Desafíos y claves en el contexto actual

Martes 25 de octubre 2022
Teatro Daniel Zebadúa San Cristóbal de las Casas Chiapas

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Presentación

La inseguridad, violencia y disputa territorial configuran una alarmante realidad que afecta la vida de millones de personas en México y tiene un grave impacto sobre los derechos hu- manos. Ya sea por falta de capacidad o colusión, las autoridades – en sus distintos niveles de gobierno – se ven rebasadas por esta realidad, muy marcada por la coacción ejercida por el crimen organizado.

A esta crisis de seguridad local, se suma una crisis socioeconómica mundial precipitada por los efectos de la Covid-19 y que la guerra en Ucrania puede agravar aún más, con alza de precios, incremento del desempleo y mayor presión extractivista sobre los territorios.

Todo ello conlleva desafíos importantes que deben ser abordados con herramientas de construcción de paz. Es con esta finalidad que una gran variedad de personas y organizacio- nes pertenecientes a distintos espacios de articulación llevan más de dos años celebrando periódicamente encuentros de análisis y discusión. Con el tiempo se han ido constituyendo como Plataforma para la Construcción de Paz en México.

Este Foro es la primera actividad pública y presencial de dicha Plataforma que se ha plantea- do por reto profundizar en la reflexión colectiva, ampliándola a otros actores que trabajan a favor de la paz desde una gran variedad de espacios sociales.

Organiza:

PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN MÉXICO

La Plataforma para la Construcción de Paz en México es un espacio que se ha ido confi- gurando a lo largo de estos últimos tres años y en el que han confluido personas y orga- nizaciones vinculadas a estas tres articulaciones: la Red Global para la Prevención de los Conflictos Armados (GPPAC por sus siglas en inglés), el Servicio Civil para la Paz de Pan para el Mundo y el I Foro Internacional por la Construcción de Paz en México convocado en Barcelona en 2019 por el ICIP, Serapaz y la Taula per Mèxic.

Con este Foro y las actividades internas que le seguirán a lo largo de la semana, la Plata- forma busca fortalecerse como red e identificar pasos para avanzar hacia una agenda de paz compartida.

Programa

8:30h
Registro

9:00h – 9:30h
Bienvenida
Alberto Solís Castro, Serapaz

Intervención del Coro de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

9:30h – 11:15h

Mesa 1 — Claves para la construcción de paz: una reflexión global
Los retos que enfrenta México en la actualidad están inmersos en el contexto de desafíos mundiales, como la presencia de organizaciones criminales transnacionales, impactos de una economía globalizada extractivista y el auge de sociedades altamente polarizadas. Para hacer frente a ello, el marco conceptual y estratégico de la construcción de paz ofrece caminos que urge explorar.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (participación en línea)
Marta Ruiz, ex comisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia
Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional
Presenta: Alberto Solís Castro, Serapaz

11:15h – 11:30h
Descanso

11:30h – 13:15h
Mesa 2 — Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?
Ante la crisis de derechos humanos e inseguridad que vive México, resulta urgente analizar posi- bilidades para el impulso de modelos de seguridad, cuidados, protección y justicia con enfoques de paz diferenciados que permitan detener la violencia exacerbada en el país.

Jenny Pearce, London School of Economics, Reino Unido
Ernesto López-Portillo, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Guillermo Trejo, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos
Presenta: Yésica Sánchez Maya, Consorcio Oaxaca

13:15h – 14:45h
Descanso

14:45h – 16:30h
Mesa 3 — Prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social
México se enfrenta en la actualidad al reto de fomentar el cambio en las relaciones y estructuras sociales que generan violencia y miedo y que han conducido a niveles graves de desintegración y rupturas del tejido social. En este contexto, es preciso reflexionar sobre nuevas formas de rela- ciones sociales que permitan generar condiciones para una paz justa y duradera.

Lina Ibañez, Diálogos Improbables, Colombia
Dominic Barter, experto internacional en Círculos Restaurativos
Lenin Torres, Centro de Investigación y Acción Social
Presenta: Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

16:30h – 16:45h
Descanso

16:45h – 18:30h
Mesa 4 — La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz
La educación, la espiritualidad, el arte, la cultura o el periodismo son elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en una sociedad. Resulta pertinente reflexionar sobre su aporte en la construcción de alternati- vas para la construcción de paz en el México actual.

Pietro Ameglio, académico y activista social
Marcela Turati, Quinto Elemento Lab.
Mons. Rodrigo Aguilar, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
Presenta: Carla Ríos, Brigada Marabunta

18:30h – 19:00h
Conclusiones y clausura

Biografías

Abel Barrera
Activista por los derechos humanos y antropólogo, fundó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para apoyar en la reconstitución de los pueblos originarios. Su com- promiso y labor han sido reconocidos con varios premios nacionales e internacionales, entre el que destaca el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, por su lucha en contra de las violaciones que cometen los militares y policías en contra de la población de la Montaña de Guerrero. Es una de las cinco personas integrantes de la Comisión de la Verdad de México, creada por decreto presidencial para investigar los crímenes de graves violaciones del pasado.

Alberto Solís Castro
Es defensor de los derechos humanos en México; exdirector y miembro de Serapaz. Especializa- do en asesoría y acompañamiento político estratégico a movimientos y organizaciones sociales para la transformación positiva de conflictos y la demanda de causas legítimas y justas de la sociedad civil.

Carla Ríos
Es subdirectora de la organización Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., organización que trabaja en su comunidad con arte y cultura, en movilizaciones sociales como defensores de derechos humanos y mediadores y en las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en campo a pozos o zonas de difícil acceso, así como a través de intervenciones comunitarias que combinan arte y búsqueda.

Dominic Barter
Durante los últimos 25 años ha trabajado con comunidades marginadas, organizaciones, go- biernos locales y nacionales, la ONU y agencias internacionales promoviendo la cooperación y el cambio, principalmente en los ámbitos de la justicia, la educación, la gobernanza, la financiación comunitaria colaborativa y la autodeterminación local. Ha sido colaborador cercano de Marshall Rosenberg (Comunicación Noviolenta). Destaca su trabajo a través de los Círculos Restaurati- vos en prisiones, hospitales, iglesias, escuelas, y con movimientos sociales, universidades, fuer- zas policiales, milicias o grupos criminales.

Ernesto López-Portillo
Licenciado en Derecho, ha dedicado su carrera profesional a promover la reconciliación entre la policía y la sociedad. En 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, que dirigió hasta 2016. Posteriormente ejerció como Secretario Técnico del Foro Democrático para la Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX y actualmente es el Coordi- nador del Programa de Seguridad Ciudadana del mismo centro. Su más reciente publicación es “La prevención de la violencia y la delincuencia en México. Una promesa malograda” en La responsabilidad del porvenir del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado centenares de artículos de prensa, tarea que en el 2009 le hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo. 

Guillermo Trejo
Profesor de Ciencia Política y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio de movimientos sociales, violencia política y criminal, derechos humanos y justicia transicional en México y Amé- rica Latina. Su más reciente libro, Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras crimi- nales en México (Penguin Random House América Latina, Debate). Su nuevo libro, Nunca más: Por qué la justicia transicional previene estallidos de violencia criminal en nuevas democracias aparecerá en 2023. Acompaña a colectivos de familias de personas desaparecidas en México en su búsqueda por verdad y justicia.

Jenny Pearce
Profesora en el Latin American and Caribbean Centre (London School of Economics), fue tam- bién profesora de Políticas Latinoamericanas en el departamento de Estudios de la Paz de la Universidad de Bradford (1992-2016) y ha impartido clases en otros centros universitarios. Más recientemente ha ejercido como investigadora principal del proyecto ESRC/Conacyt Newton: “Co-construyendo seguridad humana en México: de las comunidades hacia el Estado” (2016- 2018). Entre sus numerosas publicaciones destaca su último libro Politics without Violence? Towards a Post Weberian Enlightenment (Palgrave Macmillan, 2020).

Lenin Torres Lázaro
Licenciado en Comunicación Organizacional por la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” de la UNAM, es director general del Centro de Investigación y Acción Social “Jesuitas por la Paz” (CIAS) en el que ha desarrollado proyectos de reconstrucción del tejido social. En el pasado ha participado en proyectos de alfabetización y gestión comunitaria y ha colaborado con organiza- ciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” del Estado de México.

Lina Marcela Ibáñez
Directora ejecutiva de la Plataforma Diálogos Improbables, ha liderado múltiples procesos de diálogo entre opuestos y diversos, en Colombia y otros países de América Latina, con el propó- sito de reconstruir relaciones de confianza y generar acciones colectivas para la transformación de conflictos territoriales, socioambientales, interétnicos, y culturales. Es asesora en construc- ción de paz, reconciliación, y en modelos de gobernanza y colaboración entre el sector público, privado y comunidades. Asesoró a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia en las negociaciones del Acuerdo para el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC- EP en temas de la Reforma Rural Integral y la implementación del Acuerdo.

Luis Jorge Garay
Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y magíster en economía en la Universidad de los Andes, dirige actualmente el Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Colombia). Es director académico de Scientific Vortex Group y ha ejercido de consultor tanto para organismos internacionales como colombianos. Es autor de cerca de cien libros y numerosos artículos sobre macro-corrupción y cooptación institucional, redes criminales internacionales, exclusión social y globalización, socio-ecología política de la explotación de recursos naturales no renovables y división sexual del trabajo, entre otras cuestiones.

Marcela Turati
Periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la red Periodistas de a Pie des- de donde se impulsa el fortalecimiento de medios independientes regionales y la colaboración, acompañamiento, protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. También co-fundó Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el perio- dismo de investigación.

Marta Ruiz
Periodista graduada en la Universidad de Antioquia, cuenta con una experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado en Colombia. Su trabajo ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha sido docente de las Universidades de los Andes y del Rosario y maestra de la Fundación Gabo para el periodismo. Fue una de las once comisionadas de la verdad que trabajó en la construcción del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, liderando el capítulo sobre narrativa histórica del mismo.

Pietro Ameglio
Es profesor de Cultura de Paz y Noviolencia en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, desde 2017, responsable del Programa de Educación para la Paz y la Noviolencia: Alternativas de aprendizaje y transformación de las violencias. Se ha especializado en áreas de epistemología, educación, construcción y cultura de paz; resisten- cia civil noviolenta; construcción de la violencia y reconstrucción del tejido social; educación autónoma y popular; investigación social y bases de datos.

Mons. Rodrigo Aguilar
Sacerdote licenciado en Ciencias de la educación por la Universidad Pontificia Salesiana (UPS), ha ejercido de secretario del Arzobispo de Morelia, profesor en el seminario arquidiocesano, Rec- tor del Santuario de San José y Director Espiritual de los seminaristas de filosofía. Primer Obispo de la Diócesis de Matehuala, también lo fue más adelante de Tehuacán. En 2017 fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo de San Cristóbal de las Casas.

Yésica Sánchez Maya
Es abogada, defensora de derechos humanos, especialista en litigio estratégico para la defensa de pueblos indígenas, víctimas de abusos de autoridad, criminalización de la protesta social, detención arbitraria, tortura y mujeres sobrevivientes de violencia de género. También es ex- perta en protección integral de defensores y defensoras de derechos humanos, en incidencia internacional y es heredera de la tradición de lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca.

ORGANIZA:
Plataforma para la Construcción de Paz en México

Chicomuselo, Chiapas México, 26 de septiembre de 2022.
DENUNCIA PÚBLICA

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO EN GENERAL

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, expresa su preocupación ante el contexto de inseguridad y violencia ante la amenaza latente de reactivar las actividades mineras en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, originado por la falta de intervención de las tres órdenes de gobierno.

En los últimos meses del presente año se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en las diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia, Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades que se verán afectados con estas actividades.

Esta situación pone en riesgo la estabilidad de las comunidades que han decidido rechazar estos proyectos extractivos y han estado en resistencia por mantener la paz y la armonía desde la defensa de los derechos humanos y colectivos. La respuesta de estos grupos con intereses personales, económicos y políticos ha sido la intimidación, el hostigamiento y las amenazas de muerte en contra de nuestras compañeras y compañeros defensoras y defensores de derechos humanos como recurso para frenar la lucha en la defensa de la vida y el territorio, por ello nos preocupa la integridad y la vida de cada uno de ellos que a diario enfrentan diversas situaciones por denunciar estas acciones.

En 2009, los habitantes del municipio de Chicomuselo han sido testigos de las afectaciones ambientales, daños a la salud, división comunitaria, conflictos sociales, entre otros, provocado por la empresa minera canadiense Blackfire

Exploration Ltd en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, bosques, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que culminó con el asesinato del señor Mariano Abarca Roblero.

Desde el mes de noviembre del año 2021, integrantes de este movimiento han presentado al actual Presidente municipal Jorge Martin Sepúlveda Morales, la situación social del municipio y las luchas y resistencias contra la explotación minera, el programa MOSCAMED, el proyecto de remunicipalización, la venta ilegal de bebidas alcohólicas, que son una problemática en conjunto, ya que vulneran los derechos humanos y colectivos de las comunidades; tomando en consideración que en su campaña había manifestado que estaba en contra del proyecto minero y apoyaría al pueblo en sus luchas y resistencias, caso que durante el tiempo de su administración no se ven los resultados.

La Delegación de Gobierno en este municipio ha minimizado esta problemática social al no atenderlos con responsabilidad y compromiso, puesto que en varias ocasiones se han detenido a personas que realizaban actividad minera de forma ilegal en el municipio y donde se han comprometido a no seguir realizando estas actividades al presentarles las resistencias del pueblo, el delegado de gobierno de este municipio no ha hecho ninguna acción tomando en cuenta que a nivel estatal y municipal no hay un permiso para la actividad minera en Chicomuselo.

De manera formal se ha presentado denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso Chicomuselo, sin embargo, la respuesta ha sido la falta de interés vulnerando los fundamentos legales plasmados en el marco jurídico nacional e internacional.

Actualmente seguimos en espera de una mesa de dialogo con funcionarios del gobierno estatal y federal para atender esta problemática social sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna.

Con respecto al proyecto de remunicipalización en los ejidos Unión Buena Vista y Pablo L. Sidar no existen las condiciones y no cumple con los requisitos según la ley para hacerse municipio, sin embargo quienes tienen sus intereses en este proyecto están presionando a los ejidos vecinos para que acepten el proyecto, vulnerando sus derechos ejidales.

El programa de MOSCAMED en nuestro municipio se está convirtiendo en un programa impuesto aunque en los ejidos no hayan aceptado, permanece la insistencia de entrar poniendo en contra a las personas y fracturando el tejido social.

Nos percatamos que quienes tienen sus intereses en nuestro territorio van conjuntando estos tres proyectos e insistiendo bajo engaño, intimidación y amenazas con el fin de presionar a las comunidades y acepten por temor.

La falta de respuesta oportuna de parte del estado pone en riesgo a quienes defendemos la vida y el territorio con acciones pacíficas y dentro del marco legal.

Por lo anterior, hacemos un llamado a los distintos niveles de gobierno a que cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la población en general que busca por medios pacíficos generar espacios de unidad para construir la paz entre los pueblos y comunidades en un entorno de respeto y armonía.

Responsabilizamos al estado mexicano sobre cualquier acto que ponga en riesgo la integridad y la vida misma de quienes defendemos el territorio y los derechos humanos que actualmente se encuentran amenazados por los intereses económicos y políticos de unas cuantas personas.

Finalmente invitamos a los diferentes movimientos sociales del estado y del país, así como de la población en general a fortalecer la unidad y a permanecer atentos ante los nuevos acontecimientos sociales que violentan nuestros derechos para responder de manera articulada, organizada, consciente y en apego al marco legal.

¡SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA DEPREDADORA ¡
¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO! ¡NO MAS CONCESIONES MINERAS ¡
¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!! ¡CANCELACION DE CONCESIONES MINERAS EN CHICOMUSELO!
¡NO AL PROGRAMA MOSCAMED!
¡NO A LA REMUNICIPALIZACION!

Atentamente
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PUBLICO EN GENERAL.

PRONUNCIAMIENTO

Hace  5 años, éramos victimas de extorsiones, de intimidaciones y de falta de respeto hacia nuestros derechos humanos, del libre tránsito de nuestros productos del campo.

Al día de hoy, ya no solo abarca el libre tránsito de nuestros productos del campo, tenemos comisiones de ganadería, transporte, derechos humanos, agraria, luz y una comisión de salud.

Nuestros objetivos como organización es la defensa de nuestros derechos y nuestros usos y costumbres como pueblos originarios.

Estamos conformados por comunidades, rancherías de los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón, Salto de Agua, la Libertad, Benemérito de las Américas, Playas de Catazajá, así como comunidades pertenecientes a los municipios de Emiliano Zapata y Tenosique, Tabasco.

Como organización buscamos orientar, proteger, proponer y asesorar a nuestros pueblos originarios, actuamos de forma civil y pacífica, buscamos siempre el respeto mutuo ante las instituciones gubernamentales. Nuestros valores es impulsar  el respeto a la diferencia, no buscamos conflictos, buscamos siempre la paz social en nuestros territorios.

Somos independientes de las instituciones de gobierno y de los partidos políticos.  Buscamos nuestra autosustentabilidad en el trabajo y colaboración de quines integramos la organización.

Como organización PADUC somos respetuosos de las demás organizaciones sociales, movimientos o grupos que se organizan para defender sus derechos, pero no compartimos las acciones que se realizan a través de la violencia. Nuestras acciones son a través del diálogo, lucharemos a través de la fuerza de nuestra palabra y la concientización.

Queremos enfatizar nuestra postura como organización ante los sucesos en que estamos viviendo hoy, el alto índice de violencia en los territorios de los pueblos indígenas, los desplazamientos forzados, la persecución a los defensores de la tierra y de los derechos humanos, como es el caso de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, del ejido san Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, por protestar ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Por lo que exigimos se cancele el proceso judicial en su contra.

Sufren la cárcel los hermanos Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, defensores de derechos humanos de la parroquia de San Juan Cancuc. Por lo que exigimos su total libertad.

Condenamos la persecución del párroco Marcelo Pérez Pérez integrante de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, por su labor en defensa de los más desprotegidos.

Nuestro andar es y siempre será a favor de la justicia y de la paz. A las personas, comunidades y pueblos que integran nuestra organización les exhortamos a que nos dediquemos  a trabajos lícitos y honestos, a construir la vida digna de las personas.

Agradecemos a todas y todos los que estamos aquí marchando, que vinieron desde comunidades muy lejanas, que se levantaron temprano, que tomaron su morral y su pozol para caminar y estar aquí en esta acción. Hermanos, hermanas, estamos aquí por dos objetivos:

Primero, nuestras voces claman Si  a la paz, No a la violencia en nuestros municipios, en Chiapas, en México y en el mundo.

El segundo es, celebrar el quinto aniversario de nuestra organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres. En estos cinco años hemos ido aprendiendo para mejorar nuestra organización.

Enviamos un saludo a todos nuestros integrantes, a las demás organizaciones sociales que luchan por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y a toda persona que lucha por los derechos humanos.

Como organización exigimos:

Respeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas
Respeto a los usos y costumbres que dan vida
Respeto a nuestros derechos humanos
Respeto a nuestra identidad social, cultural, costumbres y tradiciones
Ato a la criminalización y persecución a los defensores de derechos humanos

Palenque, Chiapas, 18 de septiembre de 2022.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
14 de septiembre de 2022.
Boletín No. 29

•    El gobierno de Chiapas propicia la impunidad y la violencia en los territorios.
•    Destrucción y despojo continúa contra Bases de Apoyo Zapatista. 

La comunidad Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), municipio de Huixtán, es territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se encuentra en la región Altos de Chiapas, vulnerado por la violencia y bajo un continuo asedio por parte de un grupo agresor, quienes han fraccionado las tierras y despojado el 95% de las tierras que forman parte del territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas , del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” en Chiapas, México.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hemos documentado de nueva cuenta cómo este grupo actúa con total impunidad, saqueando casas y la escuela autónoma donde destruyen y despojan, lo que constata la omisión y aquiescencia de los gobiernos federal y estatal, donde los grupos delictivos actúan con toda normalidad en el aumento de violencia y agrediendo la autonomía zapatista.

Los hechos de violencia continuada perpetrada el 8 de septiembre de 2022, en la que constatamos el robo de una casa y escuela autónoma, el cual se dio alrededor de las 14:11 hrs., empezó el saqueo por un grupo de personas que robaron los bienes tanto de la casa como de la escuela zapatista donde se llevaron insumos de trabajo para el campo, escolares y para la vida diaria. El saqueo duró cerca de 4 horas.

El 10 de septiembre, al acudir a documentar el asedio, robo y saqueo hacia la casa y escuela zapatista, nuestra estancia fue vigilada; cuando salíamos de la comunidad, al tomar el camino de terracería a la altura de Rancho Alegre, fuimos objeto de agresiones por personas que infirieron agresiones verbales, además trataron de obstruir la carretera con un tronco de madera y autos estacionados en el camino. Lo anterior configura el aumento de la violencia, junto a una búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil o imposible reparación.

Nos preocupan los hechos que prefiguran el territorio violentado por el sentido de acumulación y de odio hacia los pueblos zapatistas que van construyendo vida digna desde la autonomía. Insistimos en convocar a la solidaridad nacional e internacional que exprese el repudio de las agresiones hacia los pueblos en lucha y resistencia, en específico de Nuevo San Gregorio ante la persistente necedad de seguir vulnerado los territorios zapatistas.

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Informe para CECILIA JIMÉNEZ-DAMARY, relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos.

Resumen Ejecutivo

En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado ha tenido varias causas desde los sesentas hasta la actualidad, por diversos motivos entre ellos los conflictos religiosos, proyectos de desarrollo, y desastres natures, así como por violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente que dejó alredodor de 12 mil personas desplazadas en los noventa tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la actualidad, el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los años setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de Los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción.

Desde el año 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14,476 personas en el estado de Chiapas. Más recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares.

Mujeres

Durante el desplazamiento forzado, las mujeres están expuestas al acoso, a la violación y a la tortura sexual, como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan, fabricándoles delitos, revictimizándolas y poniendo en el desamparo a sus hijos e hijas para castigarlas. Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño.

La indiferencia, el desprecio, el racismo y sexismo se extiende a fiscales, jueces, funcionarios y funcionarios del estado, quienes con sus políticas públicas patriarcales profundizan la marginalidad, la dependencia y la subordinación de las mujeres, más vulnerables.

Niños, niñas y adolescentes

No existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector.  Se calcula que 3 de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4400 y 5500 de población total.

Los impactos psicosociales del fenómeno en sus vidas son profundos al ser expuestos a situaciones de violencia extrema. Hay quienes no cuentan con documentos de identidad, lo que obstaculiza el acceso y exigibilidad de sus derechos, particularmente a la salud y educación en los nuevos lugares de residencia, y dificulta también todos los procedimientos para su reconocimiento como desplazados.

Situación en la frontera México-Guatemala

La creciente presencia del Crimen Organizado ha llevado a una agudización de los conflictos territoriales en regiones de frontera generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio del Crimen Organizado (CO).

No existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, sin embargo varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el CO, que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio. Hay que sumarle las personas quienes por años han radicado en esta región, al menos en dos generaciones, quienes nunca realizaron trámites para legalizar su estadía, de estas familias jamás se encontraran registros, pues su permanencia en territorio mexicano ha sido al margen de las leyes.

Ley de desplazamiento en Chiapas

En Chiapas en el año 2012 se promulgó la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada. En primer lugar, mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, en medio de la ausencia de un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la Ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno, en medio de una ausencia de un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad.

En los hechos se observa que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno, y menos aún para erradicarlo. Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados.

Situación de las personas defensoras de derechos humanos de las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado

Las personas defensoras de derechos humanos asumen tareas de defensa y acompañamiento en torno al desplazamiento forzado que pone en riesgo su vida e integridad personal. En el trabajo de documentación al interior de los lugares de refugio para desplazados se exponen también a la falta de garantías de seguridad y protección que debería procurarles el Estado.

Cuando se trata de casos de desplazamiento ocasionado por violencia relacionada a enfrentamientos armados o Crimen Organizado, no cuentan con las condiciones para ingresar a los territorios afectados. Personas defensoras han sido agredidas al acompañar a víctimas de desplazamiento forzado.

Las organizaciones firmantes sugieren a la relatora las siguientes recomendaciones y exigencias al Estado mexicano:

• Se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
• Implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos.
• Cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas.
• Consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en Chiapas.
• Impulsar el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno.
• Que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el estado de Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado.
• Investigación y desarme de grupos armados,  se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.
• Se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras   que acompañan a víctimas del fenómeno.
• Rendición de cuentas por parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 01 de septiembre de 2022

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos

A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” sostuvimos los días 27 y 28 de agosto nuestro encuentro como familias víctimas y sobrevivientes de tortura, en este encuentro compartimos memoria, seguimiento de los casos que enfrentan nuestros familiares injustamente privados de su libertad y conocimos la situación actual del país y Chiapas respecto a la tortura como un problema sistémico y estructural.

Aun tenemos familiares que se encuentran privados injustamente de su libertad por delitos fabricados; quienes enfrentan proceso bajo libertad condicionada; procesos de denuncia por el delito de tortura en la que el juez no ha dado apertura a juicio oral y quienes llevan un proceso de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no se ha emitido recomendación por el reconocimiento del estado por violaciones a derechos humanos y ser víctima de tortura.

Tenemos claro y sabemos que en muchos lugares de la república existen familias como las nuestras, que luchan por la libertad absoluta de sus presos, a quienes les fabricaron un delito y quienes torturaron para autoinculparse por un delito que no cometieron, con nuestra experiencia de lucha reconocemos que en el estado de Chiapas autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han generado impedimentos al orden jurídico para que logremos justicia pronta y reparación de los daños que nos han ocasionado.

Nosotros hemos denunciado y seguiremos señalando que el Poder Judicial y Fiscalía General y Regionales de Chiapas son cómplices para realizar practicas con violaciones a derechos humanos, en la que se genera un clima de desconfianza a la población en la realización de investigaciones eficientes y eficaces, las fiscalias no investigan, sino que formulan investigaciones a modo para hacer creer a las personas que realmente capturan a delincuentes, la cara real es la criminalización a inocentes.

El estado mexicano en su conjunto cuenta con un poder para realizar estas acciones de manera impune, existe cobijo para permitir estas malas practicas, sin obstáculos, lo que genera un ambiente de injusticia.

En agosto de este año, se designo al nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado al Sr. Guillermo Ramos Pérez, tenemos fe y confiamos en que estas malas practicas sean erradicadas y que el nuevo titular del Poder Judicial de Chiapas vea y sea testigo de las constantes deficiencias en las investigaciones, fabrica de culpables con testimonios prefabricados o inexistentes.

Las y los sobrevivientes, así como sus familias han reflexionado que la tortura es parte de una estrategia del Estado, con métodos claros para generar dolor físico y mental, para generar miedo y terror, romper el tejido social y solidario, intimidar a la población y, como una forma de control, para inhibir acciones de defensa y justicia.

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

Atentamente:

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”

Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.