Les invitamos a nuestra magna presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”.

Reflexionemos juntas sobre la violencia actual en Chiapas, la continuidad de la contrainsurgencia, desplazamiento forzado y despojo a la tierra y el territorio.

Martes 9 de mayo.
18 horas.
Oficinas Frayba. Brasil 14, Barrio de Mexicanos, SCLC, Chiapas.

Live vía FaceBook del Cdh Frayba y en www.frayba.org.mx/envivo

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que monitorea la Caravana El Sur Resiste, recibió información, relacionada al desalojo del Campamento Tierra y Libertad en Mongoñe Viejo, Oaxaca. El día de hoy 28 de abril, alrededor de la 10.38 hrs., un grupo de agentes de la fuerza de seguridad entre ellos Policía Municipal Guardia Nacional  y Marina Nacional, el cual era mantenido por el Pueblo Mixe con acciones pacíficas de manifestación con la finalidad de detener las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec relacionado al Corredor Transístmico. Durante el desalojo fue detenida María Magdalena Martínez Isabel, Fernando Hernández Gómez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel y Eliodoro Martínez Isabel, sin que hasta el momento sepamos de sus paraderos. Así también se reporta una compañera golpeada. El Campamento fue destruido y robadas pertenencias.

Este campamento cumplió 60 días en resistencia, con más de sesenta movilizaciones por parte de las comunidades desde julio 2019, donde han recibido constante hostigamientos y amenazas. El día de ayer recibió la Caravana El Sur Resiste.

En estos momentos integrantes de la Caravana El Sur Resiste se encuentran manifestándose en la carretera transístmica a la altura de Oteapan, Veracruz para denunciar la agresión sufrida por parte de elementos del gobierno federales y del estado de Oaxaca. Por lo que pedimos que se respete esta manifestación pacifica y los derechos quienes expresan su inconformidad sobre las acciones represivas de agentes del estado.

Desde el Frayba exigimos la inmediata liberación de los y las indígenas mixes detenidos, cese a la represión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, el respeto del derecho a manifestación de las comunidades y pueblos contra el despojo e imposición de proyectos de desarrollo, violatorios de los derechos de los pueblos originarios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
21 de abril de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz, Garantías y respeto a la vida, integridad y seguridad de la población en riesgo inminente.

Quienes firmamos este pronunciamiento expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con una población de más de 200,000 habitantes, quienes actúan con la aquiescencia, tolerancia y protección de funcionarios Estatales, afectando a la población en general. Exigimos se cumpla la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de los pueblos a la paz.

El día 17 de abril de 2023, alrededor de las 11:40 horas, la violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los lideres de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales. El clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron tras los hechos, y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios.

El propio Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió públicamente al escalamiento de violencia, con un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización hacia estas personas y comunidades, y legitima la violencia en su contra.[1]

A pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva. Por el contrario existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera.

Contexto

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas. Durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios Estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etc. Durante los últimos años estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos.

Este fenómeno se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Es evidente que en el caso de San Cristóbal de Las Casas poderes fácticos utilizan a grupos criminales que, a través de acciones de terror, buscan controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
31 de marzo del 2023
Boletín No. 09

No es Justicia la sentencia contra el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro

• Reconocemos su labor en la defensa de la vida, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos y comunidades.
• Que se garantice que no haya impunidad en asesinatos contra personas defensoras.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reconoce ampliamente a Simón Pedro López Pérez (Simón Pedro) como defensor de derechos humanos, quien caminó junto con los pueblos en las reivindicaciones de derechos que la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) han impulsado históricamente. El Juez de Control de Pichucalco se ajustó a la condena menor, con la sentencia de 25 años de prisión contra el autor material del asesinato del defensor de los derechos humanos, y la “reparación” económica para las familias, refleja lo estrecho y limitada que es la justicia del Estado, que niega el acceso a la verdad y a la Justicia Verdadera.

Hace poco más de 19 meses, junto a Las Abejas de Acteal, y con toda la familia de Simón Pedro, comenzamos a caminar la justicia y la verdad; hemos aprendido muchas cosas, una de ellas la generosidad de Las abejas de Acteal y la familia del defensor comunitario, que al inicio de la audiencia de juicio oral a las afueras del juzgado de control en Pichucalco, compartieron el pan, el agua y los alimentos a la familia de la persona que privó de la vida a Simón.

La sentencia y la reparación son las más bajas y omite su labor como persona defensora de los derechos humanos que realizaba, así como medidas de reparación del daño y no repetición adecuadas y culturalmente pertinentes. Desde el Frayba expusimos los hechos partiendo de dos testigos presenciales. Se tuvo la oportunidad de dictar una sentencia con perspectiva de derechos humanos al presentar las pruebas que dieron muestra de su actividad como defensor.

La sentencia es omisa, desde lo que dicta la Ley General de Víctimas, respecto a que el proceso penal debe de garantizar el derecho a la verdad. No es un asesinato aislado, por ello exigimos se investigue a los autores intelectuales y se otorgue medidas mínimas de reparación integral, desde atención médica y psicológica, medidas de satisfacción, y el reconocimiento público de su actividad de defensa de los derechos humanos.

Es importante se ponga especial atención en la continuidad de la violencia que cobija a la región, y en la necesidad de medidas de no repetición que puedan proteger a su familia, a la comunidad y a las Abejas de Acteal.

Estaremos atentas a que la sentencia quede firme y que no se otorgue libertad en otras instancias, para efectos de garantizar que no haya impunidad contra asesinatos de personas defensoras, que como el trabajo de Simón Pedro, nos compromete a seguir caminado con los pueblos y comunidades que luchan por su dignidad y la construcción de alternativas de vida, donde sí exista el Lekil Chapanel (la Justicia Verdadera).

Las 5 familias de Nueva Palestina vivieron la violencia extrema con múltiples violaciones a los derechos humanos, el pasado diciembre de 2021. Después de más de un año de lo sucedido, siguen la lucha por la búsqueda de justicia y reivindican la atención al desplazamiento de las 34 personas, entre ellas 23 niñas, niños y adolescentes, la liberación inmediata de Versaín Velasco y la búsqueda del paradero de Freddy Gómez.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de marzo de 2023
Boletín No. 08

La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas

• Exigimos al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada.
• La negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordamos a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcamos el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.

Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades.

Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el culmen de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.

Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.

Hasta ahora, pese a la alternancia política dentro de la actual administración Federal y Estatal, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente. Ningún gobierno ha reconocido formalmente la existencia de esta política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.

A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas; o Las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos. En este camino, un logro importante es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, que llevó a la formación de grupos paramilitares que llevaron a cabo desapariciones y asesinatos.

Con motivo de las disculpas públicas por la desaparición de Antonio González Méndez, en enero del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del mismo caso, negó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de este contexto.

Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas.

Las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: a) El reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política; b) reconocer formalmente su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH; y c) la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.

Negar la verdad no la desaparece. Mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, estos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios. Al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogamos como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror; así mismo la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar política, económica y territorialmente.

La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas que se mantiene hasta la actualidad y que es necesario desmantelar.