^{Fotos de Amehd Coca}

Para construir salidas colectivas ante la imposición de proyectos extractivos, el desplazamiento forzado, la agudización de la migración, así como el interés por privatizar el agua, las tierras y el propio volcán Chichonal, los pueblos del norte de Chiapas realizaron el Segundo Congreso Zoque.

Fueron convocados pueblos, comunidades, barrios y rancherías zoques para reunirse en Chapultenango y crear un análisis propio sobre las distintas amenazas a la vida y el territorio, “a cuarenta años de la erupción del volcán Chichonal, queremos denunciar las opresiones de hoy”.

Te puede interesar → En Chiapas, comunidades Zoques emiten alerta por incursión de mineras

En el evento recordaron que el 28 de marzo de 1982, además de la erupción del volcán Chichonal, inició un proceso mayor de fragmentación comunitaria y control de la población que enmarca la actualidad de las comunidades zoques.

En documento, difundido por el Congreso Nacional Indígena, mencionan que la fecha del fenómeno natural fue convertida en un ‘mero espectáculo folclorista’ que busca legitimar una visión histórica acorde al poder en turno.

El texto dirigido a la sociedad civil enumera las situaciones que amenazan al pueblo originario y está firmado por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Chapultenango, Mujeres defensoras de Nasakobäjk, Atención Primaria de Salud APS “wabä ijtkuy”, integrantes de Zodevite y el Centro de Lengua y Cultura Zoque.

Además de acordar la preservación de la lengua a través de compartir el conocimiento a los más jóvenes, los zoques decidieron llevar a cabo diversas acciones para enfrentar las problemáticas actuales, desde la creación de reglas internas hasta la realización de talleres para llevar conocimiento a las nuevas generaciones; todas las actividades serán evaluadas en un año.

Denuncias

La primera denuncia que realizó el pueblo zoque es la violencia contra las mujeres que se “cristaliza”, pues además de ser física y verbal, no se les permite tomar decisiones y en consecuencia tampoco tienen acceso a la tierra, ni a derechos básicos como a la salud y atención jurídica.

“También hemos visto cómo las ambiciones e intereses personales se han manifestado a lo largo de este proceso, lo cual significó utilizar el movimiento zoque para fines electorales y partidistas. Desde aquí lo decimos claro: no vamos a permitir que la defensa y la organización zoque se conviertan en una moneda de cambio por puestos políticos en el gobierno o para conseguir recursos económicos a través de proyectos ‘comunitarios’ que solo buscan fortalecer las agendas de los intereses capitalistas”, enfatiza el documento.

En el 2016, los pueblos zoques iniciaron un proceso de organización y lucha por la defensa del territorio en Chiapas que impidió la concesión de tierras para la explotación de doce pozos petroleros.

Pero también se enfrentan a la minería promovida por los consorcios transnacionales y autorizada por las instituciones del Estado mexicano, a pesar de las amenazas en los territorios de las comunidades de Buenos Aires, Valtierra y Caracol en el municipio de Chapultenango, así como en Ixhuatán y Pantepec.

Los zoques advirtieron que también analizaron los intereses de extraer los hidrocarburos en Francisco León, municipio también localizado en las montañas del norte de Chiapas. Asimismo, la situación de Zacalapa, municipio de Copainalá, que enfrenta un grave conflicto por la escasez y el monopolio en la gestión y distribución del agua.

En el tema ambiental alertaron sobre el deterioro generado por el incremento descontrolado de basureros públicos como en Rayón y Chapultenango, promovidos por las propias autoridades municipales, que contaminan manantiales y ríos que proveen de agua a las comunidades.

A esto se le suma la reactivación de proyectos energéticos con la construcción de nuevas presas hidroeléctricas en los municipios de Chicoasén, Copainalá y Francisco León, “sabemos que esos proyectos de energía eléctrica se hacen a costa del desplazamiento y la precarización de la vida zoque”.

Este contexto les acarrea divisiones internas, inseguridad y violencia a los ojos de las autoridades, como el desalojo de familias por parte de grupos armados el 21 de noviembre de 2021 en el ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango,

La división de la comunidad también la provocan los programas sociales y la cooptación de las comunidades bajo la promesa de empleo, caminos y proyectos. Mientras, en lugares como Tectuapan municipio de Pichucalco, el poder permite que el monopolio del transporte público provoque violencia y terror contra los habitantes.

Te puede interesar → Chiapas: A un año de la devastación por Eta, familias zoques desplazadas continúan en el abandono

Los pueblos zoques también lamentaron que a dos años del impacto ocasionado por el huracán Eta, sigan sin atender a la población afectada. En Pantepec, Rayón y Tapalapa, los caficultores tuvieron grandes daños que perturbaron la economía familiar.

Más venezolanos cruzan el Tapón del Darién, en Panamá, para después enfrentar la contención migratoria de México, donde sus connacionales organizados con centroamericanos y caribeños se organizaron para salir de Tapachula, Chiapas, en una caravana.

El mas reciente éxodo del año planeó salir de la frontera sur de México este sábado 16 de abril ante la nula respuesta a los procesos migratorios ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Se trata de la tercera salida en grupo con acompañamiento de defensores de los derechos humanos en lo que va del 2022, pues aseguran es la única forma de no enfrentar solos la militarización de la frontera: detenciones, operativos y persecución.

Te puede interesar → Guardia Nacional reprime ‘viacrucis migrante’ que salió de Tapachula el viernes

Pero el Instituto Nacional de Migración impidió que los extranjeros abandonaran Tapachula en caravana; ofreció visas y traslados a otros estados del país para continuar con los trámites migratorias.

Mientras, organizaciones de la sociedad civil insisten en que las personas en contexto de movilidad no necesitan tarjetas humanitarias si no reconocimiento de sus derechos, pues aún con documentos son víctimas de detenciones arbitrarias y deportaciones.

Desde el año pasado, los originarios de Venezuela comenzaron a llegar a México en mayor número que años anteriores. A principios de 2022 protagonizaron protestas junto a otros migrantes en Tapachula para exigir la atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración.

Te puede interesar → Se multiplica llegada de venezolanos a México 

La última actualización de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria muestra que sólo en enero y febrero de este año, fueron presentadas 2,443 personas de Venezuela ante el INM, la mayoría detenidas en Apodaca, Nuevo León, al norte de México.

Tapón

En un reciente informe, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron que son cada vez más las personas de esta nacionalidad que recorren peligrosos caminos por las junglas entre Panamá y Colombia.

El Tapón del Darién comprende 5,000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que la convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes que pueden tardar hasta diez días en cruzarlo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Panamá, alrededor de 2,500 personas de Venezuela cruzaron el Tapón del Darién en los primeros dos meses de 2022 por el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en la vida de estos refugiados y migrantes en distintos países de acogida en América Latina y el Caribe.

Lo grave es que la cifra total se triplicó en comparación con el mismo periodo el año pasado: de 2,928 en los primeros dos meses de 2021 a 8,456 en el mismo lapso en 2022. La cifra de este año incluye 1,367 niñas, niños y adolescentes.

Esta migración se encuentra expuesta a amenazas naturales y también a grupos criminales que perpetran violencia, incluyendo abusos sexuales o robos, por lo general contra adultos jóvenes y familias.

El estudio de la OIM dice que las personas llegan a comunidades indígenas de difícil acceso con hambre y deshidratación, exhaustas y requiriendo atención médica. En 2021 se registró un número récord de 133,000 personas que hicieron la travesía el año pasado, cuando se reportó la desaparición de 51 personas.

Te puede interesar → Crisis migratoria en Tapachula: miles de haitianos en espera de reubicación

Entonces, la mayoría provenía de Haití, incluyendo su descendencia nacida en Chile y Brasil, seguidos de cubanos, venezolanos y personas de lugares lejanos como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal.

Según la OIM seis millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en distintas partes del mundo; casi cinco millones residen en América Latina y el Caribe. En 2022, la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela (R4V) lanzó un plan de 1,790 millones de dólares para satisfacer las crecientes necesidades de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de las comunidades que les han acogido en 17 países en la región.

^{En portada: Habitantes de San Cristóbal de las Casas exigen la protección de los humedales de montaña}

El pasado jueves (14), personas armadas con machetes buscaron evitar una reunión en San Cristóbal de las Casas que tenía el propósito de emitir la declaratoria de hábitat crítico de los humedales de montaña.

Testimonios indican que habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes de un grupo de choque, conocido popularmente como “los motonetos”, impidieron el paso a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y agredieron a ambientalistas que se reunirían con representantes de colonias para explicar la declaratoria.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de una especie o población de una especie con condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial.

El primer día de abril, la Semarnat publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para alertar sobre estado crítico de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas, “tendiente a desaparecer debido al crecimiento urbano insostenible”, además de la contaminación, derivado de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional.

El documento público hace referencia que el instrumento fue adoptado a partir de la lucha de la organización social que defiende los humedales La Kisst y María Eugenia, localizados dentro de la mancha urbana.

“Aplica cuando se tiene conocimiento de que existe una afectación y una complejidad social o de otro tipo en torno a ciertas zonas y se tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para detener y, si es posible, revertir el daño”, reza el texto de Semarnat.

El pasado 26 de febrero, ambientalistas y representantes de las colonias y barrios solicitaron el cumplimiento y seguimiento del acuerdo de establecer las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación. Esto, según la Semarnat, permitirá la recuperación y restablecimiento de los recursos naturales y de las especies identificadas con la categoría de riesgo que habitan en los humedales.

Te puede interesar → Autoridades ambientales ignoran deterioro de humedales en Chiapas

Ahora será facultad de la dependencia federal preservar, proteger y restaurar los humedales: prohibir la liberación de organismos genéticamente modificados y el uso de sustancia tóxicas como plaguicidas; no permitir la contaminación del agua, así como tampoco el desarrollo inmobiliario dentro del polígono de hábitat crítico que comprende 220 hectáreas.

Agresiones

Después de la declaratoria, los activistas y ambientalistas lograron un espacio en la agenda de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, para reunirse con representantes de al menos 90 colonias y explicar el funcionamiento del mecanismo de habitar crítico.

El encuentro se planeó a discreción entre autoridades municipales, estatales y federales, pero el día del encuentro los policías se retiraron de la zona y un grupo de choque armado con machetes se colocó en el camino de la colonia FSTSE 2001, que colinda con el humedal María Eugenia, lugar acordado para el acto ambiental.

Las personas armadas dijeron que la declaratoria es para desalojarlos y mientras trataron de explicarles que la búsqueda es la conservación de las áreas, la situación se tensó. Hubo jaloneos, persecución, amenazas y agresiones físicas al académico de la Universidad Intercultural de Chiapas y ambientalista, León Enrique Ávila, que documentó el hecho con su teléfono celular.

“Es complicado hablar con gente que le han sembrado odio y que viene de manera muy agresiva”, relató y agregó que el grupo de choque no permitió la entrada de alrededor de 100 personas. Ávila cuenta con medidas del mecanismo de protección de defensores desde el año pasado, por la violencia que enfrentan como defensores y ambientalistas en los Altos de Chiapas.

Los grupos de choque fueron identificados como habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes del grupo delictivo conocido como “los motonetos”, que han invadido o son cómplices en actos ilícitos en las reservas ecológicas, también reconocidas como sitios Ramsar —por su importancia internacional—.

Luego de la tensión, la policía municipal detuvo a dos personas que fueron liberadas horas más tarde. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizaron al gobierno municipal y del estado por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión urgente y necesaria.

Por su parte, Albores González escribió en redes sociales: “El proceso de defensa del Hábitat Crítico de La Kisst y María Eugenia en Chiapas lo construiremos juntos a través del diálogo respetuoso. Diálogo, acuerdos y la defensa de la naturaleza guían nuestra acción. El agua de San Cristóbal de Las Casas es el bien superior a proteger”.

Humedales en riesgo

La defensa de los humedales siempre representó un peligro para los ambientalistas, pero desde 2020, la situación se agravó, por lo que dos representantes de 14 colonias cuentan con medidas de protección.

“De 2015 para acá tendremos alrededor de 10 incidentes graves en los que se ha puesto en riesgo la integridad de los defensores de los humedales”, agregó el investigador agredido.

Durante años, los defensores de los humedales han solicitado la historia traslativa de los terrenos, pero es negada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahora se enfrentan a la amenaza de los grupos criminales de la zona que ya están involucrados en el deterioro de las zonas de conservación.

Los humedales de montaña surten de agua al 70 por ciento de la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas y albergan especies endémicas como el pez popoyote, además son refugio de aves migratorias y residentes.

Este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la falta de protección de los humedales por parte de autoridades federales, estatales y municipales y emitió la recomendación 18-2022.

Te puede interesar → CNDH reconoce falta de protección a humedales de montaña en Chiapas

Se trata de 115 hectáreas de los humedales de la Kisst y las 110 de María Eugenia, que se encuentran dentro de la mancha urbana de la ciudad turística que crece precipitadamente, por lo que urgen soluciones para evitar la pérdida total.

“Están contaminando los humedales y están generando no solo un problema de salud pública para los que vivimos alrededor sino para los habitantes de la ciudad. Pedimos que acepten ser reubicados; nosotros queremos que se conserve lo que queda de los humedales”, dijo Ávila.

El académico dijo que la titular de Semarnat se retiró tras el incidente, pero el encuentro se logró con representantes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); además de María del Rosario Bonifaz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y quien no aceptó las recomendaciones previas de la CNDH sobre este caso.