A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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Desmilitarización urgente en territorio zapatista

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas            Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

A 22 de mayo de 2019

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Sobre el seno y los brazos de la madre tierra sagrada de Acteal, nos volvemos hoy a encontrarnos, en respeto a nuestras hermanas y hermanos 45 y 4 bebes masacrados por un grupo de paramilitares priistas de Chenalhó por orden de Ernesto Zedillo Ponce de león y del ejército mexicano.

Nosotras y nosotros como sobrevivientes de la masacre de Acteal y miembros de la Organización Las Abejas de Acteal, escuchamos y miramos que en México cada vez más la situación de derechos humanos y la vida se encuentran al borde del abismo de la muerte.

A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha intensificado la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios, El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas).

Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares.

Nosotras y nosotros miembros de una organización No violenta, exigimos a López Obrador que salgan los militares de todas las comunidades y territorios de Chiapas, como por ejemplo aquí en Majomut, del municipio de Chenalhó Chiapas, no los queremos aquí, porque son una amenaza para nuestra cultura de paz y sobre todo para las mujeres que somos víctimas acoso sexual y que atenta nuestra dignidad. Además, estos militares son los mismos quienes entrenaron y le dieron armas a los paramilitares para masacrar en Acteal.

Es decir, bajo ninguna circunstancia no sirve la presencia del ejército mexicano porque en el gobierno de los priistas y ahora en el gobierno morenista el ejército solamente les ha rentado su servicio a las trasnacionales para proteger sus intereses económicos y para el despojo de nuestra tierras y territorios. Por esta razón urge que el ejercito mexicano se vayan a sus cuarteles.

Además, nuestra exigencia de la salida de los paramilitares de nuestros territorios, exigimos también a López Obrador que saque a las empresas mineras de Chiapas y de México porque su “desarrollo” de ricos y poderosos, han asesinado a muchas y muchos defensores de la madre tierra y de los derechos humanos y la vida; en pocas palabras, los proyectos extractivistas, mata y apesta.

Exigimos a los tres niveles de gobierno que sean respetados sus derechos a la libre manifestación y su integridad física de los habitantes del pueblo Solusuchiapa en Chiapas, decidieron tomar la minería Santa Fe de Carlos Slim.

Desde la tierra sagrada de Acteal donde en este momento nuestra palabra y dignidad hablan saludan el tercer encuentro estatal del pueblo; comunidad y organizaciones, aquí decidimos si a la vida, no a la minería que tuvo lugar en santa Catarina Lachatao y Capulatpam de Méndez en Oaxaca.

Con estas acciones que están realizando nuestros hermanos por la vida de la madre tierra y por la vida, estamos orgullosos y alegres porque se le está demostrando al mal gobierno y a las empresas de muerte que ya basta de sus despojos en nuestros territorios y les decimos que ya no queremos asesinatos a los defensores de la vida y de la madre tierra.

En muchas partes de nuestro México, hombres y mujeres han recuperado su conciencia por lo que nos solidarizamos con ellos, como lo ha expresado nuestro hermano y compañero de lucha padre Marcelo con los movimientos en defensa del territorio.

Desde esta tierra sagrada de Acteal donde emana memoria y esperanza exigimos justicia por los asesinatos de nuestros compañeros Samir Flores Soberanes, José Lucas Bartolo y Modesto Verales quienes eran integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.

Ante todo, lo anterior exigimos:

Alto a los asesinatos de las y los defensores de la madre tierra y de la vida.

Alto a la impunidad.

Desmilitarización urgente en territorio zapatista
No a la guardia nacional
No al tren maya
No a las minerías si a la vida

Castigo a Ernesto Zedillo Ponce de león autor principal intelectual de la masacre de Acteal y sus cómplices.

Desde Acteal casa de la memoria y esperanza seguimos trabajando en la otra justicia y en la construcción de nuestra autonomía.

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Juan Vásquez Luna                  Antonia Vásquez Pérez

Presidente                                 Vicepresidenta

Hermilo Pérez Sántiz                   María Vásquez Gómez

Secretario General                     Subsecretaria

Genaro Oyalté Pérez                  Antonia Pérez Pérez

Tesorero                                   Subtesorera

La cárcel no sólo castiga a quien la habita, también dentro de su perverso mecanismo de dolor hay madres, esposas, hijas, hermanas que tienen que ver como toda la vida que conocián hasta ese momento cambia de manera drástica para luchar y acompañar la vida de un ser querido privado de libertad.

Ésta es la historia de la madre y la hermana de uno de los compañeros que el 15 de marzo pasado decidió emprender una huelga de hambre, junto con 5 compañeros más, en la lucha por su libertad. Es también la historia de su propia lucha desde fuera de los muros en contra de la injustica del encierro. Una historia de fuerza y de dignidad que rompe con el estigma de la prisión y con el papel de víctima que la sociedad espera para una mujer presa. O para las familiares, principalmente mujeres, de una persona presa.

Fortaleza, coraje dignidad y valentía contra los grises muros de las prisiones.

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• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

Fuente: Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

San Cristóbal de las Casas, 6 de mayo de 2019

Inicio de la huelga de hambre

El pasado 15 de marzo del presente año, 6 compañeros recluidos en diferentes penales del Estado de Chiapas anuncian el inicio de una huelga de hambre en exigencia de justicia y su libertad inmediata e incondicional.

Sus nombres son: Adrían Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruíz recluidos en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas pertenecientes a la organización La Voz de Indígenas en Resistencia; Abraham López Montejo y Germán López Montejo recluidos en el CERSS nº 14 de Cintalapa de Figueroa pertenecientes a la organización La Voz Verdadera del Amate; Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández recluidos en el CERSS nº 10 de Comitán de Domínguez pertenecientes a la organización Viniketik en Resistencia.

En los días posteriores a esta acción légitima de expresión de resistencia en la lucha por su libertad, otros compañeros presos se sumaron a este acto declarándose presos en lucha. Es decir, apoyando, difundiendo y siendo parte activa de esta actuación dentro de sus propios centros de internamiento. A alguos de ellos, debido a sus condiciones de salud o aislamiento, les era imposible realizar una acción tan extrema como esta, ya que eso suponía un grave riesgo a su vida e integridad en un muy breve periodo de tiempo.

A los tres días del inicio de la huelga de hambre, siete personas más recluidas en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, pertenecientes a la organización Solidarios de la Voz del Amate, deciden emprender una huelga de hambre indefinida en solidaridad con la que iniciaron los 6 compañeros anteriomente mencionados, y también con la exigencia de su libertad.

Demandas implícitas a la huelga de hambre

Desde esa fecha ellos, sus familiares y amigxs, personas ex_presas y diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos no han cesado en el desarrollo de actividades de difusión, acompañamiento y denuncia, sumándose a las mismas exigencias de esta lucha por su libertad y por la libertad.

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• A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensifica la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios BAEZLN.

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López,(1) maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde Pueblos Originarios construyen Vida Digna.

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona,(2) como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes.(3)

Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población: «Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino».

Además en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas.

El Frayba constata con los datos recabados por las BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del pasado 10 de abril: «En nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados (4)».

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El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno denunciaron que el pasado 25 y 27 de abril un grupo de personas fuertemente armado irrumpieorn en la comunidad Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, agrediendo a uno de los delegados del CNI de esa comunidad. Según la denuncia del CNI-CIG, el grupo está liderado por Artemio Álvaro Vázquez, autoproclamado dueño de las tierras de la comunidad, e incluye autoridades de la comunidad de Tioquipá El Bascán y otras 86 personas, convencidas por medio de promesas de regalo de tierras.

A continuación, la denuncia del CNI-CIG.

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• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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