La violencia contra las mujeres en México es una práctica cotidiana y socialmente permitida, no está sustentada en hechos aislados, es un común denominador que es mantenido por el sistema patriarcal que vivimos cotidianamente en el país. La Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2016, señaló que este tipo de violencia generalmente es ejercida por la pareja y está altamente vinculada con los abusos sexuales, lo que lo constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico… inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Chistean Smog, del Fondo para la Infancia (Unicef), alertó de la violencia sexual contra las adolescentes en este país: más de 23 mil en edades de 12 a 17 años sufrieron una agresión de ese tipo en 2014. Cuatro de cada 10 les pasó en el hogar, la escuela o el trabajo.

Esta problemática es tan visible, que incluso el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía admitió en noviembre del 2015 que “Se trata de un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, pues 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más… han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo”.

A pesar de que la realidad generalmente rebasa las estadísticas, y más las oficiales, los promedios que presenta esta instancia oficial son aterradores. El 32% de las mujeres en el país han padecido violencia sexual, incluidos los actos de intimidación, acoso o abuso sexual; se estima que durante 2013 y 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

Una mirada a Chiapas

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Frayba se une al Paro Internacional de Mujeres

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 7 de marzo de 2017

Boletín de prensa No. 03

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) denuncia la impunidad y discriminación en la que se encuentran los hechos de violencia contra las mujeres ocurridos en el estado de Chiapas.

Las organizaciones integrantes de la Campaña Permanente Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas hemos denunciado la negligencia, incompetencia y complicidad de las autoridades municipales y estatales ante los feminicidios y violencia en contra de las mujeres en el estado; a pesar que en noviembre de 2016 el Estado mexicano emitió la alerta de violencia de género para siete municipios y acciones específicas para la zona Altos de Chiapas.

Del 2016 a esta fecha el Frayba ha registrado 96 hechos de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos: familiar, laboral, educativo, comunitario, sistema penitenciario y otros espacios públicos. Vemos con preocupación que la gran mayoría de medios de comunicación comerciales invisibilizan y niegan la violencia hacia las mujeres y las estigmatizan con la reproducción de estereotipos que las conciben como objetos.

Lamentamos que a pesar de la alerta de género las autoridades del estado de Chiapas y los gobiernos municipales no tengan un mecanismos eficaz para prevenir actos de violencia hacia las mujeres. Nos preocupa que los operadores de justicia en la entidad no apliquen los procedimientos y protocolos establecidos para la atención e investigación de casos de violencia lo que generan la liberación de agresores y feminicidas, enviando un mensaje de impunidad a la sociedad.

La discriminación en contra de las mujeres continúa arraigada en las desigualdades estructurales e inequidades entre hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad. En las instituciones de procuración y administración de justicia en Chiapas, notamos una falta de capacitación con perspectiva de género de fiscales del ministerio público, policías, peritos, jueces y demás personal de procuración y administración de justicia, así como una falta de capacitación para aplicar esta perspectiva en el nuevo sistema de justicia penal.

En Chiapas la violencia hacia las mujeres es alta, el feminicidio no cesa y es alentado con mensajes de permisividad al mantenerse impune la mayor parte de los casos, como reflejo de una realidad aún oculta en la cotidianidad.

En el contexto de violencia generalizada que se vive en México, las mujeres son un botín de guerra en el amplio panorama de violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano tolera, perpetra y reproduce. Las agresiones a las mujeres y la impunidad en que se encuentran los perpetradores es un método para enviar un mensaje que genera miedo y terror para detener la reivindicación de derechos y acciones de resistencia contra el patriarcado que las mujeres luchan cotidianamente tanto en el espacio público como en el privado.

Vemos con preocupación un aumento de agresiones y asesinatos a defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, defensoras de derechos a la diversidad sexual y todas las que luchan contra la violencia estructural y patriarcal.

Este 8 de marzo las y los que integramos el Frayba decimos: ¡Basta de violencia contra las mujeres! Nos unimos al Paro Internacional de Mujeres. Este #8deMarzo en Frayba paramos #NiUnaMenos #NosotrasParamos #NosotrasMarchamos #VivasNosQueremos

Denuncia de Silvia Juárez, presa política por defender el territorio zoque en Tecpatán Chiapas

28 de Febrero del 201. AMATE No. 14

A la opinión publica.
A los medios de comunicación Nacional e Internacional.
A los centros de Derechos Humanos Independientes.
A los relatores de la ONU.

Soy Silvia Juárez, Originaria de Tecpatán Chiapas, Indigena Zoque; soy integrante de la asamblea, estatal del comité de padres de familia de la sección 7 y la sección 40 de Chiapas.

Me encuentro presa injustamente por delitos que no cometí, delitos que me fabrica el presidente Municipal Armando Pastrana Jimenez. Presidente Municipal de Tecpatán Chiapas, el sindico y el Srio. Municipal de Tecpatán Chiapas.

Fui acusada por los hechos del 13 de Febrero del 2017, por los delitos de Motin, Daños y Secuestro delitos que nunca cometi, mas bien por la lucha que mantengo en Tecpatán por el magisterio, la resistencia civil y el rechazo a la exploración de hidrocarburos, me libraron orden de aprehensión al igual que otras 31 personas mas, que son representante de barrios y comunidades.

Desde el día de mi detención a la fecha no he tenido una buena defensa por lo que solicito que me asignen un abogado que realmente me defienda.

A mis compañeros y compañeras del municipio de Tecpatán quiero decirles que no por el hecho de que mi persona este presa han dejado preso mis ideales. No tengamos miedo no nos desanimemos, al contrario duro con la lucha que es para el futuro de Nuestros hijos.

No pasa nada, tendrán mi cuerpo pero mi mente, corazón y espíritu esta con cada uno de ustedes que quieren seguir luchando ya no estoy asustada estoy enojada por el actuar de las autoridades. No se detengan no queden inmóviles.

Por todo esto me considero una Presa política por eso exijo mi libertad inmediata y la cancelación de 31 ordenes de aprehensión en contra de mis compañeros (NO A LOS HIDROCARBUROS).

Nombre: Silvia Juárez Juárez.

Detención de la defensora Silvia Juárez Juárez y hostigamiento judicial en contra de defensores comunitarios de Tecpatán, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

3 de marzo de 2017
Boletín de prensa No. 02

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba), manifiesta su preocupación por el riesgo a la libertad personal de al menos 27 defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos del municipio de Tecpatán, Chiapas, entre los que se encuentran Lucas Nañes y Sergio Fermín Álvarez; así como por la detención de la defensora comunitaria Silvia Juárez Juárez (Silvia); indígena zoque.

Las y los defensores comunitarios, indígenas zoques del municipio de Tecpatán, Chiapas, han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones las amenazas que han recibido de las autoridades municipales, de manera específica del alcalde Armando Pastrana Jiménez, así como el hostigamiento judicial y el temor a ser detenidos como ha ocurrido con su compañera Silvia Juárez. Las y los defensores de Tecpatán se han opuesto rotundamente a los proyectos de industria extractiva, principalmente de minería y la perforación de pozos petroleros en el territorio indígena zoque.

Silvia Juárez Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio de la Región Zoque y del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia, fue detenida el pasado 21 de febrero de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, según información con la que cuenta el Frayba. La detención se dio por agentes policiales vestidos de civil quienes no se identificaron al momento de la detención, Silvia fue trasladada a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Chiapa de Corzo y posteriormente al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio Cintalapa, Chiapas.

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En este NotiFrayba compartimos esta problemática, un poco de su contexto local a través de Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Traemos a la memoria las violaciones de derechos humanos focalizadas a las mujeres en un contexto de contrainsurgencia, a través de la ventana de Minerva Guadalupe Pérez Torres y la Masacre de Acteal, a 20 años de distancia:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

  1 de febrero 2017

Boletín de Prensa No. 01

 En riesgo la vida de José Oswaldo Delgado Castro

 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud del Sr. José Oswaldo Delgado Castro detenido ( Sr. José Oswaldo) que se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 8 (CERSS No. 8) en Villaflores, Chiapas, que como medida de protesta, se costuró los labios declarándose en huelga de hambre desde el 29 de enero de 2017 a las 08:00 horas aproximadamente, ya que no ha recibido atención médica por las enfermedades que padece.

Según testimonio, los familiares del Sr. José Oswaldo denuncian la falta de atención médica por parte de las autoridades del CERSS No. 8, ya que padece de gastritis, salmonelosis y afectaciones a los riñones, por lo que su estado de salud se ha ido deteriorando.

El Frayba ha realizado diversas intervenciones ante las autoridades del estado de Chiapas para que el Sr. José Oswaldo sea atendido médicamente, sin que hayamos recibido respuesta alguna. Los familiares indican que el detenido ha recibido amenazas de los internos del mismo penal por su acción de protesta.

De acuerdo con el dicho del Sr. Oswaldo, indica haber sido torturado en su detención y durante el momento de rendir su declaración ministerial en las oficinas de la extinta Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 23 de octubre de 1997, cuando tenia 17 años.

De acuerdo con Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) tomando en cuenta la regla 24, urgimos al Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas Juan Carlos Gómez Aranda y al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad Comisario Jefe Orlando Leyva Lobato, a garantizar la atención médica adecuada, así mismo a que se tomen las medidas urgentes para resguardar la salud e integridad personal de José Oswaldo Delgado Castro quien se encuentra bajo su custodia.

A 6 años de la siembra de Jtatik Samuel Ruíz García, recordamos a nuestro jCanan Lum/Cuidador del Pueblo, quien sigue caminando con nosotros y nosotras:

“… señalábamos la grave situación y las condiciones infrahumanas en que viven nuestros hermanos… se ha ido agravando, porque, además, nuestro sistema ha generado nuevas formas de explotación política, de legalidad injusta, que legitima la opresión y la represión. Se agrede ideológicamente, se despoja a las culturas de sus valores fundamentales. La lista de agravios en contra del pueblo indígena de nuestra diócesis, en el horizonte de la historia de estos 500 años, es muy larga”. Extracto de la Carta Pastoral En esta hora de Gracia, agosto de 1993

Compartimos también la Carta pastoral integra que lleva por nombre “En esta hora de Gracia, escrita en agosto de 1993: http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/En_esta_hora_de_gracia.pdf

Foto: Frayba

A cinco años de la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, el gobierno mexicano no ha hecho una búsqueda para hallar su paradero. Y los mecanismos de investigación judicial son obsoletos e ineficaces, en cuanto al desplazamiento forzado de 13 personas, (actualmente 21, la mayoría mujeres y niñas, niños), indígenas del pueblo tseltal, originarias de Banavil, Tenejapa Chiapas.

Compartimos materiales de la conferencia de prensa: A cinco años del Desplazamiento Forzado de familias de Banavil. 01 de diciembre de 2016, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Audio (por Regeneración Radio) – Palabras de las familias desplazadas de Banavil y palabras del Frayba:

Palabras en tseltal de Petrona López Girón con traducción de Miguel López:

Comunicado de las familias desplazadas de Banavil:
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

25 de noviembre de 2016

Boletín de prensa No. 23

Impunidad en violaciones a derechos humanos de las mujeres

• En Chiapas las instituciones no garantizan una vida libre de violencia

Las mujeres en general y las indígenas en particular siguen siendo las principales víctimas de violaciones a derechos humanos. En Chiapas, las múltiples discriminaciones a las que están sujetas resulta en una violencia sistemática y estructural impuesta por el modelo socio-económico patriarcal, el cual relega a las mujeres a un papel subordinado, en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada. Esto significa un menor acceso a oportunidades en cualquier ámbito: educación, empleo, servicios sociales, salud, acceso a la justicia, y de manera alarmante en cuanto al acceso y posesión de la tierra y otros recursos productivos, así como el derecho a la participación y representación.

La Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer, la profesora Yakin Ertürk, ha sostenido que, independientemente de que las mujeres en México contribuyan a la manutención de la familia sólo el hombre es considerado fuente de sustento y manifiesta que muchas mujeres se definen en función de su relación con el hombre. Este sistema dificulta que las mujeres asuman una existencia independiente y valorada socialmente.

En Chiapas, la situación de violencia contra la mujer al interior de la familia es grave. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, con datos del 2011 y resultados publicados a mediados del 2013, sostiene que en la entidad más de 1.5 millones de mujeres de 15 años y más fueron víctimas de diferentes tipos de violencia por parte de su pareja.

En cuanto a legislación se refiere, resaltar que el Código Penal del Estado de Chiapas no ha tipificado la violencia contra las mujeres como delito, ni siquiera dentro del delito de violencia familiar que además se considera como no grave. Esta realidad permite que las instituciones de procuración de justicia invisibilicen la violencia contra las mujeres, lo cual genera impunidad, siendo este un factor principal que enfrentan las mujeres tras hacer sus denuncias. Así, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas no cuenta con mecanismos que hagan posible su aplicación. En definitiva, cuando se trata de violencia contra las mujeres, las instituciones del estado no investigan, no previenen y no sancionan, no funciona, es obsoleto y cómplice de la violencia estrucutral y sistémica que viven las mujeres.

Las situaciones y cifras anteriores representan violaciones sistemáticas a los derechos humanos y son, junto a la impunidad, tierra fértil para los feminicidios motivados por odio, desprecio, placer, poder, prestigio, privilegio o sentido de posesión hacia las mujeres, es decir, son incentivo para el asesinato de mujeres por razones de género.

El aumento de la violencia feminicida y de los feminicidios en Chiapas ha sido progresivo con un crecimiento alarmante a partir del año 2011. Según cifras del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, en 2014 ocurrieron al menos 52 muertes violentas de mujeres, de entre las cuales 34 pueden ser consideradas feminicidios, en 2015 se perpetraron al menos 65 muertes violentas, de las cuales al menos 45 fueron feminicidios, y en lo que va de 2016, se cuenta con un registro alarmante de más de 40 feminicidios.

En Chiapas, desde el 25 de noviembre de 2013, al menos 20 organizaciones civiles que conformaron la “Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas” solicitaron la declaratoria de Alerta de Género. 3 años después “en forma incompleta y limitada el Sistema declara la activación de la AVG en sólo 7 de 122 municipios de Chiapas: San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula.” Las organizaciones solicitantes consideran que esta resolución es incompleta, discriminatoria e insuficiente, y anuncian que continuarán en alerta permanente ciudadana y popular realizando acciones para prevenir la violencia feminicida.¹

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reconoce la lucha digna, implacable, persistente, que por décadas, las mujeres desde sus múltiples espacios de vida han llevado a cabo en la defensa de sus derechos humanos, en particular por la autonomía, por una vida libre de violencia, así como en la defensa de sus territorios amenazados por el despojo y como constructoras de paz, en medio de una guerra contra los pueblos que las convierte en objetivos de exterminio del sistema neoliberal.

DENUNCIA PÚBLICA

HERMANAS Y HERMANOS

Nosotras y Nosotros somos los familiares de los ejecutados, de las personas desaparecidas y de quienes sufrimos el desplazamiento forzado de nuestras comunidades de la zona baja del municipio de Tila, dentro del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

Nosotras y Nosotros somos quienes hemos sufrido la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 94, en la cual se formaron grupos paramilitares para acabar con las bases de apoyo del EZLN. En nuestra zona se formó el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, quien actuó bajo la preparación y protección de distintos niveles de gobierno en contra de la sociedad civil. Hasta hoy sufrimos esos graves efectos.

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