Chiapas
(Español) Terror en San Cristóbal de La Casas, Chiapas
El día de ayer, 17 de abril de 2023, grupos armados se enfrentaron durante más de ocho horas en San Cristóbal de Las Casas, tras el asesinato de Gerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que controlaba a los artesanos del mercado de Santo Domingo, y primo de Narciso Ruiz, quien controla el resto de los mercados de la ciudad, donde es sabido que se comercia con drogas, armas y “etnopornografía”.
Alrededor de las 11 am, al subir a su auto en las afueras de su casa en la zona norte de la ciudad, dos individuos en motocicleta realizaron varios disparos, que resultaron en su muerte. Casi inmediatamente, probables miembros de la Almetrach se concentraron para buscar a los asesinos y vengar la muerte de su líder, recorriendo las colonias de la zona norte en camionetas y motocicletas. Durante casi diez horas, la zona norte se vio inmersa en tiroteos con armas de grueso calibre, documentados por diversos testigos, que subieron los videos a las redes sociales, en los que perecieron por lo menos dos personas. También se reportaron vehículos y casas quemadas. Alrededor del Mercado Tiellemans, también se registraron balaceras, lo que causó el pánico en las calles del centro de la ciudad. La mayoría de los comercios cerró sus puertas, las escuelas cancelaron clases, y la población se encerró en sus casas.
A pesar de que el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, aseguró que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal tomarían el control de la situación, las fuerzas de seguridad del Estado brillaron por su ausencia durante casi ocho horas.
Numerosas son las denuncias que vinculan al alcalde de San Cristóbal al crimen organizado. Desde hace ya unos tres años, el estado de Chiapas ha visto un incremento dramático de la violencia por grupos de la delincuencia organizada, con la patente complicidad de diversos funcionarios de gobierno.
Alrededor de las 10 pm, personal de la 31 Zona Militar, Guardia Nacional y Policía finalmente arribaron a la zona del conflicto y los grupos armados se replegaron.
La ciudad amaneció en un ambiente de tensa calma el día de hoy, con elementos del Ejército y Guardia Nacional custodiando la zona de conflicto.
(Español) Existe un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas: organizaciones internacionales
Fuente: Avispa Midia
En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.
Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.
“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).
Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.
Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.
De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.
“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.
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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.
