San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
28 de mayo de 2023

Acción Urgente No. 2

Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas

•     Permisibilidad del Estado mexicano de graves violaciones a Derechos Humanos

El municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, vive una profunda crisis derivado de la espiral de la violencia que se ha vivido en esta región y en estos días se ha intensificado, violentado el derecho a la vida e integridad personal de comunidades y pueblos, según por la disputa territorial de grupos armados pertenecientes a la criminalidad bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Según información que ha llegado a este Centro de Derechos Humanos, es sumamente grave y de difícil documentación dando el contexto de violencia, no obstante fuentes confidenciales nos refieren los siguientes:

El 25 de mayo se dieron ataques armados donde la población civil ha sido afectada, directamente en donde se han asesinaron a personas según en fuego cruzado.

El 26 de mayo, durante el entierro de una mujer, que había sido asesinada en fuego cruzado, un grupo de hombres fuertemente armado lanzaron ráfagas de disparos, hechos ocurridos hacia la comunidad de Nueva Independencia (El Lajerío), municipio de Frontera Comalapa. De igual forma a la altura de la localidad de Chamik, ubicado en la carretera Comalapa – La Trinitaria, cerraron la carretera y quemaron de vehículos.  A partir de estos hechos decenas de personas se desplazaron de sus hogares.

Durante el 27 de mayo, se registraron bloqueos en los puntos de 3 Maravillas, Pacayalito (Nuevo Amatenango), en el desvío de Nuevo México, Santa Rita, Paso Hondo y Chamic. Se pudo observar una caravana de vehículos artillados y de los conocidos como monstruos, quienes realizan recorridos de vigilancia en carreteras rurales y calles.

La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrense se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos. En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo – Frontera Comalapa, está establecido un destacamento de la Guardia Nacional. En el municipio de Chicomuselo, está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas. Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas.
Los últimos 4 días se incrementó de manera alarmante la violencia en el municipio. Jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia; refieren de por lo menos tres mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo. Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del gobierno mexicano.

La acción de estos grupos armados son perjudiciales, varios de ellos de difícil reparación, son daños e impactos que pudiéramos denominar escenarios de guerra, que se han prolongado en meses, días, sin que se atienda para cambiar esta realidad, es por ello que recordamos al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, estos son la esencia para que los ciudadanos puedan vivir en condiciones donde se respeten todos los derechos que son parte del pacto social que tenemos como país.

Por tal razón desde el Frayba:

Primero: Exigimos que, en el marco de nuestra Carta magna, tratados y convenios internacionales ratificados por México, se garantice la vida e integridad personal de la región fronteriza del Estado de Chiapas, con el objetivo de parar y evitar la vorágine de la violencia que está impactando gravemente a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad.

Segundo: Urgimos al Estado mexicano, aplique medidas cautelares y precautorias; medidas de emergencia que garantice plenamente la vida, la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Trinitaria.

Tercero: Se garantice el derecho inalienable de las personas a vivir una vida sin violencia en sus territorios, así como garantizar la Paz.

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional, manifestemos nuestra exigencia de vivir en paz, realizando acciones de protesta pacífica, así como difundiendo y firmando esta acción urgente:

https://frayba.org.mx/ejecuciones-reclutamiento-y-desplazamiento-forzado-en-la-frontera-sur-de-chiapas

10 de mayo de 2023.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

XII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijos e hijas
¡Verdad y Justicia!
No Conocemos Fronteras para Buscarles.
Concentración Pública con Madres Buscadoras de Chiapas

Este día, en que celebramos el Día de las Madres, no es de celebración para muchas familias, ya que miles de madres buscan a sus hijos e hijas.

Ellas están marchando en la Ciudad de México, se están concentrando en varias plazas del país, están visibilizando la problemática que vivimos en este país, y por eso estamos aquí, con ellas, en esta plaza central en San Cristóbal de las Casas, para exigir justicia y hacer visible la desaparición de personas en Chiapas.

Esta problemática atraviesa a todo nuestro territorio mexicano, y aunque la cifra oficial es de 112,203 personas que han sido desaparecidas a nivel nacional, y de 1,314 en Chiapas, sabemos que la cifra es lamentablemente más alta cada día.

La violencia sociopolítica es la realidad que vivimos todas y todos los que vivimos y transitamos en este país. Chiapas no es la excepción, las zonas de los Altos, Norte, Frontera, Costa, Selva, y prácticamente toda nuestra entidad, se han vuelto un campo de batalla, un campo en disputa, con violencia, armas, muertos, familias desplazadas, feminicidios, secuestros; y la desaparición de personas va cada día en aumento. Aunque las autoridades del estado de Chiapas quieran maquillar y disfrazar esta realidad y hacernos creer que vivimos en uno de los estados más seguros y que tenemos a un gobierno con autoridades eficaces y eficientes cercanas a las personas.

La realidad es que las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y jóvenes, personas en contextos de movilidad humana nacionales e internacionales, desaparecen día a día, y la principal demanda de las Madres sigue siendo: ¡Regrésenos a nuestras hijas e hijos!, ¿dónde están?, ¡queremos a nuestras hijas e hijos en casa!, ¡este día no es de fiesta, sino de lucha y de protesta!

Las Madres que buscan a sus hijos e hijas, y las organizaciones que les acompañamos, seguiremos gritándole al Estado que su omisión e indolencia lo hace responsable de esta tragedia que se vive en las familias, ya que hemos comprobado, día con día, que las instancias del Gobierno Federal y Estatal, las Fiscalías, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, realizan acciones de simulación y son las madres quienes verdaderamente realizan las acciones de investigación y de búsqueda, poniendo en riesgo su seguridad, su integridad y su vida.

Es por ello que, desde el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas, acompañamos esta concentración en la plaza pública en San Cristóbal de las Casas, mencionando que un día como hoy es un símbolo de lucha, de resistencia, de búsqueda, pero también es un símbolo de mucho amor, de madre a madre que exige justicia, para que ninguna otra madre viva este dolor. Esta concentración es por la vida, por la esperanza, por el amor, por el regreso, por la verdad y la justicia. No están solas, compañeras, las acompañamos desde cada rincón que habitamos.

Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Melel Xojobal
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)

Les invitamos a nuestra magna presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”.

Reflexionemos juntas sobre la violencia actual en Chiapas, la continuidad de la contrainsurgencia, desplazamiento forzado y despojo a la tierra y el territorio.

Martes 9 de mayo.
18 horas.
Oficinas Frayba. Brasil 14, Barrio de Mexicanos, SCLC, Chiapas.

Live vía FaceBook del Cdh Frayba y en www.frayba.org.mx/envivo

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que monitorea la Caravana El Sur Resiste, recibió información, relacionada al desalojo del Campamento Tierra y Libertad en Mongoñe Viejo, Oaxaca. El día de hoy 28 de abril, alrededor de la 10.38 hrs., un grupo de agentes de la fuerza de seguridad entre ellos Policía Municipal Guardia Nacional  y Marina Nacional, el cual era mantenido por el Pueblo Mixe con acciones pacíficas de manifestación con la finalidad de detener las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec relacionado al Corredor Transístmico. Durante el desalojo fue detenida María Magdalena Martínez Isabel, Fernando Hernández Gómez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel y Eliodoro Martínez Isabel, sin que hasta el momento sepamos de sus paraderos. Así también se reporta una compañera golpeada. El Campamento fue destruido y robadas pertenencias.

Este campamento cumplió 60 días en resistencia, con más de sesenta movilizaciones por parte de las comunidades desde julio 2019, donde han recibido constante hostigamientos y amenazas. El día de ayer recibió la Caravana El Sur Resiste.

En estos momentos integrantes de la Caravana El Sur Resiste se encuentran manifestándose en la carretera transístmica a la altura de Oteapan, Veracruz para denunciar la agresión sufrida por parte de elementos del gobierno federales y del estado de Oaxaca. Por lo que pedimos que se respete esta manifestación pacifica y los derechos quienes expresan su inconformidad sobre las acciones represivas de agentes del estado.

Desde el Frayba exigimos la inmediata liberación de los y las indígenas mixes detenidos, cese a la represión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, el respeto del derecho a manifestación de las comunidades y pueblos contra el despojo e imposición de proyectos de desarrollo, violatorios de los derechos de los pueblos originarios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
21 de abril de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz, Garantías y respeto a la vida, integridad y seguridad de la población en riesgo inminente.

Quienes firmamos este pronunciamiento expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con una población de más de 200,000 habitantes, quienes actúan con la aquiescencia, tolerancia y protección de funcionarios Estatales, afectando a la población en general. Exigimos se cumpla la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de los pueblos a la paz.

El día 17 de abril de 2023, alrededor de las 11:40 horas, la violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los lideres de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales. El clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron tras los hechos, y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios.

El propio Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió públicamente al escalamiento de violencia, con un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización hacia estas personas y comunidades, y legitima la violencia en su contra.[1]

A pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva. Por el contrario existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera.

Contexto

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas. Durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios Estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etc. Durante los últimos años estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos.

Este fenómeno se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Es evidente que en el caso de San Cristóbal de Las Casas poderes fácticos utilizan a grupos criminales que, a través de acciones de terror, buscan controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.

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