Por Eugania López | Avispa Mídia
Foto de portada: Foto especial de paramilitares 2018 (Avispa Mídia)

Un ataque realizado por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, provocó al menos dos heridos en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, el pasado 4 de septiembre, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Los indígenas tsotsiles Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 fueron agredidos con armas de fuego alrededor de las 10:45 horas, por disparos provenientes de un punto conocido como T’elemax, cerca de salón Santa Martha, Chenalhó.

También se reportaron disparos en Ch’ayomte’ Aldama, provenientes del punto conocido como Tijera Caridad, Chenalhó.

“Esta situación crea un ambiente de terror a la población de 13 comunidades ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó. Insistimos que con la contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad”, alertó el Frayba.

El Centro de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a que fueran investigadas y sancionadas las agresiones. Además, que accionara medidas de precaución para evitar hechos difíciles de reparar como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del desplazamiento forzado.

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La violencia, la muerte de tantos parientes, la amenaza constante del territorio generó este despertar. Las mujeres indígenas decidimos pasar al frente, hoy estamos juntas con otras tantas mujeres en el mundo que se levantan también y están protagonizando esta lucha.

curadaterra.org

5 de Septiembre 2020: Encuentro Global de Mujeres Indígenas

#CuraDaTerra EP 03 – Sônia Guajajara
Mídia Índia + #HackeoCultural

Este video se hizo con material reciclado para generar la menor cantidad de emisiones de carbono. Con material de: Google Earth, Midia Ninja, Nature Now, ATL, Anaí, The Rules, WWF, Demarcação Já!

Por Sare Frabes

De acuerdo con la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), el jefe indígena Raoni Metuktire de casi 90 años, ha confirmado que esta contagiado de coronavirus (Covid-19) según las pruebas realizadas específicas, como tomografía computarizada y serología.

La APIB, quien dijo estar autorizada por los familiares de Raoni para dar esta información, sostiene que el estado de salud del indígena Kayapó es favorable, no presenta fiebre, continúa respirando con normalidad y sin oxígeno. El líder indígena se encuentra internado en el Hospital Dois Pinheiros de Sinop (estado de Mato Grosso, centro-oeste).

Ver También: EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

El instituto Raoni, por su parte, ha emitido un reporte medico de forma pública este 2 de septiembre, en el que afirman que Raoni ha iniciado con fisioterapia respiratoria. Se le ha retirado el catéter nasal de O2 -Tubo a través del cual se le suministran fármacos. “Tuvo un episodio de dolor de cabeza que se controló con analgésicos. Las pruebas de laboratorio mostraron una mejora en las indicaciones de inflamación. Hoy se encuentra bien, sin fiebre, respirando bien con saturación superior al 97% y sin sonda nasal”, afirmó el Instituto.

De la misma forma han comunicado que Raoni continúa el tratamiento con anticoagulantes y corticosteroides. “El jefe Raoni permanece hospitalizado para observación y seguimiento clínico continuo”, detalló el reporte clínico del Instituto, dónde también se afirma que Raoni podría ser dado de alta en breve.

El jefe indígena Raoni ha sido reconocido internacionalmente por ser un férreo defensor de la Amazonía. Ha hecho presencia en diversos escenarios de la ONU, en el encuentro del G7, entre otros, donde ha denunciado la bestial deforestación que viene sufriendo la Amazonía y los pueblos que la habitan.

Hoy, Raoni ha llamado la atención del mundo de diversos sectores de la comunidad internacional sobre su salud. Pero él tan solo es uno de los más de 30 indígenas que han contraído el virus, mientras que, las cifras del número de muertos a rebasado los 700 desde el inicio de la pandemia, según datos de la APIB.

El 4 de agosto, un fallo de la Corte Suprema obligó al gobierno a establecer un protocolo especial para pueblos originarios, pero aún así, los contagios siguen avanzando.

“La COVID-19 se está extendiendo rápidamente dentro de la reserva de Capoto / Jarina, donde miles de pueblos indígenas están en riesgo de contraer esta enfermedad mortal. Necesitamos protección y apoyo”, han denunciado los pueblos que forman la APIB.

Fuente: Avispa Mídia

El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

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Vía Asamblea Anarquista del Biobío | Radio Kurruf

Wallmapu en alerta: huelgas de hambre y avanzada racista

Es común escuchar en estos días lo que sucede en Wallmapu como el «conflicto mapuche», una definición en concordancia con la postura del poder, que desde su concepción ha monopolizado el discurso. Esto no es nuevo, en el siglo XIX cuando nacía el Estado chileno, desde el poder hablaban de “pacificación de la Araucanía”, lo mismo cuando llegaron los imperialismos inca y español declarando la guerra. Pero las invasiones al territorio mapuche no se limitan a cuestiones bélicas, sino que implican un choque civilizatorio entre formas culturales jerárquicas-autoritarias, como las imperialistas y formas no estatales-federativas, como las practicadas por las diversas comunidades mapuche. Siguiendo la costumbre occidental, el acto fundacional del Estado chileno se basa en la centralización del poder en una estructura, con una “raza”, una lengua oficial y un territorio determinado. La expansión del imperio de la ley ha provocado la reducción y división del territorio mapuche junto con la culturización patriarcal y el establecimiento de las relaciones sociales capitalistas, que determinaron históricamente la campesinización de las comunidades y la proletarización mapuche en las urbes.

El proceso de revitalización cultural mapuche y lucha por la tierra que tomó fuerza desde la década de 1990, ha recibido como respuesta desde el poder el racismo judicial, montajes, militarización y muertes. El actual episodio nos muestra las incoherencias del imperio de la ley, ya que los 27 presos políticos mapuche, entre los que se encuentra el Machi Celestino Córdova, solicitan al gobierno cumplir con la protección de los derechos que el Estado prometió garantizar mediante el convenio 169 de la OIT. Para hacerse escuchar han recurrido a interminables huelgas de hambre que ponen en peligro su vida.

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Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas.
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra los pueblos indígenas de México!

Como hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas de nuestras comunidades indígenas que somos; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizos y Afro mexicanos del estado de Guerrero, y que estamos organizados en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en conjunto con nuestros pueblos hermanos del Frente Nacional Por la Liberación de los Pueblos (FNLP) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), no olvidamos que sufrimos una guerra en contra nuestros pueblos. Una guerra que inicio hace 527 años y que se continúa, gobiernos van, gobiernos vienen, son de un color, de dos colores o de tres colores, no importa; su patrón es el mismo.

Seguimos muriendo de hambre, por falta de hospitales y médicos y por la miseria, pero no solo; literalmente nos están asesinando. Como si fuéramos animal, como si fuéramos algo que no vale, que no es humano. Los narco-paramilitares nos cazan en los caminos, en nuestras casas y nuestras familias, tienen que huir, son los que se llaman desplazados, y ahí van, caminando desterrados de su tierra, comunidades enteras sin casa, con el dolor de sus familiares asesinados, y sin saber si comerán mañana o si podrán dormir bajo un techo, peor que animales.

Este mal es provocado por los malos gobiernos al solapar y permitir a los grupos narco-paramilitares en nuestros pueblos de la Costa Grande, en Chilapa, y en la Sierra de Guerrero, y bien sabemos que por lo menos también pasa en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas.  ¿Y cuántos de nuestros hermanos que están desaparecidos? Y no es que se perdieron, es que les hicieron un mal, y lo hicieron con plena impunidad, lo hicieron en el día, en lugares públicos y no pasa nada.

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Corporaciones cada vez más grandes y poderosas. Nuevos (y cuestionados) transgénicos y más agrotóxicos. Organismos internacionales y la fundación del multimillonario Bill Gates. Es el resumen de la nueva etapa del agronegocio en Argentina, que incluye el desarrollo de carne sintética (de laboratorio) y políticas científicas al servicio de un modelo con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. A contramano de la soberanía alimentaria, el gobierno nacional ya dio el visto bueno a la profundización del modelo transgénico. Por Darío Aranda.

Por Dario Aranda

La historia se repite.

Corría el 23 de marzo de 1996 cuando Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura, hoy canciller,  aprobó la soja transgénica de Monsanto. Firmó la resolución en tiempo récord: el trámite administrativo para autorizar la soja de Monsanto y provocar una cambio drástico del modelo agropecuario argentino duró solo 81 días

Las consecuencias son bien conocidas: desmontes, desalojos masivos del campo (violencia incluida), fumigaciones con agrotóxicos y enfermedades, empobrecimiento de suelos, contaminación de cursos de agua, dependencia, concentración de tierras en pocas manos.

Veinticuatro años después, lejos de promover un cambio de modelo, corporaciones y funcionarios van por la profundización del modelo, ahora bajo un nombre técnico-cibernético-futurista: “AgTech”.

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Los pueblos indígenas somos el termómetro del mundo, el día que dejemos de respirar, será el último suspiro de la humanidad. Las mujeres indígenas hacemos la labor de sanar nuestras heridas profundas para curar el territorio y así poder reforestar nuestros corazones.

curadaterra.org

5 de Septiembre: Encuentro Global de Mujeres Indígenas

Este video se hizo con material reciclado para generar la menor cantidad de emisiones de carbono. Con material de: Google Earth, Midia Ninja, The Rules, WWF, Demarcação Já!

#CuraDaTerra EP 02 – Célia Xakriabá

Mídia Índia + #HackeoCultural

Fuente: Frayba

• Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país

La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.

Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

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