Fuente: Avispa Midia

Internacionales

• PALESTINA: El Estado fascista de Israel promueve la guerra para mantener el territorio ocupado de Palestina. Israel atacó la final de futbol palestina el fin de semana pasado y luego invadió y  atacó el Centro Ceremonial en Jerusalén, y desato fuerte bombardeo  ante respuesta de grupos palestinos a la represión en territorio ocupado. Fuente: Palestinalibre.
• PELMAPU ARGENTINA: Mapuches desconocidos en su propio territorio. Resolución antimapuche en Mendoza: crónica de un racismo anunciado. Fuente: Agencia TerraViva y AnRed.
• CANADA: Wet’suwet’en vuelve a ser atacada por la policía montada, cinco defensores del territorio son arrestados, se suma a la lista de hostigamiento por su resistencia contra CoastalGasLink, el gasoducto que intentan atravesar por sus aguas sagradas.

Locales:

• MICHOACÁN: Eustacio Alcalá defensor comunitario y opositor de la minería en Huizontla  es asesinado. Organizaciones se suman para exigir justicia.
• YUCATÁN: Muerte masiva de abejas pone en alerta a apicultores, llaman a la prohibicion de agroquímicos tóxicos.
• CHIAPAS: Continúa la campaña por la Libertad del Manuel Vásquez, preso político indígena, base de apoyo de las comunidades zapatistas. Fuente: CDH Frayba
• MÉXICO MICHOACÁN: Por cumplirse 3 meses de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díazy nulo avance en las investigaciones.
• MÉXICO SUR: Invitación a la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste. El Sur Resiste.
• CDMX: Jornada por la Libertad de Yorchs, preso anarquista criminalizado por la UNAM. Fuente: Noticias de abajo.

¡El Sur Resiste Va! Caravana y encuentro internacional 2023 | Un llamado global por la vida y contra el despojo en nuestros territorios

Del 25 de abril 2023 al 5 de mayo, diversos pueblos recorrerán las regiones y comunidades afectadas y amenazadas por los megaproyectos en México, buscando tejer alternativas de resistencia.

Toda la info de la Caravana: https://www.elsurresiste.org

Por Isaín Mandujano | Chiapas Paralelo

Obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertaron hoy del aumento de la narcoviolencia en Chiapas y la descomposición social que se vive en al menos 28 municipios del estado.

Ante ello, pidieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para frenar también la persecución y las amenazas en contra la población civil ajena esta lucha por el territorio, pero sobre todo, demandaron que se cese la persecución contra defensores de derechos humanos.

En una conferencia de prensa, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro y su equipo pastoral de esta Diócesis, señalaron hoy que “se ha escuchado fuertemente como un grito en el desierto la situación de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado, la proliferación de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque en Chiapas”.

Indicaron que “la disputa del territorio en Chiapas va deteriorando cada día más el tejido social, la explotación desmedida de los bienes naturales -como la reactivación de extracción minera; venta ilegal de madera, material pétreo y la gasolina-, la manipulación y el despojo de la dignidad de los pueblos originarios.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
31 de marzo del 2023
Boletín No. 09

No es Justicia la sentencia contra el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro

• Reconocemos su labor en la defensa de la vida, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos y comunidades.
• Que se garantice que no haya impunidad en asesinatos contra personas defensoras.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reconoce ampliamente a Simón Pedro López Pérez (Simón Pedro) como defensor de derechos humanos, quien caminó junto con los pueblos en las reivindicaciones de derechos que la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) han impulsado históricamente. El Juez de Control de Pichucalco se ajustó a la condena menor, con la sentencia de 25 años de prisión contra el autor material del asesinato del defensor de los derechos humanos, y la “reparación” económica para las familias, refleja lo estrecho y limitada que es la justicia del Estado, que niega el acceso a la verdad y a la Justicia Verdadera.

Hace poco más de 19 meses, junto a Las Abejas de Acteal, y con toda la familia de Simón Pedro, comenzamos a caminar la justicia y la verdad; hemos aprendido muchas cosas, una de ellas la generosidad de Las abejas de Acteal y la familia del defensor comunitario, que al inicio de la audiencia de juicio oral a las afueras del juzgado de control en Pichucalco, compartieron el pan, el agua y los alimentos a la familia de la persona que privó de la vida a Simón.

La sentencia y la reparación son las más bajas y omite su labor como persona defensora de los derechos humanos que realizaba, así como medidas de reparación del daño y no repetición adecuadas y culturalmente pertinentes. Desde el Frayba expusimos los hechos partiendo de dos testigos presenciales. Se tuvo la oportunidad de dictar una sentencia con perspectiva de derechos humanos al presentar las pruebas que dieron muestra de su actividad como defensor.

La sentencia es omisa, desde lo que dicta la Ley General de Víctimas, respecto a que el proceso penal debe de garantizar el derecho a la verdad. No es un asesinato aislado, por ello exigimos se investigue a los autores intelectuales y se otorgue medidas mínimas de reparación integral, desde atención médica y psicológica, medidas de satisfacción, y el reconocimiento público de su actividad de defensa de los derechos humanos.

Es importante se ponga especial atención en la continuidad de la violencia que cobija a la región, y en la necesidad de medidas de no repetición que puedan proteger a su familia, a la comunidad y a las Abejas de Acteal.

Estaremos atentas a que la sentencia quede firme y que no se otorgue libertad en otras instancias, para efectos de garantizar que no haya impunidad contra asesinatos de personas defensoras, que como el trabajo de Simón Pedro, nos compromete a seguir caminado con los pueblos y comunidades que luchan por su dignidad y la construcción de alternativas de vida, donde sí exista el Lekil Chapanel (la Justicia Verdadera).

Las 5 familias de Nueva Palestina vivieron la violencia extrema con múltiples violaciones a los derechos humanos, el pasado diciembre de 2021. Después de más de un año de lo sucedido, siguen la lucha por la búsqueda de justicia y reivindican la atención al desplazamiento de las 34 personas, entre ellas 23 niñas, niños y adolescentes, la liberación inmediata de Versaín Velasco y la búsqueda del paradero de Freddy Gómez.

Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

En portada: Integrantes del Movimiento de la Vida y el territorio, se movilizaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de los Altos para exigir alto a las violaciones de los derechos humanos y la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas

El lunes (28), la Fiscalía de Distrito Altos suspendió la audiencia para abordar el caso de cinco tseltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, quienes permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) no.5, acusados sin pruebas ni investigación, del homicidio calificado del policía municipal, Antonio Aguilar.

Se trata de Martín y Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
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Un margen desde el que pensar el Estado

Violeta Velasco Sánchez

El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]

El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.

El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.

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