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Indispensable desmilitarización de seguridad pública en México: Amnistía Internacional
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Claudia Sheinbaum, y Andrés Manuel López Obrador, realizaron un saludo a las Fuerzas Armadas de México, encabezado por el General Luis Crescencio, en el Colegio Militar de Tlalpan. Septiembre, 2024. Foto: Presidencia de México.
Ante lo que denomina una crisis de derechos humanos en México, exacerbada por la inseguridad y el alto nivel de violencia homicida, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó durante este noviembre un informe en el que apunta como indispensable la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia profundizada durante las últimas dos décadas.
La organización defensora de derechos humanos enfatiza que, derivado de la estrategia de militarización, son constantes las violaciones a derechos humanos cometidos por instituciones de seguridad y defensa.
Una muestra de ello es que durante el periodo de 2019 hasta agosto del 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,893 quejas contra la Guardia Nacional y 2,279 contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los hechos reclamados se encuentran actos de tortura y privación de la vida, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y defensa.
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Estas violaciones a los derechos humanos, argumenta AI, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad, pues no solo no reduce el crimen y violencia, sino que ha creado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública.
Aunado a estos abusos, durante 2022, una filtración de información de las Fuerzas Armadas reveló actos de espionaje y seguimiento contra actividades de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, entre ellas contra Amnistía Internacional.
En este contexto, la organización de derechos humanos asevera que la decisión para emplear a las fuerzas militares en labores de seguridad pública les ha permitido actuar en una lógica de conflicto armado. “El utilizar toda la fuerza del Estado en un espíritu de combate a un enemigo para intentar reducir el crimen y la violencia, sin atender factores sociales y culturales que propician dichos actos, es una medida que tiene – al máximo – limitados impactos positivos momentáneos y al corto plazo, pero que puede contribuir desde el inicio a la comisión de violaciones a los derechos humanos”, acusa AI.
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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
La Cámara de Diputados de México aprobó en la noche de ayer, 20 de noviembre, la reforma constitucional que extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en actividad desde 2002, y otros seis órganos autónomos. La aprobación se dio por 347 votos a favor, la mayoría de Morena y sus aliados, y 128 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Además de la desaparición del INAI, se votó la dilución del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
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La sesión continuará este jueves (21) con el debate de todas las reservas. Después la reforma avanzará al Senado de la República. La extinción de los organismos autónomos forma parte de un paquete de 20 reformas enviadas al poder Legislativo a inicios de año por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Por un lado, el discurso del gobierno y parlamentarios a favor de la reforma sostiene que las disoluciones de los órganos se traducirán en un ahorro anual de alrededor de 100 mil millones de pesos, los cuales serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Por otro lado, organizaciones de Derechos Humanos denuncian que es un retroceso, en el caso de la disolución del INAI, al derecho a la información. El Artículo19, tras la votación, posteó en sus redes sociales que la aprobación representa un grave retroceso para el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
“Hemos insistido en que esta decisión representa un grave retroceso en la apuesta democrática por abrir la información y el quehacer gubernamental, que echa por la borda décadas de avances en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas impulsadas por la sociedad”, sostuvo en un comunicado firmado por Artículo 19 y otras dos organizaciones, Poder y el Observatorio Designaciones Públicas.
Además, “la desaparición del INAI deja en desprotección a la ciudadanía ante la negativa de las autoridades de entregar información e implica la pérdida de millones de datos de interés público albergados en la Plataforma Nacional de Transparencia”, señalan.
Las actividades de las entidades disueltas serán asumidas por las Secretarías afines y otras dependencias del Ejecutivo. En el caso del INAI, sus diversas facultades se transferirían de manera fragmentada a la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes en los otros poderes y las entidades federativas.
En agosto de este año, la relatora especial sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères, y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, lanzaron un comunicado sobre la iniciativa del gobierno mexicano. De acuerdo con las relatoras, la garantía efectiva de estos derechos se alcanza cuando el órgano responsable de garantizarlos se encuentra fuera de la esfera de influencia delpoder político.
“Los Estados deberían propugnar procesos, mecanismos y herramientas que permitan al ciudadano ejercer sus derechos y obliguen a las autoridades, mediante los caminos institucionales, a cumplirlos. En este sentido, atomizar este órgano autónomo para que sus funciones sean desempeñadas por instituciones dependientes del Estado nulificaría el potencial que tiene como mecanismo de democratización del poder público”, manifestaron las relatoras.
Resaltan que es “notable la contribución internacional del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta”.






