
Frayba
Caso Antonio González Méndez vs. México: un crimen de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14
- Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.
El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.
Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.
El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.
Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.
Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.
Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
28 de mayo de 2023
Acción Urgente No. 2
Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas
- Permisibilidad del Estado mexicano de graves violaciones a Derechos Humanos
El municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, vive una profunda crisis derivado de la espiral de la violencia que se ha vivido en esta región y en estos días se ha intensificado, violentado el derecho a la vida e integridad personal de comunidades y pueblos, según por la disputa territorial de grupos armados pertenecientes a la criminalidad bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Según información que ha llegado a este Centro de Derechos Humanos, es sumamente grave y de difícil documentación dando el contexto de violencia, no obstante fuentes confidenciales nos refieren los siguientes:
El 25 de mayo se dieron ataques armados donde la población civil ha sido afectada, directamente en donde se han asesinaron a personas según en fuego cruzado.
El 26 de mayo, durante el entierro de una mujer, que había sido asesinada en fuego cruzado, un grupo de hombres fuertemente armado lanzaron ráfagas de disparos, hechos ocurridos hacia la comunidad de Nueva Independencia (El Lajerío), municipio de Frontera Comalapa. De igual forma a la altura de la localidad de Chamik, ubicado en la carretera Comalapa – La Trinitaria, cerraron la carretera y quemaron de vehículos. A partir de estos hechos decenas de personas se desplazaron de sus hogares.
Durante el 27 de mayo, se registraron bloqueos en los puntos de 3 Maravillas, Pacayalito (Nuevo Amatenango), en el desvío de Nuevo México, Santa Rita, Paso Hondo y Chamic. Se pudo observar una caravana de vehículos artillados y de los conocidos como monstruos, quienes realizan recorridos de vigilancia en carreteras rurales y calles.
La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrense se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos. En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo – Frontera Comalapa, está establecido un destacamento de la Guardia Nacional. En el municipio de Chicomuselo, está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas. Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas.
Los últimos 4 días se incrementó de manera alarmante la violencia en el municipio. Jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia; refieren de por lo menos tres mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo. Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del gobierno mexicano.
La acción de estos grupos armados son perjudiciales, varios de ellos de difícil reparación, son daños e impactos que pudiéramos denominar escenarios de guerra, que se han prolongado en meses, días, sin que se atienda para cambiar esta realidad, es por ello que recordamos al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, estos son la esencia para que los ciudadanos puedan vivir en condiciones donde se respeten todos los derechos que son parte del pacto social que tenemos como país.
Por tal razón desde el Frayba:
Primero: Exigimos que, en el marco de nuestra Carta magna, tratados y convenios internacionales ratificados por México, se garantice la vida e integridad personal de la región fronteriza del Estado de Chiapas, con el objetivo de parar y evitar la vorágine de la violencia que está impactando gravemente a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad.
Segundo: Urgimos al Estado mexicano, aplique medidas cautelares y precautorias; medidas de emergencia que garantice plenamente la vida, la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Trinitaria.
Tercero: Se garantice el derecho inalienable de las personas a vivir una vida sin violencia en sus territorios, así como garantizar la Paz.
Convocamos a la solidaridad nacional e internacional, manifestemos nuestra exigencia de vivir en paz, realizando acciones de protesta pacífica, así como difundiendo y firmando esta acción urgente: