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Alertan contra producción y consumo de trigo transgénico en el sur global
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Protesta en Argentina contra la aprobación del trigo HB4. Foto: Nicolás Pousthomis / Subcoop
El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global, reunidas en la alianza de soberanía alimentaria de América Latina, África y Asia, presentó un comunicado a siete relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la intervención urgente en relación con el trigo HB4 transgénico, desarrollado por la empresa argentina Bioceres. El trigo es supuestamente tolerante a la sequía y a la agrotoxina glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro reconocido como neurotóxico, genotóxico y con impactos relevantes sobre el sistema reproductivo.
En octubre de 2020, el gobierno de Argentina aprobó el trigo HB4, para la producción y consumo, sujeto a su aprobación en Brasil, el principal mercado de trigo de Argentina, lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénico. En 2023 se permitió su cultivo, al igual que en Paraguay.
En 2022, se aprobó la importación de harina para consumo animal y humano en Nigeria, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Colombia. Indonesia, el segundo importador de trigo argentino, la aprobó en 2023.
De acuerdo con la carta enviada a la ONU por las organizaciones, en todos los países dónde se aprobó el trigo HB4, hubo una evaluación abreviada y rápida, basada solo en documentos, sin investigaciones experimentales sobre la toxicidad, por ejemplo, ni participación social.
Sostienen que se desconocen por completo las implicaciones para la seguridad de los alimentos, por ejemplo, si la alteración de la actividad de alguno de estos genes puede provocar un aumento de metabolitos tóxicos, antinutrientes o alérgenos, o una disminución de nutrientes importantes.
El organismo fiscalizador que aprobó el trigo transgénico en Argentina admitió: “Ningún país del mundo, excepto China, realiza su propio análisis. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y cualquier otro país no realizan verificaciones de laboratorio”.
¿Tolerante a la sequía?
Las organizaciones cuestionan el discurso promovido por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y, por tanto, es una solución al cambio climático.
Los rasgos transgénicos con tolerancia a la sequía de la soya y maíz han sido un fracaso comercial por sus promesas incumplidas frente a las crisis climáticas, sostiene la alianza de organizaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico “tolerante a la sequía” MON 87460 de Bayer (antes Monsanto), cuya aprobación ha sido litigada llegando al Tribunal Superior de Sudáfrica, se argumentó que no se ha podido demostrar la supuesta tolerancia a la sequía, con base en el desempeño agronómico del cultivo.
Para la alianza, el trigo HB4 es una “falsa solución” al cambio climático, además, lo exacerba, ya que transforma millones de hectáreas, especialmente en áreas marginales, en monocultivos industriales, dependientes de insumos basados en combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático. “La inserción del cultivo de trigo en este modelo de monocultivos biotecnológicos para hacer frente a la sequía, es cómo jugar gasolina en la hoguera de la crisis climática, violando el derecho de las presentes y futuras generaciones a un planeta sano”.
Contaminación
El trigo HB4 aumenta el uso del glufosinato de amonio y la contaminación de los cultivos, alertan. Contradictoriamente, la misma empresa Bioceres comercializa glufosinato, y lo promueve entre los productores del trigo HB4.
El agrotóxico ha sido prohibido y cuestionado en muchos países por su elevada toxicidad y a sus efectos a la salud. En la Unión Europea (UE) está clasificado como tóxico para el sistema reproductor, y está prohibido en toda la UE.
Debido al uso continuo del mismo herbicida en los monocultivos transgénicos, han surgido malezas resistentes al dicho herbicida, lo que ha llevado a la aplicación de herbicidas cada vez más fuertes con la intención de mantener los rendimientos.
La alianza de organizaciones alerta que la introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, “vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida; al medio ambiente sano, al derecho humano a alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria”.
Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera
La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.
El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.
La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.
A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.
