Chiapas
Desplazados de Xulvó adherentes a la Sexta inician plantón indefnido en exigencia de justicia y retorno
“A travéz de grupos de choque de corte paramilitar”, han desalojado a nueve familias de la comunidad de Xul Vó, con un total de 47 integrantes, desde el pasado 9 de diciembre, denunciaron este día autoridades del municipio autónomo Vicente Guerrero, hubicado en el municipio oficial de Zinacantán, en los Altos de Chiapas.
Tras una marcha en la ciudad de San Cristóbal, las y los indígenas tsotsiles adherentes a La Sexta Declaración de La Selva Lacandona, arribaron a la plaza de la Paz, donde dieron lectura a su comunicado en el cual anunciaron que permanecerán en plantón indefinido, hasta que se realice el retorno de las familias desplazadas, el castigo a los responsables y la reparación de los daños.
Durante su pronunciamiento los indígenas chiapanecos aseguraron que el gobierno de Velasco Coello, está al servicio de los intereses empresariales y caciquiles, esto por que “crea grupos paramilitares y de choque, afiliados a los partidos electoreros en el poder, para golpear, intimidar, hostigar y desarticular a las organizaciones del pueblo indígena y campesino”.
“Venimos denunciando el hostigamiento, intimidación y agresiones hacia nuestros compañeros, desde el tres de noviembre, lo que derivó en su desplazamiento forzado el nueve de diciembre de 2015”, recordaron los campesinos en resistencia. Los causantes del desplazamiento señalan, “son personas pertenecientes al partido revolucionario institucional PRI”, quienes junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), primeramente cortaron la energía eléctrica a las familias agredidas y posteriormente el suministro de agua y teléfono.
“Nuestros compañeros fueron desalojados con lujo de violencia, por alrededor de 60 personas liderados por autoridades oficialistas afiliados al PRI, como el señor Mariano Pérez Pérez, agente auxiliar municipal de Shulvó, así como por Mariano Ruíz Vázquez, suplente”, evidenciaron los simpatizantes del EZLN.
VIDEO REPORTAJE:
AUDIO: Lectura de comunicado
(Descarga aquí)
COMUNICADO ÍNTEGRO
Gobierno obligado a reconocer responsabilidad en el caso El Aguaje, tras 15 años de impunidad
- Tras mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobierno reconoce su responsabilidad
- Notable ausencia del Ejército Mexicano en acto público de reconocimiento
- Después de 15 años de atropellos e impunidad, justicia llega “parcial, mutilada, incompleta”
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Ve también:
- Palabras de José López Cruz, padre de las víctimas Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández
- Palabras de Pedro Faro, director del Frayba
Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.
El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.
En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, relató los detalles del caso, aseguró que “la justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: el Ejército mexicano”.
Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.
A continuación, los audios del evento:
Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas:
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Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba):
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Traducción tostil:
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José López Cruz – Padre de Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández:
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Traducción tostil:
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Roberto Campa Cifrián – Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación:
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Traducción tostil:
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Manuel Velasco Coello – Gobernador de Chiapas:
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Traducción tostil:
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