. Su mandato: entregar ayuda humanitaria, establecer un corredor de solidaridad y brindar apoyo especializado para la reconstrucción de la infraestructura civil de Gaza, liderada por los palestinos.
El Gobierno de Seguridad Nacional (GNS), que ejerce un control político efectivo sobre el este de Libia, donde ocurrió el incidente, tiene la responsabilidad de asegurar la liberación inmediata e incondicional de todos los participantes y garantizar su regreso seguro.
Instamos a los gobiernos de España, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Portugal, Túnez e Italia a que se pongan en contacto urgentemente con las autoridades del este de Libia en Bengasi y exijan la liberación incondicional de sus nacionales y la garantía de un paso seguro para esta misión humanitaria.
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