El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

Fuente: Frayba

• Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país

La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.

Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

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Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.¹ La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.

Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.

Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.

En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.

El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.

La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”.² Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.

De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.

Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.

”Hasta que la Justicia Llegue”

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• Autoridades penitenciarias y de salud incumplen medidas dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.

   

La Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incumplen orden, con fecha 20 de mayo de 2020, dictada por Mario Fernando Gallegos León, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales (Juez Federal), en el Estado de Chiapas, México, paraimplementar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad física de personas privadas de su libertad en la entidad; específicamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas y en el CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), cuenta con información sobre la situación de riesgo a la salud en la que se encuentran los presos de identidad Maya Tsotsil: Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo¹, así como Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Alexander Hernández Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García internos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y Marcelino Ruiz Gómez recluso en el CERSS No. 10 de Comitán de Domínguez, quienes continúan sin recibir atención adecuada a su salud frente a la amenaza de contagio por COVID-19².

El 20 de mayo de 2020, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha presentó un amparo para reclamar la omisión en la atención a la salud de los presos antes mencionados bajo custodia del Estado. En esa misma fecha,el Juez Federal otorgó la suspensión de plano, para que las autoridades responsables comprueben de qué manera están llevando a cabo las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio en las prisiones, garantizar la vida e integridad física, así como vigilar y garantizar el cumplimiento del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para la mitigación y control de riesgos a la salud frente al COVID-19³. Las autoridades debieron proporcionar inmediatamente la atención médica especializada necesaria, incluyendo estudios, valoraciones y medicamentos que resulten pertinentes para poder preservar la salud de los presos, sin que hasta el momento se haga efectivo.

El día 05 de junio de 2020, ante el incumplimiento de las autoridades de salud y penitenciarias, el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha interpuso, ante el mismo Juzgado Federal un incidente por defecto en el incumplimiento de la suspensión de plano. Por lo que el Juez Federal debe requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de las medidas otorgadas.

La Organización de las Naciones Unidas señala en las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, que las personas de Pueblos Originarios privadas de la libertad son las más vulnerables, por ello, son merecedoras de una especial atención, traducida en el deber amplio y directo de protección respecto de su salud por parte de las autoridades “a nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado”⁴. También recomienda que las autoridades debieran examinar la manera de poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, entre otras a las personas presas de edad avanzada y las enfermas, así como a las detenidas menos peligrosas.

El Frayba ha realizado diversas intervenciones en los ambitos estatal y federal para informar la situación de violaciones a derechos humanos y al debido proceso de Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, sin embargo se mantiene la falta de justicia. Por lo anterior reiteramos a Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas; a Juan Óscar Trinidad Palacios, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; a Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a Rafael León González, Vocero de la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, la adecuada atención a la salud de los presos señalados y su inmediata libertad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

10 de junio de 2020

Boletín No. 12

6 May, 2020  en Acciones Urgentes por Incidencia

• Urgimos la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.

   

• Urgente la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, para atender a los desplazamientos internos en Chiapas.

   

• Es apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral, de acuerdos a los Principios Rectores y a las Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

   

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en una hambruna y con ello la vida de las familias que viven el desplazamiento forzado ocasionada por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y por la falta de atención básica e integral de los gobiernos federal y estatal.

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de marginación y pobreza en la que viven las desplazadas y desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19, la región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a Las Abejas de Acteal, Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no pueden cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En las actuales situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidos, las niñas/os, mujeres y las ancianas/os son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el interés superior de la niñez, es protegido y salvaguardado por en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con toda complacencia de los gobiernos en el municipio de Chenalhó. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas solamente ha hecho acciones para administrar el conflicto, constituyéndose en un gobierno omiso y cómplice del entorno de violencia criminal.

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y desnutrición entre las mujeres y niñas/os, que son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

La ONU ha manifestado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. ¹

La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. ² Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ³ El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar por que tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. ⁴

Ante esta situación grave, exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares:

1. La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria.

2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

3. La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para la contribución en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado.

4. Atender de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

5. Se desactive la violencia en estos territorios provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal.

A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644.

Solicitamos también a todos quienes nos indignamos por esta situación impulsar los llamamientos a:

2. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
   Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec,
   C.P. 11850 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 4901
   Correo: amlo@presidencia.gob.mex
   Twitter: @lopezobrador_

2. Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
   Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc
   C.P. 06600 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 34 14;
   Correo: secretario@segob.gob.mx
   Twitter: @M_OlgaSCordero

4. Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
   Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.
   Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
   Fax: (+52) 0155 36 68 07 67
   Correo: correo@cndh.org.mx /Twitter: @CNDH

2.  Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
   Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
   Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
   Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
   Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
   Twitter: @JuntoscnRutilio

2. Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
   Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
   Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

2. Lic. Luis Manuel García Moreno. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas.
   Carr. Emiliano Zapata Km. 1.9 , Terán C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Teléfono: (961) 61 551 78, 615 47 12
   Correo: luismanuelgarciam@gmail.com

2. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
   Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42
   Fax: (961) 60 2 57 84
   Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
   Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

3.  Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

   Lee la petición

2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available

3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).

4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75

5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 26 de mayo de 2020.

3. Acción urgente No. 8

    

    

    

• • 1 May, 2020  en Boletines por Frayba Comunicación
  • Proporcionar atención médica a personas privadas de su libertad, especialmente integrantes de Pueblos Originarios, ante riesgos por pandemia de Covid 19.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hemos recibido información sobre la preocupante situación de riesgo a la salud por posible contagio de Covid 19, de personas privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05, (CERSS No. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

De acuerdo a carta publicada el 20 de mayo de 2020:

“Enfatizamos que la población interna están sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea , lo que no sabemos si es el Virus de Covid 19 o calenturas normales. Los internos se nos vulnera nuestros derechos a la salud. No hay como sacar la prueba de Covid 19 y tampoco hay medicamentos para l@s internos e internas. Supuestamente hay una fuerte cantidad de síntomas de calentura de los internos. Por eso las y los presxs corremos en peligro nuestra integridad de salud y nuestra vida.”¹

Ante la falta de condiciones en atención a su salud, quienes integran las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate iniciaron una huelga de hambre y plantón el día de hoy, 21 de mayo de 2020, desde los CERSS No. 5, en San Cristóbal de Las Casas y CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

Por lo anterior, los familiares de presos en huelga de hambre por su libertad presentaron, el día 20 de mayo de 2020, un amparo ante el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de Chiapas, Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Reclaman a las autoridades estatales la falta de seguridad y protección a la salud de quienes se encuentran en prisión sufriendo incertidumbre frente al aumento del riesgo de contagio por Covid 19.

Además la organización Solidarios de la Voz de Amate informó la noche del 20 de marzo de 2020, que sus 8 integrantes resultaron positivos a la prueba de Covid 19. Mariano Pérez Velasco, Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez y Roberto Martínez Pérez se encuentran en aislamiento en el área de enfermería del CERSS No. 5. Todos reivindican su identidad como Pueblo Maya Tsotsil.

Por lo anterior el Frayba urge al Estado mexicano:

• Garantías de seguridad a la salud frente a la emergencia provocada por COVID-19, que pone en peligro la vida y la integridad de los presos pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil quienes permanecerán en huelga de hambre: Adrián Gómez Jiménez, Abrahám López Montejo, Germán López Montejo (en el CERSS No. 5) y Marcelino Ruíz Gómez (en el CERSS No. 10). Así como quienes estarán en plantón: Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Cristóbal Roblero Roblero, Alexander Hernández Zalazar, Bacner Maldonado García (en el CERSS No. 5).

   

• Libertad inmediata de: Adrián Gómez Jiménez, Abrahám López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruíz Gómez, sobrevivientes de Tortura y otras violaciones a sus derechos humanos, quienes enfrentan procesos jurídicos donde se les fabricaron pruebas ilícitas para acusarlos de delitos que no cometieron.

   

• Proporcionar atención médica adecuada y digna para las personas privadas de su libertad en distintas prisiones del estado de Chiapas, especialmente a mujeres y hombres integrantes de Pueblos Originarios estructuralmente en vulnerabilidad y violación sistemática a sus derechos humanos. De prioridad la protección a niñas y niños que viven con sus madres en la cárcel.

   

• Respeto al derecho a la libre manifestación sin criminalizar ni reprimir la acción de huelga de hambre que 4 presos integrantes del Pueblo Maya Tsotsil, realizarán del 21 de mayo de 2020 al 05 de junio de 2020; así como de cualquier otra forma de organización pacífica en defensa de sus derechos humanos de otras personas privadas de su libertad.

   

Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional a internacional a solidarizarse con los presos en huelga de hambre:

Firma esta acción urgente:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de mayo de 2020

Acción Urgente No. 07

Garantías de vida, salud, integridad y libertad a presos en huelga de hambre en Chiapas. 

Fotografia: Violeta Sánchez

Al Ejecutivo Federal,

  A partir del trabajo que realizamos con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que estamos llevando a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria, organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra ​profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda gen​erar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un ​espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.

Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma ​la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.

Igual de preocupante es el tema de la ​vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para ​garantizar un ingreso básico​.

En relación al ​abasto alimentario​, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La ​seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y la alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.

Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una ​capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente​, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado. Por ello, está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una ​moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento​, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos (1).

  Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs).

La actual crisis de salud presenta ​retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables​, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta ​mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad​, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos al poder ejecutivo federal:

  Establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;

Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;

Implementar un ​apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;

Asignar ​recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria;

Reconocer el ​papel fundamental que desempeñan las ​personas defensoras de derechos humanos​ contra el abuso corporativo o estatal y ​garantizar su protección y seguridad​;

Suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.Con la ​intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria y ante nuestra preocupación por la atención a pueblos y comunidades indígenas y equiparables, llamamos al compromiso de las instituciones gubernamentales y quienes las coordinan, a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización.

_________________________

1 Michel Forst y Michael Taylor, “Mientras el mundo está confinado, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son blancos fáciles”, 22 de abril de 2020, www.business-humanrights.org/es/mientras-el-mundo-está-confinado-las-personas-defensoras-de-la- tierra-y-el-medio-ambiente-son-blancos-fáciles

Atentamente.

Aura Investigación Estratégica,

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC),

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.

Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC),

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC),

Enlace Comunicación y Capacitación, AC.,

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C,

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC),

Oxfam México A.C.,

Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.,

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC),

Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA),

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ).

Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por hechos de amenazas de muerte y vigilancia al Padre Marcelo Pérez Pérez (Padre Marcelo), párroco en el municipio de Simojovel de Allende, en Chiapas, México. Hostigamientos que también ponen en riesgo la seguridad de su equipo pastoral y de la población en general.

El 29 de marzo de 2020, aproximadamente a las 7:00 horas, un hombre vestido de civil tomó fotografías a las y los colaboradores de la Parroquia de Simojovel, quienes se encontraban en actividades a la entrada de la iglesia de San Antonio de Padua. Los hechos se registraron desde una ventana de un hotel cercano. La persona que realizó este acto lo hizo de manera evidente para que fuera vista y se notara su presencia.

El 02 de abril de 2020, un colaborador cercano al Padre Marcelo recibió una llamada telefónica para advertirle que tuviera cuidado porque andaban pidiendo los datos de las personas que trabajan en la parroquia.

El 05 de abril de 2020, el Padre Marcelo recibió información que un hombre en Simojovel dijo: “En todo se mete el padre, hay que darle un plomazo…”, este tipo de amenazas se han hecho visibles de manera reiterada incluso en redes sociales.

El día 6 de abril, aproximadamente a las 12:30 horas, el Padre Marcelo recibió una llamada telefónica de quien se identificó como: “Coronel“ para ofrecerle seguridad a él y a la feligresía de su parroquia: ¿Le interesa la vida de la paz y la tranquilidad de sus fieles seguidores sus feligreses o no le interesa padre?…Ahora yo le digo muy bien, quiero hacerle saber Padre, que de este llamado el cual usted y yo mantenemos, de este llamado depende la vida, la paz y la tranquilidad de cada uno de los suyos […] este llamado no es una broma, […] de usted depende que no se desate una masacre entre sus feligreses […], podemos darle una solución pacífica y usted ya ha sido avisado”.

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